El primer año de la presidencia de Javier Milei marcó un cambio significativo en la economía argentina, con medidas orientadas al sinceramiento de los precios, el control de la inflación y una reestructuración profunda del gasto público. Este periodo se caracterizó por un enfoque en la reducción del déficit fiscal, acompañado de ajustes estructurales que buscaron alinear los precios relativos de la economía con el mercado, en un intento por generar un marco de mayor previsibilidad y estabilidad a largo plazo.

Sin embargo, estos esfuerzos se dieron en un contexto de desafíos complejos. En el primer semestre de 2024, el índice de pobreza alcanzó el 52,9%, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), reflejando un aumento de 12,8 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2023. Para el tercer trimestre de 2024, el Ministerio de Capital Humano proyectó una disminución al 38,9%, señalando una moderación parcial, pero aún revelando las dificultades para lograr equidad distributiva en un entorno de ajustes económicos. La equidad distributiva, después de todo, es un eje fundamental para construir una sociedad más feliz y cohesionada.

Este sinceramiento de precios, aunque necesario desde la perspectiva de muchos analistas, tuvo un impacto directo en el costo de vida, especialmente en los sectores más vulnerables. El recorte del gasto público, si bien apuntó a mejorar las cuentas fiscales, también generó tensiones en la estructura social, que todavía lidia con una alta desigualdad en la distribución del ingreso.

En este contexto, resulta esencial examinar el comportamiento del precio de la canasta de servicios básicos, que sigue siendo un indicador clave para evaluar cómo las transformaciones macroeconómicas repercuten en la vida diaria de los argentinos. Aunque la inflación ya no ocupa el mismo rol predominante como problema central, muchos servicios siguen registrando incrementos que superan el nivel de inflación general y hay otros que, intervenidos o presionados, se mantienen en el límite de la misma. Este análisis, que compara los valores proyectados de noviembre de 2024 con marzo de 2025, ofrecerá una perspectiva más clara sobre las dinámicas de ajuste en el corto plazo y su impacto en los hogares del país.

Costo de la canasta básica de servicios: más de $2 millones

La canasta básica de servicios para noviembre de 2024 fue de $1.845.128, un monto superior al de la canasta básica de bienes, que ascendió a $1.001.466. Para marzo de 2025, se estima que el costo de la canasta básica de servicios aumentará a $2.124.135 para una familia de cuatro integrantes, lo que representa un incremento del 15,1 por ciento.

Este gasto, claramente superior al de la canasta de bienes actual, supera las capacidades de muchas familias argentinas, a pesar de que aún no se ha publicado el dato definitivo de INDEC sobre el umbral de pobreza en diciembre de 2024.

Si se compara el período de marzo de 2024 a marzo de 2025, el aumento interanual proyectado en la canasta de servicios será de aproximadamente 63,72 por ciento.

El costo de los servicios para una familia tipo

Para ejemplificar, suponemos una familia tipo, de 4 integrantes (2 adultos y 2 niños en edad escolar). El costo de alquilar un departamento de tres ambientes en la zona del Gran Buenos Aires refleja con claridad cómo los ajustes macroeconómicos afectan a los hogares. En noviembre de 2024, el precio promedio de alquiler se ubicaba en $601.300, y, según las proyecciones de inflación, este monto ascendería a $662.425 en marzo de 2025. Este aumento sigue de cerca la tendencia inflacionaria, pero no es el único factor que impacta en los costos de vivienda.

A esto se suman las expensas, que registraron un notable aumento a lo largo de 2024. Entre enero y noviembre de ese año, las expensas subieron alrededor de un 115% impulsadas principalmente por el incremento en los salarios de los encargados de edificios, el mayor componente de este gasto. En noviembre de 2024, estas alcanzaron un promedio de $169.236, y para marzo de 2025, se proyecta que asciendan a $192.572, un aumento del 13%. Este contexto evidencia cómo, incluso con una inflación más controlada, los costos asociados al acceso a la vivienda siguen creciendo por encima de los ingresos de muchos hogares.

El costo de los servicios básicos continúa siendo un componente relevante del gasto familiar, incluso en un contexto de ajustes y moderaciones tarifarias orientadas a «normalizar la economía». En noviembre de 2024, la boleta promedio de agua ascendía a $22.920. Si bien en diciembre aumentó un 3%, para enero la Secretaría de Obras Públicas anunció, a través de una resolución, un incremento excepcional del 1%, argumentando que AySA había alcanzado el «equilibrio económico-operativo». A partir de febrero 2025, sin embargo, se espera un retorno a incrementos cercanos al 3% mensual, llevando el promedio a $25.123 en marzo de 2025 para el Zonal Medio.

En cuanto a la electricidad, una familia que pagaba $32.072 en noviembre de 2024, afrontará un promedio de $35.021 en marzo de 2025. Este aumento responde a la actualización tarifaria autorizada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad, que estableció un ajuste promedio del 1,6%. Los incrementos variaron según el nivel de ingresos: los usuarios de ingresos altos tuvieron una suba del 0,9%, los de ingresos medios un 1,4%, y los de ingresos bajos, con bonificaciones, un 1,7%. Respecto al gas, la boleta promedio fue de $18.853 en noviembre y, considerando los aumentos del 1,6% en enero, junto con los de febrero y marzo, alcanzará $20.546. Así, para marzo de 2025, el costo total en servicios básicos (agua, luz y gas) rondará los $80.691.

Respecto al transporte, muy importante para quienes dependen de múltiples medios para sus actividades diarias, en noviembre de 2024, el gasto en transporte público, considerando cinco combinaciones diarias de tren y colectivo para el jefe o jefa de familia y el acompañamiento del otro adulto en los viajes escolares en tren para los hijos, alcanzaba los $49.373 mensuales. Para marzo de 2025, se proyecta que este gasto aumente a $54.329, asumiendo el uso de una tarjeta SUBE nominalizada. Sin embargo, para quienes no utilizan esta modalidad, el costo sería un 68% más alto, llegando a 91.442 pesos.

El uso del auto para fines de semana y esparcimiento también se ve impactado por los ajustes en el precio de los combustibles. La nafta súper, cuyo precio en noviembre era de $1.086,92 por litro, alcanzaría los $1.200 en marzo de 2025 según los aumentos anunciados por YPF. En términos mensuales, esto significaría un gasto promedio de $98.156, considerando una ruta típica desde el Gran Buenos Aires hasta CABA. A esto se le suma el costo del seguro obligatorio del vehículo, donde la cobertura mínima pasaría de $85.993 en noviembre de 2024 a $97.012 en marzo de 2025.

Además, considerando el uso ocasional de taxis para cubrir imprevistos, tenemos que, en noviembre de 2024, el costo por viaje desde el GBA a CABA era de $22.368, pero para marzo de 2025 se estima que subirá a $24.641, lo que representa un gasto mensual de $98.567 para cuatro viajes.

Los costos de la educación y la salud

El acceso a la educación y la salud, dos pilares fundamentales para el bienestar familiar, también se ve afectado por los ajustes en los costos de servicios privados, esenciales pero cada vez más onerosos. En el caso de los colegios privados de nivel intermedio, el costo promedio para dos niños en edad escolar era de $256.460 en noviembre de 2024. Con aumentos del 3,6% en noviembre y del 3,8% en diciembre, proyecta alcanzar los $355.402 para marzo de 2025. Este incremento, que supera significativamente el ritmo de los ingresos de muchas familias, pone de relieve las dificultades que enfrentan los hogares argentinos para sostener la educación privada.

En cuanto a la salud, las prepagas representan un gasto significativo. En noviembre de 2024, el costo promedio de un plan para una familia de cuatro personas era de $349.814. Sin embargo, con incrementos mensuales que oscilaron entre el 3,5% y el 6,9%, en algunos casos duplicando la inflación, se estima que en marzo de 2025 este costo alcanzará los $409.830. Las empresas justifican estos aumentos argumentando que «el sector de la salud atraviesa un contexto muy complejo» y que los ajustes son esenciales para mantener la infraestructura y los servicios médicos. Aunque estas razones son comprensibles desde una perspectiva empresarial, el impacto sobre el bolsillo de los argentinos es considerable, especialmente en un país donde aproximadamente 6,8 millones de personas están adheridas a la medicina privada. Estos incrementos reflejan una presión cada vez mayor sobre los presupuestos familiares, destacando la tensión entre las necesidades esenciales y las limitaciones económicas del hogar promedio.

Telefonía, internet y cable, en alza

En el contexto de una sociedad cada vez más conectada y globalizada, los servicios de telefonía, internet, cable y streaming se volvieron indispensables para el día a día de muchas familias. En noviembre de 2024, el servicio de telefonía celular para dos personas costaba en promedio $20.800, considerando un plan básico y limitado. Para marzo de 2025, se proyecta un incremento a $23.071. Por su parte, el servicio de internet de 600 megas, utilizado frecuentemente por las familias para trabajo, educación y entretenimiento, tenía un costo promedio de $26.799 en noviembre, con un aumento estimado a $30.489 en marzo. Es importante mencionar que muchas empresas ofrecen paquetes combinados de «internet+cable» o similares, que incluyen descuentos y bonificaciones, permitiendo reducir los costos totales en comparación con la contratación de estos servicios por separado.

Para marzo, el costo de la canasta básica de servicios aumentará a $2.124.135 para una familia tipo

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En cuanto a las plataformas de streaming, hoy consideradas casi imprescindibles para el entretenimiento en el hogar, el costo promedio mensual era de $13.383 en noviembre de 2024. Sin embargo, con la eliminación del Impuesto PAÍS a partir del 23 de diciembre de 2024, el precio promedio se reduciría a $9.358 en marzo de 2025. Este impuesto, que durante cinco años gravó la compra de dólares oficiales, importaciones, exportaciones y servicios adquiridos en el exterior, dejó de aplicarse, permitiendo que los servicios internacionales sean más accesibles para los argentinos.