El ex director de Trabajo y ex titular del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, Guillermo Smaldone, reconoció ante la Justicia haber recibido sobornos por parte del empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, para ser beneficiado en las licitaciones públicas que se celebraron durante la gestión del ex gobernador Sergio Urribarri. De esta manera, será condenado, pero evitará la cárcel.

Luego de que el juez Julián Vergara confirmara que Uribarri, Cardona Herreros y otros seis ex funcionarios serían juzgados por la causa denominada “Coimas”, que investigó una red de favores y contrataciones irregulares a favor de la empresa Relevamientos Catastrales S. A. para la implementación de software en la administración pública provincial, Smaldone se convirtió en el primer condenado.

La condena fue producto de la confesión que el ex director de Trabajo hizo ante el juez Juan Malvasio, por lo que la audiencia apenas duró una hora. A raíz de que eligió ser su propio defensor, acordó un juicio abreviado con la Fiscalía, el cual incluía como beneficio una pena más leve de la esperada.

De acuerdo con la información publicada por Uno Entre Ríos, Smaldone obtuvo, tras un convenio con la Fiscalía, una condena de dos años y ocho meses de prisión condicional, el pago de una multa de 90.000 pesos y el cumplimiento de 96 horas de tareas comunitarias. De esta forma, no pisaría la cárcel.

Sin embargo, el acuerdo todavía no fue oficializado, debido a que restaría conocer si el magistrado lo convalidará. En caso de que la propuesta fuera rechazada, el ex funcionario provincial deberá enfrentar el juicio oral junto a otros imputados.

Al comienzo del proceso judicial, Smaldone había solicitado el sobreseimiento y, tras el rechazo de la Justicia, accedió a un pacto con la Fiscalía para obtener una condena menor. La defensa había impulsado el trato, luego de que se conociera que el Ministerio Público Fiscal (MPF) había solicitado para él cinco años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua y una multa de 90.000 pesos.

A principios de junio de este año, el juez Vergara aceptó la elevación a juicio de la causa, en la que fueron involucrados el ex gobernador Urribarri; el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros; Smaldone; el ex director de Informática Carlos Haidar; el ex director General de Ajustes y Liquidaciones Miguel Ulrich; el ex secretario Legal y Técnico José Laporte; el ex subsecretario de Presupuesto y Finanzas Alfonso Luis Erbes; y el ex secretario de Hacienda de Entre Ríos José Flores.

Mientras el resto de los procesados por la causa “Coimas” esperan al inicio del juicio, los fiscales Patricia Yedro y Gonzalo Badano adelantaron cuáles serían las penas que pedirían para cada uno de ellos. En el caso de Urribari, sería 10 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y una multa de 540.000 pesos por haber generado “un lucro ilícito para sí mismo y Diego Armando Cardona Herreros”.

Para el empresario paraguayo, la acusación solicitó una condena de 9 años de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y multa de 540.000 pesos. Asimismo, Haidar podría recibir una pena de 6 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación absoluta y una multa económica.

Mientras que Erbes podría afrontar una pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo, inhabilitación especial perpetua y una multa, para Ulrich pidieron 4 años y 6 meses de prisión e inhabilitación absoluta perpetua. Por último, para Flores solo solicitaron 3 años de prisión condicional.

Los antecedentes del Urribarri

El ex gobernador y ex embajador Sergio Urribarri enfrentará un nuevo juicio oral, después de haber sido condenado en 2022 a ocho años de prisión por corrupción. No obstante, la pena aún no quedó firme, debido a que su defensa apeló la decisión ante la Corte Suprema.

La última audiencia de la causa se realizó el 31 de marzo, tras casi un año de debates. En esa instancia, se esperaba una decisión en un plazo de 20 días, pero la decisión demoró más de lo esperado. En parte, por los intentos de la defensa de apartar al juez Vergara por supuesta parcialidad.

Sin embargo, el pasado 5 de junio se conoció la resolución oficial, que llevará a todos los acusados a comparecer ante la Justicia. Por el momento, el inicio del juicio no habría sido sorteada, por lo que solo restaría conocer los pormenores de la siguiente etapa del proceso.

Durante la investigación judicial, los fiscales Yedro y Badano señalaron presuntos pagos de dádivas del empresario Cardona Herreros a funcionarios del gobierno de Urribarri, a cambio de contrataciones estatales. También informaron sobre viajes al exterior que Cardona Herreros habría financiado para Urribarri, su familia y allegados con fondos de origen ilícito.

En un fuerte pronunciamiento público, el gobierno de Estados Unidos exigió a Venezuela la “liberación inmediata” de Nahuel Gallo, suboficial de la Gendarmería argentina detenido en diciembre de 2024 tras ingresar al país desde Colombia para visitar a su familia. Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado, aseguró que sus diplomáticos están “trabajando fuertemente” para lograr su libertad y llamó a la “cooperación internacional” para incrementar la presión sobre el régimen de Caracas.

Gallo fue denunciado ante la Fiscalía venezolana por supuestos vínculos con “actividades terroristas”, cargos que Argentina considera infundados y que encuadran como una detención arbitraria y secuestro, según informó el Gobierno. La portavoz Molano dejó claro que EE. UU. amplía su reclamo a otros extranjeros detenidos en las mismas condiciones.

Este planteo de Estados Unidos se enmarca en un contexto de creciente tensión diplomática: desde Washington advierten que la administración de Maduro emplea detenciones ilegales como método de intimación y control político. Molano enfatizó que EE. UU. ya realizó “una prioridad” liberar a ciudadanos estadounidenses, pero amplía ahora su accionar a otros países aliados como Argentina.

El caso de Gallo tuvo repercusión regional: Argentina ya presentó denuncias ante la Corte Penal Internacional por desaparición forzada y detención arbitraria. Tanto el ministro Gerardo Werthein como la ministra Patricia Bullrich lideraron las gestiones diplomáticas para conseguir su liberación, sin éxito hasta el momento.

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A pesar de las dramáticas historias de las últimas semanas relacionadas con las falsas denuncias, un sector importante del Senado esquiva desde hace meses un proyecto relacionado con el tema que aumenta penas y apunta, de manera directa, a los “delitos de violencia de género, abuso o acoso sexual o violencia contra niños, niñas y adolescentes”.

El texto en cuestión fue impulsado desde el radicalismo por Carolina Losada -parte de ese espacio mira para otro lado- y contó con el apoyo del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y del senador libertario y titular de la comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta, Juan Carlos Pagotto, quien mostró una llamativa predisposición para acelerar un veloz debate.

Tras varias idas y vueltas, la comisión dictaminó la iniciativa de Losada recién a finales de noviembre pasado. Durante dicha jornada no tuvo la misma suerte un texto sobre penas para bloqueos extorsivos a empresas. Como finalizó el año parlamentario y no llegó al recinto, el despacho de la radical perdió validez.

El tema reapareció en agenda el mes pasado y, de manera exprés, fue otra vez dictaminado. El problema es que, si no aterriza en una sesión antes de la renovación legislativa que dará la elección nacional, regresará -de nuevo- a foja cero. “Hoy, es el mejor escenario. Como están las cosas y el clima en el Senado, te aseguro que parte al medio a la mayoría de los bloques”, advirtieron a Infobae desde una de las principales bancadas de la Cámara alta.

“Si una situación fue real y después no se comprueba, irías preso y nadie más va a querer presentarse en la justicia”, señalaron a este medio desde otro despacho. Claro está que quienes rechazan la iniciativa prefieren, por ahora, opinar con absoluta discreción.

¿Qué dice el proyecto? En principio, impone “prisión de uno a tres años al que denunciare falsamente a persona determinada o indeterminada de un delito ante la autoridad”. En tanto, “si la falsa denuncia ante la autoridad fuera en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, la pena será de prisión de tres a seis años”.

Algunos senadores, como el pseudo amigo libertario Luis Juez -en los papeles, aún en el bloque Pro- acompañaron con observaciones. “No soy muy optimista de creer que, con la ampliación de la pena en las falsas denuncias, podamos erradicar este flagelo de comodidad de la política y las instituciones”, dijo el cordobés semanas atrás.

Otro artículo sostiene: “Será reprimido con prisión de uno a cuatro años el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente. Si el falso testimonio se cometiere: a) en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de dos a seis años de reclusión o prisión; b) en una causa criminal en el contexto de delitos de violencia de género o contra menores de edad o contra la integridad sexual, en perjuicio del inculpado, la pena se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo que corresponda de reclusión o prisión del inc. a). En todos los casos se impondrá al reo, además, inhabilitación absoluta por doble tiempo del de la condena”.

“Más allá de que, en términos generales, tocar penas no es menor y puede desbarajustar el Código Penal, la realidad es que la falsa denuncia ya existe. La gravedad es por apuntar a la violencia de género y el abuso sexual infantil. Si un maestro de tu hijo lo abusó y el fiscal no logra recolectar las pruebas necesarias para corroborar el delito, podrías ir vos a prisión por haber hecho la denuncia. Un verdadero disparate”, subrayaron desde un espacio que sigue de cerca el asunto.

El dictamen sobre falsas denuncias aparece en un pedido de sesión realizado dos veces por la radical Edith Terenzi (Chubut) a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, e incluye otra batería de iniciativas. No fue muy aceptado por las bancadas. Por ahora, la Casa Rosada no dio ningún indicio de querer llevarlo al recinto, más allá del guiño individual de Cúneo Libarona.