A diferencia de Diego Spagnuolo, un habitué, Miguel Ángel Calvete apenas pisó una sola vez la Casa Rosada durante la gestión libertaria. Fue el 16 de enero de este año, una visita al despacho de Eduardo Serenellini -por entonces secretario de Prensa de la Presidencia- en su rol de presidente del Instituto de Estudio de Consumo Masivo (INDECOM), un cargo que utilizó en estos últimos tiempos como pantalla para protagonizar, de manera subterránea, una trama delictiva desenmascarada por la Justicia federal en torno a la causa ANDIS por la que se canalizaron en poco más de un año más de $30.000 millones en contratos de medicamentos. La auditoría interna que se llevó a cabo puertas adentro en el ámbito del Ministerio de Salud arribó a conclusiones igual o más escandalosas que las de la Justicia.

Junto a Pablo Atchabahian -preso en Mendoza-, un eslabón clave en el negocio de los laboratorios, las droguerías y el Estado, que se perfeccionó durante la administración de Cambiemos, Calvete sirvió a los jefes de la Superintendencia de Servicios de Salud y se transformó en un personaje central detrás en la investigación del fiscal Franco Picardi y el juez Sebastián Casanello que desmenuzaron una serie de adjudicatarios y proveedores alrededor de la Agencia de Discapacidad que desarrollaron un sistema ilícito de recaudación en el que sorprendió la participación de MED Latinoamérica S.R.L., la filial regional de MED-EL, una empresa fundada en Austria a fines de los ‘70, reconocida internacionalmente por su tecnología, que opera en más de 130 países a través de subsidiarias y distribuidoras oficiales. “Acá rompieron el mercado”, aseguraron fuentes del sector. En los intercambios de WhatsApp detectados por la Justicia entre Calvete y el propietario local, debaten cómo “sacar entre 1.600 y 1.700 palos”.

El expediente ANDIS revolucionó al sector, también al Gobierno, que en un primer momento, cuando estalló el escándalo, amenazó con desatar un vendaval de derivaciones en el entorno de Javier Milei, en particular en torno a la familia Menem. “Conocido el escándalo, Javier se encargó de proteger a su hermana”, explicaron fuentes oficiales. Desde ese momento, la secretaria General no paró de acumular poder, cuando se pensaba que, por el contrario, ella debía empezar a ceder posiciones. El contundente triunfo electoral de octubre colaboró para esa protección, en desmedro del sector contrario, referenciado en Santiago Caputo, que cuenta con un puñado de colaboradores y amigos, además del ministro Mario Lugones, fuertemente vinculados con el rubro de la salud. Trascendió, por ejemplo, que en plena etapa de instrucción del caso del fentanilo adulterado, que se cobró decenas de vidas -más de 170-, fue un colaborador del consultor el que ofició de nexo con el juez de la causa, Ernesto Kreplak.

El caso ANDIS, o Spagnuolo, obligó además a tomar mayores recaudos a otras administraciones. Es el caso de la ciudad de Buenos Aires, cuyo ministro de Salud, Fernán Quirós, es considerado un duro a la hora de negociar. La capital ya resolvió dos licitaciones este año del sector, está en proceso la de insumos hospitalarios y resta la de los medicamentos de alto costo. En este proceso mostró un creciente interés en los últimos años la familia Kovalivker, cuyo principal lobista, Jonathan, desarrolló excelentes vínculos con la cúpula macrista. Aún así, siempre fue resistido por las autoridades, una variable más a considerar en la fría relación entre Mauricio y Jorge Macri, que se mantiene inalterable, principalmente por desacuerdos políticos.

Existe, además, en la órbita de la ciudad de Buenos Aires otro expediente que es seguido con especial atención por parte del círculo rojo, por las obras de remodelación del histórico estadio Luna Park, que quedaron a cargo de DF Entertainment en sociedad con Live Nation. La semana pasada, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó un amparo y una medida cautelar en el fuero contencioso y administrativo local para frenar los trabajos por la presunta inconstitucionalidad de una resolución de la administración porteña que amplió la capacidad del estadio. Fuentes al tanto de los secretos detrás de esas obras dan cuenta de que, en las negociaciones de estos meses, se habrían incluido otros proyectos en la Costanera. Para conformar a todos los oferentes.

¡Justicia! ¡Justicia! Conformar a todos los sectores se convirtió, en estos tiempos, en una tarea titánica para el sistema. No solo por las negociaciones, en su mayoría truncas, entre oficialismo y oposición -no solo a nivel nacional, también en territorio bonaerense y, en mucha menor medida, en la capital, como caja de resonancia del sistema político-, si no también por la disputa interna en el seno de La Libertad Avanza, en el que ahora se libró una puja sórdida por el control y la relación con el Poder Judicial, un rubro en el que Mauricio Macri intentó inmiscuirse, sin éxito, en los albores de la gestión actual, y que quedó entonces a cargo de Santiago Caputo y sus colaboradores.

Consumada la victoria de octubre, la hermana del presidente y los Menem, Martín y Eduardo, “Lule”, procuraron avanzar sobre esa área. Esa decisión motivó que la propia Karina Milei, y su hermano, le pidieran a Mariano Cúneo Libarona que se quedara en el cargo, para obturar un posible ascenso de Sebastián Amerio o la promoción de un dirigente vinculado con Caputo. Por ejemplo, el intendente Guillermo Montenegro, que ya se mentalizó que deberá asumir en el Senado bonaerense a partir de diciembre. “Nunca hubo ni siquiera un tanteo”, deslizaron cerca del intendente. Y completaron: “No lo veo a Santiago con el poder de mover fichas como antes de la elección”. La permanencia de Cúneo Libarona llamó la atención incluso puertas adentro porque el ministro ya se tomó una licencia y planea tomarse otra, algo extensa, durante el verano, por un viaje programado a Europa.

Una situación similar se registró en las últimas semanas en la SIDE, en particular por versiones muy insistentes sobre su titular, Sergio Neiffert, y una vinculación pendular entre Karina Milei y Caputo, que lo propuso entonces para ese lugar a pesar de su escasa pericia. Neiffert nunca le tomó el pulso a la gestión, plagada de funcionarios que llegaron a esa secretaria empujados por el consultor. En las últimas semanas, la agencia acumuló escenas tragicómicas. ¿“El Jefe” le pidió, como a Cúneo Libarona, que resista al frente de la secretaría? Es una pregunta que circula con fuerza en el edificio de la calle 25 de mayo.

Lo cierto es que los desacuerdos en esas dos oficinas, Justicia y la ex AFI, son un botón de muestra de la disputa no saldada entre los dos polos de poder del Gobierno, que se agravó tras las elecciones. Desde ese momento, Caputo se preservó, para resguardar su cuota de poder interna -y externa-, que lo mantiene, por su magnitud, bien vigente. También sus principales asesores, que se refugiaron en un premeditado silencio y bajaron ostensiblemente el perfil. En medio de ese hermetismo, circuló la versión de que desde el Gobierno se había puesto sobre la mesa de negociaciones con el kirchnerismo la posibilidad de acordar al camarista Mariano Llorens y a la senadora Anabel Fernández Sagasti para integrar la Corte Suprema. El Presidente mandó a desmentir esas eventuales tratativas. En la Cámara alta, Bullrich les dijo a algunos senadores que no estaba al tanto. Trascendió, además, que había otro camarista de los tribunales federales de Comodoro Py interesado en llegar a la Corte.

Según fuentes de gobierno, existiría, en principio, una definición interna en torno a esas probables negociaciones: desactivar cualquier tipo de acuerdo mientras se debata en el Congreso el Presupuesto 2026 y las reformas de segunda generación propiciadas por la Casa Rosada. “A lo sumo se puede allanar el camino para completar algunas de las decenas de vacantes judiciales que quedaron pendientes en estos casi dos años”, sugirieron desde el Ejecutivo.

Estrategias. En ese contexto, LLA en su versión parlamentaria está orientada en engrosar su bloque -el diputado del PRO Alejandro Bongiovanni, de la fundación Libertad, medita sus próximos pasos, mientras Silvia Lospennato resiste las presiones de Macri, que la quiere en el Congreso hasta el 2027-, para convertirse, de ser posible, en la primera minoría y pelear la conducción de la mayor cantidad posible de comisiones. Se trata de una sangría que preocupa no solo al jefe del PRO, sino también a Cristina Kirchner, consciente de existe un grupo de legisladores, que no necesariamente responden a gobernadores del peronismo, que meditan la posibilidad de abandonar la bancada mayoritaria.

En el caso de los gobernadores, deseosos por ser aliados permanentes del oficialismo, empieza a brotar cierta impaciencia por falta de respuestas concretas. Las famosas efectividades conducentes. Hasta ahora, Diego Santilli hizo malabares en su raid de reuniones. Algunos gestos concretos, unilaterales, obtenidos por Rogelio Frigerio, Raúl Jalil, Ignacio Torres o Alfredo Cornejo, mientras el ministro terminar de diagramar su estructura administrativa, mucho más magra que la heredada. “A Diego lo hicieron ministro, no le dieron un ministerio”, lo graficó esta semana un dirigente amigo de “El Colorado”. El empoderamiento de Manuel Adorni -los ojos de Karina Milei en el Gabinete, su comisario político en los encuentros de Santilli con los jefes provinciales- y los idas y vueltas en el organigrama evidenciaron el encierro de los hermanos Milei en ellos mismos tras el resultado electoral.

Resta, en ese sentido, conocer cómo se terminará de completar el resto del gabinete, cuando se complete el recambio legislativo y deban llenarse varios casilleros. Puede haber movimientos próximamente, antes del viaje que tiene previsto el Presidente a Estados Unidos, para volver a encontrarse con Donald Trump. Por eso el gobierno apuró ayer los reemplazos de Patricia Bullrich y de Luis Petri, que le dejará Defensa por primera vez a un militar desde el regreso de la democracia. Milei prevé, además, viajar otra vez a Manhattan, para participar de la “Argentina Week”, un evento empresario que anunció el embajador Alec Oxenford para la segunda semana de marzo del año próximo.

Pero hay, en preparación, otra gira del establishment norteamericano que podría aterrizar en nuestro país después de ese evento, en abril, y que estaría integrada por unos cien empresarios estadounidenses y el gobernador de La Florida. Una visita de tres o cuatro días que está bajo preparación del lobista Carlos Trujillo, ex embajador ante la OEA y muy cercano a Trump. Trujillo tiene su agencia en Washington y hace algunos días sentó en el Salón Oval, frente al presidente republicano, al socio de José Luis Manzano del fondo suizo Mercuria Energy, en la petrolera Phoenix Global Resources (PGR).

En el organigrama oficial hay lugares sensibles aún pendientes de resolución como Migraciones, que quedó bajo la órbita de Seguridad, oficialmente en manos de Alejandra Monteoliva: a Bullrich, el jefe de Estado le cumplió la promesa. También resta saber, por ejemplo, quién estará por debajo de la nueva ministra. Había, en las últimas semanas, varios postulados.

La ministra quiere un perfil vinculado con la seguridad al frente de Migraciones. Mala noticia para Daniel Seoane, su actual director nacional, con ganas de permanecer en el cargo. Hasta le preguntó a Sergio Massa por su futuro. Mala noticia también para Diego Valenzuela, que espera por alguna señal para tratar de entrar al gabinete.

Santilli no levantó demasiado la voz: el ministro está compenetrado en sacar el Presupuesto, colgarse esa medalla y avanzar en su proyecto bonaerense 2027, para el que ya empezaron a reunirse algunos colaboradores que trabajan desde hace tiempo detrás de ese objetivo. En sintonía, ahora, con Cristian Ritondo, con el que volvió a trabajar como una sociedad política, como en los viejos tiempos. Un tándem revitalizado.

La provincia de Buenos Aires se encamina a una semana decisiva: Axel Kicillof sabrá, entre el martes y el miércoles, si podrá tener su propio Presupuesto, la ley fiscal impositiva y, en particular, el endeudamiento, que necesita de dos tercios y con los que, hasta este fin de semana, no contaba. El martes habrá una nueva reunión a las 19. A la mesa de negociaciones se sientan Carlos Bianco, “Carli”, y Mariano Cascallares, por parte de Kicillof; Alexis Guerrera, que representa a Massa; Facundo Tignanelli, de La Cámpora, y Juan Pablo de Jesús, el delegado de Martín Insaurralde, que desapareció públicamente tras pasearse en yate por la costa del sol española pero que mantiene plena vigencia en el sistema político bonaerense.

Por fuera de la guerra interna en el PJ, la oposición espera con un dictamen entre manos como prenda de negociación con el gobierno provincial. El PRO, la UCR y la CC están dispuestos a concederle a Kicillof un “rollover” de la deuda en torno a los USD1.900 millones. El gobernador pretende unos USD1.500 más de nueva deuda. La oposición quiere, en paralelo, un fondo de $600.000 millones para los intendentes.

En el medio se coló, en tanto, otra negociación por las cuatro vacantes en la Corte Suprema provincial, que cuenta, como en el tribunal nacional, con solo tres miembros: Hilda Kogan, Daniel Soria y Sergio Torres, con muy buenos vínculos con el PRO. Después de las elecciones estaba previsto que volvieran a conversar sobre el tema Kicillof y su ministro Juan Martín Mena, uno de los principales consejeros legales de Cristina Kirchner, pero el resultado de octubre alteró la hoja de ruta. Nadie tiene esperanzas de poder avanzar en lo que resta del año. Tampoco durante el verano.

El análisis de Monitor Digital muestra que las reformas que impulsa el Gobierno de Javier Milei generan un clima emocional cargado en redes sociales, con siete de cada diez menciones que expresan un sentimiento negativo.

La política actúa como primer filtro de la conversación digital, donde la Casa Rosada, los gobernadores y el Congreso aparecen como protagonistas de un debate que se mueve en un territorio que oscila entre la negociación y el conflicto abierto.

El eje económico y, en especial, la reforma laboral, concentran la mayor atención del público, con menciones que giran en torno al empleo, los derechos y la estabilidad económica de los usuarios.

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Esa tensión explica por qué el trabajo se convierte en el corazón simbólico del debate digital argentino.

La conversación digital de los argentinos revela expectativas y temores que conviven en un mismo plano, con usuarios que muestran rechazo, desconfianza o enojo, pero también esperanza en la libertad económica, el crecimiento y la modernización.

En ese cruce emocional, las reformas funcionan como un escenario donde la sociedad discute su propio futuro.

El mundo digital argentino, al ritmo de las reformas

El interés de los argentinos por las reformas tanto en la Web como en las redes sociales muestra un movimiento guiado por impulsos coyunturales.

La serie anual de las dos últimas décadas, que refleja la dinámica de menciones sobre el asunto en el universo digital, deja una señal clara: los picos de consultas online aparecen cuando la política instala la palabra reforma como núcleo del debate público.

En 2017, el gráfico marca un salto que supera con amplitud cualquier valor previo.

Ese año, la agenda gira en torno a la reforma previsional y al paquete legislativo del entonces gobierno de Cambiemos, con un conflicto que deja una huella fuerte en la memoria pública.

Entre 2018 y 2022, el interés baja, pero nunca entra en un estado de apagón.

Los niveles se mantienen estables, como si la sociedad cargara una preocupación latente por la necesidad –o el temor– a cambios en áreas sensibles del Estado.

A partir de 2023 y 2024, la curva vuelve a moverse dentro de la era libertaria.

El giro económico y político posterior al cambio de gobierno reactiva la búsqueda de información sobre reformas, con un promedio anual que supera al del quinquenio previo.

Qué buscan los argentinos cuando buscan “reformas”

El análisis temático de Monitor Digital sobre las consultas en Google acerca de las reformas es contundente: 82% del interés se concentra en la reforma laboral.

La agenda económica del gobierno, las tensiones con el sindicalismo y el debate sobre el modelo de empleo capturan casi toda la atención digital.

La reforma previsional y la tributaria aparecen con niveles mínimos, casi marginales en la escala general.

Para buena parte de los usuarios argentinos, hablar de reformas es hablar del trabajo.

Lo fiscal o lo previsional quedan relegados, incluso cuando forman parte del mismo paquete de cambios que impulsa el gobierno.

Un clima cargado sobre las reformas

La conversación digital sobre las reformas emerge con un dato que ordena todo: 75% de negatividad.

El malestar define el tono del debate y se vuelve lectura dominante detrás de cada interacción.

El rechazo se reparte entre usuarios que cuestionan la velocidad de los cambios, quienes temen perder derechos, quienes reclaman modernización y quienes desconfían del rumbo económico.

La negatividad funciona como denominador común, incluso cuando los argumentos parten de posiciones opuestas.

En el centro de la nube de palabras que surge de la charla digital sobre las reformas –laboral, tributaria o previsional– aparecen términos dominantes como GOBIERNO, ARGENTINA, TRABAJO y MILEI.

La presencia del presidente en la zona central de la nube muestra el grado de personalización del debate.

La palabra trabajo crece como núcleo de preocupación y confirma la centralidad del eje laboral.

Un mapa emocional atravesado por la tensión

La nube de palabras del último mes, que refleja el sentimiento digital, profundiza el clima que venimos observando: la negatividad sigue en 75% y convive con términos que revelan el choque entre expectativas y temores.

Las palabras en rojo —error, perder, crisis, dudas, echar, régimen, inflación— resumen el costado más reactivo del debate.

Pero la nube también expone un costado luminoso: libertad, trabajo, empleo, apoyo, acuerdos, diálogo, crecimiento.

Se trata de términos que actúan como huellas discursivas de usuarios que ven en las reformas una salida a la rigidez del mercado laboral, a la presión impositiva o a la falta de dinamismo económico.

El resultado es una conversación partida, donde la esperanza y el rechazo conviven en tensión.

Para los argentinos, las reformas no funcionan como un tema aislado. Se convierten en un espejo del momento político y en un termómetro del ánimo social. El dato clave es la negatividad persistente en redes, que se mantiene estable durante dos años.

Esa constancia muestra que el malestar no nace de episodios puntuales, sino de una percepción estructural: la idea de que los cambios llegan en un clima de incertidumbre, tensiones de poder y temor a perder derechos.

Las reformas generan rechazo y expectativa en dosis similares, y esa mezcla sostiene la conflictividad.

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El debate político ocupa el centro porque las reformas condensan algo más que decisiones técnicas.

Son discusiones que representan una disputa por la conducción y por la capacidad de ordenar un país que arrastra tensiones de larga data.

La conversación digital habla menos de leyes y más de sensaciones: confianza, miedo, esperanza y poder.

Son sensaciones que describen un país que necesita cambios, pero que discute cómo, cuándo y con qué costos.

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El Gobierno y la CGT se encaminan a una inminente negociación para intentar el máximo consenso posible de la reforma laboral que elaboró el Consejo de Mayo y que hasta ahora tiene un fuerte rechazo del sindicalismo.

Las tratativas se harán contrarreloj ya que el 15 de diciembre se conocerá la versión oficial del proyecto para que sea presentado en el Congreso y pueda ser debatido durante el período de sesiones extraordinarias.

Hasta ahora, según admitieron altas fuentes oficiales a Infobae, la expectativa es que las negociaciones sean piloteadas por el ministro del Interior, Diego Santilli; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional en la Secretaría General de la Presidencia, Eduardo “Lule” Menem.

Hace 10 días, en la conferencia industrial de la UIA, Santilli se cruzó con los cotitulares de la CGT Cristian Jerónimo (empleados del vidrio) y Jorge Sola (Seguros) y fue insistente en dos puntos: que el Gobierno los iba a convocar para hablar sobre la reforma laboral y que no creyeran en los trascendidos sobre el tema porque hay voluntad de llegar a un acuerdo con el sindicalismo.

En la CGT están esperando que los convoquen para reunirse. El jueves pasado, tras un encuentro con los diputados de extracción sindical, Sola hizo una advertencia al Gobierno en caso de que no abra el diálogo: “Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”.

Los sindicalistas quieren llegar preparados a la reunión con el Gobierno y, con la asistencia del equipo de abogados de la CGT y algunos diputados, se está realizando un punteo del último borrador de la reforma laboral para elaborar una contrapropuesta que sirva de base para negociar.

Cuando se produzca la reunión oficial, la CGT trataría de voltear algunos de los artículos que más le preocupan, como la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos de trabajo, la prioridad de los convenios por empresa, la restricción de las cuotas solidarias, la regulación de las asambleas en las empresas y otros que pondrían en jaque al poder sindical.

En el Gobierno están convencidos de que el sindicalismo rechaza con más énfasis esos puntos, vinculados con el derecho colectivo, que otros cambios incluidos en el proyecto y que son del derecho individual, como el banco de horas y el fraccionamiento de vacaciones, por ejemplo: “La jornada de trabajo, los días de franco y el descanso anual suelen ser negociados por los trabajadores en las empresas”, afirmó un funcionario libertario.

Ahora se abrirá una posibilidad de que los sindicalistas hagan sus observaciones para impedir que se declare una guerra total por la reforma laboral. Y en la Casa Rosada reconocieron que hay artículos que pueden ser atenuados en aras de la “paz social” y que en eso está de acuerdo hasta un duro como el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, a quien le atribuyen la insistencia en propuestas del DNU 70.

Aun así, en la administración de Javier Milei advierten que están empoderados por el triunfo electoral y que, pese al diálogo con la CGT, no aceptarán una versión pasteurizada de la reforma laboral. “Tenemos el mandato de la gente para llevar adelante las reformas que el país necesita”, advirtió a Infobae un referente del oficialismo.

Lo que obsesiona a la CGT -y que espera que Milei acepte moderar- es la limitación de las cuotas solidarias, que son los aportes compulsivos pactados en los convenios colectivos de trabajo que se les descuentan a todos los trabajadores de una actividad, afiliados o no, y que se destinan al financiamiento del sindicato.

Es una pieza clave de “la caja” sindical porque así se financia el 100% de las organizaciones y si se cae la recaudación en este rubro habría una crisis sin precedentes: apenas Milei comenzó su gobierno, se incluyó la limitación de las cuotas solidarias en el DNU 70 y por eso un líder gremial poderoso como Armando Cavalieri (Comercio) protestó ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, porque de esa forma su sindicato, de 1.200.000 trabajadores, iba a ir a la quiebra.

En el Gobierno aseguran que Sturzenegger no quiere sacar ese punto de la reforma laboral (ya los calificó públicamente de “peaje sindical”), pero que otros funcionarios proponen suavizarlo: que la CGT acepte que haya topes para las cuotas solidarias (no más de un 2% del sueldo) y que se establezca una contraprestación explícita a los trabajadores a cambio del descuento en sus salarios que va directo a las arcas sindicales.

La importancia que le da el Gobierno a las últimas negociaciones con la CGT radica en el hecho de que, además de Santilli, de las charlas con los dirigentes sindicales participarán los dos Menem (Martín y “Lule”), que responden de manera directa a Karina Milei, con cada vez más poder en la estructura gubernamental.

¿Qué puede pasar en la inminente negociación entre el Gobierno y la CGT? La Casa Rosada quiere llegar a esa instancia con el apoyo a las reformas de Milei y al Presupuesto 2026 por parte de los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo en Tucumán, algo que será una herramienta de presión para aflojar la dureza sindical.

Sin embargo, al menos tres gobernadores de provincias clave ya les anticiparon a los dirigentes cegetistas que no aceptarán “cualquier tipo” de cambios en la legislación laboral y se mostraron dispuestos a llevar la postura sindical a la mesa de negociaciones con Santilli.

De todas formas, como anticipó Infobae, la reforma laboral no es el único frente de conflicto de la CGT con Milei: el secretario de Políticas Educativas cegetista, Sergio Romero (UDA), rechazó la Ley de Libertad Educativa porque “serrucha el sistema de educación” y llevará sus quejas al Consejo de Mayo por esta “reforma inconsulta”.

Por ahora, mientras la expectativa está puesta en la reunión Gobierno-CGT, en los despachos oficiales se tomó una drástica medida para tratar de frenar las filtraciones a los medios periodísticos del proyecto de reforma laboral: el Consejo de Mayo redujo de 15 a 3 sus miembros como una forma de extremar los controles sobre el último borrador, que se mantiene guardado bajo siete llaves.

Los funcionarios libertarios sospechan que hay sectores interesados en que trascendiera la reforma laboral de una manera distorsionada, como sucedió, detallan, cuando se publicó que el proyecto incluía un tope de 10 sueldos para las indemnizaciones por despido sin causa, algo que estaba en un borrador viejo, ya que esa idea se había descartado.

Para la CGT se vienen días decisivos: intentará frenar la versión más dura de la reforma laboral, pero será difícil que termine firmando los cambios propuestos por Milei aunque sean más benévolos para el poder sindical. Todo lo que pase en esta instancia final será tamizado por el filtro del ala dura del gremialismo, que presiona para vetar el proyecto oficial y romper sí o sí con el Gobierno.