El Gobierno oficializará mañana el llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación. Aunque se dividirá en dos llamados, el período será desde la semana que viene hasta finales de febrero. Entre los temas a abordar estará la reforma laboral, el cual prevé ser uno de los puntos más espinosos de todo el debate legislativo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa de bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; recibieron el texto de la reforma este lunes en una reunión de la mesa política presidencial. Aunque la letra chica aún no es conocida, uno de los últimos borradores constaba de más de 150 artículos.

La letra chica de la iniciativa se va a conocer a partir del 9 de diciembre, fecha en la que estaba previsto hacer un encuentro final del Consejo de Mayo para elevar el documento final de las reformas discutidas en ese ámbito del cual forma parte -entre otros- el secretario general de la UOCRA e integrante de la CGT, Gerardo Martínez.

El dirigente gremial le hizo saber tanto al asesor presidencial Santiago Caputo como al ministro del Interior, Diego Santilli, que la reforma que presentará el Gobierno no tiene respaldo desde la central obrera y que creen necesario un llamado particular desde la Casa Rosada para poder discutir con mayor énfasis varios de los articulados.

Un influyente integrante de la mesa política libertaria no descartó en absoluto que se pueda materializar ese llamado la semana próxima, pero alega que existen diversos condicionantes. Uno de ellos es que las negociaciones pasarán a sumar una interlocutora principal, la senadora Patricia Bullrich. Hay quienes creen que no le podría caer bien que le negocien artículos de la iniciativa sin su permiso.

En el círculo de la exministra de Seguridad Nacional creen que tienen muy buenas probabilidades de conseguir el número para darle media sanción a la reforma, pero que el trámite inicial será el más áspero de todos, ya que moldeará el texto que luego se discuta en Diputados, la cámara revisora.

“Las cosas ahora van a cambiar porque nosotros somos una mayoría importante en la Cámara de Senadores y vamos a lograr sacar todas las leyes que el Ejecutivo está mandando”, auguró Bullrich esta mañana en diálogo con Radio Rivadavia. “Nosotros tenemos que sacar la reforma laboral y el Presupuesto, eso es lo que a nosotros nos importa”, agregó. El bloque de La Libertad Avanza en el recinto senatorial pasó de 6 a 20 escaños luego de las elecciones.

Sobre la resistencia de bloques opositores, en particular el kirchnerismo y la CGT, afirmó que la estrategia será centrar el debate con quienes tengan voluntad reformista y no con otros sectores. “No siempre necesitás que te voten aquellos que piensan totalmente distinto, tenés que juntar los que piensan similar y con eso sacar la ley. Porque discutir con alguien que piensa totalmente diferente no tiene sentido”, sostuvo, dando gestos de distancia con la CGT.

“No creo que tengamos una sanción hasta febrero”, marca una fuente inobjetable. Aun así, marcan que el Gobierno buscará acelerar lo máximo posible ese tratamiento a pedido del Presidente, porque considera que debe aprovechar esta ventana de tiempo en la que la oposición tiene intenciones de colaborar con la promoción de ciertas reformas. Más importante aún, cree que debe dar señales rápidas al mercado con el proyecto de modernización laboral para luego pasar a tramitar la tributaria.

En ese marco, la CGT anticipa un diciembre marcado por alta conflictividad debido a la reforma laboral impulsada por el Gobierno y la crisis en numerosas empresas.

La central sindical observa con preocupación la falta de una convocatoria oficial para negociar los cambios propuestos, mientras elabora una contrapropuesta con la participación de diputados de origen sindical y abogados de la central, introduciendo modificaciones al borrador oficial y sumando propuestas propias. Es una posibilidad que en la próxima semana la CGT convoque a su Consejo Directivo para evaluar la situación económica y la reforma laboral.

Si el Gobierno no formaliza la invitación al diálogo y los conflictos laborales aumentan, la central podría definir una medida de fuerza. “Nos estarían haciendo un favor. Cada vez que ellos mueven un pelo a nosotros nos sube la intención de voto”, esgrimió un alto funcionario de la Casa Rosada.

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El debate en torno al endeudamiento de la Provincia de Buenos Aires y la designación de cargos en el Banco Provincia ha generado una ola de críticas desde distintos sectores políticos, que acusan al oficialismo y a parte de la oposición de perpetuar prácticas asociadas a la vieja política. Las recientes negociaciones, que se desarrollaron en las últimas horas de los mandatos legislativos vigentes, han sido señaladas como un ejemplo de acuerdos que priorizan intereses particulares por encima del bienestar de los bonaerenses.

Desde la perspectiva de Sebastián Pareja, diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza, la Legislatura bonaerense se ha convertido nuevamente en el escenario de pactos que, según sus palabras, resultan “inescrupulosos, obscenos y explícitos” entre el gobernador y sectores tradicionales de la política provincial.

Pareja sostiene que estos actores, con el objetivo de asegurar cargos, estarían dispuestos a comprometer el futuro financiero de la provincia y facilitar la gestión del gobernador Axel Kicillof, permitiéndole prescindir del control legislativo durante los próximos dos años y así posicionarse en la carrera presidencial. El dirigente enfatizó que el Directorio del Banco Provincia ha sido utilizado como “botín de guerra”, y denunció que se aprovechan de las últimas horas de los mandatos para concretar “negocios” que, según él, se verían interrumpidos con la asunción de la nueva bancada de La Libertad Avanza.

Pareja remarcó que las negociaciones se realizaron con diputados y senadores que asumieron en 2021 y que dejarán sus cargos en menos de diez días, con el objetivo de “perpetrar una estafa al pueblo que hace algunas semanas eligió quienes los van a representar”.

El diputado advirtió que, aunque estas denuncias puedan ser ignoradas, los bonaerenses sufrirán las consecuencias de estas decisiones durante muchos años. “Seguirán siendo cómplices y responsables de lo que acaban de hacer. Sabemos la dimensión de la batalla cultural que nos alcanza”, afirmó Pareja, quien también subrayó que su espacio no participará de estos acuerdos y que mantendrán el camino de austeridad fiscal y responsabilidad política marcado por el presidente Javier Milei.

En sus palabras: “La libertad de los bonaerenses y sus aspiraciones de una provincia libre y segura no valen un carguito. No somos quiosqueros de contratos”.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, también expresó su desacuerdo con la forma en que el gobernador Kicillof negoció el proyecto de ley que autoriza un nuevo endeudamiento y la renovación de vencimientos para 2025 y 2026. A través de una publicación en su cuenta de X, Lanús consideró razonable aceptar la refinanciación de la deuda, siempre que no implique la creación de nuevos cargos ni beneficios para sectores privilegiados.

Lanús escribió: “En la Provincia de Buenos Aires, se puede comprender que un opositor autorice renovar deuda, sin emitir nueva, como modo de cuidar el equilibrio fiscal y sin hipotecar futuro”. No obstante, advirtió que esta decisión no puede estar condicionada a la obtención de “más cargos y prebendas para la casta”. El jefe comunal concluyó su mensaje con un llamado a transformar las prácticas políticas: “Esto solo bastardea a la acción política, que puede y debe ser virtuosa. Podemos hacer política de otra manera, con otros valores. Trabajemos en ese camino”.

Por su parte, Diego Valenzuela, senador bonaerense electo por La Libertad Avanza, manifestó su rechazo al procedimiento adoptado para aprobar el endeudamiento. Valenzuela, quien asumirá su banca la próxima semana, expresó en X su indignación por el tratamiento nocturno del proyecto y la supuesta vinculación con cargos en el Banco Provincia. En su mensaje, Valenzuela afirmó: “De madrugada, se vota un endeudamiento excesivo a cambio de cargos en el Banco Provincia. Una vergüenza. Esta Provincia atrasa!”.

Las voces críticas coinciden en señalar que la reciente aprobación del endeudamiento y la designación de cargos en el Banco Provincia representan una continuidad de prácticas políticas que, según sus detractores, perjudican a los bonaerenses y refuerzan estructuras de poder alejadas de los principios de transparencia y responsabilidad fiscal.