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Atentado a la AMIA: el fiscal reclama el arresto de Alí Khamenei, líder espiritual de Irán

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En su dictamen de aceptación del juicio en ausencia, el fiscal Sebastián Basso hizo al juez federal Daniel Rafecas un pedido explosivo en términos de política internacional: solicitó la orden de captura nacional e internacional del líder supremo de Irán Ali Hosseini Khamenei. Se trata de un giro en relación con los anteriores titulares de la UIF-AMIA que consideraban que Khamanei tiene inmunidad por el cargo que ocupa.

En su resolución a la que accedió Clarín en exclusiva, el fiscal de la UFI-AMIA que reemplazó al asesinado Alberto Nisman, pidió que “se les reciba declaración indagatoria en orden a su participación en el atentado dirigido contra la sede de la AMIA del 18 de julio de 1994, y por tomar parte, con los restantes imputados iraníes mencionados en este dictamen”.

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También por su «patrocinio de la organización armada que actúa de manera clandestina fuera de las fronteras del territorio libanés vinculada al movimiento Hezbollah, que ha realizado desde hace décadas innumerables atentados contra la vida y los bienes de las personas que deben ser calificados como terroristas, entre ellos la AMIA”.

Khamenei es el líder de gobierno teocrático de Irán y fue presidente de entre 1981 y 1989. Fue designado líder supremo para suceder al ayatolá Komeiní, el líder de la Revolución Islámica de 1979, que murió en 1989.

Argentina e Irán solo tienen relaciones diplomáticas a nivel de encargado de negocios desde 1994 y esta decisión podría tensionar más los vínculos bilaterales.

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El fiscal solicitó que se libre oficio a Interpol “a los efectos de encomendarle el cumplimiento de la medida solicitada» y «en el que se haga saber que, en el caso de lograrse la captura requerida, el imputado 55 deberá ser puesto a disposición del Sr. Juez en carácter de detenido incomunicado”.

Esa solicitud la complementó con órdenes a las fuerzas de seguridad federales para que lo detengan si pisa territorio argentino. Será investigado en la causa en legajo por separado.

Para el fiscal, Khamenei “encabezó la toma de la decisión de perpetrar un atentado con bombas en Buenos Aires en julio de 1994 y emitió la orden ejecutiva (fatwa) 39 para llevarlo adelante. También es indudable que desde siempre y al día de la fecha Khamenei es el principal sostén de grupos que poseen capacidad militar como Hezbollah”.

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Recordó que “designó nada menos que al propio Secretario General de la agrupación terrorista como su representante en El Líbano. Todo en Irán, en lo referente a la política exterior y uso de la fuerza, pasa por su decisión”. En este sentido -prosiguió el fiscal en su argumento- “la Constitución iraní establece, en su art. 110, que el Líder tiene la responsabilidad y autoridad de determinar las políticas generales del país, supervisar la debida aplicación de esas políticas, decretar referendos y conceder el indulto o la conmutación de la pena a los condenados”.

“El Líder es, asimismo, el comandante en jefe de las fuerzas armadas y controla las operaciones de la inteligencia y seguridad militar. Además, está facultado a declarar la guerra o la paz y movilizar a las fuerzas armadas”, agregó.

Además, “tiene el poder de elegir y remover al jefe del poder judicial, al jefe de la cadena de radio y televisión estatal, y al comandante de la policía y de las fuerzas armadas. También designa a seis de los doce miembros del Consejo de los Guardianes. Es, por tanto, la máxima autoridad del país, y supervisa la relación entre los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial”, dictaminó.

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Ahora bien, “en cuanto a su responsabilidad penal por la intervención en el atentado contra la AMIA, las razones esgrimidas por los anteriores titulares de la Unidad Fiscal en el dictamen de octubre de 2006 para diferir su convocatoria estuvieron vinculadas con la inmunidad que Khamenei podría ostentar frente a una imputación penal. Sin embargo, un análisis sensato de la cuestión a la luz del derecho de gentes (artículo 118 CN40) y del derecho internacional no permite sostener una inmunidad de esa naturaleza frente a su responsabilidad por un crimen de característica terrorista y de lesa humanidad”.

El ayatolá Ali Khamenei en una ceremonia de octubre de 2024, en Irán. Foto EFE

Consideró que “el atentado criminal aquí juzgado sucedió en territorio argentino y por lo tanto son las autoridades judiciales nacionales las que tienen el deber y la potestad de juzgar a sus responsables, con independencia del lugar y la posición social y política que ocupen en los territorios donde residan (artículo 1, inciso 1 del Código Penal Argentino)”.

Los argumentos del fiscal del atentado contra la AMIA

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El principio “de inmunidad tiene como fundamento el principio par in parem non habet imperium, el cual predica que no existe jurisdicción entre iguales, afianzando de este modo el principio de igualdad soberana de los Estados, definiéndolo como aquel principio por el cual un Estado no puede ejercer sus poderes sobre, o interferir en, actividades legalmente ejercidas por otro Estado extranjero en el territorio del primer Estado”, argumentó el fiscal Basso en el texto al que accedió Clarín.

En este sentido, “es necesario enfatizar que el principio de inmunidad no sólo abarca las actividades llevadas a cabo por el Estado como tal, sino también a los actos cometidos por los altos funcionarios de un Estado: el Jefe de Estado, los miembros del servicio diplomático y consular, los ministros de relaciones exteriores y otros ministros viajando en misiones oficiales al exterior”.

Para Basso, “es necesario distinguir claramente entre el principio de inmunidad del Estado, el del Jefe de Estado o gobierno, el de los agentes diplomáticos, el de los funcionarios consulares, y el de algunos miembros de gabinete. También es dable señalar las fuentes de este principio, que ha sido regulado desde sus orígenes por el derecho internacional consuetudinario, pero con el desarrollo de las inmunidades separadas, se dio pie a la regulación convencional en algunos casos”.

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El fiscal Sebastián Basso y un pedido de alto impacto internacional contra Irán.El fiscal Sebastián Basso y un pedido de alto impacto internacional contra Irán.

Sin embargo, “ha sido la jurisprudencia la que ha realizado el mayor aporte a la regulación del principio de inmunidad de los Jefes de Estado. El fundamento de este principio consiste en permitir que el sujeto que goza de ese privilegio pueda ejercer sus funciones de manera cabal e independiente”.

La justificación radica en facilitar “las relaciones entre los Estados, que son iguales ante el derecho internacional; y a su vez tiene detrás otro fundamento: el respeto a la soberanía de los Estados. Así, el principio busca impedir que los Estados interfieran en los actos públicos llevados a cabo por los Estados extranjeros; resultando en una forma de respetar su independencia”. “También es dable señalar que las inmunidades reconocidas por el derecho internacional difieren de las inmunidades reconocidas en el derecho interno».

«En esta dirección, el art. 27 del Estatuto de Roma establece que ningún tipo de inmunidad podrá ser alegado ante la Corte Penal Internacional, en tanto que su inc. 2 enfatiza la distinción entre las inmunidades de carácter interno y las de carácter internacional”, finalizó el fiscal Basso.

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Lázaro Báez desplazó a su abogado de confianza en una causa clave: cuál fue el motivo

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“Me abandonaron”, repite desde la cárcel Lázaro Báez. La crisis con su abogado se venía gestando desde su última detención, en junio pasado, y terminó de implosionar este semana. En un escrito al que tuvo acceso , el empresario desplazó a Juan Martín Villanueva, su abogado de mayor confianza, de la causa Hotesur-Los Sauces, donde deberá afrontar otro juicio oral. ¿El motivo? Lo acusa de haber viajado al exterior durante casi cuatro meses. “Durante todo ese lapso, resulta evidente que el profesional no mantuvo contacto personal conmigo”, se quejó.

Villanueva defendía a Báez desde su primera detención en la cárcel de Ezeiza. Al comienzo trabajaba a la par de Elizabeth Gasaro, a la que terminó desplazando de todas las causas.

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El abogado representó al empresario en los juicios por “la ruta del dinero K” y en Vialidad. También lo defendió en el proceso por el campo “El Entrevero” en Uruguay. Aunque es reconocido por su trabajo técnico, no logró frenar la sucesión de condenas. Báez ahora afronta una pena unificada de 15 años de prisión. Y la Justicia avanza, en distintas causas, para vender toda su fortuna.

El empresario volvió a prisión en junio, cuando quedó firme la causa de la ruta del dinero K. Desde ese momento pasa sus días en la cárcel federal de Río Gallegos, en Santa Cruz. Sus abogados denunciaron que sus condiciones de detención no son adecuadas para su estado de salud, pero hasta ahora no lograron que vuelva a su casa.

La celda de Lázaro Báez

A partir de su nueva detención, comenzaron los tironeos con su abogado de confianza. Los familiares de Báez se quejaban que Villanueva había viajado al exterior justo en esos días y no había regresado pese a la gravedad de la situación. “Lázaro se enojó porque se fue a Alemania en el peor momento. A él le dijo que se iba a Estados Unidos por una semana pero después se enteró que nunca fue a ese país”, contó un allegado al empresario.

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Villanueva dio otra versión del hecho a . “Lázaro sabía de mi viaje académico a Alemania hace mas de 2 años, viaje que postergué dos veces priorizando su defensa. Durante mi viaje, entre junio y septiembre presenté 61 escritos en causas de Lázaro y asistí por zoom a todas las audiencias que se hicieron. Mi estudio lo representaba con tres abogados, dos de los cuales estuvieron permanentemente en Argentina”, explicó.

A medida que pasaban los días en la cárcel, Báez comenzó a delegar algunas de sus causas en otros letrados. Primero designó a la Yanina Nicoletti, una experta en derecho penal tributario, en algunos expedientes. Y finalmente echó a Villanueva de la causa Hotesur-Los Sauces, la más importante de las que siguen abiertas.

Villanueva durante las audiencias en la causa Vialidad.

En ese juicio, aún sin fecha, Báez será juzgado junto a la expresidenta Cristina Kirchner, su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner, entre otras treinta personas.

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Un peritaje reciente confirmó que Báez le alquilaba habitaciones de los hoteles de la familia Kirchner a través de sus empresas como compensación por los negocios de la obra pública para Santa Cruz.

El Tribunal Oral Federal 5 dispuso este año otras medidas de prueba sobre los departamentos que también se investigan. Entre ellos, el de San José 1111, en el barrio porteño de Monserrat, donde Cristina Kirchner cumple la prisión domiciliaria. También actualizó los montos de los embargos sobre los bienes de los acusados.

El documento en el que Lázaro Báez desplazó a su abogado

A través de un escrito, que lleva su firma y su huella digital, Báez se quejó que Villanueva “se ausentó del país con destino a Europa, retornando recién a fines de septiembre de 2025″. Y agregó: “El mencionado letrado justificó su ausencia en el hecho que su cónyuge realizaría un curso en el extranjero, circunstancia por la cual decidió acompañarla”. “Desconozco si efectivamente cumplió con las labores técnicas inherentes a su función, puesto que no remitió copia de sus eventuales presentaciones a la Oficina Judicial de la Unidad N° 15 para que pudiera tomar conocimiento de las mismas», remarcó en el escrito.

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Según pudo saber este medio, Villanueva y Báez discutieron por teléfono en las últimas horas. El empresario lo acusó de haberle mentido durante estos cuatro meses y le pidió que renuncie a las otras causas. Sin embargo, el abogado asegura que no discutió con su cliente, que su última conversación con él fue el 6 de octubre a las 15.22 horas y que fue “en buenos términos”.


causa Hotesur-Los Sauces,una pena unificada de 15 años de prisión,sus condiciones de detención no son adecuadas para su estado de salud,Nicolás Pizzi,Lázaro Báez,Conforme a,Lázaro Báez,,“Era de alguien de arriba”. Confirman la validez de un audio de Báez que asocia a los Kirchner con su fortuna: “Era de alguien de arriba”,,Revés. Lázaro Báez deberá seguir cumpliendo su condena en una prisión federal,,La celda de Lázaro Báez. Denuncian pésimas condiciones carcelarias y piden que le otorguen prisión domiciliaria

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Diputados aprobó cambios a la ley de los DNU, pero bloqueó un artículo clave y la norma vuelve al Senado

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La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la mayoría de las modificaciones a la regulación sobre decretos de Necesidad y Urgencia y legislación delegada, pero no logró sancionar un artículo clave. La votación contó con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones.

El bloque opositor impulsó los cambios, mientras que el oficialismo consiguió bloquear el punto central, lo que hace que ahora la norma vuelva al Senado para su revisión y definición, un paso que le dará tiempo al Gobierno antes de la sanción definitiva. El artículo tercero no alcanzó un mínimo de 129 votos a favor. Arribó a 127 y no obtuvo la mayoría absoluta.

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Lee también: El Gobierno apelará el fallo judicial que rechazó que Diego Santilli encabece la boleta de La Libertad Avanza

Juan Manuel López, Diputado Coalición Cívica. Foto Cámara de Diputados

La construcción de mayorías fue establecida por Unión por la Patria (UxP), Democracia para Siempre y Encuentro Federal lideradas por Germán Martínez, Pablo Juliano y Miguel Pichetto, respectivamente. Los cordobeses del mandatario Martín Llaryora, encabezados por Carlos Gutiérrez, en la previa a la sesión adelantaron el acompañamiento a los cambios a la norma.

Acompañaron los votos de Coherencia de Carlos D’Alessandro, fundamentado por la diputada Marcela Pagano, “busca el equilibrio porque el Congreso no fue creado para obedecer, sino para debatir, para representar y para preguntar. El Congreso es un puente y si ese puente se rompe, nadie cruza”.

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Con críticas, la Coalición Cívica sumó sus votos. Juan Manuel López, explicó: “La corrupción se previene con instituciones sólidas y el DNU no digo que sea corrupto, pero no tiene nada que ver con instituciones sólidas. Es una excepción de la excepción. Que puede estar eventualmente convalidado en situaciones reales de necesidad y urgencia, pero que, en la mayor parte de las oportunidades, alguien puede pensar que se puede tolerar, o incluso que se puede convalidar. Este gobierno de minoría hizo un abuso total del DNU en su primera medida, en el decreto 70/23. Un DNU ómnibus que decidió tocar cualquier tipo de legislación y saltearse el Congreso”.

También acompañó el Frente de Izquierda, el diputado Juan Carlos Giordano aseguró que “los DNU le otorgaron al ultraderechista Javier Milei facultades especiales para atacar a las universidades, al Garrahan, a la discapacidad, a los jubilados y sacar disposiciones represivas, por eso estamos categóricamente en contra de los DNU”.

La postura del oficialismo

La Libertad Avanza fue seguida por el PRO, la Liga del Interior de los radicales libertarios encabezados por Pablo Cervi, el partido Creo de Paula Omodeo, y algunos provinciales. No les alcanzó para frenar la embestida opositora en general, pero sí un artículo en particular.

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El diputado Martín Menem encabezó las negociaciones con los gobernadores para rechazar los cambios a la ley de DNU.  (Foto: Prensa Diputados)
El diputado Martín Menem encabezó las negociaciones con los gobernadores para rechazar los cambios a la ley de DNU. (Foto: Prensa Diputados)

El oficialismo intentó por diferentes medios convencer a los mandatarios provinciales para que incidan ante los diputados y que estos no den quorum y, por lo tanto, la sesión se postergara. Las gestiones las llevó adelante el propio Martín Menem, jefe de los diputados, y acompañaron funcionarios de la Casa Rosada.

“No pudieron evitar la sesión, saludos a (Guillermo) Francos (jefe de Gabinete) y a (Lisandro) Catalán, (ministro de Interior)”, dijo el titular del bloque de UxP, Germán Martínez, mientras que la diputada Silvana Giudici del PRO acusó a la oposición: “Quieren llevarse otra sesión destituyente”.

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Ante los números negativos para La Libertad Avanza, hubo un último intento del PRO por convencer a la oposición. Cristian Ritondo les ofreció a algunos representantes de Encuentro Federal la renuncia a su banca de José Luis Espert, quien al inicio de la sesión pidió una licencia hasta el fin de su mandato el próximo 9 de diciembre. La respuesta fue negativa, y continuó la sesión. La oposición tenía la decisión tomada, avanzar con la ley.

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La abstención de la UCR y otras fuerzas

El radicalismo de Rodrigo de Loredo pidió que las modificaciones a los DNU se implementen a partir del próximo periodo presidencial de 2027, “que se mejore esta reglamentación institucional pero que sea aplicable recién a partir del 10 de diciembre de 2027. Los argentinos de vuelta con dos opciones: o se desestabiliza un gobierno o se continúa con vetocracia y DNU. La épica que tanto le gusta a la política está absolutamente alejada de la sociedad, que no le interesa quién mata ni quien muere, sino que quiere que se gestione, que las reformas se sucedan y que los cambios se puedan producir”, manifestó Rodrigo de Loredo.

Los diputados de Innovación Federal de Misiones que responden al gobernador Hugo Passalacqua se abstuvieron como también lo hizo Melina Giorgi de Santa Fe (Democracia para Siempre) del mandatario Maximiliano Pullaro. Mientras que el entrerriano Rogelio Frigerio sumo la abstención de Francisco Morchio y el chubutense Ignacio Torres la del diputado Jorge Ávila. Mientras que Pamela Calletti y Pablo Outes, con terminal en el gobernador Gustavo Sáenz de Salta, estuvieron ausentes.

El polémico artículo

La iniciativa establece que un DNU deberá contar con ratificación parlamentaria cuando lo dispongan expresamente ambas Cámaras por mayoría absoluta de los presentes, dentro de los 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial. Si transcurrido ese plazo no se trata en el Congreso, el DNU pierde vigencia. Ese punto no logró la mayoría absoluta y será analizada nuevamente por el Senado nacional que podrá aceptar la postura de Diputados o insistir con su sanción.

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Varios diputados que acompañaron la sanción en general, luego en particular rechazaron ese artículo. Carlos D’Alessandro y Gerardo González de Coherencia, Oscar Zago y Eduardo Falcone del MID, tres diputados de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, Victoria Borrego y Juan Manuel López, tres del Pro, Héctor Baldassi, Sofía Brambilla, Álvaro Gonzalez. Karina Banfi de la UCR votó afirmativo en general y luego se abstuvo. La diputada Silvia Lospennato (Pro) rechazó los cambios a la ley que regula los DNU y luego en particular se ausentó. Caso similar la UxP de Neuquén Tanya Bertoldi quien votó favor en general y luego se ausentó en la votación del articulo tres. Mientras que Adolfo Bermejo de UxP se ausentó de la sesión. Mientras que Ana Clara Romero (Pro) se abstuvo en general y votó negativo el articulo tres.

La actual norma establece que, un DNU solo es rechazado si encuentra oposición en ambas cámaras, mientras que para su ratificación basta con la aprobación de una sola.

El debate

Desde Unión por la Patria (UxP) fue Mónica Litza, una de las pocas voces que se hizo oír en un recinto cruzado por las tensiones por la licencia hasta terminar su mandato presentada por el libertario José Luis Espert, y los pedidos de interpelaciones a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei y a los ministros Luis Caputo, Mario Lugones y Guillermo Francos, de Economía, Salud y jefe de Gabinete, respectivamente.

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Mónica Litza, diputada UxP. Foto Cámara de Diputados.
Mónica Litza, diputada UxP. Foto Cámara de Diputados.

“Esta reforma no es quitarle las facultades al presidente Javier Milei de dictar decretos de Necesidad y Urgencia como estuvieron diciendo victimizándose haciendo hincapié en la minoría parlamentaria con la que cuenta La Libertad Avanza, tuvieron demasiada ayuda, dadores voluntarios de gobernabilidad no les faltaron en el Congreso. No es el instrumento, es cómo se ha usado”, argumentó Mónica Litza y cuestionó el DNU 70/23, el primer DNU firmado por el actual mandatario y que consta de 366 artículos. “No todos los DNU fueron iguales, hay DNU que ampliaron derechos, la AUH fue hecha por DNU, y hay DNU que vinieron a destruir al Estado, que es una de las funciones que tiene el presidente Milei como objetivo”, cuestionó.

La ley que regula la utilización de los DNU fue sancionada en el 2006 e impulsada por la exsenadora Cristina Kirchner, el hoy diputado Miguel Pichetto, jefe de Encuentro Federal recordó su participación en aquel debate como senador del Frente para la Victoria (FPV), “había ocurrido recientemente el 2001 y había que darle instrumentos de gobernabilidad a un gobierno que había surgido del 22% de los votos de la primera vuelta. Así que hay que analizar el contexto, los tiempos y la mirada histórica”.

Desde Democracia para Siempre, Fernando Carbajal planteó: “No somos enemigos de los DNU, pero todos los presidentes de todos los signos políticos han abusado de manera consciente de esta herramienta. Buscamos un punto de solución hacia el futuro, y no es contra el presidente (Javier) Milei”.

El oficialista Nicolás Mayoraz afirmó: “Nadie puede acá pecar de ingenuo y creer realmente que todos los que hablaron antes, y después el kirchnerismo, realmente quieren mejorar las instituciones de la República. Por el contrario, quieren desestabilizar al Gobierno, generar la mayor inseguridad jurídica que puedan y lo hacen a través de este proyecto de ley que modifica de la peor manera la ley”.

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Diputados: se determinó un cronograma de reuniones para darle dictamen al proyecto de Presupuesto 2026

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En el marco de una extensa sesión en la Cámara de Diputados, en la que el Gobierno obtuvo un alivio luego de que la ley que limita el uso de los DNU fuera modificada a último momento, pero un revés respecto a que se dio luz verde a un pedido de interpelación a Luis Caputo, la oposición consiguió darle otro golpe. Tras una votación a mano alzada, la Cámara baja aprobó un cronograma de reuniones que buscará darle tratamiento y dictamen al proyecto de ley de presupuesto nacional para 2026.

La primera reunión, en la que se determinará un nuevo presidente de la comisión de presupuesto por el pedido de licencia de José Luis Espert, se llevará a cabo el martes 14 de octubre a las 15 horas. Al respecto, el diputado Nicolás Massot, quien propuso la moción de emplazamiento, adelantó que ya hay acuerdo para que quien ocupe ese lugar sea Alberto Benegas Lynch.

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Según el cronograma acordado, las otras reuniones se desarrollarán el miércoles 15 a las 15, el martes 21 a las 13, el miércoles 22 a las 10, el martes 28 a las 11, el miércoles 29 a las 10 y el 4 de noviembre a las 12. El séptimo y último encuentro tendrá como finalidad el dictamen. Con este esquema, la oposición buscará aprobar el Presupuesto antes del recambio de legisladores del 10 de diciembre, ya que se realizará durante el periodo de sesiones ordinarias.

Nicolás Massot planteó la moción

En la sesión final, además, corresponderá que todos los diputados voten todas las invitaciones que la comisión acuerde labrar, independientemente de si los participantes aceptan o no.

“La motivación principal de este emplazamiento es evitar lo que nos pasó el año pasado [cuando no hubo Presupuesto, sino una prórroga] y estar seguros de que no nos van a llevar hasta el 20 de noviembre especulando con un dictamen para después jugar con los tiempos del reglamento y no se pueda tener”, expresó Massot sobre la moción.

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Además continuó: “Habida cuenta de la discusión sobre el cambio de los DNU, pido que nos acordemos, sobre todo los que gobiernan en provincias y municipios que suelen poner al federalismo como condición de cualquier discusión de presupuesto, que la amplísima mayoría de todos los DNU dictados en la historia de la democracia tiene que ver con modificaciones presupuestarias”.


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