El Gobierno decidió anular la licitación de la Hidrovía Paraná-Paraguay y anunció una investigación sobre la única empresa que se presentó al proceso, la dragadora belga Dredging International NV Sucursal Argentina (DEME). Así lo confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa, asegurando que se buscará garantizar una licitación “transparente y competitiva” en beneficio de los productores.

La decisión se tomó luego de que, a pesar de haber más de 11 empresas inscriptas y consultas recibidas, solo una firma presentara una oferta formal. “Llama poderosamente la atención que, pese a haber más de 11 empresas inscriptas para participar, solo se haya presentado una sola oferta”, señaló Adorni. Ante esta situación, el Ejecutivo decidió dar intervención a la Comisión Nacional de Defensa a la Competencia (CNDC) para investigar posibles presiones sobre las demás empresas o una presunta asociación ilícita en perjuicio del Estado y los productores argentinos.

Desde la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables, su director ejecutivo, Iñaki Arreseygor, respaldó la transparencia del proceso y recordó que la licitación fue avalada judicialmente en tres oportunidades. Sin embargo, denunció que “hubo un grupo de vivos que operó el vaciamiento de ofertas de esta licitación para frustrarlo en desmedro de los productores argentinos”. También rechazó las acusaciones previas de que la licitación estaba direccionada hacia un operador en particular.

El Gobierno mantiene su postura de avanzar con el proceso de modernización de la Hidrovía, un corredor clave para el comercio exterior argentino que abarca 1477 kilómetros y conecta siete provincias con 79 puertos. “No somos tibios, mantenemos el compromiso de modernizar la Vía Navegable Troncal. Pusimos la vara alta y la vamos a mantener alta”, afirmó Arreseygor.

El proyecto de concesión de la Hidrovía, que prevé una inversión de más de 12.000 c de dólares en 30 años, sigue en pie, aunque con nuevas condiciones. La administración nacional buscará asegurar que la próxima licitación cuente con mayor competencia y transparencia, evitando maniobras que puedan perjudicar al Estado.