A través del decreto 274/2025, el Gobierno formalizó su intención de que la Unidad de Información Financiera (UIF) deje de intervenir en causas judiciales como querellante, un rol que permite, entre otras acciones, contar con acceso al expediente, presentar pruebas y pedir que se ordenen medidas. El decreto echa por tierra otro, de 2008, que habilitaba al organismo antilavado a ejercer ese papel. Ahora, la UIF podría dar un paso al costado en casi 200 expedientes, algunos de los cuales son de alto impacto político y atraviesan instancias decisivas, como la causa por los Cuadernos de las coimas.

El decreto busca quebrar el hábito cada vez más arraigado en el organismo a involucrase activamente en causas judiciales, una tendencia que permaneció invariable incluso durante los cambios de Gobierno, pese a los cambios radicales de postura en determinadas causas, como Hotesur-Los Sauces, donde, luego de impulsar durante años el caso, el organismo pidió por el sobreseimiento de Cristina Kirchner.

Entre el año 2000, cuando fue creada, y 2011, la UIF casi no incursionó en el terreno judicial, pero 2012 representó hizo un giro: en aquel año participó en 26 procesos judiciales y dio inicio a un larga y sostenida tendencia que alcanzó en 2024 la participación en más de 260 causas judiciales. En la mayoría de ellas (198) actuó como querellante, según se desprende de informes oficiales. Son las causas que podrían perder impulso.

La expansión de la UIF en el terreno judicial se explica, esencialmente, porque en la última década y media inició en cada uno de esos años, entre 9 y 35 nuevas querellas. En la mayoría de los casos, se investigan delitos asociados a la corrupción, el lavado de activos y el narcotráfico.

El Gobierno dejó trascender su deseo de que la UIF frenara esta inercia, en medio de las negociaciones con el kirchnerismo para hacer llegar a la Corte Suprema a sus entonces candidatos Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, lo que abrió lugar a las especulaciones.

El proceso derivó, primero, en la salida del vice del organismo, Manuel Tessio, luego de que la UIF se involucrara en la causa contra el jefe político de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, por su viaje a bordo de “El Bandido”, el yate con el que paseó por el Mediterráneo junto a Sofía Clerici.

El segundo capítulo se dio con la salida del extitular del organismo, Ignacio Yacobucci, en enero de este año, tras una corta y virulenta campaña de desgaste. Fue remplazado por el fiscal Paul Starc, cuya designación se oficializó la semana pasada. La continuidad entre una y otra gestión se dio a través de Santiago Martín González Rodríguez -un hombre cercano al asesor presidencial Santiago Caputo-, que reemplazó a Tessio.

Ninguna causa depende exclusivamente del impulso de la UIF, según un relevamiento interno que el organismo realizó el año pasado, pero con su corrimiento muchos expedientes podrían debilitarse.

Una de las causas más sensibles de las que participa es el caso conocido como los Cuadernos de las coimas, que nació por una investigación del diario y tiene a la expresidenta Cristina Kirchner y otras 70 personas, muchas de ellas empresarios de primera línea, implicadas en un esquema de pagos de sobornos vinculados a los contratos de obra pública. El juicio tiene fecha de inicio para noviembre.

En el proceso, la UIF podría contribuir con informes y colaborar en la construcción de la prueba. Una de sus últimas actuaciones en este expediente fue recusar a los tres jueces de la Cámara de Casación que fallaron en favor del empresario Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri, al entender que sus pagos no fueron sobornos sino aportes de campaña no registrados, un fallo que fue luego revertido.

Otras es Hotesur-Los Sauces, donde pese a pedir por el sobreseimiento de Cristina Kirchner, el organismo permanece dentro de la causa, según confiaron fuentes del organismo. Allí se juzgara si los pagos que el empresario Lázaro Báez hizo a la familia Kirchner a través del alquiler de sus hoteles fueron en devolución a los beneficios recibidos en la obra pública de Santa Cruz, ya condenados en la causa Vialidad.

La UIF forma y formó parte de otras causas de alto impacto. Con Mariano Ezeyza como director de litigios, se presentó como querellante en la causa que tiene procesados a más de una docena y media de dirigentes sociales, entre ellos el líder del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, por desvíos de recursos y extorsiones varías, y pidió que se los juzgue por el delito de lavado de activos.

Tuvo un rol central en la causa Ciccone, en la que fue el expresidente Amado Boudou fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión; en Odebrecht, donde se investigan sobornos millonarios a funcionarios por parte de la empresa brasileña; o en la propia causa por Hotesur-Los Sauces, donde la UIF interviene desde que los expedientes tramitaban por separado, pero tuvo un giro abrupto durante el gobierno de Alberto Fernández y, con Juan Carlos Otero como titular, pidió el sobreseimiento de Cristina Kirchner.

El Gobierno esgrime que la decisión es en respuesta a los requisitos que impone el GAFI, una organización internacional que evalúa y clasifica a los países según estándares propios y condiciona así el acceso al crédito, entre otras cuestiones. Como complemento, sostiene que la mayoría de los organismos antilavado no cuenta con la facultad de querellar.

Los partidarios, en cambio, sostienen que la función de la UIF es vital para impulsar causas con fiscales poco comprometidos, y que esa competencia es “envidiada” por otros organismos pares. Hacen relucir los logros (decomisos, condenas y embargos) y argumentan que la visión del organismo es “integral” y es clave en causas que deben ser vistas a la luz de otras, como el caso de Hotesur-Los Sauces.

María Eugenia Talerico, vice del organismo durante el macrismo, cruzó al Gobierno tras conocerse la medida. “Quitarle a la UIF la facultad de querellar es desarmar uno de los pocos instrumentos con los que cuenta el Estado para llevar a los corruptos y lavadores de dinero ante la Justicia. Es garantizar impunidad. Y abrirle la puerta de la UIF a los servicios de inteligencia es una maniobra peligrosa: es permitir que el espionaje ilegal se infiltre en el corazón del sistema antilavado”, dijo a .

Bajo su gestión y la de Mariano Federici, la UIF impulsó acusaciones en 14 juicios orales y federalizó el accionar del organismo.

El diputado de la Coalición Cívica Maxi Ferraro también cruzó al gobierno en redes sociales y criticó la medida. “Nada más turbio que impedir que la UIF actúe y se constituya como querellante en causas de corrupción, lavado de dinero y crimen organizado“, afirmó. ”La UIF fue una herramienta clave para impulsar investigaciones y evitar la impunidad en las causas más graves del país“, sostuvo el legislador cívico.

Una joven agente voluntaria de la Armada Argentina se encuentra internada en grave estado luego de haber sufrido un golpe en la cabeza en un ejercicio de instrucción «antidisturbios» en una delegación de la fuerza ubicada en Vicente López, y la Justicia dispuso la detención de 9 militares, al parecer, implicados en el dramático suceso.

La víctima, identificada como Brisa Páez, de 21 años, quedó gravemente herida luego de haber participado de un entrenamiento el viernes 4 de abril al mediodía. Según los testigos del hecho, todo sucedió cuando la joven cayó de espaldas cuando uno de los instructores golpeó con sus piernas el escudo que ésta portaba, golpeándose la cabeza. Pese a la dificultad para reincorporarse, los ejercicios prosiguieron durante varios minutos agravando, al parecer, el cuadro neurológico.

Según pudo reconstruir la Justicia, la joven solo tenía 4 meses de instrucción en la Armada pero no tenía conocimientos previos sobre el entrenamiento de estas maniobras que se utilizarían para disuadir protestas dentro de la jurisdicción naval. Sin embargo, hubo funcionarios de Javier Milei que anteriormente habían deslizado que podrían utilizar a militares para intervenir en piquetes callejeros.

Como sea, los familiares de Brisa, que la acompañan en su internación en el Hospital Militar Central del barrio de Belgrano, declararon que muchas compañeras de la joven «dijeron que no fue normal la fuerza brusca que se aplicó sobre ella. Es decir, dijeron que si ejercían fuerza sobre el resto, pero más que nada ejercían fuerza de una manera muy alevosa sobre ella». Se investiga, en este sentido, si una relación «sentimental» previa con uno de los instructores pudo haber influido en el incidente.

La cuestión es que, tras la práctica, la joven manifestó un fuerte dolor de cabeza y como respuesta obtuvo risas de alguno de sus superiores. Ante la persistencia de los síntomas, fue atendida por un médico de la dependencia que, tras colocarle un cuello inmovilizante, ordenó su traslado hasta el hospital de Campo de Mayo. Allí Brisa adujo tener la parte izquierda de su cuerpo paralizada por lo que se ordenaron estudios de imágenes.

Ante el agravamiento del cuadro, la joven fue derivada al Hospital Militar Central donde permaneció en estado de coma inducido toda una semana a causa de sufrir convulsiones. Frente a un diferendo sobre el cuadro que la aquejaba con los médicos del nosocomio y el personal del Cuerpo Médico Forense, la Justicia ordenó la constitución de una suerte de junta médica externa integrada por el prestigioso neurólogo Ignacio Previgliano y el titular del Hospital de Campo de Mayo, Alejandro Felice.

Los expertos, así, descubrieron en las imágenes de la resonancia «pequeñas lesiones» en el cerebro compatibles como una lesión axonal difusa y recomendaron cambiar el tratamiento a la paciente. «Le salvaron la vida a mi hija», declararon los padres posteriormente. La joven, aunque continúa en terapia intensiva, evoluciona favorablemente y en las últimas horas pudo liberarse del respirador artificial.

Previgliano, de hecho, descartó que la grave herida se haya producido por un golpe que Brisa se habría dado contra el tirante metálico de una escalera, tal como declaró una de las testigos, sino más bien porque «la chica sufrió reiteradas agresiones que hicieron este mecanismo de que el cerebro vaya para un lado y el cráneo para otro, que causaron esta lesión».

El miércoles pasado por la tarde la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, con intervención en la causa, ordenó una serie de allanamientos -en los que se secuestraron celulares y otros bienes- y nueve militares resultaron detenidos. Previamente se tomaron declaraciones testimoniales y ahora la magistrada tendrá 10 días para determinar la situación procesal de los acusados.

La Justicia investiga, además, si hubo algún tipo de encubrimiento sobre lo sucedido dado el tiempo que transcurrió hasta que Páez pudo recibir el tratamiento adecuado y sobre las contradicciones sobre la causa de la lesión que sufrió la marinera.