La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó este martes su preocupación ante la decisión judicial de suspender de manera cautelar una parte sustancial de la Ley N.º 27.802 de Modernización Laboral. A través de un comunicado oficial, la entidad fabril reclamó la necesidad de contar con “reglas claras, previsibles y estables” para fomentar la inversión y el empleo formal, al tiempo que advirtió sobre el impacto negativo que la incertidumbre normativa genera en el clima de negocios.

La postura de la central empresarial se produjo tras el fallo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, que el lunes dispuso frenar la aplicación de 83 artículos de la norma que había sido sancionada por el Congreso Nacional y publicada en el Boletín Oficial el pasado 6 de marzo. Según la UIA, la suspensión de los efectos de una ley aprobada democráticamente debe ser el “último recurso del orden jurídico” y no el primero, como consideran que ocurrió en esta instancia.

La posición de la industria ante el freno judicial

En su pronunciamiento, la entidad que preside Martín Rappallini subrayó que la Ley de Modernización Laboral fue sancionada por “amplia mayoría” en el Poder Legislativo. En ese sentido, la UIA sostuvo que el respeto por la división de poderes y por las leyes aprobadas es un pilar esencial para la seguridad jurídica y el funcionamiento de la economía.

“La persistencia de la incertidumbre normativa debilita el clima de negocios y retrasa las decisiones productivas”, indicó el documento oficial de la institución. Para los industriales, la vigencia de los marcos legales que buscan modernizar el sistema laboral es fundamental para acompañar el desarrollo del país y mejorar la competitividad de los sectores productivos.

La preocupación empresarial radica en que la cautelar retrotrae las condiciones de contratación y gestión de recursos humanos al esquema previo a la reforma, en un contexto donde el sector privado buscaba aplicar las nuevas herramientas previstas en la Ley 27.802. Según la UIA, Argentina requiere de un escenario normativo que promueva la inversión y el empleo formal, objetivos que, a su criterio, se ven obstaculizados por la suspensión de los 83 artículos.

El origen del conflicto: la presentación de la CGT

La suspensión provisional de la reforma laboral fue el resultado de una acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT). La central obrera, representada por sus cotitulares Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, cuestionó la constitucionalidad de una amplia cantidad de artículos de la nueva ley.

En su demanda, la CGT argumentó que los cambios introducidos por la Ley 27.802 afectaban principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. Entre los puntos señalados se encontraban el derecho a la protección laboral, la libertad sindical, la no discriminación y la progresividad de los derechos sociales.

El juez Raúl Horacio Ojeda, a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 63, hizo lugar al planteo y dictó una medida innovativa para mantener el “status quo”. El magistrado consideró que la aplicación inmediata de las normas impugnadas, antes de una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión, podría causar “daños irreparables” a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.

Los puntos clave suspendidos por la Justicia

El fallo judicial frenó una serie de modificaciones estructurales a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) N° 20.744 y otras normas complementarias. Entre los artículos suspendidos se encuentran los siguientes:

1. Ámbito de aplicación (Art. 2 LCT): La reforma buscaba excluir del régimen general a empleados públicos, personal de casas particulares, trabajadores agrarios y, fundamentalmente, a prestadores independientes de plataformas tecnológicas.
2. Presunción de contrato de trabajo (Art. 23 LCT): La nueva ley establecía que la presunción de relación laboral no aplicaría en contrataciones de obra o servicios profesionales con facturación, punto que fue suspendido.
3. Indemnizaciones y fondo de cese (Art. 245 LCT): Se frenó el nuevo cálculo de indemnización por despido sin causa y la posibilidad de sustituir dicho esquema por un fondo de cese laboral similar al del sector de la construcción.
4. Jornada laboral y banco de horas (Arts. 197 bis y 198 LCT): La justicia suspendió la posibilidad de pactar regímenes de compensación de horas extra y bancos de horas por escrito entre empleador y trabajador.
5. Teletrabajo: Se dejó sin efecto la derogación de la Ley N° 27.555, manteniendo así la vigencia del marco regulatorio específico para el trabajo a distancia.
6. Relación de dependencia en servicios eventuales y tercerización (Arts. 29 y 30 LCT): La reforma limitaba la responsabilidad solidaria de las empresas usuarias y principales, cambio que ahora quedó en suspenso.

Además, la medida cautelar alcanzó a artículos que regulaban la irrenunciabilidad de derechos (Art. 12 LCT), el principio de la norma más favorable (Art. 9 LCT) y la actualización de créditos laborales en juicios (Art. 55 de la Ley de Modernización Laboral), los cuales debían calcularse por IPC más un 3% anual.

Argumentos del Estado y repercusiones sindicales

Frente a la demanda de la CGT, el Estado Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo y la Procuración del Tesoro de la Nación, defendió la validez de la reforma. El Gobierno sostuvo que los cambios legislativos respondían a una política pública orientada a la inserción internacional, la atracción de inversiones y el fomento del empleo formal. Asimismo, cuestionó la legitimación de la CGT para representar a la totalidad de los trabajadores en una acción de este tipo.

Sin embargo, el tribunal reconoció la legitimación colectiva de la central obrera y priorizó la protección de los derechos que podrían verse vulnerados durante el tiempo que demande el proceso judicial.

Tras conocerse el fallo, referentes sindicales expresaron su satisfacción. Héctor Daer, secretario de Sanidad y cotitular de la CGT, señaló que la justicia puso un “límite constitucional” a la reforma y destacó que la cautelar permite analizar el derecho de fondo preservando la paz social. Por su parte, Andrés Rodríguez, secretario adjunto de la central y titular de UPCN, calificó la decisión como un “gran paso adelante” frente a lo que denominó una “pseudo-modernización”.

El Indec publicó este martes los datos de pobreza del segundo semestre de 2025 y el promedio nacional fue 28,2% en centros urbanos, el nivel más bajo en siete años. El Gobierno de Javier Milei celebró el número como un logro. Pero el dato esconde una realidad mucho más compleja.

La Argentina tiene ciudades donde la pobreza roza el 50% y otras donde apenas supera el 9%. Una brecha territorial que el promedio nacional oculta.

El informe del Indec releva 31 aglomerados urbanos a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH). Esos datos sirven para proyectar la situación al total del país. Y muestran una radiografía desigual.

La ciudad con casi 50% de pobreza y las otras con más del 30%

La ciudad con el peor número fue Concordia, Entre Ríos. En el segundo semestre de 2025 registró 49,9% de pobreza. Casi la mitad de su población urbana es pobre.

El dato representa una leve mejora respecto al primer semestre del mismo año (49,2%), pero está muy por debajo del 57,1% que marcó los últimos seis meses de 2024. Para fines del año pasado, el total de concordienses pobres alcanzó las 83.268 personas.

La única otra ciudad que superó el 40% fue Gran Resistencia, con 42,2% de pobreza.

Además de Concordia y Resistencia, otras 11 localidades quedaron por encima del 30% de pobreza. El listado completo muestra la dimensión del problema en el interior:

• La Rioja: 36,7%
• Catamarca: 35,7%
• Gran San Juan: 34%
• San Nicolás-Villa Constitución: 33,8%
• Rawson-Trelew: 32,9%
• Partidos del GBA: 32,6%
• Gran Mendoza: 31,9%
• Gran La Plata: 31,5%
• Corrientes: 31,3%
• Gran Paraná: 31,1%
• Gran Santa Fe: 30,6%
• Gran San Luis: 30,1%

El resto de las ciudades relevadas superó el 20% de pobreza. La única excepción fue la Ciudad de Buenos Aires, con apenas 9,6%.

A nivel regional, la Patagonia mostró el mejor desempeño con 25,4% de pobreza. Le siguió muy de cerca la Región Pampeana, con 26,2%.

Las zonas con peores números fueron el Noreste (32,7%) y Cuyo (32,3%). El Noroeste quedó en 28,4% y el Gran Buenos Aires -que incluye Ciudad y GBA- marcó 28,3%.

Indigencia: Concordia y Resistencia también lideran

Concordia y Gran Resistencia fueron las únicas localidades que superaron los dos dígitos en indigencia: 13,6% y 13,2%, respectivamente.

Gran Santa Fe, que había registrado 30,6% de pobreza, ocupó el tercer lugar en indigencia con 9,3%. Le siguieron Gran La Plata (9%), San Nicolás-Villa Constitución (8,9%) y Gran Paraná (8,8%).

Los partidos del GBA quedaron en 8% de indigencia. Santa Rosa-Toay marcó 8,7%.

En el extremo opuesto, las tres ciudades con menos indigencia fueron Río Cuarto (3%), Neuquén-Plottier (2,7%) y la Ciudad de Buenos Aires (2,6%).

La brecha entre Concordia y CABA es contundente: en la capital del país hay cinco veces menos indigencia que en la ciudad entrerriana. Y en pobreza, la diferencia es aún mayor.

La pobreza cerró el 2025 en el nivel más bajo en siete años

El INDEC dio a conocer esta miércoles el dato del porcentaje de la población que se encuentra bajo la línea de la pobreza: en el segundo semestre del 2025 se redujo al 28,2%, luego de alcanzar el 31,6% en la primera mitad del año pasado. También representó una fuerte baja con relación a la segunda mitad del 2024, cuando había sido del 38,1%.

Es el nivel más bajo de la pobreza desde primer semestre de 2018, durante el Gobierno de Mauricio Macri, cuando se ubicó en 27,3%. El de indigencia, en tanto, también es el más bajo desde ese período: alcanzó al 6,7% de la población.

Se trata de un dato positivo para el Gobierno, en un contexto en el que la economía crece a distintas velocidades: por un lado, sectores como el agro, la energía y la minería traccionan la actividad, otros rubros que demandan más mano de obra como el comercio, la industria y la construcción evolucionan con mayor rezago.

Según INDEC, el porcentaje de hogares por debajo de la línea de pobreza (LP) alcanzó el 21,0%. Dentro de este conjunto, el 4,8% de los hogares están por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 6,3% de las personas. Esto implica que, para el universo de los 31 aglomerados urbanos de la EPH, por debajo de la LP se encuentran 2.145 mil hogares, que incluyen a 8.474.000 personas; y, dentro de ese conjunto, 494 mil hogares se encuentran por debajo de la LI, lo que representa 1.884.000 personas indigentes.

En tanto que la extrapolación de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec al total del país de 47,9 millones de habitantes, arroja que la pobreza afecta a 13,5 millones de personas y la indigencia a 3 millones de habitantes.

La pobreza en Argentina durante el primer semestre de 2025 se había situado en 31,6%, afectando a cerca de 9,5 millones de personas, según datos oficiales del INDEC. Esta cifra representó una disminución de 6,5 puntos porcentuales respecto al segundo semestre de 2024 (38,1%), marcando el valor más bajo desde 2018.

De esta manera, con respecto al primer semestre de 2025, la incidencia de la pobreza registró un descenso tanto en loshogares como en las personas, de 3,1 y 3,4 puntos porcentuales (p.p.), respectivamente. En el caso de la indigencia, no se observaron variaciones estadísticamente significativas.

Dado que la incidencia de la pobreza y la indigencia resultan de la capacidad de los hogares de accedera la canasta básica alimentaria (CBA) y a la canasta básica total (CBT) mediante sus ingresos monetarios,se observó que, con respecto al semestre anterior:

• En promedio, el ingreso total familiar aumentó 18,3%. Las canastas regionales promedio aumentaron 11,9% (CBA) y 11,3% (CBT).
• Los ingresos en el período estudiado aumentaron a un nivel superior tanto con respecto a la CBT comoa la CBA.
• Así, ambas tasas, pobreza e indigencia, presentan una disminución en el presente semestre conrelación al semestre anterior.

Cómo impactó la pobreza, según la edad y la región

En cuanto a los grupos de edad según condición de pobreza, se destaca que 41,3% de las personas de 0 a 14 años forman parte de hogares bajo la línea de pobreza.

El porcentaje total de personas bajo la línea de pobreza para los grupos de 15 a 29 años y de 30 a 64 años fue de 32,6% y 24,6%, respectivamente. En la población de 65 años y más, el 9,7% de las personas se ubicóbajo la LP.

A nivel regional la incidencia de la pobreza en personas se ubicó en un 28,3% para Gran Buenos Aires, en 32,3% para Cuyo, 32,7% para Noreste, 28,4% para Noroeste, 26,2% para Pampeana y en 25,4% para Patagonia.

Mientras que la incidencia de la indigencia fue de un 7,0% para Gran Buenos Aires, 4,6% para Cuyo, 7,5% para Noreste, 3,8% para Noroeste, 6,2% para Pampeana y 4,0% para Patagonia.En los aglomerados de 500.000 y más habitantes se observó un descenso de la pobreza de 3,6 p.p., conrespecto al primer semestre de 2025. Mientras que, en los aglomerados de menos de 500.000, lareducción fue de 2,3 p.p. entre los mismos períodos

La cumbre del G20 en Sudáfrica de fines de 2025 dejó en evidencia un cruce conceptual entre dos visiones sobre la desigualdad y el desarrollo. Federico Pinedo, exsenador y representante de la Argentina en el foro, difundió un extenso análisis en respuesta al informe presentado por el economista estadounidense y Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, y su equipo. El texto del ex presidente provisional del Senado, publicado por el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), expone una crítica frontal a los lineamientos de política económica propuestos por Stiglitz y utiliza el caso argentino como advertencia sobre los riesgos de replicar ese enfoque.

Pinedo arranca su crítica señalando el eje central del documento de Stiglitz: la idea de que la prosperidad de unos depende de la pobreza de otros. “La tesis del documento tiene como premisa la idea de que unos señores prósperos saben que no lo serían si no aumentaran la pobreza de otros”, sostiene. Para el autor, esta visión presupone un “juego de suma cero” en la generación de riqueza, un planteo que rechaza de plano. “Considero que esa premisa es completamente falsa”, marca en el arranque.

A consideración del articulista, los autores proponen la adopción de políticas que vayan más allá de la mera progresividad fiscal. Entre las recomendaciones, se destaca la creación de impuestos diferenciales, la división de grandes empresas para reducir su tamaño y poder de mercado, y el impulso de medidas orientadas a limitar las desigualdades educativas, en particular, mediante el cuestionamiento a la llamada privatización de la educación. Además, se sugieren otras acciones orientadas a modificar la “distribución de capacidades” tanto a nivel nacional como internacional.

Apoyado en la experiencia argentina, el sherpa argentino ante el G20 advierte que muchas de las propuestas impulsadas por el Premio Nobel de Economía ya se aplicaron en el país y derivaron en consecuencias negativas.

“Nuestro país, la Argentina, ha implementado casi todas esas políticas y, además, ha tenido momentos de estatización del comercio exterior y manipulación del valor del cambio de divisas”, recuerda el ex funcionario. Entre las medidas citadas por Stiglitz, se enumeran la provisión estatal de educación, salud, seguridad social y vivienda, la suba de impuestos, la creación de reservas estatales de alimentos y el control de precios.

El resultado, según el análisis de Federico Pinedo, fue una sucesión de crisis económicas profundas: “Esas políticas han generado tres hiperinflaciones (1975, 1989-91 y 2023), una gran depresión (2002), el 50% de pobreza, más del 40% de trabajo informal con estancamiento del empleo privado formal entre 2011 y 2025, y una caída extraordinaria del ingreso per cápita en comparación con nuestra propia región y contra el promedio mundial”. Este diagnóstico es presentado como una advertencia directa a quienes promueven recetas similares a nivel internacional.

A la vez, el texto plantea que la lógica de mercado “sacó de la pobreza a miles de millones de personas”, en oposición a la mirada de Stiglitz que lo describe como generador de desigualdad y pobreza. El ex titular del bloque del Pro en la Cámara de Diputados observa que, tras el colapso de los modelos de planificación estatal en el siglo XX, “no es clara la alternativa sugerida” por el Nobel norteamericano.

En el debate sobre la educación, Pinedo rechaza que se la catalogue como un derecho estatal y cuestiona la crítica de Stiglitz a la “privatización” en este sector. “La educación, de la que derivan habilidades y capacidades para el trabajo, el desarrollo personal y la integración a cadenas de valor, no es un derecho de los Gobiernos o del Estado, sino que es un derecho humano, personal, de cada uno y de cada padre respecto de sus hijos”, sostiene el exfuncionario. Y va más allá: “Cuestionar desde las políticas públicas la ‘privatización’ de la educación es, además de absurdo, antinatural y excepcionalmente antihumano y, por lo tanto, antisocial”.

El análisis de Pinedo dedica varias páginas a diferenciar el enfoque argentino en el G20 del que impulsa el equipo de Stiglitz. El abogado recuerda que la posición oficial de la Argentina fue defender la responsabilidad nacional en el desarrollo, la previsibilidad jurídica y la igualdad ante la ley.

“La Argentina sostuvo en soledad que el desarrollo nacional dependía fundamentalmente de políticas internas, de marcos de reglas y de convivencia que generaran previsibilidad, justicia e igualdad ante la ley, con un fuerte énfasis en la educación y capacitación para el trabajo”, reseña. Junto a esto, el país defendió “los equilibrios macroeconómicos, el funcionamiento de los mercados y un sistema de comercio abierto y sin distorsiones de la competencia”, consigna en el artículo difundido por CARI.

En tal sentido, el articulista se muestra escéptico ante la propuesta de financiar políticas sociales a nivel multilateral y alerta sobre los riesgos de imponer desde organismos internacionales una agenda igualitarista que ignore la autodeterminación de los pueblos. “La dosis de cada valor debe ser establecida en un sistema democrático por el pueblo en cada elección periódica y de acuerdo a las circunstancias, y no por tecnocracias internacionales que busquen imponer su mirada, aunque nadie las haya votado para gobernar”, afirma en su escrito.

El texto también subraya la importancia de los equilibrios macroeconómicos y del funcionamiento de los mercados, como elementos necesarios para el desarrollo sostenido. Pinedo señala que las políticas que priorizan la intervención estatal, el control de precios y la estatización de sectores estratégicos no han sido exitosas en la Argentina y, en su opinión, tampoco pueden serlo en otros países. Además, considera que la experiencia argentina constituye un ejemplo que debería ser tenido en cuenta en el debate global sobre desigualdad y desarrollo.

El exsenador hace hincapié en que la igualdad ante la ley y la previsibilidad normativa son condiciones indispensables para atraer inversiones, fomentar el empleo y mejorar la calidad de vida. En tanto, sostiene que el desarrollo no puede depender exclusivamente de transferencias o programas financiados externamente, sino que requiere reglas claras y un entorno de competencia genuina.

“En conclusión, no es raro que la desigualdad haya aumentado en un mundo que desde su origen hasta 1800 había crecido el 1%, mientras que desde el año 2000 en solo 25 años duplicó su riqueza (como reconoce el Reporte Stiglitz), pues si aún hay en el mundo población que vive en economías de subsistencia, sin comercio y sin Estado de derecho, las desigualdades se tienen que haber agigantado. La creación de riqueza de la revolución digital es monumental, pero no estaríamos mejor sin ella”, agrega.

Pinedo plantea que la discusión pública sobre la igualdad no suele ubicarse entre dos extremos irreales: el igualitarismo absoluto, que conduce al estancamiento total, y el desinterés completo por los demás. Según el ex senador, “ninguna de las dos cosas se corresponde con la realidad de los sentimientos humanos”.

En su visión, existe consenso en que el Estado debe construir infraestructura de acceso común y garantizar derechos y obligaciones que funcionen como “igualadoras de base”. El ex funcionario considera fundamental que quienes gobiernan desarrollen mecanismos para financiar servicios esenciales. Remarca que es importante que los gobiernos generen “mecanismos para financiar esos objetivos: educación, salud, infraestructura general, seguridad, justicia, mecanismos de deliberación pública y organización política”.

Y suma que, a esos pilares, debe sumarse el Estado de derecho, que garantice “la igualdad ante la ley, las libertades personales, la propiedad y una justicia imparcial que aplique la ley en forma igual para todos”. A su entender, ese marco permitiría crear condiciones para erradicar la pobreza a través del proceso de destrucción creativa que describió Schumpeter, “sacando recursos de sectores parasitarios para llevarlos a los que satisfagan mejor las necesidades de cada uno y del conjunto”.

Por último, advierte que es necesario velar porque los intercambios entre personas se realicen bajo reglas de igualdad, evitando abusos y preservando a los mercados de distorsiones. “Habrá que velar por que los intercambios entre las personas se realicen respetando reglas de igualdad y no abuso, preservando a los mercados de su distorsión mediante acciones que restrinjan la competencia nacional e internacional, controlando monopolios y eliminando privilegios, garantizando libertad y acceso a los mercados de bienes y servicios”, afirma.

“La igualdad no puede ser el valor único y superior, como no lo pueden ser ni la libertad sin orden ni respeto por la dignidad de todas las personas, ni el orden que postergue la dignidad y la libertad de todos. Atacar la pobreza es un objetivo necesario; aumentar la satisfacción de las necesidades humanas va en el mismo sentido; que los que pueden eduquen a los demás de la mejor manera posible y los que sanan hagan lo mismo es un objetivo social. La justicia de dar a cada uno lo suyo, con los valores del respeto y la responsabilidad, también. Igualar todo lo desigual, no”, concluye el artículo.