POLITICA
Paso a paso, cómo Edgardo Kueider llegó a manejar USD 1.000.000 sin controles
Mientras fue secretario general de la Gobernación, Edgardo Kueider recibió dinero en efectivo que sumó, a lo largo de cuatro años, el equivalente a un millón de dólares. En una primera reconstrucción realizada por Infobae, se constató que manejó entre 2018 y 2019 una cifra superior a USD 500 mil a través de una autorización legal.
Ahora se pudo comprobar que durante los años 2016 y 2017 tuvo a su disposición otro monto similar. Fue luego de una transferencia de partidas realizada vía decreto por el ex gobernador Gustavo Bordet.
Estos recursos llegaban a su oficina en fajos de billetes dos veces al mes, al principio y a mitad del período, durante cuatro años. El monto total presupuestado era dividido por doce meses. Y en cada quincena se le hacía llegar a sus manos un 50% de esa cuota mensual.
El procedimiento, según pudo reconstruir este medio, era el siguiente. El primer paso era una nota firmada por Kueider en la que solicitaba al Servicio Administrativo Contable de la Gobernación que se le haga entrega de un determinado monto. Esto debía tomarse de la partida 3.9.2. Ese número correspondía en el nomenclador a los gastos reservados.
Con ese escrito se iniciaba un expediente. A la solicitud se le agrega una autorización del gasto y una orden de pago. Todo tenía la rúbrica de Kueider. Con esa documentación, se solicitaban los fondos a la Tesorería General de la Provincia. De allí salía un cheque nominado a la orden del Contable de Gobernación.
Las autoridades de esta dependencia administrativa endosaban el cheque a favor de una persona que trabajaba en el área. Lo hacían “en procuración”. Este tipo de operación permite al portador del valor conferir su representación para exigir el pago sin transmitir su propiedad y sin tener que recurrir a las formalidades del mandato.
Una vez al mes, con una mochila que se compró al efecto, esta persona iba a la sede central del Banco de Entre Ríos y cobraba el cheque en ventanilla.
Al regresar a Casa de Gobierno, los fajos de billetes eran acomodados en la caja fuerte del Tesoro Provincial. El dinero no se contaba. Los primeros días de cada mes o cuando se había cumplido la quincena, Kueider llamaba al Contable de la Gobernación a través del sistema Cronos, una red telefónica interna del Gobierno de Entre Ríos que permite intercomunicar a todas las oficinas del Estado. Estas comunicaciones no quedan registradas.
Ese llamado implicaba que había que llevarle dinero. La operación se realizaba después de las 13. A esa hora termina el turno de trabajo de la planta de personal y la Casa de Gobierno queda casi vacía. El dinero se preparaba en Tesorería dentro de bolsas de residuos y de cajas de resmas de papel para evitar que quedara a la vista. Es que la persona que debía llevarlo hasta el despacho de Kueider tenía que caminar 50 metros por las galerías de la Casa de Gobierno y atravesar una guardia policial antes de llegar a destino.
Por cada entrega de dinero que se hacía, el secretario general de la Gobernación firmaba un recibo oficial emitido por el SIAF (Sistema Integrado de Información Financiera). Kueider no debía rendir ante los órganos de control en qué utilizaba el dinero. Solo tenía que constar que había llegado a sus manos. Solía quejarse de que le entregaran billetes chicos, de cien pesos. En esos años, las denominaciones más grandes eran de $500 y $1.000.
Antes de darle destino final, Kueider guardaba el efectivo en una caja fuerte. Estaba en una dependencia muy pequeña, pegada a su oficina. No estaba empotrada en la pared. Las nuevas autoridades no la encontraron.
El recibo se adjuntaba a la nota, la autorización del gasto y la orden de pago y se sumaban al legajo de caja diaria de la Tesorería de la Provincia. La documentación era luego rendida al Tribunal de Cuentas.
El detalle de los montos que manejó Kueider durante los cuatro años es el siguiente:
2016 – $ 3,6 millones – Valor promedio del dólar oficial $ 14,97 – USD 240.080
2017 – $ 5,1 millones – Valor promedio del dólar oficial $ 16,77 – USD 304.114
2018 – $ 8,35 millones – Valor promedio del dólar oficial $ 28,61 – USD 291.913
2019 – $ 10,062 millones – Valor promedio del dólar oficial 49,72 – USD 202.373
El total del período suma, aproximadamente, USD 1.038.480.
El marco legal
A partir de 2018, regía la ley provincial 10.533 que establecía que los gastos reservados quedaban en manos de la Secretaría General de la Gobernación. Pero durante 2016 y 2017 Kueider pudo manejar esos recursos luego de que Bordet se los otorgara por decreto.
Los gastos reservados estuvieron en poder del Ministerio de Gobierno hasta 2015. Cuando asumió la gobernación, Bordet colocó en esa cartera a Mauro Urribarri, hijo de su antecesor Sergio Urribarri. La intención del nuevo mandatario era restarle poder al ex gobernador. Y por eso dictó dos decretos para quitarle el manejo de estos fondos que no requieren rendición.
El primero fue el 118 del 10 de febrero de 2016. Allí se transferían los gastos reservados del Ministerio a la Secretaría General. El mecanismo utilizado fue una modificación presupuestaria por transferencia compensatoria de crédito. Es una facultad que la Legislatura otorga al gobernador en cada ley de presupuesto.
Pero esto no fue suficiente. Las áreas contables se negaron a entregar dinero de gastos reservados a Kueider porque no tenía una autorización expresa de uso. Eso se solucionó con un nuevo decreto: el 869 del 19 de abril. Allí se le otorgó al secretario general la facultad de disponer de los fondos de la partida 392, la de gastos reservados.
Los videos
Estos movimientos de dinero son algunos de los registrados por las cámaras de seguridad que Kueider hizo instalar en su oficina. Según la entrevista que dio desde Paraguay el jueves, su intención era que sirvan para hacer una suerte de “Gran Hermano”. La idea era que las filmaciones se transmitieran a través de un sitio web y mostrar cómo trabajaban él y su personal.
La historia fue distinta. Las cámaras utilizadas eran genéricas y tenían un bajo nivel de seguridad. Fueron hackeadas. Y usadas para captar los videos que se encontraron en un disco externo. El dispositivo había quedado en una prenda que Kueider dejó en un departamento que alquilaba en Buenos Aires. Cuando la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, que lo investiga por enriquecimiento ilícito, allanó el lugar, se topó con los registros.
La magistrada, en el último resolutorio que tomó, sospecha que el dinero que se maneja en las oficinas de Kueider podría provenir de las coimas pagadas por la firma Securitas para quedarse con el contrato de seguridad privada de la empresa provincial de energía Enersa.
Los videos corresponden a fines de 2018 y a principios de 2019. Kueider hizo una denuncia en la Justicia, alegando que habían querido extorsionarlo. Al respecto, dio varias versiones de cómo llegaron los videos a su conocimiento. En un primer momento, dijo que fue vía correo electrónico. En la entrevista que brindó el jueves pasado, afirmó que una persona (que no identificó, pero que no pertenecía a su círculo íntimo) le había hecho mención de la existencia de esas filmaciones.
Lo que consta en la denuncia es una tercera versión.
El fiscal coordinador de Paraná, Ignacio Aramberry, respondió un pedido de información pública presentado para elaborar esta nota. Indicó que Kueider expresó en su presentación que había recibido “un llamado de una persona desconocida quien le manifestó tener en su poder fotos, capturas de imágenes y videos comprometedores de funcionarios que se encontraban bajo la órbita del anoticiante”.
La denuncia tiene fecha 12 de febrero de 2019.
“Ante la falta de comprobación del hecho, se procedió al correspondiente archivo” de la causa, registrada con el N° 98079, el día 28 de marzo de 2023, concluyó Aramberry.
POLITICA
La Justicia citó a indagatoria y les prohibió salir del país a “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por evasión
El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero de dicha entidad, Pablo Toviggino, en el marco de la causa por la retención indebida de aportes de la seguridad social. Además, se ordenó la prohibición de salida del país.
Según pudo confirmar TN, “Chiqui” Tapia deberá comparecer ante la Justicia el próximo 5 de marzo, mientras que el turno de Toviggino será el 6 de marzo. La medida alcanza también al presidente del club Argentinos Juniors, Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Lorenzo y al expresidente de Racing, Víctor Blanco.
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El ARCA acusa a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días corridos posteriores al vencimiento.
Los períodos abarcados van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social.
El organismo explicó que estas maniobras configuran “el delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno”.
Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos grandes rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62.
El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.
ARCA aclaró que “los importes en cuestión no constituyen fondos propios del contribuyente, sino recursos ajenos que pertenecen al Estado desde el momento mismo de la retención, por lo que su no ingreso implica una indebida apropiación de caudales públicos».
El organismo planteó que “desde el punto de vista subjetivo el delito se consuma con dolo, entendido como el conocimiento del deber legal de ingresar las sumas retenidas y la posibilidad real de hacerlo, sin que resulte exigible una intención especial de apropiación”.
En esa línea, ARCA destacó que “la AFA conocía su obligación, había practicado las retenciones y se encontraba en condiciones de cumplir con el deposito, optando sin embargo por omitirlo, lo que satisface el elemento subjetivo requerido por el tipo penal”.
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Entre las pruebas ofrecidas por el organismo estatal aparece informes del Banco Credicoop, donde se constatan acreditaciones en cuentas de la AFA, así como la constitución de plazos fijos en pesos y dólares por sumas considerables, lo que demostraría la “capacidad fáctica” de disponer de fondos para cumplir con las obligaciones.
AFA, Chiqui Tapia, Pablo Toviggino
CÓRDOBA.- Tres de los cinco diputados nacionales por Córdoba por Provincias Unidas estuvieron ausentes en la sesión en la que se trató el proyecto de reforma laboral.
Entre ellos, el exgobernador Juan Schiaretti quien juró hace una semana por haber estado de licencia médica.
Desde el círculo del legislador aseguraron a que “no pudo viajar por el paro” dispuesto por la CGT. Esa fue toda la explicación que dieron.
Hace una semana, Schiaretti votó a favor la baja de la edad de imputabilidad, igual que todos los diputados del peronismo cordobés.
En el caso de la reforma laboral, se descontaba que votaría en contra el Fondo para Asistencia Laboral (FAL) que se financia con una contribución patronal del 3% compensada con una reducción de lo que va a Anses y, en consecuencia, impacta en los recursos que se deben girar a las cajas de jubilación provinciales no transferidas. En ese grupo de 13 está la de Córdoba.
El FAL, además del artículo de las licencias por enfermedad, quedó en medio de la discusión después de la media sanción del Senado.
En esa cámara, la cordobesa Alejandra Vigo -esposa de Schiaretti- rechazó ese segmento del proyecto y acompañó el resto. Su conducta fue una señal respecto del camino que podían seguir los diputados que responden al gobernador Martín Llaryora.
Además del exgobernador, no estuvieron Alejandra Torres e Ignacio García Aresca.
Si hubieran estado todos y se plegaban a la conducta de Vigo podrían haber generado nuevos ruidos en torno al FAL.
Las ausencias dieron origen a comentarios sobre un posible “acuerdo” entre la Casa Rosada y Llaryora para no poner en riesgo la creación del FAL.
“Saben que la ausencia dará lugar a múltiples lecturas”, comentó a la fuente schiarettista con la que habló.
No hubo precisiones, solo la ratificación de que “no llegaba”. Hasta que el oficialismo consiguió el quórum no había certeza de la fecha de la sesión.
Llaryora no estuvo entre los gobernadores con los que el ministro del Interior, Diego Santilli, mantuvo reuniones para negociar la reforma laboral.
La relación institucional entre el mandatario cordobés y la Casa Rosada se mantiene, pero no está en la lista de aquellos que tienen más cercanía.
Schiaretti fue uno de los impulsores de Provincias Unidas, una fuerza que reunió a media docena de gobernadores pero que en su debut electoral de octubre logró un resultado por debajo de lo esperado. Él mismo, quien lideró la lista en Córdoba, perdió por casi 15 puntos frente a la lista libertaria.
Cuando decidió postularse aseguró que, desde el Congreso, “defendería” los intereses de las provincias y aportaría a la agenda nacional con temas relacionadas al federalismo y la producción.
Hasta el momento, no hizo pública su opinión sobre la reforma laboral impulsada por La Libertad Avanza (LLA).
En noviembre fue sometido a una cirugía por un problema cardíaco y por esa razón no juró como diputado el 10 de diciembre. Asumió la semana pasada, cuando anunció que renunciaba a su sueldo y a los gastos de representación.
Gabriela Origlia,Conforme a
En una entrevista con Infobae en vivo, el secretario general de la CGT, Jorge Sola, confirmó que la organización sindical irá a la Justicia si el Congreso aprueba la reforma laboral. “La vamos a judicializar. Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el 14 bis y el de no regresividad de los derechos sociales”, afirmó Sola al ser consultado sobre los próximos pasos del gremio tras la medida de fuerza.
Durante la charla con el equipo de Infobae al Regreso, integrado por Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Sola defendió la estrategia de la central obrera: “Nuestra responsabilidad es gremial y es la de oponernos a un programa económico y político que no tiene en cuenta a los trabajadores como centro de escena, sino que los pretende como engranaje de un mecanismo de producción”.
La postura de la CGT frente a la reforma: rechazo total y advertencia judicial
El dirigente fue terminante al explicar el motivo del paro nacional y el rechazo a la reforma: “No estamos hablando de un artículo. Estamos hablando del rechazo absoluto a la reforma. Teníamos decidido que cuando se tratara esta reforma, porque la rechazamos en su totalidad, íbamos a llevar adelante la medida de fuerza”.
Sola subrayó que la acción sindical no se limita al Ejecutivo nacional: “No es un paro en contra de un gobierno en particular, sino por este proyecto, que está en un momento de humor social donde la gente está reclamando por el rompimiento del tejido social”.
Consultado sobre si el objetivo de la huelga es influir en el voto de los legisladores, Sola respondió: “Precisamente buscamos llamar la atención a un gobierno que no nos ha aceptado en el diálogo en ningún momento. Hicimos 12 movilizaciones, 4 paros, y no están sentados los trabajadores en un proyecto donde se tratan sus propios intereses”. Defendió la legitimidad de la protesta: “Uno puede expresarse, claro. Lo hemos hecho manteniendo la paz social”.
Los puntos más conflictivos: indemnizaciones, banco de horas y derechos sindicales
Sola detalló los aspectos que la CGT considera más regresivos de la reforma: “No es una modernización, es un título romántico que tiene porque no moderniza. Deroga la ley de teletrabajo, no habla de tecnología ni de robótica, baja derechos, licúa indemnizaciones, limita el derecho de huelga y restringe la militancia del delegado gremial. Además, hay una gran transferencia de recursos por parte de los trabajadores a los empleadores, alrededor de seis mil millones de dólares”.
El secretario general también cuestionó la habilitación de convenios por empresa por debajo del convenio colectivo: “Ese principio de no regresividad de derechos es constitucional. Todo puede ir para arriba, pero no para abajo. Hoy, un empleador puede generar un sindicato por empresa y negociar a la baja. Eso debilita la posición de los trabajadores”.
Sobre el banco de horas, Sola advirtió: “Permite que el empleador, en acuerdo con el trabajador, decida: ‘No te pago horas extra, te las tomás cuando baje la producción’. ¿Quién define cuándo se toman? El empleador. Así el trabajador pierde plata y previsibilidad sobre su vida”.
El futuro del plan de acción y la vía judicial
Al evaluar el resultado del paro, Sola sostuvo: “Fue el más importante de los cuatro que se han hecho en este gobierno. El acatamiento fue muy alto, sobre todo de los trabajadores formales, los nueve millones que tienen representación gremial. Recibimos el acompañamiento de muchas pymes en contra de este proyecto”.
En cuanto al futuro, Sola fue claro: “No termina con esto. La profundización del plan de acción implica decirle al Gobierno y al poder político que lo que han hecho va en contra de cualquier derecho manifestado en la Constitución. Por lo tanto, la vamos a judicializar a esta ley”.
El dirigente fundamentó la decisión de acudir a la Justicia: “Hay dos principios constitucionales que están conculcados: el principio protectorio del derecho del trabajo y el principio de no regresividad de los derechos sociales. El Pacto de San José de Costa Rica lo dice claramente: una vez que tenés un derecho, no podés bajar de ese nivel”.
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