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POLITICA

CIPPEC pidió mayor diálogo y reclamó la presencia de mujeres en la Corte Suprema

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El impacto de la situación económica, el reclamo de diálogo entre los diferentes actores políticos y una mirada hacia los próximos 25 años de la Argentina, fueron los ejes de la cena anual de CIPPEC, que dominaron los discursos y la conversación entre los casi mil asistentes en el Centro de Convenciones de la ciudad de Buenos Aires.

También se habló del cuestionamiento al «uso excesivo» de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), que planteó el presidente de CIPPEC, José Orlando, y de la propuesta que hizo la directora ejecutiva Gala Díaz Langou, quien afirmó que «es imprescindible» que haya mujeres en la Corte Suprema, en la previa al debate de los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla que hará el próximo jueves el Senado de la Nación.

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En un día de fuerte cimbronazo financiero, varios funcionarios de Economía pegaron el faltazo -a último momento- al encuentro por el 25 aniversario del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), que condujo el presentador Iván de Pineda. Tampoco asistió el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que fue uno de los pocos funcionarios de alto nivel que asistió a la cena del año pasado.

El presidente de CIPPEC destacó algunos logros económicos del gobierno: «El año pasado se logró una rápida y necesaria estabilidad económica, un freno a la exacerbada emisión monetaria, la baja de índices insostenibles de inflación y el inicio de un proceso de desregulación de nuestra economía. Todos avances en la dirección correcta», aseguró Orlando, aunque destacó que todavía faltan encarar las reformas laboral, fiscal y del sistema previsional. Y agregó: «Se debe seguir fortaleciendo la calidad institucional, para lograr reglas claras que perduren en el tiempo».

Por su parte, la directora ejecutiva de la entidad planteó que «este es un buen momento para preguntarnos ¿qué necesitamos para construir la Argentina de 2050 que más se parezca al escenario deseado?. Sabemos que necesitamos habilitar tres llaves, que son la estabilidad, el desarrollo y la institucionalidad. Pero el primer paso es conversar sobre estas propuestas, especialmente entre quienes piensan distinto», dijo Gala Díaz Langou,.

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Con esas palabras buscaron dar una señal a los diferentes actores políticos que los escuchaban. Allí estaban los secretarios Carlos Torrendell (Educación), Daniel González (Coordinación de Energía y Minería), María Ibarzabal Murphy (Planeamiento Estratégico Normativo), Juan Bautista Ordóñez (Niñez, Adolescencia y Familia), María Tettamanti (Energía) y José Luis Vila (Asuntos Estratégicos), junto al presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, entre los funcionarios de Milei y dirigentes libertarios presentes en la cena de CIPPEC.

También estaban los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), las vicegobernadoras Gisela Scaglia (Santa Fe) y Hebe Casado (Mendoza) y la vicejefa de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio, entre otros.

«La primera llave es hacer las transformaciones de fondo para blindar, a futuro, la estabilidad económica. Y para garantizar esa estabilidad necesitamos ordenar el principal componente del gasto público, que son las jubilaciones. Tenemos una propuesta para que el sistema previsional sea más sostenible y más justo, para mejorar la situación del 80% de futuros jubilados», dijo Díaz Langou.

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Además, destacó la necesidad de «poner en marcha el motor del desarrollo», como segunda llave hacia «la Argentina utópica del 2050. Eso implica mejorar la productividad, ser más competitivos, integrarse mejor al mundo, exportar e importar más, eliminar los obstáculos que tienen múltiples sectores, creando empleo para que el modelo sea social y políticamente sostenible».

¿Podemos llegar al escenario optimista sin el Estado? La respuesta es no. Necesitamos un Estado que pueda resolver los problemas de la gente, que ejerza un rol de rectoría y coordinación, para que la estrategia de desarrollo funcione. Y que genere los bienes públicos en salud, educación e infraestructura», sostuvo la directora de CIPPEC.

Y como tercera llave planteó la «institucionalidad», que es una herramienta clave para el desarrollo económico. «Necesitamos invertir tiempo en cumplir con los procesos institucionales. Si se arma todo por decreto, después va a ser más fácil desarmar todo por decreto».

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Díaz Langau sostuvo que es importante «restaurar la confianza en la justicia», que los «procesos sean legítimos», con «acuerdos entre los partidos políticos» para que «las designaciones sean estables». En ese sentido, dijo que «es imprescindible que en 2025 vuelva a haber mujeres en la conformación de la Corte Suprema».

Federico Salvai y Carolina Stanley en la cena de CIPPEC. Foto Marcelo Carroll.

Los presentes en la cena anual de CIPPEC

Unas mil personas escucharon sus palabras, entre funcionarios nacionales y provinciales, dirigentes políticos, empresarios, gremialistas, gobernadores, embajadores e integrantes del Poder Judicial.

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El presidente del Colegio Público de la Abogacía de Capital Federal y exjuez del Juicio a las Juntas, Ricardo Gil Lavedra, coincidió con la propuesta de designar mujeres en la Corte Suprema y también cuestionó la designación por decreto de Lijo y García Mansilla. «El jueves el Senado tiene la oportunidad de corregir ese error», dijo Gil Lavedra a Clarín, en el cóctel previo a la cena.

Cerca suyo estaba el exconsejero de la Magistratura, Alejandro Fargosi, quien -pese a ser un hombre cercano al presidente Milei- presentó tres escritos en contra de la postulación de Lijo en la máxima instancia judicial.

El presidente de la Fundación Alem, Agustín Campero, recordó al expresidente Raúl Alfonsín, en el aniversario de su fallecimiento, y comentó la importancia de su «legado», ya que impulsó los juicios a las Juntas Militares y a la conducción de las organizaciones guerrilleras, fortaleciendo la Justicia y las instituciones de la democracia, pese a que luego los indultó Carlos Menem.

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Carlos Melconian, en la cena anual de CIPPEC. Foto Marcelo Carroll. Carlos Melconian, en la cena anual de CIPPEC. Foto Marcelo Carroll.

La volatilidad financiera y el acuerdo con el FMI fueron temas que también se colaron en el diálogo entre los asistentes. Martín Redrado, Jesús Rodríguez, Carlos Melconian y Alberto Abad fueron algunos de los que compartían sus impresiones sobre el momento actual.

«Me imagino que va a haber una nueva política cambiaria y un nuevo régimen cambiario», pronosticó el economista Melconian.

«Hay que pasar este cimbronazo financiero. Y después clarificar la política cambiaria, pero no de corto plazo, sino de mediano y largo plazo, con independencia del Banco Central y una estrategia de desarrollo», indicó a Clarín el economista Redrado, expresidente del Banco Central.

Además participaron varios de los candidatos a legisladores porteños como Silvia Lospennato (PRO), Ramiro Marra (UCeDe), Jorge Telerman (Volvamos Buenos Aires), Alejandro Kim (Principios y Valores), Ricardo Caruso Lombardi (MID) y Juan Manuel Abal Medina (Justa, Libre y Soberana), así como la exlegisladora kirchnerista Ofelia Fernández.

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Gastón Manes, Oscar Zago y Ricardo Caruso Lombardi conversan en la cena de CIPPEC.Gastón Manes, Oscar Zago y Ricardo Caruso Lombardi conversan en la cena de CIPPEC.

También estuvieron en la cena anual de CIPPEC el presidente de la Convención Nacional de la UCR, Gastón Manes; los exministros Andrés Ibarra, Lino Barañao y Daniel Filmus; la exministra Carolina Stanley y su pareja, el exjefe de Gabinete bonaerense Federico Salvai; el exjuez León Arslanian, el senador Alfredo De Angeli, los diputados María Eugenia Vidal, Victoria Tolosa Paz, Maximiliano Ferraro, Nicolás Massot, Daniel Arroyo y Oscar Zago, el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno; los intendentes Diego Valenzuela y Fernando Gray, el gremialista Gerardo Martínez, el sacerdote Guillermo Marcó, embajadores, periodistas y directivos de 65 empresas, entre otros.

POLITICA

Diego Santilli calificó de “desafortunada” la expresión de Reichardt sobre los votantes K

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Diego Santilli, primer candidato a diputado nacional por el frente electoral entre La Libertad Avanza y el PRO, intentó despegarse de la polémica alrededor de lo que dijo su compañera de lista, la exBrigada Cola Karen Reichardt, sobre los votantes del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, a quienes asoció a una “enfermedad mental” al votar a políticos de ese espacio político.

Al respecto, el actual legislador nacional del PRO consideró que dicha expresión le pareció “desafortunada“, a lo que agregó: “Yo no estoy de acuerdo“, en un acto que apunta a marcar distancia de la polémica instalada por la exPlayboy.

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Karen Reichardt sostuvo que el electorado opositor a La Libertad Avanza sufre una “enfermedad mental”

El candidato, no obstante, trató de evitar la centralidad de los dichos de su compañera para concentrarse en los ejes de la campaña libertaria.

En diálogo con Radio Mitre, dijo que “la gente quiere tener trabajo formal, quiere salir de la informalidad, quiere seguridad y no volver a la inflación que nos devastó“. En este sentido, Santilli subrayó que la campaña se concentra en soluciones concretas y no en polémicas verbales.

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Santilli resaltó, sobre la inseguridad, que el 83% del delito en PBA ocurre en 25 municipios, además de Gran Mar del Plata y Gran Bahía Blanca, y remarcó la necesidad de políticas públicas contundentes para estas áreas: “Obviamente son los más densamente poblados, pero podemos implementar una política de seguridad que funcione”, dijo.

Persuadir antes que dividir

Al volver al tema de Karen Reichardt, algo que el dirigente del PRO no pudo evitar, este adoptó un tono conciliador, pero firme: “No comparto la forma en que lo dijo. Es importante que como espacio demos un mensaje coherente y centrado en propuestas, no en insultos o descalificaciones hacia quienes piensan distintos“, señaló, en aras de centrar el discurso en persuadir a los votantes y no en agregar nuevas divisiones a las ya existentes.

 

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Diego Santilli,elecciones 2025,Karen Reichardt,LLA,PRO

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El costo de la elección será de por lo menos $230.000 millones

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La maquinaria que sustentará las elecciones del domingo 26 generó un gasto consolidado en contrataciones de por lo menos $230.328.617.245,02. Este monto se desprende de los procesos de contratación directa y licitaciones públicas llevadas a cabo por la Dirección Nacional Electoral, incluido el convenio firmado con el Correo Argentino por la gestión del escrutinio provisorio, el software de transmisión de actas y la impresión de la boleta única de papel. Todos esos contratos fueron revisados por y no incluyen las transferencias por financiamiento partidario o gastos de la Justicia.

La columna vertebral de todo el proceso electoral es el servicio integral de logística, transmisión y procesamiento de datos, cuya responsabilidad recayó en la empresa con participación estatal. El documento contractual estableció un monto total de $223.006.385.830, lo que cubre el traslado y la seguridad del material electoral a lo largo y ancho del país, los softwares necesarios para el escrutinio provisorio y la transmisión de datos, que este año se juntaron en una única licitación ganada (como es habitual) por la empresa española Indra.

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La contratación de servicios de transmisión y escrutinio costó $21.169.492.302 (US$17.644.331 a tipo de cambio de $1.199,79 al momento determinado por la administración pública). Según fuentes oficiales, el escrutinio provisorio de 2023 se valora hoy en $31.517.841.651, aplicando un IPC de 472,90% al costo original de $5.501.456.040. Por su parte, la transmisión de telegramas de 2019 costó $61.252.352, cantidad que, al ajustarse con 4.056,46% de IPC, alcanza $2.545.930.001 hoy. La suma de los valores de 2023 y 2019, actualizada, asciende a $34.063.771.652, por lo que aseguran que el monto de compra de 2025 genera un ahorro de $12.894.279.350, o unos US$10.747.114 y un 37,85% de reducción del gasto.

Entrega de urnasPrensa de Correo Argentino

La impresión de la Boleta Única Electoral (BUE), por unas 44 millones de papeletas, fue adjudicada por el Correo Argentino a cinco empresas o Uniones Transitorias de Empresas (UTEs) a través de una Licitación Privada N° 040RC00518, con un presupuesto que rondó los $40.000 millones.

La mayor parte del negocio, equivalente al 34% de la impresión total, fue adjudicada a la unión de Boldt Impresores con Instituto de Publicaciones y Estadísticas (Ipesa), quienes se encargarán de distritos clave como Córdoba, Santa Fe, Mendoza, La Pampa y el 40% de la provincia de Buenos Aires.

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En segundo lugar, Artes Gráficas del Litoral obtuvo el 27% de la contratación, dedicándose al 60% restante de la provincia de Buenos Aires, además de Jujuy, Formosa, La Rioja y Santa Cruz. El reparto continuó con Su Papel en UTE con Ramón Chozas SA, que se hizo con el 15% de la impresión, cubriendo las boletas de Entre Ríos, Salta, Chaco, Río Negro, Neuquén y Santiago del Estero, mientras que DP Argentina se adjudicó el equivalente al 14% del padrón en provincias como Tucumán, Misiones, Corrientes, San Juan, Chubut, San Luis y Catamarca. Finalmente, Kollor Press SA (KMP) obtuvo el 7% de la masa total de papeletas, destinadas a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El material de cartonería, fundamental para la disposición de los espacios de votación, se dividió en dos licitaciones públicas, con adjudicaciones por más de US$3.500 millones. El primer contrato fue la Adquisición de Urnas de Cartón Descartables (Proceso 81-0007-LPU25). La adjudicación total recayó en la firma Melenzane S.A, por un valor de $1.249.458.000,00 Peso Argentino.

El segundo contrato en esta categoría fue una novedad: la adquisición de cabinas y elementos de cartón, destinado a la provisión de elementos de cartón corrugado necesarios para conformar los cuartos oscuros, que ya no serán las aulas, sino estos biombos. Este contrato fue ganado por SELLOS ONLINE SRL por $1.924.347.600, al que se sumó posteriormente una ampliación contractual perfeccionada el 26 de agosto de 2025, por $384.869.520. El monto total para las cabinas de cartón, por lo tanto, ascendió a $2.309.217.120. Desde el Gobierno aseguran que esta compra se amortizará con la recuperación de los materiales para futuros comicios.

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La compra de los insumos básicos para que las autoridades de mesa puedan operar durante la jornada electoral se canalizó a través de la Adquisición de elementos de escritura. En esto, también, se debió ampliar la cantidad de conjuntos de útiles a comprar debido a que las lapiceras serán el medio de votación de los ciudadanos. Se requirieron 205.000 kits con distintos elementos. Al igual que en el rubro anterior, el contrato fue adjudicado de forma total a un único proveedor, siendo la ganadora nuevamente la empresa Sellos Online SRL, por $3.110.365.500.

El rubro de papelería fina, específicamente la Adquisición de sobres de votación (Proceso 81-0006-LPU25), resultó en la distribución de la provisión entre varios oferentes, sumando un total de $425.308.500. Los bienes requeridos incluían desde sobres de papel obra de 127 X 174 mm, hasta sobres con membrete y sobres tipo bolsa de distintos tamaños (27 X 36 Cm y 20,5 X 28 Cm). Los tres proveedores adjudicatarios, con sus respectivos montos contractuales, fueron:

1. Arcángel Maggio SA, con un monto de $274.858.500.

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2. Grupo Convertidor Papelero SRL, con una adjudicación de $126.000.000.

3. Félix A. Medoro S.A con un contrato por $24.450.000.

Finalmente, el proceso de licitación para el Servicio de impresión, embalaje y traslado de diversos materiales de imprenta abarcó una gama de materiales gráficos y formularios, tuvo una inversión total de $227.882.295,02. Este servicio incluyó la impresión de 420.500 afiches, folletos trípticos y dípticos en papel ilustración, cuadernillos impresos, formularios continuos y no continuos, carteles para puertas, y credenciales impresas en material plástico. La complejidad de la impresión requirió que los oferentes demostraran antecedentes de trabajos de “gran volumen y en corto tiempo de realización” en los últimos cinco años.

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Los proveedores que resultaron ganadores en este rubro fueron dos entidades principales:

1. La Imprenta del Congreso de , que obtuvo un contrato original por $199.342.755,02.

2. Arcángel Maggio SA, que, además de los sobres, perfeccionó un contrato original por $21.140.400 y una ampliación por 7.399.140,00, por una suma total de $28.539.540.

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Camila Dolabjian,Conforme a

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POLITICA

El Gobierno realizó el simulacro general del recuento de votos para las elecciones del 26 de octubre

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El Gobierno realizó hoy el simulacro general de transmisión, recuento y difusión de resultados electorales, de cara a los comicios del 26 de octubre, que estarán marcados por la primera vez que habrá Boleta Única de Papel (BUP). Del ensayo participaron 1.100 digitadores en dos sedes del Correo Argentino, fiscales partidarios y funcionarios nacionales.

En el simulacro se testearon los procesos de transmisión de los telegramas que surgirán de las mesas de votación, como así también el recuento y la consolidación de los resultados. El proceso comenzó a las 8 y concluyó pasadas las 12. El domingo electoral, de acuerdo a la normativa vigente, los resultados oficiales podrían darse a partir de las 21, confirmó la titular de la DINE, Luz Landívar.

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Ejemplares de la cabina de votación y la urna que se usará este año para votar

El Ministerio del Interior informó que con el simulacro se buscó verificar “la organización y operatividad logística vinculada a la transmisión de telegramas, el funcionamiento de los procesos, equipamientos, sistemas y conectividad asociados a la digitalización y transmisión de telegramas”.

Además, se indicó que durante la jornada se transmitieron 110.000 telegramas desde los 24 distritos electorales, alcanzando un volumen operativo equivalente al de una elección real. El ensayo buscó reproducir las condiciones reales del día de la elección, imitando la curva de transmisión de esos telegramas.

Es importante recordar que, el domingo próximo, 35.987.634 personas estarán habilitadas para votar en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, distribuidas en 17.530 locales de votación. Se elegirán 127 diputados y 24 senadores, aunque en cuatro distritos también habrá elecciones locales. En Mendoza, Catamarca y La Rioja se votarán cargos legislativos provinciales, al igual que en Santiago del Estero, que también elegirá gobernador.

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Landívar admitió que, debido a que el 26 de octubre será la primera vez que se utiliza la BUP, podría haber alguna demora marginal para el recuento y por eso pidió “paciencia”, en caso de que pueda haber algún retraso. De todos modos, ratificó que la intención es que los primeros resultados oficiales se difundan a las 21, mientras se define si se aplica como criterio algún porcentaje mínimo de escrutinio para dar a conocer los primeros datos.

La titular de la Dirección Nacional Electoral también confirmó que en esta oportunidad se previó la transmisión desde 14.370 establecimientos con conectividad, mientras que en 2023 fueron 10.400. Y agregó que se sumaron 953 centros de soporte del Correo para alguna eventualidad y para transmitir desde lugares que no cuentan con conectividad.

Durante el simulacro, las autoridades y funcionarios nacionales mostraron cómo trabajan los digitadores, que están encargados de recibir los telegramas en una pantalla, cargarlos a la base de datos que consolida los resultados de cada uno de los 24 distritos del país.

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“El simulacro general constituye una instancia clave de preparación para las elecciones legislativas. Permite verificar el funcionamiento integral de la infraestructura tecnológica, la coordinación logística y la respuesta operativa de los equipos, asegurando que el proceso electoral se desarrolle con altos estándares de transparencia, precisión y eficiencia”, explicó el Ministerio del Interior.

Este año, la Boleta Única de Papel tendrá su estreno en los comicios en las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. Si bien los expertos estiman que el voto es más simple para cada elector -que solo reciben una boleta y un bolígrafo, marcan su elección y doblan y la ingresan en la urna- las autoridades no descartan que pueda haber alguna dificultad en el recuento en cada mesa.

El Gobierno defendió su implementación porque “previene el robo y la falsificación de boletas, es impresa y distribuida por el Poder Ejecutivo, garantizando transparencia en el uso de fondos públicos, y reduce la cantidad de fiscales necesarios”.

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