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El comité provincia de la Unión Cívica Radical quedó a la deriva por un nuevo fallo judicial

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El monje negro y aún titular del comité en cuestión Maximiliano Abad y su delfín Miguel Fernández juegan con sus medios amigos a resaltar que desde la Justicia le ponen un freno o una pausa a su ya “autoproclamada” victoria, pero lo cierto es que hay una indefinición al respecto.

Como se sabe, la diferencia de votos que separan a Fernández de Pablo Domenichini, en la versión del oficialismo partidario, es exigua y la última sentencia de la Cámara Nacional Electoral dispuso la nueva votación en varias urnas de varios distritos, donde la cantidad de afiliados que votó supera largamente esa diferencia, de poco más de 3 mil votos. En tanto, desde el entorno de Domenichini, en la lista Futuro se asegura que hubo una victoria propia de poco más de quinientos votos por sobre el ex Intendente de Trenque Lauquen quien competía por la lista Adelante Buenos Aires.

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Por eso se tomó como una chicana de poca seriedad la forma en que la gente de Abad y Fernández mostraron esta última novedad judicial que en realidad no posterga la asunción del último de los nombrados, sino que genera, como debe ser, una incertidumbre sobre el resultado.   

El fallo de la Cámara resolvió que se vuelva a votar en las mesas anuladas de los distritos de Ezeiza, Quilmes y La Matanza, y en las mesas impugnadas de Tigre, San Martín, General Pueyrredón y Villarino. Se trata de un conjunto de malas noticias para el sector de Abad porque en la mayoría de esos distritos se hizo lugar a la impugnación realizada por el único integrante de la lista Futuro en la Junta Electoral de la Unión Cívica Radical, el exdiputado provincial y actual concejal de Quilmes, Fernando Pérez.

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Además, la impugnación en sólo algunas mesas y no en la totalidad de Quilmes, es una muy buena noticia para el sector de Domenichini dado que éste obtuvo en general un resultado muy abultado que explica, en parte, su gran respaldo en las internas y una suerte de cercanía con el triunfo.

Asimismo, las impugnaciones en otros distritos como Tigre y San Martín, donde hubo mínimas diferencias a favor de Fernández podrían revertir ese resultado si se vuelve a votar, en un clima donde reina una total incertidumbre.

Por esa cuestión, ningún fallo está postergando una asunción que, en estos días, es más deseada que garantizada y todo volvió a una etapa de indefinición e iguala expectativas tanto de Fernández como de Domenichini.

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Este último tiene a su favor alguna satisfacción política porque este último fallo de la Cámara reconoce las denuncias por irregularidades a la hora del recuento de votos y, en particular, sobre la actitud de la Junta Electoral, controlada por la gente de Abad.  Esa Junta sólo validaba las impugnación que presentaba la lista Adelante y desestimaba las denuncias de la lista 15 Futuro. Es más, corrigió y mucho al juez de primera instancia Alejo Ramos Padilla, quien en su resolución había minimizado las irregularidades y practicamente ratificaba el triunfo de Miguel Fernández.

Otro dato no menor es el tema de la acefalía en que se encuentra el máximo organismo provincial partidario. Ocurre que el mandato de Abad cesa el 25 de marzo y el tiempo que demore la votación complementaria en los distritos citados sumado a ello algunas cuestiones que aún deben resolverse en primera instancia, pueden llevar todo para más allá de abril. Allí asoma el fantasma de alguna medida transitoria para subsanar esa acefalía, pero lo cierto es que cesa el mandato de Abad y de todas y cada una de las autoridades electas allá por el año 2022.

En consecuencia, puede ocurrir que el comité nacional o la convención tomen cartas en el asunto y resuelvan cuál es la mejor medida para hacer que el radicalismo bonaerense tenga un mínimo de funcionamiento, en un año electoral. De esta manera, el radicalismo bonaerense ya no debate sobre qué frente armar a nivel electoral, sino que le están preocupando otras prioridades como la de saber, a cinco meses de una elección interna, quién conduce el comité provincia. (www.realpolitik.com.ar)

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En alerta por una nueva marcha frente al Congreso, el Gobierno ajusta el operativo y esperan más gente en la calle

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La marcha del miércoles pasado al Congreso no solo dejó el saldo de 194 detenidos que rápidamente fueron liberados y postales de represión como el disparo al fotógrafo Pablo Grillo, también obligó a Javier Milei a blindar a Patricia Bullrich y a los principales referentes del Gobierno a abrazarse a la narrativa de un supuesto intento de desestabilización contra el Ejecutivo.

En ese contexto, la ministra de Seguridad ya trabaja en el operativo para la manifestación convocada para el miércoles por el reclamo de los jubilados y que, según todos los actores involucrados, será mucho más numerosa que la última.

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El viernes después del mediodía, Bullrich recibió en sus oficinas de la calle Gelly y Obes al jefe de la SIDE Sergio Neiffert y a su número dos, Diego Kravetz. También fueron de la partida el ministro de seguridad porteño Horacio Giménez y su flamante secretario Maximiliano Piñeiro, el civil que responde a Jorge Macri en la Cartera más sensible de CABA. La secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y los jefes de las fuerzas de seguridad federales también se sumaron; al igual que el director nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), Ricardo Ferrer Picado.

La marcha de jubilados del 12 de marzo. Foto: Emmanuel Fernández.

En el encuentro se acordó la elaboración de mesas de coordinación entre todas las partes para evitar los errores que desencadenaron en las escenas del miércoles pasado y que se ocuparán de todas las etapas del operativo: la inteligencia de la convocatoria previa, el ingreso, la movilización y contención y la desconcentración. Volverá a haber comando unificado, un detalle que la última vez no impidió los cortocircuitos internos.

Hasta el momento, según pudo saber Clarín de fuentes oficiales, no está previsto que haya un operativo de seguridad más numeroso, pero sí más coordinado para no repetir errores como los de la semana pasada, cuando las fuerzas actuaron “como una ola que avanzaba y retrocedía”, porque la orden principal que debían ejecutar era asegurar la protección del Congreso.

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A pesar de las acusaciones públicas, en áreas sensibles del Gobierno reconocen que no hubo barrabravas en la manifestación, pero sí existieron fallas tácticas en el operativo, más precisamente en el “barrido”, que falló, y por la obsesión oficial por mantener la calle liberada. “No hubo problemas políticos, pero no hay que ser necio. O dispersas o evitás el corte de calle”, reflexionó un alto funcionario al tanto de la estrategia de seguridad.

No dejarán de usarse ni balas de goma ni gases lacrimógenos y buscan acortar en el tiempo los cruces entre manifestantes y policías. Explicaban que las circunstancias pueden obligar a un combate si hay violencia, pero no puede extenderse durante horas, porque es en ese contexto que las cosas se salen de control.

De todos modos, tal como dio cuenta este diario, después de la marcha hubo reproches cruzados entre la cartera de Seguridad nacional y la nueva cúpula porteña por el funcionamiento del operativo. El gobierno de la Ciudad se diferenció de Bullrich con el tratamiento a los heridos.

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Bullrich dedicó buena parte de la reunión del viernes a descargar una batería de críticas contra la jueza Karina Andrade, que ordenó liberar a los manifestantes y que este lunes será denunciada penalmente por el Gobierno.

En el corazón del Ejecutivo se debate una estrategia más definitiva y contundente para evitar que todos los miércoles exista la amenaza de un estallido frente al Palacio Legislativo. Hay funcionarios que promueven un cambio de carátula en los delitos que se les imputan a los detenidos para que sean tratados por la Justicia federal en vez de la local.

El fotógrafo Pablo Grillo toma una foto en medio de la manifestación en el Congreso. Foto: Federico López Claro El fotógrafo Pablo Grillo toma una foto en medio de la manifestación en el Congreso. Foto: Federico López Claro

Hasta ahora las denuncias eran por daños y resistencia a la autoridad, delitos menores que entiende el Poder Judicial de la Ciudad. Algunos piensan en acusar a los manifestantes que provoquen disturbios por atentados contra la democracia y terrorismo, aunque no ignoran las consecuencias y el ruido político de seguir avanzando contra el derecho constitucional a la protesta y de detenidos por error. Por eso, todavía no es una discusión saldada en la Casa Rosada.

El viernes el director de Normativa y Enlace Judicial del ministerio de Seguridad, Fernando Soto, (que también supo representar a Luis Chocobar y a María Kodama) firmó una denuncia penal para que la Justicia Federal investigue la hipótesis de una asociación ilícita agravada para cometer un atentado al orden constitucional y la vida democrática. Se menciona desde la participación de barrabravas, dirigentes de clubes de fútbol, políticos y hasta del ex jefe de Montoneros Mario Firmenich.

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En el Gobierno esperan el triple de asistentes a la manifestación en comparación a la última marcha, pero no imaginan mucho más que 15 o 20 mil militantes. “Va a ser masiva”, prometen dirigentes sociales que hoy trabajan para Axel Kicillof.

En el gabinete del Presidente hay distintos análisis sobre lo que pasó el miércoles. Los más agoreros creen que se probó la respuesta del Ejecutivo y que la tensión aumentará. Otros, fuera del libreto oficial- afirman que si el operativo es eficiente, no importará la intencionalidad de los manifestantes y no deberían haber desmanes.

Sectores del sindicalismo, los movimientos sociales y del peronismo bonaerense y la izquierda advierten que se plegarán a la nueva marcha, pero aseguran que mantendrán perfil bajo para evitar y esquivar posibles provocaciones de las fuerzas de seguridad.

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A pesar de que puertas adentro del Gobierno relativizan la presencia de barrabravas, Bullrich avanzó en regulaciones para negar el derecho de admisión a los estadios a los barras y socios que participen de protestas. El ministerio de Capital Humano acaba de apelar un fallo en contra del juez federal Martín Cormick que lo obliga a reincorporar a beneficiarios de planes sociales que habían participado presuntamente de cortes o llevado menores a marchas.

El presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia negó haberse comunicado con la ministra de Seguridad antes de la marcha o después. El dirigente, en su calidad de jefe del CEAMSE se reunió el mismo miércoles que se produjeron los incidentes en el Congreso con intendentes bonaerenses.

Intendentes bonaerenses con el presidente de la AFA y del CEAMSE Claudio Tapia, un día después de los incidentes en el Congreso.Intendentes bonaerenses con el presidente de la AFA y del CEAMSE Claudio Tapia, un día después de los incidentes en el Congreso.

Había mayoría de peronistas como Mariano Cascallares (Almirante Brown), Gastón Granados (Ezeiza), Fernando Moreira (San Martín) y Andrés Watson (Florencio Varela), entre muchos otros; un camporista como Juan Ustarroz (Mercedes) y hasta alcaldes más cercanos al gobierno como Jaime Méndez (San Miguel), el santillista Sebastián Abella (Campana) y el bullrichista Ramón Lanús (San Isidro), que se prepara para pintarse de violeta. Faltaron dirigentes alineados con Mauricio Macri, que cuestiona al dirigente.

Ni la manifestación ni el operativo policial fueron parte de la conversación, aunque se acordó comunicarlo con posterioridad. Por whatsapp, los intendentes del peronismo se indignaron con el señalamiento de la ministra de Seguridad contra Federico Otermín (Lomas de Zamora) y Fernando Espinoza (La Matanza) y cuestionaron las hipótesis cambiantes en boca de la ministra y otros funcionarios sobre el trabajo, la militancia política del fotógrafo herido. En las encuestas que consumen los intendentes del PJ registran caídas de 5 puntos en la imagen del Presidente, pero recuerdan el rebote que tuvo entre julio y fin de año.

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Dudas y tironeos por 19 obras públicas para controlar inundaciones que no se terminaron

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La catástrofe de Bahía Blanca y la falta de infraestructura para evitarla encendieron las alarmas en los lugares donde el peligro de inundación también es una amenaza. Según un relevamiento de LA NACION en base a datos oficiales, existen 19 obras pendientes de finalización que tienen entre sus objetivos controlar los efectos de emergencias hídricas.

El Mapa de Inversiones de la Secretaría de Obras Públicas muestra que 12 de esos 19 proyectos de recursos hídricos deberían completarse este año mientras que los siete restantes tenían fecha de finalización entre 2024 y 2023. Además, 18 se ubican en la provincia de Buenos Aires y uno en Misiones.

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Completar el financiamiento de esas obras demanda al menos $95.521 millones, según se desprende de la información oficial. Esta cifra abre un nuevo problema: ¿quién debe pagar? El Gobierno impulsó un recorte de sus gastos en obra pública amparado en la necesidad de ordenar la macroeconomía. Al mismo tiempo, realizó un listado de obras priorizadas, más acotado que el heredado de la gestión anterior. Para justificar los casos de obras que no ameritan la intervención de la Nación, el Gobierno usa ejemplos como la “construcción de alcantarilla en Calle 18 de julio” en Bahía Blanca impulsada en 2021, cuyo presupuesto ascendió a $2,6 millones. Según las actuales autoridades en Obras Públicas, ese tipo de proyectos deberían ser encarados por las provincias o, en su defecto, los municipios. Pese a eso, no se manifestaron sobre las obras hidráulicas e hídricas pendientes de ejecución.

Del otro lado se encuentran los municipios de La Matanza, José C. Paz, Malvinas Argentinas, Merlo, San Isidro, San Martín, Pilar, Roque Pérez y 25 de mayo que demandan fondos para completar las obras inconclusas en sus territorios. En este punto se observan distintos matices. Los intendentes peronistas de las jurisdicciones mencionadas apuntan al Gobierno y lo responsabilizan por la parálisis. Esa postura también la sostienen en la administración de Axel Kicillof. Sin embargo, el intendente de 25 de mayo, Ramiro Egüen, que pertenece a La Libertad Avanza, direcciona sus críticas al gobernador.

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En 25 de mayo y Roque Pérez está pendiente la obra de ampliación del Río Salado, cuyo objetivo es “reducir los impactos negativos que representan las inundaciones”. Según su planificación original, debería terminar este año pero uno de sus tramos se encuentra paralizado. Completar el financiamiento del proyecto precisa $77.040 millones. “Le exigimos a la Provincia reactivar las obras en el centro, que es donde va a afectar ahora cuando venga el caudal de aguas arriba”, comentó Egüen.

Más allá de la disputa política, esta obra lleva la etiqueta de “prioritaria” en el Mapa de Inversiones. Pese a eso, en 2024 el Gobierno no giró fondos para este proyecto, según surge del Banco de Proyectos de Inversión (Bapin) de la Dirección Nacional de Inversión Pública.

Por fuera de Buenos Aires, la discusión se traslada a Misiones, donde se encuentra otra de las obras grandes pendientes ubicada en Posadas: el saneamiento de la cuenca del Brazo Oeste del Arroyo Itá. Esa zona, tal cual describe el reporte del Mapa de Inversiones, “ha comenzado a sufrir anegamientos frente a lluvias de escasa intensidad, a raíz de los cambios en el uso del suelo (…) sumado a la insuficiencia de las instalaciones existentes de drenaje de excedentes pluviales”.

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El caso reviste una arista particular. Misiones es la provincia que más dinero recibió del Gobierno en calidad de asistencia del Tesoro Nacional, conocida como ATN. Según cifras oficiales, el Ejecutivo le transfirió $11.500 millones por “emergencia hídrica” en dos envíos fechados el 18 de junio y 8 de noviembre del año pasado. Esa cifra supera al monto pendiente de pago para completar la obra de saneamiento de la cuenca del Brazo Oeste del Arroyo Itá que cubrir su financiamiento demanda unos $7.597 millones, tal como se observa en el Mapa de Inversiones.

LA NACION consultó a las autoridades provinciales pero no respondieron al momento de publicación de esta artículo.

Las otras obras que completan este listado son desagües pluviales que ayudan a evitar inundaciones. Cuatro de ellas se ubican en La Matanza, otras cuatro en José C. Paz, dos en Malvinas Argentinas, dos en Pilar, una en San Martín, una en San Isidro y una en Merlo. Según los números del último censo, en esos municipios viven 4.213.953 personas.

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Obra de desagüe pluvial en San Isidro.

Tres de los cuatro desagües pluviales pendientes en el distrito gobernado por Fernando Espinoza ya excedieron su plazo original. Una debió haber estado lista en 2023, ubicada en González Catán, y dos en 2024, radicadas en la localidad de Virrey del Pino. Los montos adeudados para completarlas ascienden a $2.025 millones.

Las cuatro de José C. Paz, cuyo intendente es Mario Ishii, tienen un plazo de finalización previsto para 2025. Sin embargo, fuentes municipales, indicaron que están paralizadas y desconocen cuándo volverán a retomarse los trabajos. Requieren $2.680 millones.

En el municipio de Malvinas Argentinas hay dos proyectos pendientes, ambos en la zona de Grand Bourg, que tendrían que haberse completado en 2024, de acuerdo con su plan original. Según el Mapa de Inversiones, para completar su financiamiento deberían inyectarse $1.526 millones. En este caso, las autoridades del distrito explicaron que las obras se reactivaron con fondos municipales. Hasta el momento, ninguna tiene un avance que llegue al 50%.

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La situación en Pilar, municipio comandado por Federico Achával, muestra dos proyectos inconclusos en William Morris y en el Barrio el Roció con finalización prevista para este año, según la base de datos de la Secretaría de Obras Públicas. Ambos precisan $2.515 millones para completar su financiamiento.

La obra pendiente en San Martín exhibe una particularidad. Tendría que haber terminado en 2023, antes de que el Frente de Todos abandonara el poder y, en consecuencia, previo a que Gabriel Katopodis dejara de ser el referente de Obras Públicas a nivel nacional. Los trabajos quedaron paralizados, tal cual narraron fuentes al tanto de su desarrollo, y se retomaron recientemente con fondos municipales.

La obra en San Isidro, a diferencia de las anteriores, se emplaza en un municipio gobernado por Ramón Lanús, un dirigente que llegó al poder apoyado por Patricia Bullrich. Pese a ese vínculo político con la Casa Rosada, desde dicha jurisdicción esgrimieron que “está frenada” y todavía analizan de qué modo pueden continuarla. Según sus números originales, necesita un desembolso de $2.028 millones.

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La reactivación de todos estos proyectos depende del dinero. Todos los intendentes contactados por LA NACION dirigieron su mirada al Fondo Hídrico de Infraestructura que, según la ley de su creación, se nutre del 4,3% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles.

En enero, el fisco explicó que por el “Impuesto a los Combustibles ingresaron $262.914 millones con una variación interanual de 470%”. El 4,3% de eso serían $11.305 millones. Y en febrero, la recaudación total del tributo fue de $339.280, razón por la que otros $14.589 millones deberían ser derivados al Fondo Hídrico de Infraestructura. Es decir, en los primeros dos meses del año sumó $25.894 millones. Sobre su utilización, el Gobierno aún no dio señales.

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Independiente-Racing: horario, TV, historial y formaciones del clásico de Avellaneda

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Este domingo desde las 16.00, el estadio Libertadores de América – Enrique Bochini será el escenario de una nueva edición del clásico de Avellaneda, cuando Independiente reciba a Racing por la décima fecha del Torneo Apertura.

El encuentro será arbitrado por Nicolás Ramírez, quien viene de dirigir el polémico empate entre Gimnasia La Plata y Deportivo Riestra,  y desde el VAR lo acompañará Héctor Paletta. La tranmisión televisiva estará a cargo en vivo por ESPN Premium y TNT Sports Premium.

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POSIBLES FORMACIONES

INDEPENDIENTE: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Álvaro Angulo; Felipe Loyola, Iván Marcone, Lautaro Millán; Santiago Hidalgo, Gabriel Ávalos y Santiago Montiel. DT: Julio Vaccari.

RACING: Gabriel Arias; Marco Di Cesare o Santiago Quiros, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Matías Zaracho o Santiago Solari o Luciano Vietto, Maximiliano Salas y Adrián Martínez o Adrián Balboa. DT: Gustavo Costas.

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HISTORIAL

El Rojo y la Academia se enfrentaron 236 veces entre Copas Nacionales, Copas Internacionales, Primera División y Amateurismo. Acá los datos:

Independiente ganó 89 partidos.
Racing ganó 71 encuentros.
Igualaron en 76 ocasiones.

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La entrada Independiente-Racing: horario, TV, historial y formaciones del clásico de Avellaneda se publicó primero en Nexofin.

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