POLITICA
Tiros y persecución. Dos delincuentes eludieron un retén y le dispararon a la policía, pero cayeron en la huida
Un operativo policial para identificar a los ocupantes de una moto terminó con una persecución, tiros y el arresto de los dos delincuentes, que cayeron del rodado cuando la policía les pisaba los talones en la localidad platense de Melchor Romero.
La Justicia aún no pudo corroborar si habían protagonizado algún hecho ilícito inmediatamente antes o si se disponían a ejecutar uno: sí se sabe que uno de los detenidos llevaba puesto un chaleco antibalas de la policía bonaerense y una pistola robada hace cuatro años a un oficial de la fuerza provincial.
El hecho ocurrió en la madrugada del sábado, cuando los dos tripulantes de una Honda 125 gris sin patente, identificados posteriormente como Victoriano Roque Silva Bordón, de 29 años, y Facundo Aranda, de 19, evadieron un puesto de control montado por efectivos de la comisaría 14a. de La Plata en 519 entre 167 y 168, de Melchor Romero.
El conductor de la moto aceleró y el que iba detrás giró el cuerpo y abrió fuego contra los policías, para ganar metros en la fuga. Sin embargo, en la huida perdieron el control del vehículo y ambos cayeron al piso en 169 entre 519 y 520. Allí fue arrestado Silva Bordón, que llevaba puesto un chaleco policial debajo de la campera; a su lado quedó una Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros robada a un oficial de la Bonaerense el 27 de enero de 2020.
A una cuadra y media de allí, en 168 y 518, la policía atrapó al otro delincuente, que, antes de su aprehensión, intentó descartar un revólver calibre 22 largo. Al parecer, los policías sospechan que serían los protagonistas de varias entraderas, robos de autos y motos.
Fuentes policiales explicaron que, ante los efectivos que realizaron la persecución y los arrestos no respondieron a la agresión armada para no poner en riesgo la vida de otras personas, aunque rápidamente montaron un operativo cerrojo que resultó exitoso.
Tomó intervención en el caso el fiscal Álvaro Garganta, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°11 de La Plata, que este martes a la mañana indagará a los detenidos, acusado de los delitos de tenencia ilegal de arma de guerra, portación ilegal de arma de uso civil, encubrimiento de robo calificado, averiguación de ilícito y atentado y resistencia a la autoridad.
Según los investigadores, del modus operando desplegado por los dos detenidos se deduce que serían autores de distintos robos de autos y motos, asaltos y otros hechos ilícitos en la zona.
Se remitieron a la sede judicial los elementos incautados: un revólver calibre 22 largo con tres balas en su tambor; una pistola Bersa Thunder Pro 9 mm con insignia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires con cargador con 17 municiones; un chaleco antibalas marca América Blindajes perteneciente a la policía bonaerense, sin pedido de secuestro ni reporte de haber sido robado; un monedero con 13 proyectiles de 9 milímetros, y una moto Honda 125 cc, color gris, sin chapa patente colocada.
El dirigente político, Santiago Cúneo, presentó una acción de amparo junto a la Asociación Civil Grupo de Litigio Estratégico (GLE) contra el ministerio de Seguridad de la Nación. La presentación judicial busca frenar la política de represión sin control que lleva adelante la ministra Patricia Bullrich en el marco de las crecientes protestas sociales provocadas por el ajuste económico.
En el escrito, patrocinado por el presidente del GLE, el abogado Adrián Albor, se exige que todos los efectivos policiales desplegados en manifestaciones estén visiblemente identificados con nombre, apellido o número de legajo, que no oculten sus rostros bajo cascos o pañuelos, y que los vehículos y filmaciones utilizadas durante los operativos sean accesibles al público. “La impunidad policial es parte del plan de miseria planificada”, afirmó Cúneo, quien fue víctima directa de la represión durante la reciente marcha de los jubilados del 12 de marzo.
La demanda contra el gobierno de Javier Milei incluye también un pedido de medida cautelar urgente, para que el juzgado ordene de forma inmediata el cumplimiento de estas garantías mínimas de transparencia hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
“La protesta social es la respuesta natural al programa económico criminal del gobierno. Frente a la inflación descontrolada, la pérdida del poder adquisitivo y el desmantelamiento del estado, el pueblo sale a la calle. Pero en vez de escuchar, el gobierno reprime y encubre a los represores”, sostienen desde el GLE.
El texto judicial, cargado de contenido político, traza un paralelismo entre la situación actual y las distintas formas de saqueo económico que atravesó la Argentina en manos de gobiernos neoliberales: desde la dictadura militar hasta el gobierno de Mauricio Macri. “Hoy, como en el pasado, se busca transferir la riqueza hacia los sectores privilegiados. Como ya no quedan empresas por privatizar ni llegan dólares del FMI, quieren que los argentinos liquiden los pocos ahorros que guardan en sus casas para poder sobrevivir”, denuncian.
Santiago Cúneo.
El escrito también apunta directamente a Patricia Bullrich, acusándola de garantizar la impunidad policial: “Ha sido clara en sus declaraciones públicas. No habrá sumarios contra los efectivos que gasearon y golpearon a Beatriz Blanco, una anciana que cayó al piso sin recibir siquiera asistencia. Incluso se identificó entre los policías apostados en el Congreso al agente que atacó con gas pimienta a una niña de 9 años durante la Marcha contra la ley Bases”.
La presentación judicial pone el foco en la necesidad de limitar el accionar descontrolado de las fuerzas de seguridad. “Una policía sin rostro es una licencia para delinquir. Si no hay identificación, no hay forma de reclamar, denunciar ni exigir justicia”, sostienen los firmantes.
Mientras el gobierno ajusta, reprime y encubre, sectores del activismo jurídico se organizan para hacerle frente en los tribunales. La pulseada por el derecho a protestar está en plena marcha. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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Santiago, Cúneo, y, el, GLE, van, a, la, Justicia, contra, Patricia, Bullrich
Un motociclista que circulaba por la calle Buenos Aires al 3500, en Ciudadela, se encontró con una escena estremecedora al descubrir una cabeza ensangrentada dentro de un bolso abandonado en plena vía pública. El hallazgo ocurrió este miércoles a las 8:00 de la mañana y hasta el momento la víctima no fue identificada.
El hombre, que se dirigía a su trabajo, notó el bolso cubierto de sangre y decidió detenerse para inspeccionarlo. Al abrirlo, se encontró con los restos humanos y de inmediato alertó a la Policía. “Era una cabeza y tenía el cuello. El bolso tenía mucha sangre”, relató un testigo al medio Oeste Noticias.
Minutos después, efectivos del Comando de Patrullas de Tres de Febrero llegaron al lugar y montaron un operativo para preservar la escena. También trabajaron peritos de la Policía Científica, oficiales de la Comisaría N°12 y personal de la Dirección de Investigaciones (DDI), mientras que la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de San Martín quedó a cargo del caso.
La cabeza fue trasladada a la morgue judicial para su análisis y eventual identificación. Los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona en busca de pistas que permitan esclarecer el crimen.
Las primeras hipótesis apuntan a un posible ajuste de cuentas, y se sospecha que el cuerpo de la víctima fue desmembrado y distribuido en distintos puntos de la ciudad, similar a lo ocurrido con Fernando “Lechuga” Pérez Algaba en Lomas de Zamora.
La entrada Macabro hallazgo en Ciudadela: encontraron una cabeza dentro de un bolso se publicó primero en Nexofin.
El Gobierno autorizó este martes el procedimiento para la privatización total de la empresa Intercargo, que brinda el servicio de rampas y traslados de equipajes en aeropuertos.
Así quedó establecido en el Decreto 198/2025, publicado en el Boletín Oficial con las firmas de Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Con la intervención de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, el Ministerio conducido por Caputo deberá concretar “la venta del 100 de las acciones de Intercargo mediante el procedimiento de licitación pública de alcance nacional e internacional”.
También tendrá la tarea de ejecutar “la rescisión por mutuo acuerdo del contrato de concesión vigente celebrado entre el Estado Nacional” y la empresa, “para la explotación con carácter exclusivo del Servicio Único de Atención en tierra a aeronaves (RAMPA), previo al perfeccionamiento de la venta de las acciones”.
“En la modalidad y el procedimiento referidos no se prevé el otorgamiento de las preferencias a las que refiere el artículo 16 de la Ley N° 23.696 y sus modificatorias, como tampoco la implementación de un Programa de Propiedad Participada”, aclaró la normativa.
En paralelo, se fijó que “el Ministerio de Economía, en su carácter de Autoridad de Aplicación, debe adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar que la modalidad de privatización aquí dispuesta no afecte la continuidad de la prestación del servicio aeroportuario o de rampa, asegurando la conectividad nacional e internacional”.
La empresa estatal, constituida en 1961, presta sus servicios a la mayoría de las aerolíneas comerciales que operan en Argentina en 21 aeropuertos a través de equipos propios y/o de propiedad de Aerolíneas Argentinas.
Pese a su participación en el mercado, recuerda el documento, durante el período 2020-2023 requirió la asistencia del Estado por aproximadamente el valor nominal de $6.700.000.000, con el fin de cubrir las necesidades financieras y operar en cumplimiento de los estándares de calidad y seguridad exigibles.
En ese marco, desde el inicio del año 2024, apoyado en su política de reducción del sobredimensionamiento estatal y reducción del déficit y con el objetivo de mantener el equilibrio de las cuentas públicas, el Estado dejó de brindar asistencia financiera a Intercargo.
En los últimos meses de ese mismo año, el Gobierno desreguló ese servicio, quitándole el monopolio a Intercargo y además despidió a 15 empleados por bloquear el servicio de rampa. Lo hizo después de que protestas y asambleas llevadas a cabo por sus trabajadores afectaran a cientos de pasajeros que quedaron de rehenes en los aviones sin poder descender.
Este año, en tanto, la gestión de Javier Milei abrió el juego para los servicios de rampa en aeropuertos al otorgarles la habilitación para efectuarlo a algunas empresas.
La primera fue la uruguaya Air Class Cargo, con base en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, Montevideo. Luego le llegó el turno a la firma de capitales nacionales Fly Seg, que ya daba otros servicios, como el de mostradores.
El servicio de handling, como se denomina en la jerga del sector, se compone de toda la asistencia en tierra a los aviones, lo que incluye las maniobras de push back, colocación de las escaleras para el embarque y desembarque de pasajeros, y la
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