POLITICA
Imputaron al exministro de Transporte de PBA acusado por montar un negocio millonario con las multas y la VTV
El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, fue imputado como partícipe necesario de los delitos de fraude en perjuicio de la administración pública, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.
La investigación contra el exministro de Axel Kicillof es por un negociado millonario con el sistema de recaudación de las multas y la VTV. La medida alcanza también a 15 exfuncionarios, entre los que se encuentra un juez de falta.
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Según la acusación del fiscal Álvaro Garganta, estos funcionarios que obedecían a D’Onofrio “actuaron en connivencia con terceros ajenos a dicho organismo quienes captaban como “gestores” a deudores de infracciones de tránsito ofreciéndoles reducciones del 50% del monto adeudado”.
Estos “gestores” ofrecían la posibilidad de eliminar las multas de tránsito a cambio de un porcentaje del monto que el infractor debía pagar. Esto generó graves pérdidas económicas a Secutrans, la empresa encargada del sistema de fotomultas en la provincia de Buenos Aires.
Esta modalidad generó una caída en sus recaudaciones de entre 4 y 10 millones de dólares mensuales debido a estas prácticas fraudulentas.
En la causa figura también que siete empresas beneficiadas habrían sido obligadas a contratar previamente con la firma “Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A.”, encargada de asignar turnos para la VTV y percibía una comisión del 8,5% (más IVA) por cada operación.
Por último, en la imputación aparecen sospechas de irregularidades en la contratación de la empresa CECAITRA, una asociación civil con la que se habría facturado de manera irregular los ingresos derivados de las infracciones de tránsito captadas por al menos 155 cinemómetros instalados en diversos municipios bonaerenses como La Matanza, Tigre, Campana, Moreno y Brandsen.
En diciembre de 2024, semanas después de que se hiciera público el hecho, D’Onofrio renunció a su cargo como ministro y fue reemplazado por Martín Marinucci.
Otros involucrados en la presunta red de corrupción
Además de D’Onofrio, también está en la mira Claudia Pombo, exconcejala de Pilar y pareja del ministro. Pombo, que era una aliada cercana al exfuncionario, se habría encargado de coordinar las actividades de los gestores que manipulaban el sistema de multas.
La imputación alcanzó también a Mario Quattrochi, un juez de faltas de La Plata que habría facilitado la eliminación de infracciones a cambio de sobornos.
Entre los otros involucrados en la causa está Sebastián Desio, presidente de la empresa Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., que habría obtenido contratos para proveer servicios tecnológicos a las concesionarias de la VTV.
También fueron imputados Pablo Javier Sanguinetti, ex titular de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, Tomás Uthurriague, ex titular de la Dirección de Informática de la DPPSV, y otros exfuncionarios que respondían de manera directa a D’Onofrio.
Jorge D'Onofrio, Justicia, Provincia de Buenos Aires
POLITICA
El camarista Borinsky pidió que “se complete la Corte” y que se nombre un procurador general de la Nación
El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky se pronunció a favor de que “se complete la Corte Suprema” de Justicia, que cuenta con solo tres integrantes, y que “se nombre un procurador general de la Nación, un puesto actualmente ejercido por un extenso interinato a cargo de Eduardo Casal.
“Es fundamental que se complete la Corte Suprema y se nombre un procurador general de la Nación para trabajar como la Constitución marca”, sostuvo Borinsky en diálogo con el programa A confesión de parte, que se emite los domingos por FM Milenium.
La Corte Suprema funciona con tres integrantes, el presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El Gobierno y un sector de la oposición iniciaron conversaciones, por ahora informales, para proponer dos nuevos candidatos a jueces supremos.
El pronunciamiento del camarista adquiere relevancia porque se trata de un jurista que participó de la elaboración del nuevo Código Penal, convocado por el Poder Ejecutivo, para que lo trate el Congreso, posiblemente el próximo período de sesiones extraordinarias.
“Tenemos un Código Penal de hace 105 años. Con el nuevo Código, las penas para los funcionarios públicos van a pasar de 1 o 2 años a mínimo 6 u 8”, remarcó Borinsky, pero reconoció: “No es popular poner plata para hacer un nuevo Código Penal para meter gente en la cárcel”.
Borinsky también consideró una posibilidad que se baje la edad de imputabilidad de 16 a 15 años, pero advirtió que en forma paralela debe aplicarse una “política de Estado” y además reclamó la cobertura de vacantes en todo el Poder Judicial, estimadas en más de 600 en todo el país, al afirmar que las designaciones son necesarias para “el valor justicia”.
Corte Suprema de Justicia,Poder Judicial,Conforme a,Corte Suprema de Justicia,,Gobierna Formosa desde 1995. La Corte deberá resolver si Insfrán puede ser candidato a gobernador por novena vez,,Moreno, un matón al que la Justicia le puso un límite,,Caso Cuadernos. La Corte rechazó planteos para apartar a la UIF como querellante
POLITICA
La Casa Rosada afronta una semana clave por el Presupuesto y Caputo evalúa los pedidos de los gobernadores
El Gobierno se enfrenta a una semana clave para el avance de la negociación con los gobernadores por el Presupuesto 2026. Ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, deberá evaluar los pedidos de los jefes provinciales, le acercaron a Diego Santilli.
En las reuniones que mantuvo el ministro del Interior con los mandatarios de las distintas provincias, hubo dos reclamos que se repitieron: la reactivación de la obra pública y cambios en la distribución de los ATN. Luego, un grupo en particular está interesado especialmente en la coparticipación del Impuesto a los Combustibles.
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En varias oportunidades, tanto el jefe de Economía como el propio Milei remarcaron que el superávit fiscal no se pondrá en riesgo, con lo cual el Gobierno tiene que evaluar contrarreloj si los pedidos de los gobernadores cumplen con ese requisito.
Con respecto a reforma laboral y tributaria, los jefes provinciales están dispuestos a dar la discusión, pero exigen conocer la letra chica de los proyectos que el Gobierno quiere tratar en extraordinarias.
Un dato importante es que el Ejecutivo tiene tiempo hasta el 10 de diciembre, para convocar a sesiones extraordinarias.
En ese sentido, además, la Cámara de Diputados, por su parte, deberá hacer un nuevo despacho para tratar el Presupuesto 2026, porque los plazos de las sesiones ordinarias vencen este viernes 28 de noviembre.
Los legisladores electos en octubre ya tienen fecha para su jura. La convocatoria oficial para la sesión preparatoria será el 3 de diciembre, a las 13 , y Martín Menem será reelecto como presidente de la Cámara baja.
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Santilli sale a buscar consensos con el resto de los gobernadores
En busca de los consensos para lograr la aprobación del Presupuesto y las reformas, el ministro del Interior, Diego Santilli, continuará en la última semana de noviembre con su agenda federal en los próximos días.
Esas conversaciones deberán tener el visto bueno del jefe de Hacienda, Luis Caputo. En varias oportunidades, tanto el jefe de Economía como el propio Milei remarcaron que el superávit fiscal no se pondrá en riesgo, con lo cual la evaluación pasará por el costo sobre las cuentas públicas que implicaría acceder a los pedidos de lso mandatarios.
El raid de reuniones de Santilli con los gobernadores continuará este martes 25 de noviembre con Hugo Passalacqua, en Misiones.
Esta semana, el jefe de Interior recibió en su despacho a Leandro Zdero (Chaco) y Alberto Weretilneck (Río Negro).
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Santilli todavía tiene pendiente los encuentro con Claudio Vidal (Santa Cruz); Gustavo Valdés (Corrientes); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Poggi (San Luis); Maximiliano Pullaro (Santa Fe); Gustavo Valdés (Corrientes) y Jorge Macri (CABA). Y estima finalizarlos antes del 10 de diciembre.
Mientras resta conocer si desde la Rosada convocarán a negociar a los cuatro gobernadores peronistas antes del 10 de diciembre: Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).
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El Gobierno nacional y la CGT acercan posiciones para una negociación en torno a la reforma laboral antes que se conozca la versión oficial del proyecto y sea presentado en el Congreso.
Hasta el momento, la iniciativa, que apunta a modernizar en lo jurídico el mercado de trabajo cuenta con un fuerte rechazo del sindicalismo.
Los encargados de la negociación por parte del Ejecutivo son el ministro de Interior, Diego Santilli, y los hermanos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.
En la previa a este diálogo, Santilli habló con dos de los co-titulares de la CGT, Cristian Jerónimo (del gremio de empleados del vidrio) y Jorge Sola (del gremio de Seguros), y les comunicó sobre la convocatoria a dialogar así como también les pidió que no hicieran caso a los trascendidos extraoficiales.
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Desde el lado de la CGT se preparan para el encuentro. En ese sentido, presentarán una contrapropuesta en base al punteo del último borrador que trascendió desde el Ejecutivo.
Derechos colectivos y aportes compulsivos
La central intersindical buscará tirar abajo algunos de los artículos que más conflicto generan ene l sindicalismo, como la reglamentación del derecho de huelga en los servicios esenciales, los convenios por empresa, la restricción de las cuotas solidarias, la limitación de la ultra-actividad de los convenios colectivos de trabajo, la regulación de las asambleas de trabajadores en las empresas y otros aspectos que limitan el poder de los sindicatos.
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Desde el Gobierno están al tanto de los resquemores que generan dichas iniciativas contenidas en el proyecto, pero consideran que la preocupación no es la misma respecto a los derechos de tipo individual, como el banco de horas y el fraccionamiento de las vacaciones, por ejemplo.
Lo que más obsesiona a la CGT es la posibilidad de que, con la reforma laboral, pierdan la caja que implica el control de las cuotas solidarias, conformadas por aportes compulsivos de los trabajadores a los gremios, y que son el corazón del financiamiento de los gremios.
La entrada El Gobierno negociará con la CGT para evitar que fracase la reforma laboral se publicó primero en Nexofin.
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