Ernesto Alonso fue categórico al evaluar la postura del actual gobierno respecto a Malvinas y la soberanía nacional. «Lamentablemente, estamos otra vez en un periodo de retroceso», aseguró. En ese sentido, recordó la declaración de Javier Milei sobre Margaret Thatcher, a quien el presidente argentino reivindicó como líder. «Thatcher fue quien decidió el hundimiento del crucero General Belgrano, que costó la vida de 323 argentinos», enfatizó.

El dirigente del CECIM también remarcó que Milei no mencionó la causa Malvinas en su asunción y denunció que el gobierno reedita «una fotocopia del nefasto acuerdo Foradori-Duncan» de la gestión de Mauricio Macri, entregando «la iniciativa a los británicos en el Atlántico Sur».

«Es un plan sistemático de entrega»

Alonso no dudó en calificar la gestión de Milei como una herramienta del poder económico internacional: «Milei es un activo del imperialismo. Es un producto que las grandes potencias han activado para aplicar un plan sistemático de entrega». Y agregó: «No hay área ni sector que esté siendo beneficiado por este modelo político y económico».

Según el excombatiente, el objetivo de las potencias internacionales es «quedarse con los recursos estratégicos» de Argentina: «Petróleo, Vaca Muerta, minerales estratégicos, litio, agua dulce y riquezas de la Pampa Azul». Y sentenció: «Pero sin los 46 millones de argentinos».

«La militarización británica en el Atlántico Sur viola resoluciones de la ONU»

Alonso también alertó sobre la falta de acción del gobierno frente a la presencia militar británica en el Atlántico Sur: «No han continuado con la denuncia de la militarización, que viola resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas«. En la misma línea, criticó el rol de la canciller Diana Mondino y su alineación con los intereses británicos.

«Este es un gobierno fascista»

Sobre la postura del gobierno respecto a los derechos humanos, Alonso señaló: «Este es un gobierno fascista. No son ni liberales, ni neoliberales, ni libertarios». Y vinculó directamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel con «el partido militar de la dictadura».

El referente del CECIM también denunció la omisión de los abusos cometidos por las Fuerzas Armadas durante la guerra de Malvinas en la narrativa oficial del gobierno. «Desde 2007 esperamos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación nos permita seguir investigando las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto: estaqueamientos, torturas, asesinatos, abusos sexuales y antisemitismo», sostuvo.

Alonso advirtió sobre el futuro del país bajo esta gestión: «Si este proceso no se corta, nuestra región va a ser una zona de conflicto. Las grandes potencias viven como viven gracias a esquilmar nuestros recursos naturales, sin dejar ninguna retribución para nuestro pueblo».

«Nos consideramos sobrevivientes»

«Nosotros nos consideramos sobrevivientes», afirmó, al recordar las condiciones extremas que padecieron los combatientes en las islas. «Si pasaban algunos días más, íbamos a morir por el frío», relató. Según explicó, antes del 14 de junio de 1982, las autoridades militares ya habían implementado estrategias para evitar que los soldados revelaran la realidad del conflicto. «Cuando volvíamos heridos al continente, empezábamos a hablar y a contar las condiciones en las que nos encontrábamos», señaló.

El pacto de silencio impuesto por la dictadura

El ex combatiente denunció que, tras la rendición, los soldados fueron recibidos en el continente por personal de inteligencia que les impuso un estricto pacto de silencio. «No nos recibieron asistentes sociales ni médicos especializados en salud mental, nos recibió lo peor del aparato represivo», aseguró. «Nos hicieron firmar declaraciones juradas donde muchos compañeros, con mucha valentía, denunciaron los hechos sufridos en Malvinas», agregó, remarcando que estos documentos fueron archivados bajo secreto militar.

La desclasificación de archivos y la negativa de las Fuerzas Armadas

Alonso destacó que la desclasificación de archivos oficiales permitió confirmar estas denuncias. «En 2012 se desclasificó el informe Rattenbach y luego otros archivos secretos, donde aparecen documentos oficiales de las Fuerzas Armadas que constatan estos hechos», explicó. Sin embargo, criticó que las Fuerzas Armadas continúan negándose a que se juzgue a los responsables: «No quieren que haya un solo militar condenado por estas graves violaciones a los derechos humanos».

Exmilitares en el gobierno y el negacionismo

En ese sentido, cuestionó la incorporación de exmilitares vinculados a la dictadura dentro del actual gobierno. «El CECIM ha denunciado recientemente la incorporación de torturadores de Malvinas en la gestión libertaria, y no hubo ninguna respuesta del gobierno», sostuvo. «Hay un negacionismo absoluto y una reivindicación de la dictadura», agregó.

El impacto del ajuste en los excombatientes

Asimismo, criticó la política de ajuste del gobierno de Javier Milei y su impacto en los excombatientes. «Nosotros somos afiliados del PAMI como cualquier otro jubilado, y esta brutalidad del ajuste la están pagando los jubilados y los veteranos de guerra», señaló. En ese marco, advirtió sobre la falta de acceso a medicamentos y atención médica. «Vamos a la farmacia y vemos que muchos jubilados que cobran la mínima no pueden comprar la medicación que necesitan», expresó.

La soberanía como una lucha integral

Finalmente, Alonso resaltó que la lucha por la soberanía es integral y no se limita solo a Malvinas. «Nosotros actuamos para que no deroguen leyes fundamentales, como la ley de Tierras, que evita que grandes extensiones sean apropiadas por intereses privados», enfatizó.

«Las respuestas del pueblo son muy fuertes, como lo que fue la marcha del 24 de marzo», concluyó, remarcando la importancia de mantener viva la memoria y la lucha por la verdad y la justicia. (www.REALPOLITIK.com.ar) 

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