POLITICA
Cristian Ritondo: “Vamos a apoyar la ley de modernización laboral, pero no el régimen de licencias por enfermedad”

Como integrante del Consejo de Mayo, el ámbito que vio nacer el proyecto de modernización laboral hoy en debate en el Congreso, Cristian Ritondo no duda: el bloque de Pro que preside acompañará la iniciativa en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la fidelidad tiene límites y avisó que su tropa no apoyará el nuevo régimen de licencias por enfermedad y accidentes que propuso el Senado en su media sanción.
El jefe del bloque amarillo insiste en que este punto debe revisarse en la Cámara de Diputados y que el texto retorne para su ratificación al Senado. No está de acuerdo en apelar a atajos ni a artilugios de dudosa rigurosidad sólo para apurar la sanción de una ley de semejante relevancia, sostiene.
“Lo correcto es que el texto siga la vía institucional correspondiente y que, ante cualquier modificación introducida por nuestro bloque o por cualquier otro, vuelva al Senado para su revisión”, enfatizó Ritondo. Esta postura, que concilió con sus socios de la UCR, MID y Adelante Buenos Aires, no le deja demasiado margen a la conducción del bloque oficialista en la Cámara de Diputados para votar el texto a libro cerrado. Son 22 diputados claves para el quorum en el recinto.
−En líneas generales, ¿qué postura tendrá su bancada cuando el proyecto se discuta en la Cámara baja?
−Nosotros vamos a acompañar esta reforma, la creemos muy necesaria. Plantea objetivos y uno de ellos es que quienes en la Argentina no tienen un trabajo formal puedan obtenerlo y que esto no le signifique al empleador una carga, un problema, sino una solución para ampliar su dotación. Por eso, un eje central es terminar con un problema crónico, el de los juicios laborales. Las pymes le tienen terror. En este punto estaremos dando una respuesta con este proyecto. Creo que también es una innovación incorporar (a esta ley) a los trabajadores que prestan servicios en plataformas digitales; en nuestro bloque lo hemos trabajado durante mucho tiempo con los propios trabajadores, los dueños de las plataformas, y reunió mucho consenso. Creo que son dos puntos importantes que introduce esta reforma.
−El capítulo referido al nuevo régimen de licencias por enfermedad y accidentes generó revuelo. Las senadoras Andrea Cristina y Victoria Huala, de Pro, dejaron expreso su rechazo a la hora de votar. ¿Qué hará su bloque en Diputados?
−Desde Pro no quedamos conformes con las modificaciones que se incorporaron a último momento en el régimen de licencias dentro de la reforma laboral. Tal como quedó redactado, el artículo puede terminar perjudicando a los trabajadores, especialmente en lo que respecta a licencias por enfermedad, porque reduce niveles de protección que hoy existen. La reducción de los plazos de licencia paga y el cambio en el esquema de remuneración, que deja de garantizar el 100% del salario durante el período de enfermedad, son aspectos que merecen ser revisados. Entendemos la necesidad de ordenar el sistema y evitar abusos, incluso mejorando los mecanismos de control y certificación médica, pero la solución no puede ser recortar derechos de quienes realmente están enfermos. Por eso creemos que este punto debe revisarse en Diputados para lograr una redacción más equilibrada, que brinde previsibilidad y controles adecuados sin afectar la protección del trabajador.
−Si se modifica este artículo o cualquier otro, el proyecto deberá volver a la cámara de origen, lo que conspira contra la intención del Gobierno de apurar la sanción de la ley.
−Respecto del procedimiento, el Gobierno planteó que los cambios podrían instrumentarse dentro de la misma ley, en una ley complementaria o vía reglamentación. Desde nuestra posición, lo correcto es que el texto siga la vía institucional correspondiente y que, ante cualquier modificación introducida por nuestro bloque o por cualquier otro, vuelva al Senado para su revisión. La ley debe salir del Congreso lo más clara posible, sin grises y sin dejar cuestiones centrales libradas a la reglamentación. Desde Pro estamos a disposición para trabajar esta ley con la mayor celeridad posible, de modo que, si debe regresar al Senado, estén dados los tiempos para que pueda tratarse durante el período de extraordinarias.
−¿Su bloque insistirá en incorporar a las billeteras virtuales al servicio de pago de los sueldos? Este punto fue eliminado por el Senado.
−Nosotros ya adelantamos que vamos a defender la libertad de los trabajadores para cobrar su sueldo, y eso implica contemplar expresamente a las billeteras virtuales en la redacción del artículo 35, que modifica el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo. Vamos a insistir en ese punto porque creemos que el trabajador debe poder elegir cómo percibir su salario, sin restricciones impuestas por el Estado ni en beneficio de los bancos.
−Otro tema polémico es la financiación de las llamadas “cajas sindicales” con el aporte compulsivo a los gremios. En el Senado su bloque pidió eliminarlo y que se respete el texto original, pero no prosperó. ¿Ustedes van a insistir también sobre este punto en Diputados?
−Tanto radicalismo como nosotros venimos insistiendo en este tema desde hace años. No quedamos conformes con ese punto y creemos que no fue el mejor camino. Dicho esto, somos conscientes de que es un tema complejo y que difícilmente prospere una modificación en esta instancia.
−¿No cree que esta modernización laboral quedará renga si no se pone fin al esquema actual de financiamiento de los gremios?
−Sí, pero insisto en lo que dije al principio: me parece que si logramos que haya una ley atractiva para que las pymes, los empresarios y comerciantes tengan la posibilidad de formalizar más gente, se va a mover el amperímetro del mercado formal de trabajo en la Argentina y, al mismo tiempo, fortalecer el sistema jubilatorio con mayor cantidad de trabajadores aportantes. Si a eso se suma que se va a terminar el miedo por los litigios laborales, bueno, estamos dando un salto de calidad. Lógicamente, no es la mejor ley, no es la ley que nosotros queríamos, no es la que el Gobierno quería originalmente, pero no tenía los votos para aprobarla así como la presentó. Entró en un marco de negociación, lo cual fue muy bienvenido. No es la ley ideal, es la ley que se puede sacar. Lo cierto es que es una reforma largamente pendiente, acá hay un gobierno que está trabajando y nosotros, junto a la UCR, vamos a trabajar para que haya una ley que transforme y que dé la posibilidad a los argentinos de ingresar al mercado laboral, que viene estancado desde hace años.
−¿Usted cree que esta reforma va a crear empleo registrado? En los 90 hubo reformas laborales que proponían, como esta, una reducción de las cargas patronales para fomentar el empleo privado y, recientemente, en la Ley Bases lo mismo. Sin embargo, el marcado laboral sigue estancado.
−Está claro que el sistema como estaba no producía un solo empleo. Con esta reforma hay un cambio. Muchos economistas, muchas pymes, la Unión Industrial Argentina, que trabajó en este proyecto, sostienen que es un paso para fomentar el empleo formal. Es cierto, la UIA esperaba más pero bueno, llegamos a este punto, veamos cómo funciona. Las leyes se pueden cambiar, se pueden mejorar y es la aspiración.
−Después de las elecciones el Gobierno se muestra abierto al diálogo en el Congreso y busca consensos para aprobar sus leyes, aun cediendo en algunas posiciones. El año pasado la relación entre ambos poderes fue por demás conflictiva. ¿Qué cambió?
−Yo creo que el resultado electoral que obtuvo el Gobierno le dio un crédito de la sociedad que le permite, al menos en estos primeros cien días, una mejor relación con sectores de la oposición. Segundo, en esta actitud que viene adoptado el Gobierno ha sido clave un ministro como Diego (Santilli, de Interior), que cultiva el diálogo de manera permanente, tiene experiencia política y buena relación con los gobernadores, con otros con otros parlamentarios. Eso también ayuda mucho. A esto se suma que seguimos estables los mismos sectores que hemos venido acompañando al Gobierno.
−Ahora se va a venir la discusión, en sesiones ordinarias, del acuerdo con los Estados Unidos. Hay sectores, como la industria –entre ellos los laboratorios, las automotrices− que están en alerta. ¿Cree que es conveniente para la Argentina?
−Claro. La Argentina, junto con Venezuela, una de las economías más cerradas de la región. Es una oportunidad, sobre todo porque a la Argentina se le expande un mercado con millones de americanos. Es cierto que hay algunos sectores que están preocupados, sobre todo con la industria china, pero también es cierto que uno de los problemas que tenemos en la Argentina está en algunas provincias, como Buenos Aires, en los impuestos provinciales y municipales.
−Varios economistas y voces de la oposición advierten que, si bien están de acuerdo con que el país se abra comercialmente al mundo, primero el Gobierno debería crear las condiciones para nivelar la cancha en materia impositiva antes de proceder a una apertura tan radical.
−Lógicamente hay diferencias y asimetrías que hay que corregir. Pero debemos decir también que en la Argentina hay grupos que durante décadas tuvieron la vaca atada y que fueron unos privilegiados que nunca tuvieron competencia por funcionar en un mercado cerrado. Este acuerdo ahora les mueve el piso. En cambio, aquellos sectores que son competitivos van a tener una oportunidad única, Estados Unidos ofrece un mercado gigante adonde vender sus productos: el vino de Cuyo, materias primas como el litio, el cobre, petróleo, gas; la industria pesquera, que es muy importante y está creciendo. Solamente en la carne se quintuplica la cuota que podemos exportar a Estados Unidos.
−Solo por un año…
−Sí, está bien, pero todavía no está firmado el convenio. Insisto, es una oportunidad única.
−¿Cómo está la relación entre su espacio y el Gobierno? El año pasado no terminó muy bien.
−A mí no me gustó lo que hizo el oficialismo con la Auditoría General de la Nación (al negarle a Pro un representante en el colegio de auditores) y la causa la voy a seguir. Creo que lo que hicieron fue un mal negocio, tuvieron una mala actitud. Obviamente las relaciones después se recomponen, yo tengo una relación personal con Martín Menem y con Santiago Caputo. Por supuesto está también Diego (Santilli) que es mi amigo, el compañero de la provincia de Buenos Aires.
−¿Coincide con Mauricio Macri en que Pro presentará un candidato presidencial propio en 2027?
−Primero hay que cuidar la idea. Cuidar esta transformación, esta idea de país, de entrar en el mundo, de cómo gobernar, de cuidar el déficit fiscal. Que no nos entusiasme, como ya pasó, que destruyamos la idea. No hay que descartar nada, pero me parece que para eso falta tiempo. Los argentinos están esperando de nosotros, de Pro, que continuemos en nuestro rol de acompañar de manera responsable lo que hay que acompañar, señalando lo que le parece que está mal, dando gobernabilidad. Ese es el rol que nos dio la sociedad. Yo voy a trabajar para recuperar la provincia de Buenos Aires: es imposible pensar que la podemos ganar si vamos separados. Debemos ir juntos en la provincia.
−El problema con el oficialismo ya se plantea en la ciudad de Buenos Aires. El Gobierno le retacea los fondos de coparticipación como ordenó la Corte.
−La cuestión de los fondos es un planteo sustancial en la relación entre Pro y el Gobierno. La ciudad de Buenos Aires es la cuna política de Pro y la vamos a cuidar. Es una responsabilidad central para nosotros, es prioritario. Porque es un modelo de gestión, es la vidriera de la Argentina que ha generado una cantidad de cuadros muy importantes. Esa plata (la de la coparticipación) es de los porteños, y se la robó el kirchnerismo. Entonces, hay que devolverla a la ciudad de Buenos Aires.
−¿Y si el Gobierno no lo hace? ¿O se la gira a cuentagotas?
−Nosotros vamos a estar siempre al lado de Jorge Macri, acompañando y defendiendo lo que le corresponde a la ciudad.
−¿Qué opina de la Oficina de Respuesta Oficial que creó el Gobierno?
−A diferencia del “Nodio” (organismo que montó el gobierno kirchnerista para monitorear y desarticular presuntas noticias falsas), que era una estructura que perseguía y ponía multas, este es un lugar de respuestas oficiales. Lógicamente, el poder que tiene el Estado no se compara al de un periodista. Es cierto que hay que tener el cuidado de resguardar la libertad de prensa. Pero mientras se utilice como hasta ahora, no hay problema. El problema es si se transforma en otra cosa.
−¿El problema no es la censura previa que generan este tipo de políticas? Su espacio político supo cuestionar este tipo de actitudes durante el kirchnerismo.
−A ver, yo no juzgo. Pero no creo que se esté violando la libertad de prensa. Creo que la mayoría de los periodistas en la Argentina tiene la capacidad suficiente para discutirle a esta oficina si ésta se pasa de la raya.
pic.twitter.com/GrOWEQUjZY,February 11, 2026,Laura Serra,Cristian Ritondo,Reforma laboral,Jorge Macri,Conforme a,Cristian Ritondo,,Café de por medio. Ritondo visitó a Santilli y le garantizó el apoyo de Pro a la reforma laboral y la ley penal juvenil,,Cruce entre Pro y LLA. Santilli se refirió al enojo de Ritondo con el Gobierno por los nombramientos en la AGN,,»Falta de códigos». Ritondo se enojó con los libertarios y los acusó de hacer acuerdos con el kirchnerismo por cargos
POLITICA
Con un comunicado, la embajada de Rusia rechazó la acusación sobre una presunta campaña de desprestigio contra Milei

Este jueves se conoció una campaña de desinformación presuntamente impulsada desde Rusia para perjudicar al presidente Javier Milei. Según detalla la investigación, la operatoria incluyó el financiamiento de cientos de artículos publicados en medios digitales argentinos con el fin de afectar la imagen del mandatario.
Tras la difusión del informe, el Gobierno advirtió que va a avanzar “hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”.
Desde la embajada de Rusia respondieron con un escueto: “Nos vimos obligados a prestar atención a la reciente publicación de una serie de los materiales antirrusos en los sitios web argentinos”.
Asimismo, indicaron que “los ‘investigadores’ han reavivado una historia olvidada sobre una supuesta campaña de desinformación rusa, inflada artificialmente en junio de 2025. Como era de esperar, al igual que entonces, no se aportan hechos ni pruebas que respalden estas insinuaciones”.
“Lamentamos que las posturas ideológicas vuelven a imponerse al sentido común, y que el deseo de enturbiar las relaciones bilaterales prevalece sobre la voluntad de desarrollarlas”, concluyeron.
La postura del gobierno argentino
Javier Milei sostuvo que el “espionaje que ha trascendido es de una gravedad institucional pocas veces vista en la historia”.
“Los “periodistas” y “medios” vinculados a esto son solo la PUNTA DEL ICEBERG de algo mucho más grande. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para identificar a todos los actores directos e indirectos que participaron de esta red de espionaje ilegal”, escribió en su cuenta de X.
La SIDE ya había advertido sobre esta operatoria a fines de 2025. En un comunicado oficial, indicó que el caso fue puesto en conocimiento de la Justicia Federal y del Ministerio Público Fiscal en octubre del año pasado. Según precisaron, se trataba de una estructura con antecedentes en maniobras de injerencia internacional que buscaba consolidar redes de influencia en el país.
Respecto de la publicación de los contenidos, el informe señala que, en muchos casos, los artículos ingresaban a los medios a través de intermediarios como agencias, consultoras o voceros externos. Varios de esos textos carecían de firma o estaban atribuidos a autores inexistentes, algunos de ellos generados mediante herramientas de inteligencia artificial.
Los datos surgen de un informe elaborado por un consorcio internacional de periodistas. De acuerdo con los documentos analizados —una filtración de inteligencia rusa de más de mil páginas—, la estructura responsable, conocida como “La Compañía”, habría desembolsado alrededor de US$283.000 para la difusión de más de 250 notas y columnas de opinión en al menos 23 portales del país. El material fue examinado en Argentina por el sitio Filtraleaks, en el marco de un trabajo conjunto con organizaciones periodísticas internacionales.
Rusia
POLITICA
Sandra Pettovello echó a su jefe de gabinete, Leandro Massaccesi

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, le pidió la renuncia a su jefe de Gabinete, Leandro Massaccessi. Lo hizo tras conocer que el funcionario accedió a un crédito hipotecario del Banco Nación, algo que según le dijeron fuentes de la cartera a TN ella no cuestiona, pero choca con el “perfil bajo” que pretende cultivar en su área.
En los últimos días se conoció que un grupo de miembros del equipo económico y legisladores oficialistas obtuvieron créditos hipotecarios de hasta US$350.000 en el Banco Nación, la principal entidad pública de la Argentina, y desde la oposición presentaron un pedido de informes para conocer detalles de la operatoria.
Desde la entidad bancaria le aseguraron a TN que se cumplieron los requisitos y descartaron cualquier tipo de irregularidad: “No hay excepciones. El que califica, accede”, manifestaron.
Desde el oficialismo rechazaron los cuestionamientos y argumentaron que “en cualquier país la gente saca créditos”. De este modo, buscaron bajarle el tono a la polémica y desestimaron las denuncias por presuntas irregularidades.
Cuál es la normativa del Banco Nación
El Banco Nación, en su reglamentación, señala que los créditos para el sector público pueden solicitarlos personas que trabajen en relación de dependencia, clientes pertenecientes a Empresas con Capital mayoritariamente estatal y empleados de las empresas pertenecientes al Grupo YPF, que cobren sus haberes a través de esa casa.
La edad límite para la cancelación de las obligaciones de los préstamos que se acuerden será de 85 años inclusive.
En todos los casos se admiten hasta dos usuarios titulares y hasta dos codeudores, quienes deberán ser familiares directos (padres, hijos o hermanos) y cumplan con los requisitos correspondientes para la obtención del presente crédito hipotecario.
Sandra Pettovello, Banco Nación
POLITICA
Temen dilaciones: La Corte quiere apurar en el Consejo los cambios en el sistema de selección de jueces

El proyecto de la Corte Suprema para modificar el proceso de selección de jueces inició esta semana su camino dentro del Consejo de la Magistratura al ser girado, como un expediente más, a la Comisión de Reglamentación, la primera parada de muchas.
El tratamiento ordinario que recibió la iniciativa generó malestar entre los impulsores. Esperaban una mejor recepción y una mayor agilidad en el trámite.
Desde su presentación, el proyecto recibió amplias expresiones de respaldo, ya que limita la inicidencia de la política en la elección de jueces y reduce los márgenes de arbitrariedad.
La iniciativa fue firmada por dos de los ministros de la Corte, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, e introduce modificaciones en distintas instancias del proceso, pero recalibra, especialmente, el peso que tienen las entrevistas personales, una instancia cuestionada que, en palabras de Rosenkrantz, se utiliza para “reescribir el orden de mérito” de los candidatos.
Los efectos de esa “discrecionalidad” quedaron a la vista en la ventana hacia el pasado que abrió el lunes el envío al Senado del pliego de Emilio Rosatti, hijo del ministro de la Corte Horacio Rosatti. Tal como contó , en parte gracias a los puntos que ganó en la entrevista personal, Emilio Rosatti saltó del cuarto al primer lugar en ese ranking de mérito.
Rosatti, presidente del máximo tribunal, no firmó la acordada, aduciendo que él también preside el Consejo, donde debe debatirse la iniciativa. Sí participó de su presentación, el lunes, en una ceremonia de gran pompa judicial en el Palacio de Tribunales.
El nuevo reglamento apunta a poner nuevos límites al Consejo -donde se inicia el proceso de selección de jueces- para “limitar la injerencia” de la política. Dispone, por ejemplo, que los concursos se realicen con un banco de preguntas que se corregirá mediante un multiple choice o que las entrevistas personales solo puedan dar puntos al candidato con un límite del 10%.
“Nos sentimos obligados a promover la iniciativa por una necesidad imperiosa de mejorar el procedimiento de selección de magistrados”, dijo Rosenkrantz, el lunes, durante la presentación.
Respecto de las entrevistas personales, el ministro sostuvo que son una fuente permanente de queja “en los aspirantes serios”, que alteran el orden de mérito “sin parámetros claros ni límites cuantitativos”.
Los caminos
“Si lo dilata [al proyecto de la Corte dentro del Consejo], va a estar deshonrando el mandato que le impartieron como presidente de la Corte y por ende del Consejo”, dijeron respecto a Rosatti en una de las vocalías de la Corte.
El malestar surge porque la acordada mayoritaria de la Corte no recibió un trato especial y ahora la iniciativa podría iniciar una larga peregrinación entre escritorios del Consejo y entremezclarse con otros proyectos similares.
“Dependerá de cómo se trabaje en las comisiones”, advierte una fuente del órgano respecto a los tiempos, que son inciertos.
Es que el texto deberá tratarse primero en la Comisión de Reglamentación -hay una reunión prevista para el jueves- y luego en la de Selección; recoger allí sus dictámenes, para después sí recalar en el pleno del Consejo. Compite junto a otra docena de proyectos orientados en el mismo sentido, que no han logrado grandes avances en el último año.
Formalmente, había al menos dos caminos alternativos al que se tomó: llevar la propuesta directamente al plenario previsto para el próximo 14 de abril y tratarlo “sobre tablas”, lo que requiere para su aprobación una mayoría agravada; o buscar darle un dictamen sin retoques profundos en una comisión conjunta, integrada por las de Reglamentación y de Selección.
Ninguna de las alternativas contaba con apoyo suficiente, en parte porque cualquiera de ellas habría sido abrirle la puerta del Consejo de par en par a la Corte.
Algunos constitucionalistas mostraron reparos en la forma en que la Corte presentó la iniciativa. Andrés Gil Domínguez sostuvo en redes que “la CSJN no quiso intervenir ‘lateralmente’ en el debate, sino que dotó al texto de una investidura institucional reforzada, con pretensión de autoridad y de irradiación sobre todo el sistema judicial argentino”.
El volumen que ganó el asunto, habiendo tantos otros proyectos en el Consejo, produjo en algunos consejeros la sospecha de que en el fondo del proyecto se libra una batalla interna de la Corte, que tuvo en este tema un realineamiento, con Rosenkrantz y Lorenzetti en la misma vereda.
Aún aquellos que ven con buenos ojos volver a sopesar el peso de las entrevistas defienden el camino adoptado por el Consejo, afirmando que es el habitual y respeta el “procedimiento interno”.
Las mismas fuentes del Consejo, sin embargo, reconocen amplios márgenes de mejora posibles. Es que no solo las entrevistas han quedado ensombrecidas en distintos concursos, sino también los exámenes escritos, cuyo contenido no se publica.
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