POLITICA
Nuevas turbulencias en todos los frentes
Los días convulsionados que sacuden al país (y al mundo) están muy lejos de calmarse. Por este rincón del planeta, la semana que empieza amenaza con más turbulencias en todos los frentes.
En el plano económico-financiero, en la política doméstica y en las calles se pronostica que habrá nuevos temblores.
Para el Gobierno, para los mercados, para el kirchnerismo, para los radicales, para los macristas, para el Poder Judicial y para el sindicalismo (que acaba de despertarse del coma inducido) serán días intensos. Nada terminó con los sacudones de los días previos. Todo lo contrario.
En el oficialismo saben que deberán seguir surfeando olas encrespadas después de la saga sin solución de continuidad de heridas autoinfligidas, que tuvieron dos picos durante la semana pasada.
Por un lado, se destacó el definitivo y rotundo fracaso de los pliegos de sus candidatos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para integrar la Corte, que hoy podría cerrarse con la renuncia del catedrático, quien entró impoluto a escena y salió magullado en cuerpo y alma de esa tortuosa película que duró 352 días, lanzada por un equipo de audaces e improvisados autores y directores.
Por otro lado, sobresalió el indisimulable papelón del reciente viaje presidencial a Miami, que le costó al “maldito” Estado (o, mejor dicho, a los contribuyentes) más de medio millón de los dólares que no hay para que, al final, la comitiva, liderada por Javier y Karina Milei, terminara volviéndose de apuro, con manos, fotos y bolsillos vacíos y con la dignidad de la investidura presidencial aún más dañada que antes. No era necesario tanto.
Por eso, los humores en la Casa Rosada y aledaños están agrios. La caza de culpables, así como las teorías conspirativas, se encuentran a la orden del día. Mucho más que alguna autocrítica. Otro activo que también en la cúpula de este Gobierno escasea. Como en anteriores administraciones de “la casta”.
El problema es que no habrá descanso y solo le queda al Gobierno esperar el momento de poder jugar la carta aún no del todo develada del acuerdo con el Fondo Monetario. En especial, si trae un alivio mayor, como prometen las versiones, presiones y operaciones comunicacionales, y el desembolso y los fondos disponibles son aún más suculentos que los 20.000 millones de dólares totales anunciados y los 8000 que estarían liberados para usar. La espera se está haciendo tortuosa. No solo para el mileísmo.
Mientras tanto, la administración libertaria deberá transitar sin muchas herramientas el pantano financiero (con sus efectos en la economía real) que inundó el amigo (ahora invisible) Donald Trump, con su declaración de guerra comercial total. Nadie prevé que el viernes negro en los mercados de hace tres días sea la última jornada luctuosa, con su fuerte impacto en los activos, bonos y expectativas locales.
También tendrá el Gobierno un nuevo desafío callejero. La jornada de protesta de 36 horas convocada por la CGT con paro general incluido el jueves, empezará el día previo con la adhesión de los hasta ayer adormilados sindicalistas a la marcha habitual de los miércoles de los jubilados. Una movilización que, desde hace 20 días, se ha convertido en un dolor de cabeza mayúsculo para Milei y los suyos, al poner en cuestión otro de los activos principales del Gobierno: el control de la calle.
Que a los mercados enloquecidos, el dólar en alza (ambos por cuestiones tanto exógenas como endógenas) y a una interrupción de tres meses del ritmo descendente de la inflación se sumen tensiones callejeras son golpes que impactan en el corazón de las fortalezas oficialistas.
Ante eso, empiezan a ganar terreno las teorías conspirativas por sobre la revisión de prácticas y políticas.
En otra de sus antológicas hipérboles, Patricia Bullrich calificó el último viernes de “golpe de Estado” al rechazo que alrededor de dos tercios de los senadores, en uso de las atribuciones y facultades que les confiere la Constitución, le dieron a los pliegos del hipercuestionado Lijo y del probablemente más efímero juez de la Corte de la historia, García-Mansilla.
La ministra de Seguridad y otros prominentes integrantes de la administración libertaria no ven ese traspié como un hecho aislado y, mucho menos, como un error no forzado del Gobierno, sino como parte de “una movida desestabilizadora”, con tentáculos que también operan sobre los mercados bursátiles y cambiarios.
En esa visión conspirativa inscriben al kirchnerismo y al massismo, al punto de que un destacado funcionario llegó a decir que “Sergio Massa quiere ser en 2025 el Eduardo Duhalde de 2001, ante un gobierno que enfrenta dificultades y está en minoría”.
Lo acusan (sin dar pruebas, al menos hasta ahora) de haber aportado recursos para sumar barras bravas a la marcha que hace tres semanas terminó en un caótico enfrentamiento entre manifestantes y fuerzas del orden y dejó gravemente herido al fotógrafo Pablo Grillo, que aún sigue en proceso de recuperación.
Las acusaciones llegaron a Massa y desde su entorno respondieron con ácida ironía: “Lo que tiene que hacer el Gobierno no es buscar un Duhalde, sino buscar dólares, que es lo que no tienen y se les escapan”.
La búsqueda de culpables afuera del staff libertario llevó hasta el siempre componedor jefe de Gabinete Guillermo Francos a incluir tácitamente a Mauricio Macri en ese colectivo desestabilizador, responsabilizándolo de haber facilitado la caída del binomio para la Corte y dejándolo al lado de uno de sus más destetados rivales políticos, como es Massa.
La libreta de rencores del expresidente ya no tiene más hojas en blanco para inscribir agresiones mileístas.
Es ese otro frente de turbulencias que solo tiene por destino la agudización. Al menos hasta después de las elecciones porteñas y mientras los examarillos ahora avioletados, como Cristian Ritondo y Diego Santilli, entre varios otros, tratan de pasar inadvertidos hasta que llegue ese día para poder sumarse a las “fuerzas del cielo”, sin miedo a un infierno macrista.
La propensión de mirar afuera que reina en la cima del Gobierno no debería sorprender. No solo porque reproduce la conducta de sus predecesores, cuyas prácticas Milei prometió que venía a desterrar.
Todos los integrantes del triángulo del poder acumulan un fuerte desgaste por errores propios, que no pueden descargar en nadie sin poner en riesgo (aún más) su credibilidad. Javier y Karina Milei y Santiago Caputo son responsables directos de muchos de los tropiezos que cambiaron el humor en los últimos 50 días.
Apenas si les queda como fusible del último episodio el canciller Gerardo Werthein, quien llegó al cargo por la hermanísima, que ahora duda sobre el acierto de esa elección para reemplazar a Diana Mondino. Pero el empresario devenido en diplomático tiene más peso(s) e influencias que su predecesora como para ser tirado tan pronto por la ventana, a pesar del fiasco de Miami.
Tal vez, un respiro le llegue a Milei por el lado menos amistoso, aunque nada original. Hay antecedentes. La cruenta disputa del perokirchnerismo bonaerense promete hacerlo. Si no se produce un cónclave repentino en las próximas horas, Axel Kicillof tiene listo para publicar en el boletín oficial el desdoblamiento electoral en esa provincia.
Sería una decisión destinada a fracturar ese espacio, dada la oposición frontal de Cristina Kirchner y La Cámpora, que hicieron pública en modo “carta abierta a la militancia”, bajo el título “Una sola Nación, una sola provincia, una sola elección”, con la firma de legisladores nacionales y provinciales, dos docenas de intendentes bonaerenses y un variopinto conjunto de dirigentes sectoriales, que va desde sindicalistas hasta un grupo de rectores de universidades nacionales (para regocijo del mileísmo).
Nada hay que descartar en esa disputa. Inclusive que se vuelva a postergar, como auguran cristinistas y massistas, que una vez más navegan juntos, aunque sus destinos finales no sean idénticos. Hasta los 44 intendentes que se alinearon con Kicillof en su movimiento “Derecho al futuro”, incluidos los más poderosos y cercanos al gobernador, carecen de certezas y esperan ver para creer que el desdoblamiento se concretará, como ellos desean.
En el entorno del gobernador dejaban hasta ayer abierta una puerta para negociar, pero sin ningún optimismo y con un grueso talonario de facturas y rencores a mano.
“Axel apostó a que tuvieran un rapto de racionalidad antes del martes (por mañana) y den de baja el intento de golpe institucional en el que están subidos, retomando la mesa de diálogo, que rompieron la otra semana cuando presentaron el proyecto para recortarle facultades al gobernador y obligar a votar la concurrencia con las elecciones nacionales”, dijo a una de las (pocas) personas que está en permanente contacto con el gobernador.
La relación entre Cristina Kirchner y quien fuera su hijo político está en su peor momento. Si bien fuentes de la mesa chica cristinista afirman que hubo un diálogo telefónico entre ellos, hace tres semanas, cerca de Kicillof afirman que no hablan desde hace tres meses, cuando se encontraron en Moreno para escenificar la versión conurbano de La última cena, de Leonardo Da Vinci.
“Cuando pidió hablar con ella, hace aproximadamente un mes, le respondieron que las cuestiones políticas de la provincia de Buenos Aires las tenía que hablar con Máximo, no con ella. Pero todos los intentos por alcanzar algún entendimiento chocaron con la falta de predisposición y respuesta de parte de La Cámpora”, insisten desde La Plata.
A casi nadie le extraña que las cosas estén tan complicadas si todo depende del kicillofismo y La Cámpora, cuyo líder Máximo tiene una antigua disputa personal con el gobernador, más que por cuestiones de orientación política.
Aunque muchos peronistas finjan demencia y digan no saber porqué están enfrentados Cristina Kirchner y La Cámpora con Kicillof, saben que es una disputa sucesoria por el poder en la que parece haber lugar para un solo heredero político universal. El camporista Eduardo “Wado” de Pedro, una de las figuras más prominentes e influyentes de esa agrupación, con llegada directa a “la jefa”, ha sido explícito al respecto en charlas confidenciales. Que Kicillof termine siendo el Horacio Rodríguez Larreta del kirchnerismo es más un objetivo por el que trabajan los camporistas que sueños de noches estimulantes y afiebradas. Es lo que hay.
Esa pelea no distrae, sin embargo, de problemas más urgentes. El “amigo” Trump, que no sintió apuro alguno para darle la deseada foto a Milei y salvarlo del costoso papelón, no ayuda en nada con sus decisiones que afectan a la economía mundial. Pero las tribulaciones domésticas agravan el panorama que afronta la administración libertaria.
Ante la demora, por cuestiones mayormente de forma y algo de fondo, que todavía debe atravesar el inminente acuerdo con el FMI, el Gobierno prefiere eludir la revisión de prácticas y políticas. Confía en que el tiempo, al final, jugará en su favor.
Pero hay demasiadas turbulencias en todos los frentes y debe capearlas con recursos limitados.
POLITICA
Con apoyos clave de algunas provincias, el Gobierno aprobó la reforma laboral en Diputados pero sin el artículo 44
El oficialismo logró aprobar en la Cámara de Diputados el proyecto de modernización laboral que llegó con media sanción del Senado. El texto sufrió una modificación -la eliminación del artículo sobre licencias médicas- por lo que deberá volver a la Cámara alta para su aprobación definitiva. Ahora el objetivo de La Libertad Avanza es convertirlo en ley la semana que viene para que el presidente Javier Milei pueda tener una importante victoria legislativa antes de su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el 1 de marzo.
El proyecto de modernización laboral obtuvo 135 votos afirmativos, 115 negativos y ninguna abstención en su tratamiento en general. Los libertarios consiguieron el apoyo de sus habituales aliados del PRO, la UCR y el MID. A los que se sumaron los diputados de Salta y Misiones enrolados en Innovación Federal, las dos sanjuaninas de Producción y Trabajo, que responden al gobernador Marcelo Orrego; el santacruceño José Garrido, la representante de La Neuquinidad, con línea directa con el gobernador Rolando Figueroa, los tucumanos de Independencia y una parte de Provincias Unidas.
Minutos antes de la votación, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, ocupó un palco del primer piso junto con el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Interior, Diego Santilli. Fueron ovacionados por los diputados libertarios.
En la previa de la sesión, el “poroteo” de votos ya anticipan una victoria del oficialismo. Por esa razón, desde el peronismo concentraron sus esfuerzos en dejar la sesión sin quórum. “Si los libertarios consiguen el quórum y arranca el debate, se van a llevar toda la ley. Estas son las leyes que se votan con la mano y con la cola sentándose en la banca. Dar quórum es lo mismo que votar”, advertían antes de a la sesión desde la bancada que conduce Germán Martínez.
Pasadas las 14, cuando los diputados del oficialismo comenzaron a ocupar sus bancas para dar inicio al debate, todo los ojos estaban puestos en los bloques dialoguistas. Los libertarios lograron sumar 130 presentes, uno más del mínimo necesario.
A los 95 diputados de LLA, se sumaron los 12 del PRO, 6 de la UCR y 2 del MID. Los votos restantes los aportaron los espacios provinciales. El gobernador misionero Mario Pasalacqua aportó cuatro presentes (Daniel Vancsik, Yamila Ruiz, Oscar Herrera y Alberto Arrúa), mientras que su par salteño Gustavo Sáenz sumó otros tres (Bernardo Biella, Pablo Outes y Yolanda Vega). Todos integrantes del bloque Innovación Federal.
El gobernador peronista de Tucumán, Osvaldo Jaldo, ordenó dar quórum a sus tres diputados del bloque Independencia (Elía Marina Fernández, Gladys Medina y Javier Nogueira. Lo mismo hizo el catamarqueño Raúl Jalil con sus tres referentes (Fernanda Ávila, Fernando Moguillot y Sebastián Nóblega). En tanto, el sanjuanino Marcelo Orrego apoyó con las dos diputadas de Producción y Trabajo (Nancy Picón y Jaime Quiroga), y el santacruceño Claudio Vidal hizo lo propio con José Garrido, su único representante en Diputados. Por último, el único integrante del bloque Provincias Unidas que colaboró con el quórum fue el rionegrino Sergio Capozzi, aunque no tiene una terminal directa en una provincia.
Curiosamente, algunos de los diputados que ayudaron al Gobierno a dar inicio a la sesión luego rechazaron el proyecto. Por ejemplo, Sebastián Nóblega, de Elijo Catamarca, planteó en su discurso que la reforma “vulnera y afecta derechos y garantías constitucionales”. “Creemos que este proyecto no constituye una respuesta integral a los desafíos del mundo del trabajo. Es más, creemos que es regresivo. Esta ley no garantiza más trabajo, vulnera principios como la justicia social”, sintetizó. Sin embargo, tanto él como sus dos compañeros de bloque, que responden al gobernador Jalil, dieron quórum.
Los gobernadores peronistas fueron blanco de muchas acusaciones por parte de los diputados de Unión por la Patria y la izquierda. “No voy a hablar de La Libertad Avanza, ni siquiera del PRO. A los diputados que asumieron en nombre de la bandera de justicia social, les pido de corazón: no sean verdugos de su pueblo, no sean verdugos de los débiles, no sean verdugos de los trabajadores. Recuerden que nuestra obligación es proteger a los frágiles”, les recriminó Juan Grabois.
A su turno, Máximo Kirchner aludió directamente al catamarqueño Nóblega: “Un diputado decía que votaba en contra de esta ley por su padre y por su madre. Lo que me llevó a preguntarme qué fue lo que lo llevó a dar quórum. Está claro que no fue su voluntad sino que fue una instrucción de su gobernador”.
Desde Unión por la Patria rechazaron por completo la reforma. “La experiencia indica que va a fracasar. Es votar un nuevo fracaso, como fue el RIGI para las inversiones extranjeras o como el capítulo laboral de la Ley Bases. Es un nuevo capricho del FMI. Esta ley daña a los argentinos”, afirmó Kirchner. En esa línea, el diputado tucumano y dirigente del gremio La Bancaria, Carlos Cisneros advirtió: “Lo que hoy estamos perdiendo lo vamos a recuperar en las calles, en la Justicia y con la lucha, a los trabajadores nunca nadie les regaló nada”.
El jefe del bloque peronista, Germán Martínez, planteó que el Gobierno busca generar una falsa dicotomía entre los derechos de los trabajadores y la generación de empleo. “Es llamativo tener una normativa tan anti obrera. Esta ley pone toda la carga negativa en el trabajador”, dijo. Y adelantó que cuando el peronismo vuelva al poder derogaría la ley.
Del otro lado, el radical Diógenes González explicó que su bloque acompañaría el proyecto porque así se lo piden las Pymes. “Las Pymes generan el 70% del empleo privado y para ellas es fundamental reducir la litigiosidad. Pues al no poder competir, no pueden cumplir los convenios colectivos de trabajo. Es triste porque en muchas localidades de pocos habitantes trabajan codo a codo el empleado y el empleador. Nosotros creemos en la cultura del trabajo. Y la incidencia de las Pymes en la generación de empleo”, detalló.
“Tenemos la posibilidad de dejar atrás al status quo que acepta como regla la informalidad y la baja productividad. Es un gran paso, significativo, en pos de una primera capa de modernización laboral que permita a Argentina ser, junto con un orden macroenconómico, un país más próspero, más productivo”, agregó su compañero de bloque Lisandro Nieri.
Sobre el final de la sesión, el jefe del bloque Gabriel Bornoroni optó por no hacer su discurso de cierre para pasar a la votación. Al inicio del debate, el libertario Lisandro Almirón había planteado que “la legislación laboral existe para proteger a los trabajadores y tutelar las relaciones de trabajo”. “Y para poder hacer eso, primero tiene que haber trabajo. ¿De qué sirve una biblioteca entera de legislación laboral si al final no sirve para generar empleo? Hoy tenemos un marco regulatorio que no hace otra cosa que expulsar a las personas de la formalidad”,reflexionó.
Uno de los puntos más álgidos de la sesión transcurrió minutos antes de las 22. Al ver que la mayoría de los diputados libertarios y sus aliados se habían retirado del recinto, un diputado de Unión por la Patria pidió someter a votación una moción de orden para que el proyecto vuelva a la comisión de Asuntos Constitucionales.
Como los diputados oficialistas no estaban presentes, la sesión quedó técnicamente sin quórum, por eso la oposición reclamó a los gritos que se terminara el debate. Luis Petri buscó demorar la votación hasta que los libertarios volvieran a ocupar sus lugares. Luego llegó Martín Menem para volver a conducir la sesión y abrió la votación cuando el oficialismo volvió a tener mayoría.
Como represalia, la bullrichista Silvana Giudici propuso una moción propia para que la votación en general de la reforma laboral se hiciera en 30 minutos. Esto generó indignación en el peronismo que se abalanzó sobre el estrado de Martín Menem.
Finalmente, en lo que calificó como “un acto de pacificación”, Giudici anunció que retiraba su moción y el debate continuó con la lista de oradores original.
¿Qué cambios tuvo el texto que llegó del Senado?
La principal modificación que concedió el oficialismo fue la eliminación del artículo 44, que reducía los plazos de licencias pagas y el porcentaje de la remuneración que recibirían los trabajadores.
El texto que había sido aprobado en el Senado establecía que un empleado que sufriera un accidente o una enfermedad que no estuviera relacionada con su trabajo percibiría el 50% de su salario básico si fuera consecuencia de una actividad que realizó voluntariamente (por ejemplo, jugar un partido de fútbol). En cambio, recibiría el 75% si no fue consecuencia de una actividad voluntaria (por ejemplo, sufrió un accidente en la calle). Por otro lado, recibiría esta compensación durante 3 meses si el trabajador no tuviera personas legalmente a su cargo, o durante 6 meses si las tuviera.
Ese punto generó cierta polémica en los medios y redes sociales, especialmente después de una entrevista que concedió Federico Sturzenegger, donde utilizó el ejemplo de los partidos de fútbol que luego se viralizó. Por esa razón, bloque aliados presionaron para que el oficialismo hiciera modificaciones. Finalmente, al inicio de la reunión de comisión del miércoles, el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, confirmó que retirarían el artículo completo para ampliar los consensos.
Los principales puntos de la reforma
Convenios colectivos: el proyecto busca darle prioridad a los acuerdos colectivos por empresa o región, por encima de los convenios sectoriales o por rama. Además, se eliminó la ultraactividad, es decir, la prórroga automática de los convenios vencidos si no hay acuerdo para firmar un nuevo convenio.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): El fondo asistirá a las empresas con el pago de las indemnizaciones y estará nutrido de contribuciones mensuales obligatorias: las grandes empresas deberán aportar el 1% de las remuneraciones brutas de cada trabajador, mientras que las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) aportarán el 2,5%. Pero esos aportes patronales hoy se destinan a mantener el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), por lo que la medida podría impactar en el financiamiento de las jubilaciones
Vacaciones: el proyecto habilita el fraccionamiento de las vacaciones, siempre que cada tramo no sea menor a siete días corridos. Los períodos de descanso deberán concederse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente. No obstante, empleadores y empleados podrán, de común acuerdo, fijar la fecha de inicio fuera de ese período. La notificación escrita al trabajador deberá realizarse con al menos 30 días de antelación, salvo que un convenio colectivo disponga otro plazo.
Indemnizaciones por despido: el proyecto mantiene el criterio de un mes de sueldo por año de servicio o fracción mayor a tres meses, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual de los últimos doce meses. Pero a diferencia de la normativa vigente, se excluyen del cálculo conceptos no mensuales, como el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo) y premios extraordinarios. El monto máximo no podrá superar tres veces el salario promedio previsto en el convenio colectivo correspondiente y no podrá ser menor al 67% de la remuneración mensual habitual, ni inferior a un mes de sueldo. Si el trabajador no está amparado por un convenio, se aplicará el tope más favorable del establecimiento. También se contempla el pago en cuotas de las indemnizaciones fijadas por sentencia judicial: hasta seis cuotas mensuales para grandes empresas y hasta doce para micro, pequeñas y medianas empresas, ajustadas por inflación más un 3% de interés anual.
Además, el proyecto establece que la indemnización será la única reparación por despido sin causa y fija un nuevo esquema de actualización de créditos laborales que contempla el IPC más un 3% anual.
Banco de horas: se permite que el empleador y el trabajador acuerden por escrito la compensación de horas extraordinarias, con un límite de 12 horas por jornada y respetando las 12 horas de descanso. El acuerdo puede prever el uso de horas extra, banco de horas o francos compensatorios y debe respetar los descansos mínimos legales, garantizando la protección de la salud del trabajador. También es posible que estos acuerdos se celebren con la representación sindical. El sistema habilita a compensar jornadas más extensas en algunos días con otras más breves, siempre que no se exceda el máximo semanal legal o el que establezca el convenio colectivo. En materia de jornada reducida, la reforma dispone que solo podrá implementarse si así lo prevén leyes, contratos individuales, convenios colectivos o acuerdos firmados con la representación sindical. Estos instrumentos pueden establecer el cómputo de la jornada máxima sobre promedios, siempre que los descansos legales sean respetados.
Trabajadores de plataforma: se crea la figura del repartidor independiente y se habilita la libertad de formas de contrato. Específicamente se establece que ese vínculo no constituye una relación laboral, sino un contrato de servicio independiente.
Derecho a huelga: los servicios declarados esenciales deberán asegurar un funcionamiento del 75% mientras que la nueva categoría de trascendentales deberán mantener una cobertura del 50%. El listado de servicios esenciales se expande para incluir más actividades, como la educación en sus tres niveles. Además, las asambleas en los lugares de trabajo deberán contar con autorización previa del empleador.
Blanqueo laboral: para regularizar la situación de los trabajadores informales se eximirá de hasta un 70% de las deudas por aportes y contribuciones a la seguridad social. Por otro lado, el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), reducirá las cargas patronales para empleadores que registren nuevos trabajadores, con un 8% de descuento en los tributos sociales.
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Se aprobó el artículo clave que el ministro Luis Caputo pidió no tocar en la reforma laboral
De los 26 títulos y más de 200 artículos que componen la reforma laboral que se aprobó en la Cámara de Diputados, hay uno solo imprescindible para Luis Caputo, ministro de Economía: el que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un instrumento que si bien fue pensado para financiar las indemnizaciones por despido, economistas y opositores advierten que, en realidad, servirá para fondear al Estado a costa del desfinanciamiento del sistema previsional.
Fue uno de los puntos que más suspenso despertaba en la instancia de la votación en particular del articulado. Un amplio sector opositor quiere voltear este artículo y, consciente de ello, el oficialismo desplegó un fuerte dispositivo de disuasión para evitarlo. El trabajo dio sus frutos: el capítulo II de la reforma laboral, que contenía el artículo del FAL, se aprobó finalmente con 130 votos positivos, contra 117 rechazos y tres abstenciones.
Economistas y referentes de la oposición estiman que este fondo recaudará entre US$3000 y US$5000 millones anuales y se nutrirá con el aporte obligatorio y mensual de un porcentaje de las contribuciones patronales, que hasta ahora van a la Anses. Será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pymes.
Estos recursos servirán, según establece la letra del proyecto, para afrontar indemnizaciones por preaviso, integración, y despido por parte de los empleadores privados. Los empleadores deberán crear cuentas específicas e inembargables por trabajador, las cuales serán administradas por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, como por ejemplo bancos, billeteras virtuales y compañías de seguro. En la oposición sospechan que estos fondos terminen teniendo, como función principal, la financiación del Tesoro mediante la compra de títulos de deuda soberana.
Los bloques de Unión por la Patria y de Provincias Unidas advierten que este nuevo sistema desfinanciará al sistema de seguridad social; las más preocupadas son las provincias cuyas cajas jubilatorias no fueron transferidas a la Nación y, por lo tanto, dependen de los giros que les realice la Anses. En el Senado, los senadores Alejandra Vigo (Córdoba), Flavia Royón (Salta) y Maximiliano Abad (UCR) votaron en contra de todo el título II, que dispone la creación del FAL.
En la Cámara de Diputados la polémica cobró vuelo anteayer en las comisiones de Legislación del Trabajo y de Presupuesto cuando se firmó el dictamen del proyecto.
“Es la reforma previsional encubierta. Es, ante todo, una reforma financiera va a ser utilizada para fondear al Tesoro. Con este fondo rompen el sistema previsional argentino, no se van a poder pagar aumentos jubilatorios y más temprano que tarde el Gobierno va a tener que derogar la ley de movilidad jubilatoria”, advirtió Vanesa Siley (Unión por la Patria).
“No se me ocurre mejor definición para este fondo que ‘cinismo’ –enfatizó Nicolás Massot (Provincias Unidas−. Hacen un fondo obligatorio y, encima, subsidiado. Subsidiado con fondos de la Anses. A la oposición nos acusaban de degenerados fiscales cuando el año pasado pedíamos una indexación para los haberes jubilatorios, nos acusaban de producir un agujero fiscal en la Anses. Me encantaría que nos expliquen cómo puede ser que, sin ponerse colorados, y después de que el 50% del ajuste fiscal que le permitió al Gobierno mostrar un superávit fiscal lo hayan hecho los jubilados y los pensionados, cómo les da la cara para venir a plantear acá un subsidio directo a los despidos”.
El bloque de Provincias Unidas propuso que el FAL sea optativo y que, en lugar de nutrirse de aportes patronales, sea sustentado con la mitad de lo que los empleadores destinan al pago del impuesto al cheque.
Laura Serra,Cámara de Diputados,Conforme a,Cámara de Diputados,,Sesión caliente. Del himno peronista de Kelly Olmos al exabrupto de Agustina Propato: las perlitas del debate por la reforma laboral,,»El fin de la industria del juicio». El comunicado de la Oficina del Presidente tras la aprobación de la reforma laboral en Diputados,,“El cambio avanza”. Las primeras reacciones del arco político a la aprobación de la reforma laboral en Diputados
El oficialismo aprobó la Modernización Laboral con el acompañamiento del PRO, la UCR, el MID, y fuerzas peronistas que responden al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo. También el apoyo de los sanjuaninos de Marcelo Orrego, de Misiones del mandatario Hugo Passalacqua junto al referente político local, Carlos Rovira, y los salteños de Gustavo Sáenz. El rechazo se concentró en las bancadas de UxP, el Frente de Izquierda y parte de Provincias Unidas.
La sesión comenzó con escándalo entre el oficialismo y la oposición por la aprobación del plan de labor que estableció los tiempos y la manera de votar, por capítulos, la ley de Reforma Laboral. Luego de ese contrapunto, que expuso al jefe de Diputados, Martín Menem, y de UxP, Germán Martínez, el debate se inició con la defensa del diputado libertario Lisandro Almirón, presidente de la Comisión de Trabajo y miembro informante por el dictamen de mayoría.
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Entre gritos desde la bancada de Unión por la Patria, porque Almirón leyó su discurso, dijo: “todas las modificaciones, derogaciones y agregados que se proponen en el proyecto son para fomentar la creación de empleo, actualizar la legislación de los tiempos que corren y garantizar el máximo grado de protección y libertad de todos los argentinos y trabajadores”.
La libertaria Mercedes Llano le dijo a TN que “durante décadas, Argentina ha postergado una modernización laboral necesaria, quedando atrapada en un marco normativo rígido, vetusto, generador de altos costos y litigiosidad que ha paralizado la contratación formal y nos ha sumido en un estancamiento crónico. Este nuevo esquema busca combatir la industria del juicio, la informalidad, reducir las cargas laborales y aggiornar las reglas al cambio tecnológico y a las emergentes modalidades de trabajo autónomas, flexibles y ágiles”.
Desde el Gobierno nacional el ministro del Interior, Diego Santilli y el subsecretario de la Presidencia, Eduardo Lule Menem, se instalaron en la presidencia de la Cámara de Diputados. En el cierre del debate se sumaron la secretaria Karina Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Santilli destacó “el gran trabajo en equipo de todo el Gobierno y la Mesa Política para que la Argentina cuente con esta ley fundamental que representa el espíritu y la visión del Presidente. Hace 15 años que no se genera en Argentina un puesto de trabajo neto en el sector privado formal, el desafío trazado por el presidente Javier Milei es que crezca el empleo privado y poder ayudar a los que están en la informalidad a que pasen a la formalidad, de eso se trata la modernización laboral».
Los planteos de la oposición
El bancario Sergio Palazzo de UxP rechazó el proyecto y cuestionó la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) considerándolo como el “vaciamiento del sistema previsional. Con el FAL el despido pasa a ser gratuito para el sector empresario porque será pagado con plata del Estado”.
Por su parte el bonaerense Juan Marino cuestionó la Reforma Laboral, pero además respaldó a los trabajadores despedidos de la empresa de neumáticos FATE. “El cierre de FATE dejó a ciento de familias en la calle, es producto de las decisiones de (el presidente) Javier Milei de eliminar cualquier tipo de medida económica que proteja el entramado productivo argentino. De abrir indiscriminadamente las importaciones, es producto de su plan de genocidio económico. Un plan de exterminio de la industria nacional. Este es un proyecto de reforma anti laboral”, dijo Marino en el recinto.
Mónica Frade de la Coalición Cívica volvió a insistir con su rechazo al proyecto ya que más allá del contenido de la iniciativa, criticó “la falta de tiempo de discusión”. Y adelantó: “Vamos a plantear muchas inconstitucionalidades por este proyecto. Vamos a judicializar esta ley”.
Por su parte, desde Provincias Unidas, la radical jujeña María Inés Zigarán expresó: “La excusa de la reforma fue la reestructuración de las formas de trabajo, pero nada moderno está incluido. La tendencia es a la reducción de horas de trabajo y no al incremento. Se trata de una reforma regresiva, en particular para las mujeres, porque no se modificaron las formas de licencias por maternidad, ni se incrementaron las licencias por paternidad ni incluyeron otras por adopción”.
Respaldo del PRO y la UCR
El diputado del PRO Fernando de Andreis aclaró la postura de su bancada: “Esta ley forma parte de una agenda que el PRO viene empujando hace más de 20 años, lo dijimos también en campaña. Sin embargo faltan algunas cosas para seguir discutiendo y mejorando. Hice mención a la libertad de los trabajadores para poder elegir cómo cobrar su sueldo, razón por la cual quería adelantar que vamos a presentar un proyecto de ley en ese sentido cuando comience el período ordinario. El bloque PRO va a acompañar y va a votar a favor porque claramente es una mejora sustancial a la situación actual que estamos viviendo, que le da más oportunidades de empleabilidad a la gente”.
“Con esta ley solamente no va a mejorar el empleo mágicamente de un día para el otro. Es imperioso avanzar en una reforma tributaria, es clave bajar impuestos. No se puede seguir cobrando el 35% de impuesto a las ganancias. No puede ser que se le cobren impuesto al que quiere sacar un crédito para invertir y generar empleo”, planteó de Andreis.
Mientras que el radical Diógenes González respaldó el proyecto porque beneficia a las pymes. “Es lo que nos piden las pymes. Son las que generan el 70% del empleo privado en Argentina. Porque el 99 % del empleo registrado en el territorio nacional es Pyme. En el norte son las que dinamizan el trabajo. Por eso para las pequeñas y medianas empresas es fundamental reducir la litigiosidad. Pues al no poder competir, no pueden cumplir los convenios colectivos de trabajo. Es triste porque en muchas localidades de pocos habitantes trabajan codo a codo el empleado y el empleador. En Corrientes se aprobó una ley de conciliación laboral obligatoria. Lo que ayudo a disminuir la conflictividad. Nosotros creemos en la cultura del trabajo. Y la incidencia de las pymes en la generación de empleo”-
Mientras se desarrolló el debate, fuera del Congreso se llevó adelante una protesta de trabajadores en el marco de una jornada de paro general. El gremio parlamentario de APL, que conduce Norberto Di Próspero, montó una guardia mínima de personal para permitir el funcionamiento del Congreso. Por los cortes de calles y las complicaciones para acceder al Parlamento, el diputado del MID, Eduardo Falcone llegó en bicicleta a la Cámara Baja.
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Los puntos de la norma
La reforma redefine el esquema indemnizatorio, se mantiene la indemnización por despido sin causa, pero establece que se tomará como base únicamente la mejor remuneración mensual, normal y habitual, y excluye conceptos como aguinaldo, premios o adicionales extraordinarios.
Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que deberá integrarse con aportes obligatorios de los empleadores: 1% de las contribuciones patronales en grandes empresas y 2,5% en mipymes. El fondo será inembargable y estará bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según el proyecto, funcionará como respaldo para el pago de indemnizaciones. La ANSES dejará de recibir esos ingresos.
También se habilita el pago de sentencias judiciales en cuotas: hasta seis meses para grandes empresas y hasta 12 para pequeñas y medianas.
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