POLITICA
Qué pasará con las licencias de conducir de los migrantes en Nueva York tras demanda del gobierno de Trump al estado
El gobierno de Donald Trump inició acciones legales contra Nueva York por la Ley de Luz Verde, una legislación estatal que permite a extranjeros sin estatus legal obtener licencias de conducir. La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, anunció la demanda y argumentó que la norma es “inconstitucional” y favorece la inmigración irregular. Aunque de momento la regla sigue vigente, crece la incertidumbre en la comunidad sobre si estos documentos todavía son válidos o no.
Cómo son las licencias de conducir para inmigrantes indocumentados en Nueva York
Las licencias emitidas bajo estas leyes no son equivalentes a las tradicionales. Los titulares deben aprobar pruebas de conducción y de normas de tránsito, pero estos carnets no pueden usarse con fines de identificación federal ni para ejercer el derecho a voto.
Nueva York no es el único estado que implementó esta medida. Según The Independent, al menos 19 entidades y el Distrito de Columbia permiten que inmigrantes sin estatus legal obtengan licencias de conducir. Entre ellos están California, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregon, Rhode Island, Utah, Vermont, Virginia y Washington.
La regulación varía en cada estado. En algunos casos, la información de los conductores puede compartirse con autoridades federales, mientras que en otros las agencias estatales tienen prohibido divulgar datos a los organismos migratorios.
¿Qué pasará con las licencias de conducir para indocumentados de Nueva York con la demanda?
Pam Bondi dirigió la acusación particularmente contra la gobernadora Kathy Hochul; la fiscal general del estado, Letitia James; y el comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) de Nueva York, Mark Schroeder.
Según la procuradora elegida por Trump, la ley obliga a las autoridades estatales a notificar a los titulares de licencias cuando una agencia federal de inmigración solicita su información, lo que en su opinión “es avisar a un inmigrante ilegal y es inconstitucional”. En esa línea, enfatizó: “Tienen que comenzar a cumplir con las leyes federales”.
Por su parte, la gobernadora Hochul reaccionó y dijo que “de ninguna manera” permitirá el acceso sin restricciones de los agentes federales a los datos personales de los neoyorquinos.
La situación legal de la Ley de Luz Verde en Nueva York sigue en disputa. Mientras tanto, organizaciones como Asylum Seeker Advocacy Project (ASAP) recomendaron a los inmigrantes que cumplan con todos los requisitos y, si encuentran obstáculos en el proceso, que intenten en otra oficina del DMV o busquen asesoramiento.
En diálogo con Telemundo, el abogado de inmigración Luis Gómez consideró: “Lo más probable es que el Departamento de Justicia no gane la demanda, ya que históricamente las decisiones sobre licencias de conducir son cuestiones estatales, que cambian de acuerdo a la legislación de cada estado”. En tanto, si la administración federal no logra imponerse en los tribunales, estos documentos continuarán con validez.
Licencia de conducir en Nueva York: los requisitos para los inmigrantes
Según informó el DMV de Nueva York, los inmigrantes indocumentados pueden obtener una licencia de conducir bajo la Ley de Luz Verde si presentan los siguientes documentos:
- Prueba de identidad (se deben sumar al menos seis puntos del sistema de identificación del DMV de Nueva York):
- Pasaporte extranjero válido.
- Documento Consular de Identidad.
- Licencia de conducir de otro país (con traducción certificada si no está en inglés).
- Certificado de nacimiento extranjero.
- Tarjeta de identificación de votante extranjero.
- Prueba de residencia en Nueva York (se deben presentar al menos dos documentos que incluyan su dirección):
- Factura de servicios públicos (electricidad, gas, internet, etc.).
- Contrato de alquiler o hipoteca.
- Estado de cuenta bancaria o cheque de pago reciente.
- Registro escolar o correspondencia de una agencia gubernamental.
- Número de Identificación Fiscal (ITIN, por sus siglas en inglés) o declaración de impuestos del IRS, si no se tiene un número de Seguro Social.
- Aprobación de exámenes:
- Examen escrito sobre normas de tránsito.
- Examen práctico de manejo.
- Examen de la vista.
Además, este documento para migrantes tiene un costo. El DMV estatal indica que las tarifas oscilan entre US$64,50 y US$107,50, pago que dependerá de la edad del solicitante. Además, todos los condados de la ciudad de Nueva York también cobran una tarifa del Distrito Metropolitano de Transporte Suburbano.
POLITICA
La Corte rechazó un pedido de Lázaro Báez y seguirá en prisión domiciliaria
La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de Lázaro Báez para recuperar su libertad en la causa de la “ruta del dinero K”. El empresario, condenado por lavado de dinero, cumple prisión domiciliaria con tobillera electrónica y había solicitado que se le levantara la medida, pero su recurso fue rechazado por el máximo tribunal.
El Tribunal Oral Federal 4 había determinado que Báez debía continuar en arresto domiciliario, decisión que fue confirmada por la Cámara de Casación Penal tras un recurso presentado por la defensa. Ante la negativa, sus abogados acudieron a la Corte Suprema, argumentando que la medida violaba los plazos legales y que no había un pedido del Ministerio Público para prolongarla. Sin embargo, el tribunal desestimó la queja por no cumplir con los requisitos formales.
La fiscalía pidió que la Corte duplique la condena a Cristina Kirchner y la sentencie a 12 años de prisión
Báez fue detenido en abril de 2016 por orden del juez Sebastián Casanello y estuvo en la cárcel de Ezeiza hasta julio de 2020, cuando se le otorgó la prisión domiciliaria. En 2021, el Tribunal Oral Federal 4 lo condenó a 12 años de prisión por lavado de dinero, pena que luego fue reducida a 10 años por la Cámara Federal de Casación Penal.
Además de esta condena, en diciembre de 2022 recibió otro de seis años de prisión por irregularidades en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, en el marco de la causa Vialidad. En 2024, sumó nuevas sentencias: tres años y medio por apropiación indebida de aportes de sus empleados y cuatro años y medio por lavado de dinero en la compra del campo El Entrevero en Uruguay.
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