Tras el escándalo por los sobreprecios, Demian Reidel renunció este mediodía al directorio de Nucleoeléctrica Argentina, según confirmaron a Infobae. Lo cierto es que la firma renovó además su directorio completo y solo mantuvo a Diego Chaher, actual titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas. Será reemplazado por Juan Martín Campos, especialista en seguridad nuclear y en reactores nucleares.

El físico y economista podría continuar asesorando al presidente Javier Milei, cargo que ocupó hasta el 21 de julio de 2025 cuando lideraba el Consejo de Asesores. En los últimos días, dos gerentes claves del entramado fueron suspendidos por las autoridades de la compañía, debilitando el poder del físico, golpeado a raíz de una serie de denuncias internas por diferentes procesos licitatorios y de compras directas que se dieron en los últimos años y meses.

Luego de resolver la quita de firmas del Gerente General, Marcelo Famá, y del Gerente de Coordinación Administrativa, Hernán Pantuso, y con su posterior salida, el asesor presidencial presentó su dimisión este mediodía. Como anticipó este medio, la asamblea de accionistas aprobó además la nueva composición del directorio. Reidel es amigo personal del mandatario, y su salida “cordial”, como la definen desde la firma, se enmarcar en el cambios de acciones de la empresa que pasó de Secretaría de Energía a Secretaría de Asuntos Nucleares.

Asimismo, Nucleoeléctrica Argentina renovó casi en su totalidad la planta de autoridades y solo mantuvo a Diego Chaher, hombre del entorno del asesor presidencial, Santiago Caputo, funcionario clave en el proceso de privatizaciones que lleva adelante la administración libertaria. Además, ratificaron a Fernando Montserrat, un histórico de la planta con profundas críticas sobre los manejos de los alfiles de Reidel, quien se desempeñaba como Gerente General desde la salida de Famá.

A través de su cuenta de X, el secretario de Asuntos Nucleares del Ministerio de Economía, Federico Ramos Napoli, celebró las nuevas designaciones. “Agradezco a la gestión del directorio saliente y les deseo éxitos en sus próximos desafíos”, destacó en la publicación.

Nucleoeléctrica Argentina opera como una sociedad anónima, pero su capital accionario está íntegramente en manos del Estado. De esta forma, el 79% corresponde al Ministerio de Economía, el 20% a la Comisión Nacional de Energía Atómica y el 1% a Energía Argentina S.A. (ENARSA), lo que deja bajo control de la administración las decisiones sobre la conducción y la estructura directiva de la compañía.

Los movimientos en la firma iniciaron con la preadjudicación de un servicio de limpieza de las tres centrales con un sobreprecio del 140% en función de los números de referencia establecidos por la SIGEN. A eso, se sumó una nueva acusación por una contratación directa para una migración de software con 1067% de sobreprecio.

Las nuevas autoridades

Con los cambios, la empresa generadora de energía eléctrica tiene al bioquimíco de la UBA Juan Martín Campos como titular del Directorio. Se trata un especialista en seguridad nuclear y en reactores, y con pasado al frente de Dioxitek S.A. También integró la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), y formó parte del licenciamiento de los reactores Atucha II y RA-10.

La vicepresidencia pasa a estar a cargo del ingeniero químico Martín Porro, quien preside además la Comisión de Energía Atómica (CNEA). Especialista en reactores de potencia, también formó parte de la puesta en marcha de Atucha II como responsable de sistemas nucleares mecánicos por parte de la CNEA.

El abogado titular de la Agencia de Transformación de las Empresas Públicas, Diego Chaher se mantiene como uno de los directores, y desde la administración libertaria aseguran que trabajar por la privatización parcial de la firma. Cuenta con una silla en el directorio el ingeniero químico, Diego Garde, especialista en tecnología nuclear por el Instituto Balseiro, y completa la nómina el actual gerente de jurídicos de la comisión, Javier Grinspun, miembro desingado por la CNEA.

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Avanza la causa por el presunto pago de coimas en la compra de insumos y medicamentos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En las últimas horas, se conocieron detalles de la auditoría que impulsó el gobierno en la que además de sobreprecios detectó diversas falencias estructurales.

La medida fue ordenada por el interventor Alejandro Vilches, cuando estalló el escándalo con la difusión de los audios de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS. La revisión abarcó el período de diciembre de 2023 a agosto de 2025, enfocándose en el funcionamiento institucional, circuitos prestacionales, mecanismos de control y sistemas de información.

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La auditoría, adjuntada al expediente, identificó la “ausencia de un sistema integral para el Programa Incluir Salud; irregularidades en los procesos de compra de insumos y medicamentos; carencias en la gestión documental; demoras en la regularización contractual con prestadores; inexistencia de manuales de procedimientos; debilidades en el control de expedientes; y problemas persistentes en los registros y la trazabilidad de la información”.

El documento, al que tuvo acceso TN, agregó que estas falencias fueron aprovechadas “para beneficiar económicamente a actores privados privilegiados en perjuicio de las rentas del Estado y de un servicio público de calidad pensado para un sector de alta vulnerabilidad y expuesto a desigualdades estructurales”.

Un detalle que reveló la investigación del gobierno es que las decisiones “fueron tomadas por gente experimentada y de modo absolutamente consciente”. Además de Spagnuolo, esto complica la situación de Daniel María Garbellini, Miguel Ángel Calvete, Pablo Atchabahian, entre otros exfuncionarios de la ANDIS.

La reconstrucción de los hechos permitió comprobar que la base de prestadores se armaba de manera absolutamente arbitraria, se ocultaban los criterios de invitación a compulsar precio o elegir oferta, se ocultaba el inicio, avance y finalización de los procesos, se omitía dejar registro sobre los antecedentes de los proveedores para evitar comparaciones.

También, según el documento, se escondían los datos sobre la capacidad operativa para afrontar la entrega con la urgencia que caracteriza este tipo de prestaciones y todo lo que permitiese controlar que los medicamentos o insumos se compraran a precio razonable, que un mismo beneficiario final no se presentara en el mismo proceso simulando una concurrencia.

Además, no se firmaban contratos que delimitaran los deberes y derechos de las partes involucradas, no se instauraban mecanismos de control o rendición de cuentas, entre otras graves irregularidades.

Todas estas falencias, aseguró el informe del gobierno, generaron fragmentación de áreas, superposición de competencias y circuitos disociados, impactando en la eficiencia operativa, la trazabilidad y la capacidad de planificación y control.

Los programas clave como el CUD, Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral e Incluir Salud operaban en plataformas inconexas, causando inconsistencias de datos y menor previsibilidad para los beneficiarios.

El registro paralelo de proveedores

La ANDIS, pese a ser parte del Estado, manejaba su propio registro de proveedores, el que se caracterizó, en los términos expuestos por la fiscalía, “por ser totalmente informal y opaco”.

El organismo articuló su propio registro de proveedores para poder decidir arbitrariamente quién ingresaba y así otorgarle la posibilidad de contratar, sin importar si tenía capacidad operativa, si se trataba de los mismos beneficiarios finales, si había conflictos de interés o, siquiera, si se encontraba inscripto en el SICOPRO.

Con relación a esto último, se corroboró que varios de los proveedores de la ANDIS a los que se invitó a cotizar precio no estaban inscriptos allí: es el caso de Indecomm SRL y Resposane Salud, ambas vinculadas a Miguel Calvete. Otros figuraban con una pre-inscripción (New Farma, Floresta y Bymax Medical), o su registro estaba desactualizado.

Un ejemplo de esto es el intercambio mantenido por correo electrónico entre Roger Grant, Gabriela Zanotti (empleada de GMS, la desarrolladora del SIIPFIS) y Walter Martinez, cómo el primero -sin ningún tipo de explicación- solicitó el alta de una serie de prestadores (Medel, Droguería Boedo, Profarma, Génesis, MG Argentina, Probock, Resposane, Medical Impland, Floresta, New Farma y Neurosalud), cuyo listado había sido remitido originalmente por Fabián Parlakian.

La misma dinámica fue aplicada a otras empresas como Meta SA, Droguerías Luley SA, Soldist, Lowsedo, Del Sud, Suizo Argentina, Dhiemo, 20 de junio, Seguermed, Caruso y Mg Sipem.

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Los procesos de adquisición de las PACBI simularon neutralidad y racionalidad formal a través de un software, pero en la carga de la información estaba la trampa. Esa formalidad contrastaba con un detrás de escena absolutamente informal y arbitrario, representado a través de las comunicaciones mantenidas por Whatsapp y Telegram.

Con posterioridad al escándalo, las directivas pasaron a ser canalizadas por mail en las casillas oficiales.

Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, Gobierno