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La motosierra de Axel Kicillof: Polémica tras el despido de un trabajador con treinta años de trayectoria

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En la provincia de Buenos Aires, un nuevo caso de despido arbitrario sacude a la administración pública. Pedro Contreras, un trabajador con trinta años de servicio intachable como chofer en la dirección provincial de Centros Gubernamentales, fue despedido sin explicaciones claras, negándole el derecho a una jubilación que le correspondía tras una extensa carrera.

Según testimonios recogidos, Contreras se desempeñó durante tres décadas sin interrupciones, mostrando un compromiso y una responsabilidad ejemplares. No solo cumplía con su horario de trabajo de manera estricta, sino que incluso asistía durante sus vacaciones cuando así se lo solicitaban. Su trayectoria lo llevó a obtener un cargo en planta permanente con estabilidad garantizada bajo la ley 10.430 y alcanzar la categoría 15 dentro de la administración pública bonaerense.

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Sin embargo, su carrera terminó de manera abrupta y sin previo aviso. «Un día fue a trabajar y le dijeron ‘firmá acá’. A partir de ese momento fue despedido, sin mayores explicaciones», relató su esposa. Desde entonces, Contreras atraviesa una depresión severa debido a la injusticia de su despido y la incertidumbre sobre su futuro económico y el de su familia.

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Un despido marcado por irregularidades

La decisión de despedir a Contreras se dio en un contexto de creciente tensión dentro del ámbito gubernamental, particularmente desde la llegada de Paula Verónica Ferraris, una funcionaria cercana al gobernador Axel Kicillof. Ferraris, quien tiene a su cargo la Junta Médica, la dirección de Sumario, la dirección de Personal y la Junta de Disciplina, acumula denuncias por acoso laboral y abuso de autoridad.

«Desde que llegó esa mujer, fue todo un caos», denunció la esposa de Contreras. De acuerdo con su relato, su marido presentó problemas de salud que le impidieron asistir a su trabajo en contadas ocasiones, todas ellas respaldadas por documentación médica de hospitales públicos. Sin embargo, la administración provincial argumentó que no se pudo subir la documentación al sistema y le inició un sumario administrativo. A pesar de solicitar una junta médica para validar su estado de salud, el pedido fue ignorado y se procedió a sumariarlo, prohibiéndole manejar un vehículo oficial y, finalmente, despidiéndolo sin derecho a jubilación.

«Después de servir durante treinta años, lo despidieron sin una causa justa, sin jubilación, se quedó sin obra social y no tiene cómo mantener a sus hijos, uno de los cuales tiene una discapacidad», lamentó su esposa. «Todo lo que pedimos es que pueda jubilarse».

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Un trasfondo de denuncias y escándalos

El caso de Contreras no es aislado. Ferraris ha sido protagonista de diversos escándalos a lo largo de su carrera. Su historial de denuncias se remonta a su paso por el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto en 2013, cuando fue acusada de encubrir a su pareja, el funcionario de la Cancillería, Héctor Hugo Merlo, quien enfrentaba cargos por racismo, acoso laboral y persecución política. En 2016, fue procesada por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionaria pública junto con el excanciller Héctor Timerman.

A pesar de estos antecedentes, Ferraris fue designada subsecretaria de Gobierno de la provincia de Buenos Aires y ha continuado acumulando denuncias por maltrato laboral y discriminación. Uno de los casos más recientes es el de Guillermo López, un trabajador del departamento de Automotores, quien la acusó de burlarse de su trastorno del habla y de su origen paraguayo. Además, según fuentes del área, Ferraris habría encubierto el uso indebido de un vehículo oficial por parte de una amiga suya, ocultando el auto chocado en un galpón para evitar repercusiones.

Impunidad y falta de respuestas

El despido de Pedro Contreras pone en evidencia la falta de garantías para los trabajadores de la administración pública bonaerense. La ausencia de explicaciones concretas sobre su desvinculación, la negativa a realizar una junta médica y la falta de acción por parte del gobierno provincial han dejado a Contreras y a su familia en una situación de extrema vulnerabilidad.

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La Cámara Nacional Electoral ordenará que los resultados de las elecciones se publiquen por provincias

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La Cámara Nacional Electoral (CNE) ordenó al Gobierno que los resultados provisorios de las elecciones legislativas del domingo se publiquen por provincias y no de forma general, como había mostrado la Dirección Nacional Electoral (DINE) en el ensayo del fin de semana. Esta decisión responde a los reclamos presentados por el Partido Justicialista, la Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente de Izquierda.

Según adelantó TN, el fallo en el que trabajan los jueces Daniel Bejas, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía mantiene el criterio histórico de las elecciones legislativas, donde el recuento se realiza por distritos, porque los escaños de diputados y senadores se asignan según los votos obtenidos en cada provincia. “La consolidación de un resultado nacional es incorrecta y cualquier agrupamiento de alianzas que se realice es arbitrario”, advirtió el Partido Justicialista en su presentación.

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Manuel Adorni anticipó el resultado de las elecciones: “Vamos a ser los amplios ganadores”

La decisión de la CNE se produce en un contexto de tensiones políticas, donde la oposición había cuestionado la falta de transparencia en la difusión de los resultados. La orden judicial busca garantizar que los ciudadanos puedan conocer los resultados específicos de su provincia y no solo un dato global que podría no reflejar la realidad local.

La Dirección Nacional Electoral había presentado los resultados de manera global en un ensayo previo, lo que generó críticas por parte de diversos sectores políticos. La CNE, al ordenar la publicación desagregada por provincias, busca asegurar que el proceso electoral se ajuste a los principios de transparencia y equidad.

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Biocombustibles: el Gobierno propone una tregua hasta 2027 en el Senado por la puja entre provincias

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Pasó desapercibido en el Senado, pero un plenario de comisiones realizado la semana pasada describió a la perfección la guerra subterránea que transitan provincias agrícolas versus petroleras por el futuro de los biocombustibles -etanol y biodiesel-, con legisladores que agitan proyectos para elevar los cortes y otros que ya muestran sus armas para frenar los cambios en cuestión, mientras que el Gobierno libertario sugirió una tregua hasta 2027.

La reunión más importante ocurrió el miércoles último, en el cónclave conjunto de las comisiones de Energía; y de Presupuesto de la Cámara alta, comandadas por el radical Flavio Fama (Catamarca) y el oficialista Ezequiel Atauche (Jujuy), respectivamente. Después de invitados que sólo consiguieron confirmar los prejuicios de los presentes, disertó el subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, Federico Veller.

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El funcionario explicó, según consta en la versión taquigráfica: “Los proyectos que se están discutiendo hoy aquí proponen incrementos de corte de hasta el 15 o 18%, dependiendo del proyecto que se trate, y la aplicación de mecanismos de determinación de precios con referencia a paridad e importación”.

Segundos después y, sobre el último punto, detalló: “En condiciones de paridad e importación, el precio del biodiesel, por ejemplo, es hasta 2,2 veces más caro que su alternativa fósil, sin tomar en cuenta el poder calorífico. Estoy hablando de precio contra precio. El resultado de la propuesta, por ejemplo, de llevarlo al 18% significaría, en el caso del biodiesel, un incremento de hasta 10% en el precio del surtidor de manera inmediata, y este incremento de precio en el surtidor tendría correlato directo en el encarecimiento de la logística del transporte de bienes de consumo e industriales. Es decir, afecta a toda la economía. A su vez, el incremento de corte propuesto genera un impacto directo en la recaudación fiscal”.

Biodiesel en una planta en la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe (Archivo Reuters)

Veller advirtió: “Para tener otra referencia, en cinco años, la propuesta del 18%, por tomar un ejemplo, equivale a un impacto superior en las cuentas públicas del Estado Nacional de USD 4.000 millones de dólares para ambos biocombustibles”. En esta línea, añadió: “La forma en que está concebido el proyecto actual genera ciertos, vamos a llamarlos, ‘privilegios’ -vamos a evitar la palabra ‘protección’- prácticamente a perpetuidad de acuerdo con el texto actual, imposibilitando la posibilidad de fomentar la eficiencia, la innovación y la libertad de mercado en esta industria de los biocombustibles”.

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El funcionario remató: “Por consiguiente, estaríamos diciendo que luego de 20 años de promoción o de existencia de esta industria, vamos a continuar, por ejemplo, otros dieciocho años asegurando que la producción sea exclusivamente de producción nacional, tanto de las materias primas como de los productos, por dar un ejemplo”.

Tras resaltar la importancia en cuanto a “certidumbre” y “planificación” para “poder decir que, a partir de cierto momento, va a ser tal el corte”, Veller deslizó: “Entendemos que ese momento, un momento posible, podría ser 2027, incrementando el corte de etanol de un 12% actual a un 15% y de un 7,5% actual del biodiesel a un 10%. ¿Por qué 2027 y no ahora? Bueno, ustedes saben que la piedra angular muy importante de esta Administración es el equilibrio fiscal. Por eso, tratamos de minimizar cualquier impacto que pueda haber en el cortísimo plazo hasta tanto las principales variables macroeconómicas se estabilicen. También, nos gustaría -y creemos sumamente importante- generar una transición gradual hacia un mercado libre de biocombustibles. Y proponemos seis años para esa adecuación. No queremos hacerlo libre de la noche a la mañana”.

Sorprendió el final de su discurso de presentación. “Todos tienen necesidades diferentes que no están contempladas acá, pero precisamente eso es el consenso: buscar esa posición de incomodidad que hace las cosas posibles para el conjunto”, alentó el representante de la Casa Rosada. Antes que él, los peronistas disidentes Juan Carlos Romero (Salta) y Alejandra Vigo (Córdoba); la integrante del Frente de Todos Carolina Moisés (Jujuy) y una radical habían activado críticas contra algunos detractores enviados, de manera específica, para enterrar el asunto en la Cámara alta.

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Una respuesta válida a Veller apareció, incluso sin ser una experta en biocombustibles, a través de la porteña y legisladora electa Guadalupe Tagliaferri. “Usted hizo una enorme referencia al compromiso y la vocación de consenso como representante del Gobierno, que no cree en leyes que salgan sin consenso porque, después, no se aplican. Bueno, no es un buen representante del Gobierno, porque no es lo que piensa el Gobierno. Entonces, también hay una cierta preocupación o resquemor de algunos senadores en esta vocación que usted manifiesta -que estoy convencida de que en el caso suyo es genuina-, de que, quizás, nos encontremos en una discusión sobre el consenso, la coma, el artículo, y que, en realidad, eso esconda ninguna voluntad de avanzar con algo”. Fue la sensación que se llevaron quienes alientan las iniciativas a favor de mayores cortes en biocombustibles. Mientras tanto, los distritos petroleros guardan algunas cartas y se preparan, post elecciones, para salir “a la cancha”.

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Elecciones 2025: ¿Cómo justificar el no voto por internet, paso a paso?

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Se acercan las elecciones legislativas nacionales que definirán 127 bancas en Diputados y 24 en Senadores. Aunque el voto es obligatorio para personas entre 18 y 70 años, hay algunas justificaciones si no pudiste asistir a tu lugar de votación.

Justificar el no voto puede evitar que uno tenga que pagar una multa por entrar al Registro de Infractores, además de la inhabilitación para hacer trámites en entidades gubernamentales.

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Lee también: Qué pasa si no voté en las últimas elecciones: ¿Puedo votar en octubre de 2025?

El paso a paso para hacerlo es muy sencillo, con la posibilidad en la actualidad de hacer el trámite por internet. Requiere presentar papeles obligatorios para que uno se pueda eximir de las consecuencias antes mencionadas.

Elecciones legislativas 2025: quiénes están justificados para no votar

  • Menores de 18 años (desde los 16 se puede, pero no es obligatorio)
  • Mayores de 70 años
  • Personas con un problema de salud
  • Personas que presenten una causa de fuerza mayor
  • Jueces de mesa
  • Policías en funciones
  • Electores que se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de votación

Para los casos de distancia o problemas de salud y fuerza mayor, es obligatorio presentar documentación que respalde la justificación por la que no asistieron a votar. Si no se adjuntan las constancias, se tendrá que pagar la multa. Si no se paga la multa, podrán ser mayores las consecuencias.

El paso a paso para justificar el no voto por Internet

Lo primero que hay que saber, es que estos trámites se realizan a través de la página de la Cámara Nacional Electoral (CNE), entidad que es parte del Poder Judicial de la Nación y maneja todas las cuestiones ligadas a las votaciones.

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En esa página esta el registro de infractores, donde figuran las irregularidades de cada persona en las diferentes elecciones. En la página principal de la CNE, en la sección temas hay una pestaña que te lleva directamente a la consulta.

En la ventana de consulta, hay que llenar los siguientes datos: número de documento, género, distrito electoral (provincia en la que se tiene el domicilio) y un código de validación que pide la página.

Cuando se completan todos los datos, la página te lleva a una lista con las últimas instancias de votación donde se aclara si uno es o no infractor. En caso de no serlo, la CNE te permite imprimir una constancia de esto.

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Lee también: Boleta Única de Papel: qué cambia en la elección del 26 octubre y cómo será la votación

En caso de ser infractor, la página te permite iniciar el trámite de justificación ahí mismo. Se despliega una lista con las posibles causas justificadas para poder ausentarse a votar, y uno tiene que elegir la que le corresponde para avanzar con el proceso.

Luego, hay que cargar la documentación necesaria para justificar el no voto, poner un número de teléfono y un correo electrónico y proceder para terminar la carga y el trámite online. El infractor tendrá 60 días hábiles posteriores a la votación para realizar esto y evitar el pago de la multa.

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Si la Cámara Nacional Electoral acepta la justificación, la persona lograra no pagar la multa. Pero si no se llega a buen puerto con lo presentado, hay que pagar la multa -que puede ir de 50 a 500 pesos dependiendo si el infractor ya tenía ausencias previas- porque sino puede haber consecuencias más graves.

La Cámara Nacional Electoral es el ente encargado de registrar a los infractores que no asisten a las votaciones. (Foto: Télam).

Estas consecuencias pueden ir desde no estar habilitado a realizar ciertos trámites en entidades gubernamentales hasta la prohibición para ejercer empleos públicos. Esto se hace para que se cumpla la obligación ciudadana de participar en las elecciones, que son parte fundamental de la democracia.

La otra forma de realizar el trámite de justificación es hacerlo presencialmente, en la sede de la CNE ubicada en Av. Leandro N. Alem 232, CABA. Allí se podrán presentar los papeles para poder salir del registro de infractores.

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