POLITICA
El eterno retorno del pasado es mucho más que un mito
Muy lejos están aquellos tiempos en los que los partidos de masas imponían su hegemonía a lo largo de Occidente. Las democracias contemporáneas, sobre todo a partir de la caída del Muro de Berlín y ya sin adversario ideológico a la vista, demostraron toda su incapacidad para garantizar siquiera mínimos niveles de equidad social. A la distancia suena extraña, casi como una burla, la sentencia de Raúl Alfonsín de que “con la democracia se come, se cura, se educa”. Las últimas décadas han sido la escena de la comprobación más evidente del desencanto social: políticos, empresarios, sindicalistas, jueces, fuerzas de seguridad vinculadas con actos de corrupción o participación en organizaciones delictivas vinculadas con el narcotráfico, las estafas financieras o la apropiación de los bienes y recursos estatales.
Los llamados de atención de muchos intelectuales sobre la degradación de las democracias occidentales, de la pérdida de empatía entre gobernantes y gobernados que terminó con el desprecio de los primeros hacia los segundos y de descalificación y condena en sentido inverso, demuestran que no son la convicción ni la convergencia en ideales o doctrinas comunes las claves que determinan el sufragio. La “contrademocracia” –término acuñado por Pierre Rosanvallon- privilegia el enojo, la desconfianza y la condena de amplios sectores de las sociedades respecto de sus dirigencias profesionales. Eso también explica la victoria de recién llegados a la política, sin experiencia ni capacidades concretas al momento de tener que asumir el desafío de la gobernabilidad, pero con la tolerancia de una sociedad abúlica, desencantada, cuyo voto expresa más la condena a lo conocido que la adhesión a lo nuevo, y que, por esa razón, no tiene disposición alguna a respaldar en las calles a aquellos a quienes confió su destino.
La confusión, las contradicciones entre discursos y acciones, la condena de la política y del estado por parte de aquellos a los que se les encargó administrarlos contribuyen a la desmovilización generalizada, a la pérdida de la capacidad de diferenciación entre lo verdadero y lo falaz. La verdad parece haber caído en desuso, como lo han hecho también categorías tales como el bien común, la solidaridad, y la comunidad de destino compartida por el cuerpo de la Nación. Es la hora del individualismo a ultranza, del “sálvese quien pueda”, de la degradación de una política concebida como herramienta de cambio en beneficio de las mayorías en instrumento de acción que beneficia sistemáticamente a los más poderosos, sin oposición alguna, asentando las bases de nuevos estados de naturaleza caracterizados por la supremacía del más fuerte.
En estas condiciones, naturalmente la economía se impone sobre la política, la desigualdad avanza a paso acelerado y la concentración extrema de la riqueza ha sido naturalizada. Tan limitadas son las pretensiones de las mayorías inconexas que basta con la instalación de una ilusión de mejoría, sin precisiones ni fundamento alguno, para sostener el cúmulo de mentiras sistemáticas con las que se pretende justificar actos de gobierno que en cualquier otro momento hubiesen generado el repudio y la respuesta popular.
Sólo hay algo que las sociedades no están dispuestas a tolerar, y es la comprobación de que la sinceridad de los nuevos líderes, a quienes consideraba similares al ciudadano de a pie por su inexperiencia política previa, ha sido impostada. La declinación de Javier Milei no comenzó el día en que quedó claro que el plan económico del gobierno era inviable y que se limitaba a reproducir fracasos anteriores, como el de José Alfredo Martínez de Hoz o el de la gestión de Mauricio Macri, con el mismo Luis “Toto” Caputo como estratega financiero, sino cuando apareció en escena la estafa de la shiit coin $Libra. ¿Era aquél a quien muchos votaron creyendo ingenuamente en su discurso anti-casta un estafador? La mayoría de los argentinos, según las encuestas, responde afirmativamente a este interrogante. Pero hay algo mucho peor, y es que también comenzaron a cobrar entidad de la condición de recaudadora y comercializadora de los encuentros con su hermano de Karina Milei, y la participación del presidente en otro oscuro caso de especulación cripto en el pasado.
La Agencia Bloomberg publicó en el día de ayer una nota condenatoria al respecto, en la que se señala que, siendo diputado nacional, Javier Milei y su hermana organizaban cenas de lujo a razón de 20 mil dólares por comensal, recaudando alrededor de 400 mil dólares en cada una, sin pagar impuestos ni realizar facturación legal alguna. A razón de un evento mensual, la cifra anual sería de 4.800.000 dólares. Por esta razón el diputado Milei podría sortear su dieta: no era más que un vuelto.
Les guste o no, las figuras de los hermanos Milei hna quedado manchadas por la mácula de la corrupción. Una falta que, para la sociedad argentina puede resultar inaceptable o perfectamente tolerable según consiga sostener o no la ficción de una baja inflación y un dólar barato. Los cimbronazos que los mercados están provocando sobre un gobierno que, desde el discurso de Davos, no deja de comunicar pésimamente ni de dispararse a los pies comienzan a traducirse en una drástica caída en la imagen presidencial, que se desplomó del 57 al 42 por ciento según la mayoría de las encuestas, y sigue en baja, y un 70 por ciento que afirma que la inflación sigue alta y califica como “mala” la situación económica, según la última medición de la encuestadora brasileña Atlas, paradójicamente la única que anticipó su victoria en las presidenciales de 2023.
Es por estas razones que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) resulta fundamental para tratar de recomponer la gobernabilidad y el crédito en una sociedad que ha cambiado su percepción sobre los hermanos Milei y su gobierno. No es casual que, en las primeras mediciones, el castigado Ramiro Marra se imponga con cierta holgura al candidato del régimen, Manuel Adorni, aunque este sea presentado como el alter ego del presidente. No es que el monto del crédito resulte determinante en sí, ya que no alcanzaría siquiera para cubrir los más de 12.000 millones de dólares de reservas negativas, es decir, del dinero de los depositantes privados del que el gobierno echó mano para contener la corrida actual, producto de su deliberado proyecto de beneficiar a los grandes jugadores de la timba financiera. Pero sumado a otros maquillajes similares, como por ejemplo la próxima reunión informal de Milei con Donald Trump en Mar-A-Lago, quizá servirían para tratar de emparchar un relato oficial hecho girones.
En definitiva, queda claro para qué se utilizarán esos fondos, que tendrán el mismo destino de los que administró Caputo durante el gobierno de Mauricio Macri: posibilitar la fuga de los capitales financieros externos que vinieron a enriquecerse durante la vigencia del carry trade. También parece bastante obvio, como un constante déjà vu al que está sometido la Argentina, qué es lo que vendrá después de eso, que no será, precisamente, un lecho de rosas.
En un mundo convulsionado e incierto, la Argentina deberá afrontar, una vez más, su propio destino, que no será otra cosa que una nueva versión de su pasado más nefasto, aunque agravado por una constante caída que nunca parece tener fin. El eterno retorno a un pasado empeorado es mucho más que un mito. El déjà vu argentino nunca nos abandona. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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POLITICA
Tras los cambios en la Ley de Inteligencia, la oposición pidió un «debate plural» en el Congreso
La modificación de la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional ya encendió las alarmas de la oposición que buscará convocar a la Comisión Bicameral de Control de los Organismos de Inteligencia.
La misma se puede autoconvocar sin la necesidad de que la citación la concreten las autoridades de las cámaras legislativas, Martín Menem, desde Diputados; o Victoria Villarruel por el Senado.
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El lilito Maximiliano Ferraro solicitó la pronta convocatoria de la comisión y posteó en las redes sociales: “Si este DNU que modifica la Ley de Inteligencia Nacional lo hubiera firmado el kirchnerismo, estaríamos ante un escándalo institucional de proporciones históricas”. Además, reclamó que los cambios se traten en el Congreso: “Por qué no discutir un tema tan relevante con debate plural, contralor efectivo y el pleno funcionamiento de los pesos y contrapesos institucionales?”.
La Comisión de Inteligencia
Hasta el 9 de diciembre, la comisión fue presidida por el senador de la UCR, Martín Lousteau, quien venció su mandato y se incorporó a la Cámara de Diputados. La misma está integrada por 14 miembros, siete representantes por cada cámara legislativa.
Actualmente, están designados 11 legisladores. Por el Senado, Beatriz Ávila del bloque Independencia; Eduardo de Pedro de UxP; Martín Gorerling Lara del Pro; Florencia López de UxP y Edith Terenzi de Despierta Chubut.
Por la Cámara baja, Gabriel Bornoroni y Cesar Treffinger de La Libertad Avanza; Mariela Coletta de Provincias Unidas; Blanca Osuna y Rodolfo Tailhade de UxP; Cristian Ritondo del Pro.
Restan aún designar un diputado y dos senadores y elegir sus autoridades.
Por otro lado, deberá actuar la comisión Bicameral de Trámite Legislativo que tiene competencia para expedirse sobre la validez o invalidez de los DNU y elevar sus resoluciones al plenario de las Cámaras para su expreso tratamiento. La misma está presidida por el diputado desarrollista del MID, Oscar Zago.
Ambas comisiones son permanentes y podrán autoconvocarse en cualquier momento del año, sin aguardar un llamado presidencial a sesiones extraordinarias.
Varios legisladores ya están anticipando reuniones en enero para, en principio llevar adelante, no solo un primer contacto con la norma dictada por el Poder Ejecutivo, sino tener la posibilidad de solicitar oficialmente algún pedido de informes al organismo de Inteligencia.
Lee También: El Gobierno oficializó el Presupuesto 2026 y la Ley de Inocencia Fiscal: los puntos clave
Más opiniones desde el Congreso
Desde Unión por la Patria (UxP), Jorge Taiana planteó: “Básicamente, es una ampliación de las funciones y misiones de la inteligencia, dándole marco legal a lo que ya hacen y a lo que quieren hacer. La consecuencia será un Estado policial”.
Además, alertó: “El Gobierno está avanzando en su objetivo de transformar las fuerzas armadas en una Guardia Nacional, como impulsan desde hace años desde el Comando Sur”.
Mientras que el exdiputado Alejandro Topo Rodríguez entendió que, “(Javier) Milei está creando un peligroso aparato parapolicial. Se trata de una superestructura de control, espionaje y persecución, que tendrá capacidad para detener personas e investigar a cualquier ciudadano, violando garantías constitucionales y por fuera del sistema judicial vigente”.
Desde el Senado. La cordobesa de Provincias Unidas, Alejandra Vigo, dijo: “Un tema tan relevante como es la modificación de la Ley de Inteligencia Nacional debe ser discutido en el Congreso de la Nación. Ese es el escenario en el que debe tratarse y no ser impulsado a través de un DNU”.
Ricardo Alfonsín, exdirigente de la UCR, pidió la intervención de la justicia: “Si hay temas que sí o sí deben ser dialogados, debatidos, consensuados, este es uno de ellos. Es obvio que Milei no quiso hacerlo. Y esto es muy grave, porque no hay razones para el uso del DNU. Debería ser impugnado en la Justicia, y porque conozco el poco aprecio de Milei por los valores republicanos y democráticos”.
El Gobierno defendió la reforma de la SIDE: “Los cambios están alineados con los más altos estándares democráticos”
El decreto publicado en el Boletín Oficial también dispone que todas las actividades de inteligencia pasen a tener carácter “encubierto”, por su sensibilidad y para reducir el “riesgo estratégico nacional”.
En ese marco, la contrainteligencia queda “definida de manera clara y taxativa como la función destinada a proteger al Estado argentino frente a acciones de inteligencia, espionaje o injerencia de agentes externos”, dejando atrás prácticas del pasado vinculadas a persecución política, espionaje doméstico o control indebido de dirigentes, periodistas y ciudadanos.
Otro punto central es la eliminación de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), cuya existencia —según el Ejecutivo— generaba superposición con los organismos del Estado Mayor Conjunto. Con ese cambio, el Gobierno afirma que busca un esquema más eficiente, integrado y coherente en materia de defensa.
inteligencia, Congreso de la Nación, Bicameral
POLITICA
Pocas leyes, más poder: el Gobierno cerró el año fortalecido en el Congreso y apuesta a sacar reformas clave en febrero
El Gobierno cerró el año legislativo con una paradoja que sintetiza su paso por el Congreso: aprobó apenas dos leyes propias, pero terminó políticamente más fuerte que cuando empezó. Con un oficialismo ampliado tras el recambio parlamentario, una oposición desarticulada y el control de la agenda durante las sesiones extraordinarias, Javier Milei dio por bueno un balance que, en términos estrictamente normativos, fue exiguo.
El broche llegó en diciembre. Con el envión del nuevo mapa legislativo, La Libertad Avanza (LLA) consiguió el Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal y se permitió cerrar el período extraordinario con gestos de triunfo, aun cuando de las 13 normas sancionadas a lo largo del año solo impulsó y celebró esas dos.
“Lo de ayer fue una noche histórica. Ganar no es lo más importante, es lo único que importa. Ya ganamos, ahora tenemos que seguir ganando. Hay que tener conciencia de que vivimos diez días de diciembre verdaderamente históricos, sacando un presupuesto con déficit cero y la ley de inocencia fiscal”, celebró Milei el fin de semana pasado, en una entrevista con Radio Mitre.
Esta euforia contrasta con la magra cosecha del período ordinario. Entonces, cuando el oficialismo contaba con 37 diputados y seis senadores, el Congreso sancionó apenas 11 leyes, ninguna de ellas impulsada por el Presidente. Según datos de Directorio Legislativo y de la Oficina de Información Parlamentaria del Congreso, se trató del nivel más bajo de producción legislativa desde el regreso de la democracia. Para encontrar un piso menor hay que retroceder hasta 1983, cuando se aprobaron solo dos leyes, en pleno proceso de recomposición institucional después de la dictadura.
La escasa actividad legislativa respondió tanto a la dificultad para llegar a consensos como al uso extendido de herramientas de control presidencial por parte de la oposición. De esas 11 normas, siete fueron vetadas por Milei; en tres casos, el Congreso reunió los votos necesarios para insistir y revertir el veto presidencial.
El paquete aprobado incluyó tres acuerdos internacionales -con Suiza, sobre servicios aéreos; con Serbia, en cooperación penal, y un convenio multilateral en materia fiscal- y ocho leyes de alcance interno: la emergencia en Bahía Blanca, un aumento jubilatorio, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad, el reparto de ATN entre provincias, el financiamiento universitario, la emergencia en salud pediátrica y la Ley Nicolás, que establece estándares para una atención médica segura y de calidad.
Las victorias del oficialismo llegaron recién después del recambio parlamentario del 10 de diciembre, ya en el período extraordinario. Su bancada pasó de 37 a 95 diputados y de seis a 21 senadores. Con mayor volumen político y el respaldo de las urnas, el Gobierno logró sancionar el Presupuesto 2026 -aunque con la amputación del capítulo XI, que derogaba la emergencia en discapacidad y el financiamiento universitario- y la ley de Inocencia Fiscal, orientada a incentivar la formalización de ahorros en dólares para fortalecer las reservas.
También se anotó un triunfo más político que legislativo a costa de sus aliados tradicionales, la UCR y Pro: la designación de tres auditores generales en la Auditoría General de la Nación (AGN). Uno de ellos responde a Karina Milei: Mónica Almada, la candidata libertaria, que se incorporó al organismo de control junto con Juan Forlón, del kirchnerismo, y la salteña Pamela Caletti, aliada del gobernador Gustavo Sáenz. La maniobra se concretó de madrugada, en sintonía con Unión por la Patria (UP) y los gobernadores, y profundizó la tensión con Mauricio Macri y su tropa legislativa. De la mano de Cristian Ritondo, Pro presentó un amparo para pedir la nulidad de las designaciones en la AGN.
Salvo UP, que logró sostener una bancada de 93 miembros a puro pragmatismo, el resto de la oposición terminó el año completamente fragmentada. La UCR quedó reducida a seis diputados; Provincias Unidas, a 18, y Pro, a 12. El resto se dispersa en un mosaico de 26 voluntades: seis monobloques, cinco espacios con dos integrantes -entre ellos, Encuentro Federal y la Coalición Cívica-, dos con tres miembros -los alineados con Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil- y la Izquierda, con cuatro.
Incluso dentro del kirchnerismo, la unidad aparece lejos de estar garantizada en el largo plazo. “¿Los ves a Juan Grabois conviviendo con Guillermo Michel?”, ironizan quienes siguieron de cerca los primeros debates internos del nuevo bloque. La ausencia de un liderazgo nacional que ordene la agenda vuelve más frágil cualquier intento de cohesión duradera.
De los seis proyectos incluidos en el decreto de convocatoria a extraordinarias, cuatro quedaron en el camino: los cambios a la Ley de Glaciares, las reformas laboral y penal, y la llamada “regla fiscal”, que busca prohibir el déficit.
La reforma laboral y la regla fiscal cuentan con dictamen de comisión -la primera en el Senado, la segunda en Diputados-, mientras que los cambios sobre el área periglacial aún no fueron abordados. En tanto, la reforma del Código Penal no ingresó al Congreso ni se conocen los detalles del texto.
El Gobierno prevé prorrogar las sesiones extraordinarias durante febrero para retomar la agenda pendiente. Así lo anticipó el propio Milei el fin de semana. “Estamos en condiciones de avanzar en la reforma tributaria y en el endurecimiento de las penas del Código Penal en febrero. Y en ordinarias avanzaremos con las reformas planteadas en el Consejo de Mayo”, afirmó. La “modernización laboral” que impulsa el Gobierno tiene un capítulo completo con ajustes tributarios.
Fue el corolario de su remate navideño en redes sociales: “Con este Congreso, no tengan dudas de que vamos a ir hasta el hueso para hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Abróchense los cinturones, porque va a haber muchas más reformas”.
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POLITICA
Presupuesto 2026 e Inocencia Fiscal: el Gobierno dejó vigentes las dos leyes clave del plan económico
El Gobierno nacional oficializó este viernes el Presupuesto 2026 y la denominada Ley de Inocencia Fiscal, dos normas clave para la nueva etapa del programa económico que impulsa la administración de Javier Milei.
La promulgación se concretó a través del primer Boletín Oficial del año, luego de que ambas iniciativas fueran aprobadas por el Senado el pasado 26 de diciembre, con una mayoría ajustada y un fuerte debate político.
El Presupuesto establece un marco macroeconómico que el Ejecutivo considera central para consolidar la estabilidad lograda durante los primeros años de gestión.
Según el texto oficial, el gasto total previsto para 2026 asciende a $148 billones, con un superávit primario proyectado del 1,2% del Producto Bruto Interno (PBI). Además, el Gobierno estima una inflación anual del 10,1%, un crecimiento económico del 5% y un tipo de cambio oficial que cerraría diciembre de 2026 en torno a los $1423.
Desde el Ministerio de Economía destacan que se trata del primer presupuesto aprobado por el Congreso durante la gestión de Milei, luego de dos años en los que el Ejecutivo debió prorrogar partidas ante la falta de consensos legislativos. En ese sentido, la Casa Rosada considera la sanción como una señal política y económica hacia los mercados y los organismos internacionales.
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En cuanto a la distribución del gasto, el Presupuesto 2026 prioriza los servicios sociales, que concentrarán $106,5 billones. En segundo lugar aparece el pago de la deuda pública, con $14,1 billones, seguido por los servicios económicos, que demandarán $11,4 billones.
El texto también ratifica la decisión oficial de mantener restricciones en la cobertura de vacantes dentro de la administración pública, con excepciones puntuales para áreas consideradas estratégicas como Salud, Seguridad y Defensa.
Entre los principales lineamientos, la ordenanza prevé un incremento del 10,6% en las exportaciones, un aumento del 5% en el gasto destinado a jubilaciones, subas del 17% en Salud y del 8% en Educación. Además, se asignan $4,8 billones a las universidades nacionales, en un contexto de fuerte discusión durante 2025 por el financiamiento del sistema universitario.
La Ley de Inocencia Fiscal, el otro pilar oficializado este viernes, apunta a uno de los objetivos centrales del Gobierno: incentivar el ingreso de dólares que hoy permanecen fuera del sistema financiero formal. El régimen, que modifica aspectos del sistema penal tributario y de los procedimientos fiscales, parte del principio de considerar al contribuyente como cumplidor salvo prueba en contrario.
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La norma habilita a las personas físicas a utilizar ahorros no declarados por hasta $100 millones sin enfrentar sanciones penales ni administrativas. No obstante, el alcance del beneficio es limitado: quedan excluidos quienes registren ingresos anuales superiores a $1.000 millones, posean un patrimonio mayor a $10.000 millones o estén categorizados como grandes contribuyentes nacionales.
Desde el Gobierno aclararon que la Ley de Inocencia Fiscal no implica un blanqueo tradicional ni elimina impuestos, antecedentes fiscales o controles antilavado. Tampoco modifica la Ley de Prevención del Lavado de Activos ni las facultades de la Unidad de Información Financiera (UIF), un punto que fue especialmente remarcado para despejar cuestionamientos de la oposición.
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INOCENCIA FISCAL,Javier Milei,Presupuesto 2026,Unidad de Información Financiera
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