La jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, dictaminó que la normativa que inhabilita para votar a personas condenadas por delitos con penas mayores a tres años resulta inconstitucional, incluso si se trata de delitos de corrupción. En consecuencia, ordenó mantener a Cristina Fernández de Kirchner como electora activa en el padrón de Santa Cruz, lo que faculta teóricamente su voto en las elecciones del 26 de octubre.

Según el fallo, “privar el derecho a votar infringe los estándares de nuestro más alto tribunal”, y las disposiciones cuestionadas no cumplirían con los criterios de “legalidad, necesidad y proporcionalidad” establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, la jueza dispuso que la expresidenta pueda votar, aunque siga inhabilitada para postularse como candidata, en sintonía con la condena del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 por la causa Vialidad.

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La resolución contradice directamente la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó en junio de 2025 la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner por corrupción en la causa Vialidad, además de ratificar su inhabilitación política. Aunque la jurisprudencia de la Cámara Nacional Electoral sostiene que prohibir el voto a condenados es inconstitucional, usualmente se exceptúan quienes enfrentan delitos contra la administración pública —como es el caso de Fernández de Kirchner.

En la práctica, el fallo tiene un componente más simbólico que real: Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria en Buenos Aires y no podría trasladarse a Santa Cruz para emitir su voto. Aun así, su figura política mantiene peso en el escenario electoral nacional, donde continúa movilizando bases frente al gobierno de Javier Milei.

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Entre 1973 y 1976, los diputados de extracción sindical eran 39. A partir del 10 de diciembre se calcula que incluso serán menos de los 10 que existen hoy. El dato se convierte en otra de las comprobaciones de la creciente pérdida de poder del gremialismo, que no consigue que el peronismo le dé participación en el armado político-electoral ni bancas en el Congreso.

La conclusión quedó a la vista nuevamente el lunes pasado, cuando en una reunión ampliada de la mesa chica de la CGT hubo quejas por la ausencia de gremialistas en las listas de candidatos para las elecciones del 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires.

Un grupo de líderes cegetistas se habían reunido con Axel Kicillof el viernes pasado y se llevaron de La Plata la promesa de una participación “amplia y activa” en el armado electoral de Fuerza Patria, el frente peronista que debutará en las elecciones bonaerenses.

Pero los sindicalistas no sólo quedaron al margen de las nóminas de candidatos sino también de la mesa en donde se toman las principales decisiones electorales.

Una vez más, la dirigencia gremial fue excluida por el propio PJ y se ubicó a una distancia gigantesca de aquel poder sindical de los años 70, donde, con el liderazgo del metalúrgico Lorenzo Miguel, obtenían presencia en los gobiernos peronistas, incidencia en sus decisiones y un 33% de los lugares en las listas de candidatos.

Sin postulantes propios en la votación bonaerense, la CGT y otros sectores sindicales sólo tendrán tres lugares en las nóminas de diputado nacional por la provincia de Buenos Aires para los comicios nacionales del 26 de octubre: según el acuerdo al que llegaron cuando armaron su alianza, Axel Kicillof, Cristina Kirchner y Sergio Massa nombrarán a un sindicalista cada uno, que figurarán entre los primeros 15 postulantes de la lista.

Como anticipó Infobae, Kicillof podría elegir al actual cotitular de la CGT Héctor Daer (Sanidad) o el abogado Hugo Antonio Moyano (Camioneros), hijo del líder del sindicato; Cristina Kirchner, a Sergio Palazzo (bancarios) o Abel Furlán (UOM), y Sergio Massa, a Omar Plaini (canillitas) o Carlos Acuña hijo (estaciones de servicio), hijo del jefe del gremio y cotitular cegetista.

Pero aun si entraran 3 en la Cámara de Diputados podría quedar una bancada sindical igual o menor a la actual. De los 10 diputados de ese origen que existen hoy, sólo 5 tienen mandato hasta 2027: Mario Manrique (SMATA), Carlos Cisneros (bancarios), Pablo Ansaloni (rurales), Jorge Avila (petroleros) y José Gómez (Luz y Fuerza).

El 10 diciembre se les vencerá el mandato a otros 5: Sergio Palazzo (bancarios), Vanesa Siley (judiciales), Hugo Yasky (CTA), Pablo Carro (docentes universitarios) y Alejandro Vilca (recolección de residuos).

Eso significa que a priori sólo habrá 8 diputados de origen sindical desde el 10 de diciembre, aunque la esperanza de la CGT es que se sumen más desde las distintas provincias. Sólo así podrán superarse las 10 bancas actuales de diputados nacionales que tiene el gremialismo, aunque tampoco significa que desplieguen una estrategia unificada en el Congreso.

En el Senado el panorama es aún más desolador para el poder sindical, ya que hoy ninguno de sus 72 miembros surge de esas filas. El último que se recuerda en esa cámara es al petrolero Guillermo Pereyra, que no era peronista sino del Movimiento Popular Neuquino.

El fuerte retroceso de los diputados de extracción sindical es uno de los indicios de la pérdida de poder político y de influencia del gremialismo peronista: entre 1973 y 1976 llegaron a ser 39; entre 1983 y 1993, 23; entre 1993 y 2003, 17; entre 2003 y 2011, 13; entre 2011 y 2019, 12, y entre 2019 y 2023, 10, de los cuales 4 finalizaron su mandato el 10 de diciembre de este último año: Carlos Cisneros (bancarios), que renovó su banca; Claudia Ormachea (bancarios), Carlos Ponce (Sindicato del Plástico y secretario general de la CGT de Villa Mercedes, San Luis), María Rosa Martínez (Corriente Federal de Trabajadores) y Estela Hernández (llegó desde el Sindicato de Comercio de Chubut, pero luego renunció).

Todo indica que la bancada sindical será igual a la de hoy o incluso menor tras las elecciones nacionales del 26 de octubre. La presencia reducida del gremialismo será un obstáculo clave en el Congreso que viene: el gobierno de Javier Milei está convencido de que sumará muchas más bancas. Y eso significa que proyectos que irritan a la CGT, como una nueva reforma laboral, podrían contar con el número suficiente de votos para ser aprobados.