El escenario económico de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) no deja de complicarse y se agiganta la alternativa de la privatización. La decisión de la empresa de avanzar con la subasta de 30.000 toneladas de carbón con la intervención del Banco Ciudad quedó desierta. Y el interventor en la empresa anticipó que Nación buscará avanzar con una privatización cuanto menos parcial de la firma con base en la provincia de Santa Cruz. La compañía de capitales israelíes TEGI asoma como una de las interesadas en desembarcar en YCRT. A mediados del año pasado, TEGI propuso adquirir miles de toneladas de carbón a la compañía estatal, pero su oferta fue descartada por proponer un precio del mineral por demás de bajo.

Respaldada por el Ciudad, la subasta contó con la participación de «dos oferentes internacionales», según Pablo Gordillo, interventor de YCRT. La venta quedó desierta a raíz de una serie de cláusulas que, establecidas por el banco, terminaron por complicar la operación propuesta por la estatal.

Desde Río Turbio se indicó que el próximo paso será «retomar el contacto con los interesados» para intentar avanzar con la venta del carbón. «Fue un manejo directo con el banco. Y nosotros nos corrimos porque la empresa no tiene experiencia en este tipo de procesos», afirmó Gordillo.

El remate en cuestión buscó realizarse a partir de un precio base superior a los 1,6 millones de dólares. La decisión se ubicó entre las medidas aplicadas por el gobernador santacruceño Claudio Vidal para desactivar la eventual privatización de la firma estatal.

La Libertad Avanza busca privatizar Río Turbio

Respecto de esto último, el interventor de YCRT anticipó que el oficialismo nacional buscará promover el desembarco de privados en la empresa minera. «En YCRT, la idea es una privatización parcial. Con una figura que mantenga la mayoría accionaria en manos del estado, pero con participación de los gremios y los trabajadores», declaró.

«La situación de la empresa es preocupante y es necesario trabajar juntos. Hay un sector político y gremios que se alegraron de que el carbón no se haya vendido, pero esa no es la solución. La única forma de que YCRT sea sustentable es con un trabajo coordinado», agregó Gordillo.

Desde esa perspectiva, la posibilidad de que la firma hebrea TEGI tenga una participación protagónica en la privatización parcial o total de Río Turbio crece a paso acelerado. De hecho, la misma compañía resultó mencionada como una de las interesadas en el carbón que finalmente no se vendió en la subasta reciente.

Los dichos de Gordillo respecto del presunto rechazo sindical a la venta del mineral fueron objeto de duras críticas de organizaciones como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) filial Santa Cruz.

«Hace más de un año que toneladas de carbón están varadas en Punta Loyola, sin que se concreten las ventas necesarias con subastas y anuncios rimbombantes desiertos. Se nos prometió generación de energía y reactivación productiva, pero en lugar de cumplir con esos compromisos, el interventor se ha dedicado a gestionar la decadencia, a enamorarse de la chatarra, sin un plan serio ni inversiones reales», sostuvo al respecto Carlos Garzón, secretario general del gremio.

«No vamos a permitir su vaciamiento ni que se juegue con el futuro de sus trabajadores y de toda la comunidad. Exigimos decisiones políticas concretas para poner en marcha la empresa, garantizar la comercialización del carbón y avanzar en la generación de energía», completó.

YCRT y un presente de números en rojo

Desde la Gobernación de Santa Cruz, encabezada por Claudio Vidal, se anticipó que lo más probable es que se activen nuevas subastas del mineral hasta tanto ocurra el arribo de fondos frescos derivados de los probables nuevos socios de YCRT.

La intención de Vidal es motorizar líneas de financiamiento para «aliviar» el nivel de gastos que demanda el funcionamiento de YCRT, fijado en torno a los u$s5 millones mensuales.

Una auditoría reciente arrojó conclusiones respecto de la operatividad de la empresa como, por ejemplo, falta de detalle de los gastos en servicios y flota de vehículos, gestión inadecuada de los bienes físicos de la minera y un número de empleados que no se condice con la actividad que realiza la firma.

YCRT posee casi 2.150 empleados y el Gobierno nacional que la compañía podría funcionar sin inconvenientes con algo más de la mitad de ese plantel. La Gobernación de Santa Cruz busca evitar que la Casa Rosada lleve a cabo la privatización de la mina de Río Turbio, un cambio que se discutió en tiempos de la aprobación de la Ley de Bases.