Lejos de los espacios donde se mueven los operadores judiciales y con fama de severo ante el narcotráfico, el juez Diego Amarante es el primero que citó a prestar declaración indagatoria como sospechosos de evasión fiscal a la Asociación del Fútbol Argentino y sus máximas autoridades, Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino.

Amarante es un hombre de los tribunales, donde ingresó como auxiliar y escribiente −cuando estaba estudiando en la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA)− en distintos tribunales orales en lo penal económico y en juzgados nacionales.

Luego trabajó en la Cámara Federal de Casación penal, el máximo tribunal penal del país con el entonces camarista Eduardo Riggi; era su relator. “Mano dura”, resumió uno de sus colegas ante para referirse a ambos.

Su carrera se la debe a Riggi, el juez a quien Alberto Fernández no le quiso dar un nuevo acuerdo cuando llegó a los 75 años. En la Casación estuvo 15 años, entró como empleado y salió como juez.

Llegó a juez en lo Penal Económico N° 5 el 22 de diciembre de 2014, cuando gobernaba Néstor Kirchner.

Hijo de un militar, Amarante tiene 51 años y defendió a su padre en una causa por violaciones a los derechos humanos en la que fue sobreseído, a comienzos del kirchnerismo.

Tiene particular empatía con los uniformados y comprensión por las fuerzas policiales con las que le toca trabajar, dijeron sus allegados a .

Cercano a la Embajada de los Estados Unidos, no se pone colorado si le toca trabajar con la DEA u otras fuerzas extranjeras en la medida en que la información sea buena y le permita ir para adelante, señalan quienes conocen su pensamiento. También lo consideran equilibrado en sus análisis ante los planteos de la ARCA.

Es duro con sus imputados, aunque en particular en las causas de narcotráfico, coinciden en afirmar funcionarios del fuero penal económico.

Su severidad, que en ocasiones podía transformarse en desequilibrios en contra del imputado, le mereció que la Cámara de Apelaciones le hiciera algunos comentarios.

Su máximo enfrentamiento con la Cámara de Apelaciones ocurrió el año pasado, en una causa por drogas donde insistía para procesar a los acusados, y el tribunal le pidió que siguiera investigándolos antes de decidir.

Tanto fue y vino el expediente desde la Cámara que, al final, cansado, Amarante sobreseyó a los imputados y le preguntó por escrito a sus superiores si pretendían como prueba una foto de los acusados sentados encima de la droga. Un arrebato.

Quienes lo conocen en los tribunales, dijeron a que Amarante es ajeno al submundo de las operaciones y los operadores judiciales, rasgo que compartiría con el fiscal de la causa, Claudio Navas Rial. Un dato relevante en esta causa donde los acusados de la AFA no sólo tejieron fuertes vínculos con jueces y fiscales, a los que incorporaron a los tribunales internos de disciplina, sino que también se valieron de influyentes personeros para acercar su punto de vista, con “alegatos de oreja” que pretenden dejarlos mejor parados.

Amarante tuvo causas de alto perfil, como la que le tocó contra Susana Giménez, denunciada por la entonces AFIP por presunta evasión fiscal relacionada con el impuesto sobre los Bienes Personales del ejercicio 2019. La sobreseyó al evaluar que no existió una conducta engañosa o ardidosa configuradora de un delito penal tributario. Confirmaron su fallo.

Procesó al extitular de la AFIP Ricardo Echegaray por contrabando de un vehículo en una causa donde intervino en la importación de un auto para la embajada de Taiwán, que no era un país reconocido como tal. Echegaray fue absuelto en el juicio oral.

También procesó a Fabián de Sousa por evasión, pero sobreseyó a Mauricio Macri y a Gianfranco Macri por los Panamá Papers. Lo mismo con una denuncia a Jorge Lanata, quien fue denunciado por supuesto lavado de dinero.

También procesó a Gregorio Dalbón por supuesto contrabando de divisas. Finalmente, el abogado de Cristina Kirchner fue sobreseído por la Cámara porque, a pesar de que llevaba encima más dinero que el permitido al salir del país, el tribunal no consideró al dinero una mercadería.

Amarante obtuvo el título de abogado en la UBA el 17 de diciembre de 1998 y publicó varios artículos académicos en derecho penal. Fue coautor del libro “Código Procesal Penal de la Nación anotado con jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal” (2007).

Fue ayudante y profesor adjunto de derecho penal en la UBA y en el Instituto Universitario de Derecho Penal, y participó como profesor de cursos de capacitación judicial en la Escuela de Capacitación Judicial de la Asociación de Magistrados.

Como juez en lo Penal Económico actuó en causas complejas y en particular en un caso donde procesó con prisión preventiva a funcionarios de la Dirección General de Aduanas y un exagente de la SIDE por delitos de contrabando agravado y asociación ilícita. En esa resolución sostuvo que el delito era una traición a la patria.

En otra causa rechazó un pedido para cerrar un caso contra un acusado que había entrado en el blanqueo de capitales en una causa por presunto contrabando que había comenzado con allanamientos y secuestro de mercadería de origen extranjero. También procesó por tráfico de drogas de diseño a una banda que se dedicaba a comercializar éxtasis por correo y los dejó presos.

Ahora citó a indagatoria a las máximas autoridades de la AFA por evasión y, a juzgar por sus antecedentes, se enfrentarán a un tribunal particularmente severo.

Mientras los focos públicos de este jueves estuvieron puestos en el paro de la CGT y el tratamiento de la reforma laboral en Diputados, el Senado se mantuvo activo y el Gobierno consiguió ahí el dictamen para el régimen penal juvenil, que quedó en condiciones de ser llevado al recinto la semana que viene.

Motivado en un discurso de derecha en el abordaje de delitos, y con el fin de darle respuesta a pedidos de las familias que fueron víctimas de homicidios y hechos de inseguridad cometidos por jóvenes delincuentes, el Gobierno promocionó este proyecto que contempla bajar la edad de imputabilidad, que ya viene con aprobación de Diputados. La idea inicial de la Casa Rosada era reducir el umbral mínimo de punibilidad a 13 años, pero en un acuerdo con los aliados quedó fijado en 14.

Con este paso, el Gobierno ya tiene todo listo para que la iniciativa se debata la semana que viene en la Cámara alta. De momento, hay dos opciones.

Fuentes de Balcarce 50 que trabajan la estrategia legislativa tienen agendado que pedirán para el 27 de febrero la sesión para volver a tratar la reforma laboral, si es aprobada hoy en Diputados con cambios, como el artículo de las licencias médicas. Ese día, entonces, evalúan sumar al debate el régimen penal juvenil.

Sin embargo, por estas horas toma fuerza también otra posibilidad, según pudo saber : que se debata el jueves 26 el régimen penal juvenil −ya que se espera una prolongada sesión− y, al día siguiente, los cambios en el mundo laboral.

A favor del dictamen del oficialismo firmaron los senadores Patricia Bullrich, Agustín Monteverde, Bartolomé Abdala, Juan Carlos Pagotto, Gonzalo Guzmán Coraita, Ezequiel Atauche, Bruno Olivera, Silvana Schneider y María Belén Montes de Oca, todos de La Libertad Avanza (LLA); más los radicales Eduardo Vischi, Carolina Losada y Mariana Juri; sumados Andrea Cristina (Pro), Edith Terenzi (Despierta Chubut), Beatriz Ávila (Independencia-Tucumán), Carlos Arce (Frente Renovador de La Concordia Social-Misiones) y Carlos Espínola (Provincias Unidas-Corrientes).

El respaldo al dictamen del oficialismo quedó solapado por la ferviente discusión en la Cámara de Diputados respecto de la reforma laboral y la movilización de grupos de izquierda en la Plaza del Congreso.

Pero Bullrich, una de las principales impulsoras de la ley, contó la novedad a través de sus redes sociales y recibió las felicitaciones del presidente Javier Milei, desde Estados Unidos, en la previa de su regreso a la Argentina tras participar del Board of Peace ideado por Donald Trump.

“Tenemos dictamen para el régimen penal juvenil en el Senado”, anunció Bullrich este jueves pasadas las 16 en su cuenta de X.

Convencida, la exministra de Seguridad afirmó: “La semana que viene lo vamos a convertir en ley. En la Argentina no puede haber más víctimas y familias destruidas ni impunidad de menores que se escudan en su edad para salir a delinquir y volver a su casa como si nada. A las víctimas y a sus familias nadie les devuelve lo que perdieron ni justicia para los responsables, pero se terminó mirar para otro lado».

Tras eso, el Presidente −que estuvo reunido con Bullrich el lunes en Olivos− escribió dos abreviaturas: “TMAP” (por “todo marcha acorde al plan”) y ”VLLC» (por “viva la libertad carajo”).

De esta forma, el Gobierno busca conseguir una nueva normativa respecto de un debate de años en la Argentina que, a pesar de los distintos proyectos presentados en ese sentido, nunca derivó en una reducción de la edad en que los menores están sujetos a ser punibles, que hasta ahora está fijada desde los 16 años.

En lo legislativo, hasta este momento, la actual oposición (sobre todo del kirchnerismo) siempre hizo primar su postura en contra del proyecto, basada en la necesidad de impulsar reformas de fondo en las condiciones de vida y en la educación de los menores para que no lleguen a delinquir.

Sin embargo, en extraordinarias, el gobierno de Milei ya obtuvo la aprobación de Diputados con un amplio respaldo: 149 votos afirmativos.

Esta tarde, en el Senado, se hizo el plenario de comisiones de Justicia y Asuntos Penales −comandada por Pagotto, que dejó el lugar a su colega Guzmán Coraita−, y de Presupuesto y Hacienda −a cargo de Atauche− con el fin de dejar listo el proyecto para que vaya a recinto. Asistieron también familiares de víctimas.

Frente a los reparos de algunos bloques aliados sobre los fondos para financiar el nuevo régimen, Atauche dijo que se prevé la asignación de un presupuesto para tal fin dirigido al Ministerio de Justicia y a la Defensoría General de la Nación.

La iniciativa, además de la baja de edad, establece un tope de 15 años para las penas privativas de libertad aplicables a adolescentes e introduce criterios restrictivos para la prisión efectiva (que solo podrá aplicarse en delitos graves, con escalas penales de diez años o más). Para el resto de los casos, el proyecto estipula sanciones alternativas como tareas comunitarias, prohibiciones de acercamiento o medidas de reparación del daño. A su vez, establece determinadas formalidades para la detención de menores, entre ellas que queden alojados separados de los adultos y que se les garantice acceso a educación, salud y programas de resocialización.

Si es aprobado durante esta jornada en Diputados, al Senado también deberá volver a tratar la reforma laboral, debido a que el oficialismo eliminó el polémico artículo 44, que reducía el pago de licencias médicas al 75 o 50% de acuerdo al caso, por lo que la ley tendrá cambios y deberá retornar a su cámara de origen.

Ahora, LLA contabiliza un aglomerado entre propios y socios que ronda los 40 senadores, que esperanza al Gobierno para lograr la aprobación definitiva del régimen penal juvenil.

De esta manera, para antes que arranque el año legislativo formal, el próximo 1 de marzo con las sesiones ordinarias, la gestión de Milei quiere tener transformados en ley estos dos proyectos (además de la ratificación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea), que son parte de las promesas de campaña libertaria y, en el caso de los cambios en materia laboral, también parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).