POLITICA
Días de costos para Olivos: desatención del Congreso y malas decisiones políticas

Dos decisiones del propio oficialismo terminaron marcando una semana política realmente negativa para Olivos, aún antes de sacar cuentas sobre el impacto de la turbulencia global de los mercados, en el momento crucial de las tratativas con el FMI. Eso último escapa a la voluntad local, más allá de las gestiones para tratar de amortiguar los anuncios arancelarios de Washington. En cambio, son facturas intransferibles la decisión del viaje de Javier Milei a Estados Unidos -sin asegurar la foto con Donald Trump– y la derrota en el Senado como respuesta a la obstinación con los pliegos para la Corte Suprema. Una mezcla de malas decisiones políticas y modo de entender el ejercicio del poder. Por lo pronto, ya asoman recelos y reproches internos.
La magnitud política de lo ocurrido en el Senado con los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla queda a la vista por los números de los rechazos reflejados en el tablero, por las consecuencias inmediatas y por ser contracara de la votación de Diputados que hace apenas un puñado de días avaló el DNU sobre la negociación con el Fondo. Los operadores del Presidente expusieron así un problema serio para hacer una lectura política de los mensajes del Congreso, que no son lineales. Y, a la vez, una actitud que confunde necesidades con pretensiones.
Buena parte de lo que el oficialismo descalifica como “la política” advirtió que en el caso del decreto para avanzar con el FMI estaba en juego algo más que el instrumento, a todas luces cuestionable por diferentes razones. De todos modos, socios legislativos, dialoguistas y hasta sectores críticos como la CC allanaron ese camino al considerar, de manera expresa o implícita, que estaba en juego el sustento político como señal interna y externa. Algunos, extremaron ese razonamiento a la categoría de gobernabilidad.
Aquella convergencia permitió la aprobación del decreto. La oposición dura -básicamente el peronismo/kirchnerismo, que en ese tema expuso pocas fisuras- terminó siendo también una pieza útil para el juego de Milei. El mensaje oficialista le dio escaso relieve a la votación favorable y se concentró una vez más en la pelea tuitera con el enemigo elegido, Cristina Fernández de Kirchner, que por supuesto alimenta con similares ganas y bajo nivel la misma lógica.
Ese resultado difícilmente iba a ser repetido en cualquier terreno. Y Olivos agregó un nuevo peldaño en una escalera ya deteriorada. El intento para ocupar dos casilleros en la Corte venía muy complicado, con arrastre de meses, y no sólo por la designación por decreto de García-Mansilla, que juró en el cargo, y Lijo, que no lo hizo y prefirió mantener el recurso de la licencia en el juzgado federal. El oficialismo nunca asumió plenamente un tipo de negociación, la más avanzada con algunos integrantes de UxP y hasta con contactos en las cercanías de CFK, según se dejaba trascender.
El cuadro se completaba con cuestionamientos iniciales y luego crecientes desde el PRO -aún antes de la pulseada más abierta de Mauricio Macri con Olivos- y desde bancadas dialoguistas, incluso algunos legisladores muy atentos a las indicaciones de sus gobernadores, en la UCR y en el conglomerado de vertientes provinciales. Sin embargo, forzado por el propio Gobierno el capítulo final, los números fueron abrumadores y la fisura más llamativa se anotó en UxP al momento de votar el pliego del juez federal.
La asistencia de senadores fue perfecta. Las advertencias previas hacia el Gobierno parecían centradas en señalar que estaba fuera de discusión que los rechazos superarían la prueba de los 25 votos necesarios para clausurar el tema. Lijo cosechó 43 votos en contra y 27 a favor, entre los que se contó la decena aportada por el peronismo/kirchnerismo. El heterogéneo conjunto que dejó fuera de juego al pliego sumó al resto de UxP, a diez de trece radicales, a los siete del PRO y muchos provinciales. El rechazo a García-Mansilla fue mayor: 51 a 20, con el peronismo en bloque bajando el dedo.

Fue más que eso: no se ha visto un desenlace similar para propuestas de este calibre, es decir, desde cargos en la Corte hasta el jefe de los fiscales. Ante la falta de consenso, la salida menos traumática es el retiro de los pliegos. Lo saben todos en política. Sin embrago, desde el círculo presidencial jugaron hasta último momento al fracaso de la sesión para encarar conversaciones que, según sus interlocutores, apuntaban a una imprecisa y última movida. ¿Más presión sobre jefes provinciales? Resultaba evidente que no iba a alcanzar, que no era bien leída la realidad y que nadie consideraba que estuviera en riesgo la estabilidad del Gobierno. Salvo, claro, que fuera retomada la idea de un pacto amplio como el sugerido en el arranque de esta historia, difícil lanzada como está la carrera electoral y con CFK tratando de ordenar su frente interno.
Desde la UCR y también algunos provinciales sugirieron retirar los pliegos, aún con costo. No funcionó y se llegó a la votación en el recinto. Suena pobre la carga del oficialismo contra la “casta” frente al cuadro planteado ahora. Lijo únicamente iba a cambiar de idea si el pliego resultaba aprobado. García-Mansilla habla de consultar a los integrantes de la Corte. Situación difícil, incierta al menos, en un contexto más sensible: ya no se trata del juramento en comisión sino del rechazo de los pliegos y del cuadro político que eso mismo expone. Sin contar, con el barro que significa acciones como las que ya tiene en su despacho el juez Alejo Ramos Padilla.
Se agrega la interna. El oficialismo funciona en el Senado con un nivel de disputa doméstica que roza lo institucional. Como era previsible, Victoria Villarruel fue puesta en la mira antes y después de este fracaso. Y fue expresado por algunos canales con terminales en el círculo presidencial, que a la vez -aunque suene contradictorio- la vienen esmerilando y destacan que no tiene ningún poder. Precisamente, el escaso peso de la vicepresidente expuso como dato casi excluyente el papel jugado por Santiago Caputo en todo el trámite y en el intento final para evitar la sesión del jueves.
Las internas tampoco tardaron en emerger frente a la movida que decidió y connotó el viaje presidencial a Mar-a-Lago como paso importante para asegurar el acuerdo con el FMI -no sólo el desembolso inicial, sino además los compromisos- y enviar un nuevo mensaje a los mercados. El objetivo: la foto de Milei con Trump. Y el complemento por si hiciera falta: sumar a Luis Caputo como acompañante del Presidente.
Resultó un riesgo innecesario. Y el viaje cerró sin la postal imaginada, que por lo demás no hubiera sido determinante, porque los respaldos que definen posiciones en el directorio del FMI son los que operan por vías efectivas desde el Departamento del Tesoro. El problema, en todo caso y sin foto, es el malestar doméstico por el viaje y la señal contraproducente.
Con el presupuesto de un éxito -un contacto breve aunque visible con Trump-, se había dejado trascender que el viaje, la compañía del ministro Caputo y la posibilidad del encuentro referido eran fruto del entorno presidencial. Más aún: se destacaba la utilización de canales informales sin recurrir a la Cancillería. Con el resultado indeseado a la vista de todos, se apuntó sobre la conducción del ministerio, encabezado por Gerardo Werthein, que a la vez tiene a su cargo una tarea difícil: revertir el impacto arancelario. Un clásico de la gestión mileista
En el tablero doméstico no hay rastros de alguna visión crítica sobre lo ocurrido en estas horas. Otra vez, quedó expuesta una especie de sobrevaloración del poder propio y una concepción que cada tanto genera costos. En resumidas cuentas, desatención de la complejidad del Congreso, poco afinamiento para encarar el frente externo y un denominador compartido: la concentración de decisiones que remite al estrecho círculo de Olivos.
POLITICA
Reforma laboral: ¿qué pasará si la oposición logra voltear el capítulo del fondo de asistencia laboral?

Con los cambios presionados por la oposición aliada y dialoguista, la discusión por la reforma laboral entró en una zona de riesgo. Si la Cámara de Diputados modifica o rechaza este jueves el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), uno de los puntos que más resistencia genera, el proyecto abrirá un escenario complejo para el oficialismo: como cámara de origen, el Senado deberá resolver si insiste con su redacción original o si acepta los cambios.
Como parte de las negociaciones, el Gobierno aceptó eliminar el artículo 44, que regulaba las licencias por enfermedad. Esa modificación ya garantiza que el proyecto vuelva al Senado, pero, como el oficialismo está dispuesto a convalidarlo, la Cámara Alta lo aprobaría sin mayores obstáculos y la reforma quedaría sancionada.
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El problema es distinto con el FAL. En la Casa Rosada aseguran que no admitirán modificaciones en ese ni en ningún otro punto. Si Diputados lo rechaza o altera sustancialmente, el Senado podría insistir en su versión original. Esa dinámica demoraría el trámite y el Ejecutivo no podría cumplir con los tiempos políticos fijados para llegar a la apertura de sesiones ordinarias con la reforma laboral convertida en ley. Pero en el peor de los escenarios para el oficialismo, el proyecto podría perder estado parlamentario si se mantuvieran las diferencias entre ambas cámaras.
Qué puede pasar si el Senado no acepta los cambios
De acuerdo con el procedimiento parlamentario, si la Cámara de origen, en ese caso el Senado, rechaza las modificaciones introducidas por la revisora, el proyecto vuelve a Diputados para que insista en su postura o acepte el rechazo. La Cámara Alta solo puede debatir los artículos modificados, no reabrir el resto del texto.
El Senado puede insistir en su redacción original si reúne una mayoría calificada de dos tercios de los presentes. Si acepta los cambios de Diputados, el proyecto queda sancionado con esas modificaciones, como se prevé que suceda con la eliminación del artículo 44. Pero si persisten las diferencias, la iniciativa puede perder estado parlamentario y no volver a tratarse en el mismo año.
En el oficialismo ya habían advertido que, si en Diputados se introducen cambios adicionales a los ya acordados, el Senado no los convalidará. En Balcarce 50 sostienen que la eliminación del artículo 44 fue la concesión necesaria para garantizar la aprobación y que no están dispuestos a reabrir el resto del articulado.
Ese mensaje apunta directamente al FAL. Si el Senado rechazara los cambios de Diputados y la Cámara Baja insistiera, el ida y vuelta legislativo podría extenderse y afectar la hoja de ruta que diseñó el Ejecutivo.
Para la oposición más dura, se abriría así una puerta para que la reforma laboral se caiga, algo que no puedo lograr con los votos en el recinto ni con el paro general y la movilización en la calle.
Qué es el Fondo de Asistencia Laboral
El FAL es un sistema obligatorio que introduce la reforma laboral destinado a financiar indemnizaciones por despido. Se conformará con una contribución del 3% de las remuneraciones que sirven de base para el cálculo de los aportes patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Ese aporte se integrará mensualmente junto con las contribuciones patronales.
Los fondos serán administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores (CNV). La normativa aclara que esa derivación no implicará responsabilidad del Estado nacional respecto de las obligaciones del empleador. Además, no se podrán utilizar los recursos para ningún fin distinto al pago de indemnizaciones ni elegir administradoras vinculadas, lo que busca evitar que los fondos financien a la misma empresa o a compañías relacionadas.
En el Gobierno sostienen que la reglamentación fijará qué instrumentos financieros podrán utilizarse, qué riesgos estarán prohibidos y qué niveles mínimos de liquidez deberán mantenerse para asegurar que los fondos respondan ante un despido. “La idea de que se puedan invertir es que la plata no pierda valor. No van a tener carácter de riesgo”, aseguraron desde Casa Rosada.
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El esquema prevé beneficios fiscales. Los FAL estarán exentos del Impuesto a las Ganancias y no tributarán IVA, salvo por las comisiones de las administradoras. La contribución del 3% se compensará con una reducción equivalente en las contribuciones patronales destinadas al SIPA.
En el oficialismo niegan que se trate de un sistema similar al de las AFJP y remarcan que los fondos no pertenecen al trabajador, no constituyen capitalización individual ni reemplazan haberes previsionales. Pero pese a esas aclaraciones, el FAL se convirtió en uno de los puntos más sensibles del debate parlamentario. Si Diputados decide modificarlo, el Senado tendrá la última palabra y el desenlace podría definir no solo el contenido, sino también la viabilidad política de toda la reforma.
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POLITICA
Un diputado defendió la reforma laboral y Tailhade lo acusó de negarle la indemnización a un trabajador incapacitado

La defensa que realizó este jueves el diputado Pablo Outes en plena sesión por la reforma laboral se encontró con una fuerte réplica del diputado kirchnerrista Rodolfo Tailhade que sorpredió en el recinto. Es que el legislador salteño de Innovación Federal sostuvo que votaría a favor de la iniciativa, pese a sus críticas a la gestión de Milei. Cuando tuvo oportunidad, el diputado de Unión por la Patria buscó exponerlo con un antecedente. Lo acusó de perder un juicio laboral contra un empleado que dejó con el “84% de su cuerpo incapacitado de por vida” mientras trabajaba en una fábrica de su propiedad.
La iniciativa del Gobierno generó tensiones dentro y fuera del recinto. Mientras se desataban peleas entre el oficialismo y la oposición por el desarrollo de la sesión, en las inmediaciones del Congreso se desarrollaba una protesta, en medio de altercados entre la policía y los manifestantes, e incluso hubo varios detenidos. Todo bajo el paro general realizado por la Confederación General del Trabajo (CGT).
En su discurso, Outes aseguró que defendía la reforma laboral porque la legislación actual no defendía a las empresas de Salta. “Nuestra provincia está conformada en un 93% por pymes y micropymes. No tuvimos la suerte de tener una sola empresa como Fate. Uno puede recorrer Salta, y seguramente Jujuy y Misiones, y no hemos tenido la posibilidad, en el transcurso de las últimas décadas, de que esta nación vea a los pobladores de las provincias y tenga una política de distribución de industrias nuestras”, argumentó.
Sus palabras fueron recibidas por gritos desde la bancada de Unión por la Patria. “La legislación actual habla de otra Argentina y no tiene en cuenta el contexto de nuestra provincia. Por ese motivo no estamos de acuerdo, porque no considera a los nuestros. Las provincias del interior quedamos postergadas. Y la mirada de corto plazo que están teniendo, inclusive compañeros justicialistas que solo miran el desarrollo de esta gran ciudad, nos dejó a nosotros sin industrias, rutas y universidades”, expresó.
Los gritos aumentaron a punto tal que Luis Petri, en ese momento a cargo de la presidencia del cuerpo, debió intervenir para pedir silencio. “Necesito hablar. Han pasado 50 años desde que se dictó esta ley, la realidad del mundo y la Argentina cambió”, insistió.
Sin embargo, finalizó su discurso con una curiosa afirmación: “Voto a favor, pero no me voy a cansar de repetir, y lo digo con respeto, que el modelo de Milei está fracasando y está abriendo las grietas. Para crecer no solo necesitamos legislación laboral. Necesitamos infraestructura, energía, universidades”. Los gritos de la oposición aumentaron al escuchar sus últimas palabras.
Más tarde, Outes recibió una dura contestación por parte de Tailhade. El diputado de Unión por la Patria usó un breve tiempo de la interrupción a un colega. Así, leyó un artículo del medio local DNI Salta. “Solamente es para leer una noticia a raíz de un discurso de un diputado preopinante que inexplicablemente habló mal de la ley y dijo que la iba a terminar votando porque estaba a favor de las pymes. Bueno, por ahí esta es la razón. Título: ‘Outes, mano derecha de Sáenz, perdió un juicio laboral tras dejar a un trabajador incapacitado de por vida y no querer pagar’”, sentenció.
Según citó Tailhade, la noticia refiere a José Cristian Toledo, un trabajador que recibió una descarga eléctrica trabajando para una empresa de adoquines de Outes.
“Quedó con un 84% de incapacidad en su cuerpo. Pasaron 13 años y Outes desobedeció en todo momento a la Justicia respecto del pago de la indemnización por las irregularidades de su empresa y por someter a sus trabajadores a condiciones pésimas sin protección y en negro”, amplió en su lectura del artículo.
Sus compañeros de bancada lo aplaudieron mientras terminaba su corta exposición.
sesión,peleas entre el oficialismo y la oposición,Fate,Reforma laboral,Rodolfo Tailhade,Cámara de Diputados,Conforme a,,Indagará a Tapia y Toviggino. Quién es Diego Amarante, un juez de perfil severo y alejado de los operadores judiciales,,Debate en Diputados. La acción de Pietragalla para rechazar la reforma laboral: dejó una cadena en el escritorio de Martín Menem,,Los audios de Karina. Revés judicial para la diputada Pagano y su esposo en una denuncia del Gobierno,Reforma laboral,,Reforma laboral. La oposición intentó hacer caer la sesión y el oficialismo contraatacó: se aprobaría cerca de la medianoche,,Reforma laboral. Los gremios toman distancia de la izquierda y le exigen a la CGT otro paro general con movilización,,Incidentes y al menos once detenidos. La policía avanzó sobre los manifestantes y dispersó la protesta contra la reforma laboral
POLITICA
El Gobierno designó al administrador que seguirá la reestructuración de IOSFA, la obra social de los militares y los policías

El Gobierno designó este jueves al administrador que se hará cargo de la reestructuración del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) en medio de la crisis financiera que atraviesa producto de una deuda que ronda los 200 mil millones de pesos.
A través de una comunicación, el ministro de Defensa de la Nación, Carlos Presti, designó al Coronel Mayor Ariel Guzmán como interventor de la entidad. El objetivo es conducir el proceso de planificación y ejecución de la disolución del IOSFA y el traspaso de sus afiliados a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y a la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), en un plazo máximo de doce meses.
El anuncio oficial buscó llevar tranquilidad a los más de 500 mil beneficiarios del sistema, al confirmar que, durante el período de transición, el IOSFA continuará brindando la totalidad de sus prestaciones. De acuerdo con lo informado, la cobertura de salud para el personal militar, de seguridad y sus familias se mantendrá sin interrupciones hasta que las nuevas obras sociales estén completamente operativas y en condiciones de asumir sus funciones.
La designación del Coronel Mayor Guzmán forma parte de una estrategia orientada a asegurar un traspaso ordenado, que incluye la adecuación de los sistemas de información y la consolidación de los datos sobre prestaciones, medicamentos y gastos. El Ministerio de Defensa remarcó que estas tareas se realizarán en coordinación con los organismos competentes de los ministerios de Defensa y de Seguridad, y con las autoridades que sean nombradas en OSFA y OSFFESEG. El proceso técnico-administrativo pretende preservar la continuidad de los servicios y proteger a los afiliados frente a la crisis.

Así, se constituye un paso formal dentro de la reorganización del sistema de salud de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Federales, un objetivo que el Ejecutivo considera clave para garantizar la sustentabilidad y el funcionamiento adecuado de las prestaciones médicas y sociales. El diagnóstico oficial señala que la deuda acumulada por la entidad, que alcanza 200 mil millones de pesos, es el resultado de irregularidades detectadas en gestiones anteriores. Esta situación financiera crítica llevó al Gobierno a intervenir en busca de una solución estructural.
Una de las consecuencias más visibles del deterioro institucional se observa en localidades como Punta Alta, donde, según datos de la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE), de los 77.000 habitantes, 42.000 dependen de IOSFA y llevan meses sin acceso pleno a servicios básicos de salud. La falta de insumos, demoras en la entrega de medicamentos y suspensión de prácticas médicas afectan de modo directo tanto a personal en actividad como a jubilados y familiares.
Ante este escenario, el ministro Presti mantuvo encuentros con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, para definir alternativas que permitieran rescatar a IOSFA del colapso. La respuesta política fue la división del organismo y la creación de dos nuevas entidades con autonomía jurídica y financiera.
La flamante Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) funcionará como un ente autárquico bajo la órbita del Ministerio de Defensa, con competencia en todo el territorio nacional. Su misión principal será proporcionar cobertura médico asistencial y social a la totalidad de la población beneficiaria, de acuerdo con el Programa Integral de Prestaciones que apruebe su propio directorio. El decreto de creación establece que las prestaciones de OSFA no podrán ser inferiores al Programa Médico Obligatorio vigente ni a sus futuras actualizaciones.

El directorio de la OSFA estará integrado por representantes de cada una de las fuerzas armadas, lo que, según el Ejecutivo, permitirá una gestión ajustada a las necesidades específicas de cada institución militar. El Ministerio de Defensa tendrá la responsabilidad de fiscalizar y controlar el funcionamiento de la nueva obra social, asumiendo el rol de autoridad de aplicación.
En paralelo, la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG) se crea como ente autárquico bajo la dependencia del Ministerio de Seguridad Nacional. Esta nueva entidad tendrá como objetivo central la cobertura de salud y prestaciones sociales para el personal de la Gendarmería Nacional Argentina, la Prefectura Naval Argentina y, eventualmente, otras fuerzas federales que puedan incorporarse en el futuro.
La OSFFESEG contará con un directorio de cinco miembros titulares, todos designados por el Ministerio de Seguridad. La presidencia estará a cargo de una persona con antecedentes técnicos y experiencia en la gestión pública o privada, y el decreto exige que todos los integrantes demuestren competencia en administración y organismos complejos.
Ambas entidades tendrán una estructura financiera sustentada en los aportes personales de los afiliados, contribuciones patronales, cuotas de adherentes, ingresos por ventas de activos, partidas del presupuesto nacional y donaciones. El porcentaje de aportes y contribuciones se calculará sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos exceptuando asignaciones familiares, viáticos y gastos.

El marco normativo fija que al menos el 80 % de los recursos de OSFA y OSFFESEG deberá destinarse a prestaciones de salud, en tanto que el gasto administrativo y de funcionamiento no podrá superar el 8 %. Si existieran excedentes luego de cubrir las obligaciones de salud y administrativas, hasta un 12 % podría dirigirse a otras prestaciones sociales.
Los directorios tendrán la facultad de aprobar normativas internas, definir estructuras orgánicas, presupuestos anuales, balances, programas médicos y políticas de inversión, así como contratar personal y servicios. Además, ambas obras sociales estarán sometidas a auditorías internas bajo la supervisión de la Sindicatura General de la Nación y deberán cumplir estrictas normas de incompatibilidad para evitar conflictos de interés. Los mandatos de los miembros serán de cuatro años, con posibilidad de reelección, y todos deberán acreditar experiencia y formación en administración y gestión de salud pública o privada.
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