La tensión entre el Gobierno y la Provincia alrededor de la ola de inseguridad que sufre el conurbano desde la semana pasada no cesa. El ministro de Infraestructura de la Provincia Gabriel Katopodis pidió a viva voz que el ministerio de Seguridad envíe más fuerzas federales para patrullar el Gran Buenos Aires, pero la ministra –más empoderada y con nuevas atribuciones– rechaza esa alternativa. En el Gobierno solo estarían dispuestos a analizar esa opción si Axel Kicillof lo pidiera públicamente como hizo el santafesino Maximiliano Pullaro en 2024.

“Necesitamos que el Presidente se comprometa con el tema, que comprometa fuerzas federales en los lugares complejos del conurbano”, sentenció el ministro bonaerense en declaraciones a Radio Provincia. El ex intendente de San Martín se quejó por las críticas del jefe de Estado y de Bullrich a Kicillof y reclamó que el Ejecutivo no recorte más partidas a la Provincia. “El gobernador pone plata todos los días desde que asumió para que haya más equipamiento, más personal, mejor logística para que haya la mayor inversión en décadas en seguridad. Y exigimos que el Gobierno no haga campaña por las redes, no politice”, afirmó el funcionario.

En el equipo de Bullrich rechazan, por ahora, la posibilidad de enviar más agentes de Gendarmería, Policía Federal, PSA o Prefectura al conurbano, como reclaman los intendentes.

Este martes, Bullrich desplegó un operativo de saturación en Moreno, el municipio que gobierna Mariel Fernández, y que en los últimos días fue el epicentro de protestas tras el crimen del repartidor Lucas Pérez. El mismo fue consensuado directamente entre las autoridades nacionales y las provinciales, pero no con las municipales. Llegaron hasta Moreno 16 móviles y 60 efectivos de Gendarmería, Policía Federal y Prefectura, por la tarde, a la hora en la que crecen los «delitos lesivos«, según consignaron fuentes oficiales.

En la Cartera de Seguridad apuestan a profundizar el plan 90/10 con el que pretenden seguir bajando la tasa de homicidios en los municipios que equivalen al 10 por ciento de la superficie nacional, pero concentran el noventa por ciento de los asesinatos de todo el país.

En el mencionado programa del que dio cuenta Clarín, que Bullrich consensuó con su par bonaerense Javier Alonso -con quien tiene buena sintonía y a quien recibió en su despacho el jueves pasado en un encuentro poco publicitado- involucra el despliegue de brigadas de inteligencia e investigación de las cuatros fuerzas federales y del servicio penitenciario para desmantelar a 200 bandas criminales que operan en la Provincia, pero no incluye patrullaje permanente como piden los intendentes.

Los ejecutivos municipales de la primera y tercera sección electoral del peronismo se reunirán este miércoles a las 19 para debatir una posición común frente a la Casa Rosada, además del debate interno electoral que los atraviesa. Mantienen su reclamo de un aumento de las dotaciones de fuerzas federales que definen como «ínfimas«. «Si bajaron la conflictividad en Rosario con más fuerzas, debieran hacer lo mismo con el Conurbano», razonó uno d

Moreno es uno de los municipios bonaerenses contemplados en la primera etapa del plan, igual que San Martín, Tres de Febrero, Esteban Echeverría y General Pueyrredón. El distrito gobernado por la evitista Mariel Fernández -que era una de las cartas electorales en las que había pensado Cristina Kirchner- es uno de los más violentos del conurbano y terminó 2023 con 38 homicidios.

A pesar de que la cifra lo ubica como uno de los municipios con más homicidios del GBA, en 2024 logró reducir la tasa de asesinatos un 24 por ciento con respecto a 2023, una cifra que impactó en la baja del índice nacional de 3.8 homicidios cada 100 mil habitantes que celebró Bullrich por tratarse del promedio más bajo en los últimos 25 años.

La ministra celebró en redes la realización de un operativo cerrojo -de saturación con fuerzas federales- en Córdoba y Santa Fe, dos de los municipios con más homicidios del país, que también son parte del programa 90/10.

Con el reclamo de inseguridad en el centro de la agenda pública, la ministra viajará este jueves a Mar del Plata para reunirse con Guillermo Montenegro, otro de los intendentes que se forma parte del plan 90/10 y que coquetea con un salto a LLA.

Bullrich señala que la segunda pata de su plan para avanzar sobre la bandas criminales de los principales centros urbanos del país es la ley antimafia. Si bien el proyecto que tiene media sanción de Diputados y promueve beneficios procesales para los integrantes de las bandas que aporten información sobre los eslabones más poderosos fue incluido en el temario de extraordinarias, donde el oficialismo pretende empujar los proyectos que apruebe la Cámara Baja y los pliegos de los candidatos para la Corte Suprema.

La ministra, que en tiempos de Macri debió atender el reclamo de los intendentes y de la entonces gobernadora María Eugenia Vidal y reenviar 6200 gendarmes al GBA– había evitado las críticas públicas a la Provincia en materia de gestión. Sin embargo, tras la bajada de línea que significaron las críticas del Presidente al gobernador bonaerense -quien participó de la marcha del colectivo LGBT el sábado- se sumó a los cuestionamientos públicos al mandatario provincial.

La ministra sumó este martes nuevas atribuciones tras la publicación en el boletín oficial de un DNU que modifica la ley de ministerios y que este diario adelantó el 27 de diciembre. La Cartera de Seguridad adoptó el nombre de ministerio de Seguridad Nacional en un guiño al Homeland Security de los Estados Unidos. Parece ser otra apelación a la ingeniería institucional y estética de Casa Blanca, tan cara al ideario de la gestión mileísta.

Con el decreto 1112/2024 que modificó la reglamentación de la ley de Defensa, Bullrich ya había avanzado como la primera responsable para coordinar el accionar de Fuerzas de Seguridad y de las Fuerzas Armadas en materia de Seguridad Interior para resguardar zonas o lugares estratégicos -como un aeropuerto o los yacimientos de Vaca Muerta- de posibles ataques terroristas. El 30 de diciembre, además, se quedó con el Sistema del Manejo del Fuego que estaba en manos de la secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes.

Tras la publicación del DNU 58/2025, Bullrich quedó a cargo del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (Sinagir), que en casos de crisis (climáticas y/o sociales) articula las acciones de los gobiernos provinciales y del Gobierno y del propio Ejército y que estaba bajo la órbita del ministro de Defensa Luis Petri. “La idea es darle un rol más robusto al ministerio para que quede claro que está por encima de las provincias en algunos tópicos”, explicaron en la previa funcionarios al tanto de los cambios efectuados en el organigrama.