POLITICA
El tercer paro de la CGT contra Milei tuvo adhesión dispar e impacto moderado

Decidida a confrontar con el Gobierno después de una tregua que duró casi 12 meses a cambio de no reformar el modelo sindical, la CGT activó su tercer paro general contra la gestión de Javier Milei con un acatamiento dispar e impacto moderado a partir de la decisión de la UTA, el poderoso gremio de los colectiveros, que se desmarcó de la protesta. La postal fue la de un país en movimiento, aunque con actividades y sectores que alteraron su normal funcionamiento.
La huelga, que comenzó anteayer con una movilización callejera al Congreso para impulsar el reclamo de los jubilados por un aumento de emergencia, se concretó en un contexto de aceleración inflacionaria e incertidumbre económica por los eventuales coletazos de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, en la que Javier Milei tomó partido por su aliado Donald Trump.
El Gobierno relativizó el impacto de la huelga con acusaciones a los sindicalistas. “Es un ataque a la República”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre la medida de fuerza. Calificó a los dirigentes de la CGT como “animales salvajes” y los vinculó con el kirchnerismo. Omitió cualquier referencia al pacto sellado el año pasado entre La Libertad Avanza y los gremios para que no prosperen en el Congreso los proyectos de ley de Pro y la UCR para reformar el model sindical vigente, una iniciativa que preveía limitaciones al poder de representación y recaudación de los sindicalistas. Milei solo replicó mensajes de las redes sociales en los se acusaba a los sindicalistas de llevar una vida de lujo y moverse en autos de alta gama.
El paro de la CGT fue en reclamo de paritarias libres frente a la presión oficial de acotar los aumentos salariales a un 1 por ciento mensual. Además, la protesta fue para exigir un incremento en los presupuestos de salud y educación tras el paso de la motosierra libertaria. También fue para rechazar el nuevo pacto que el Gobierno está por anudar con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Los gremios manifestaron, además, su oposición a las privatizaciones prometidas por Milei y cuestionaron los despidos en el sector público y privado.
Para la CGT, el paro tuvo una “fuerte adhesión” y reforzó los motivos de su reacción: una caída salarial de 5,47%, la pérdida de 13,4% de poder adquisitivo de las jubilaciones y una baja en el empleo, según señaló en un comunicado. “La medida fue un éxito rotundo, entre la movilización y el paro. El principal emprendimiento de la Argentina, que es Vaca Muerta, estuvo paralizado”, dijo Héctor Daer, la voz cantante del triunvirato de mando. Y agregó, rodeado de la cúpula cegetista: “No se puede una pensar una Argentina con precios libres y salarios pisados”.
La jornada transcurrió sin incidentes, aunque hubo dos episodios que generaron tensión. Un grupo de militantes de la izquierda chocó con la Gendarmería en el Puente Puyrredón, en Avellaneda, pero la situación se disipó a los pocos minutos y la interrupción del tránsito duró menos de una hora. Se registraron además ataques con piedras a diferentes colectivos que circularon a pesar de la huelga. En Bahía Blanca, por ejemplo, la UTA suspendió el servicio por “la ola de daños y vandalismo”.
El Gobierno trabajó fuerte para debilitar el paro de la CGT. El primer paso fue dictar la conciliación obligatoria en el conflicto que la UTA mantiene con los cinco cámaras del sector por los aumentos salariales para los choferes de colectivo. El secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien en otras discusiones sectoriales evitó la herramienta de la conciliación obligatoria, encontró esta vez un motivo para cambiar de postura: desde hace casi dos semanas que la UTA está imposibilitada de tomar “cualquier medida de fuerza”, según la normativa. Y así sucedió, a pesar que la medida solo contemplaba el el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde el Estado despliega el 70% de los $172.000 millones mensuales con los que funciona el servicio con un boleto subsidiado.
La otra maniobra oficial fue ordenar a la Superintendencia de Servicios de la Salud una auditoría sorpresa en la obra social de la UTA para revisar las cuentas de una de las cajas de Fernández, cuya administración está en manos de su esposa.
Funcioanron los colectivos, pero no hubo trenes, subtes, aviones y se paralizó la actividad porturia.
Un puente con empresarios y el Gobierno
En la CGT ya se trabaja para el día después del paro. Hay un grupo de dirigentes que ya tendió puentes con empresarios del Grupo de los Seis (la Unión Industrial Argentina, la Cámara de la Construcción, la Asociación de Bancos Argentinos, la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural) y con el Gobierno con el objetivo de impulsar una agenda “de producción y trabajo”. La preocupación de los sectores se acentuó por el temor a una recesión que golpee al empleo tras la medida arancelaria que impuso Estados Unidos. Habrá que esperar a que cierren las heridas tras el cruce de las acusaciones antes de programar un encuentro para dar vuelta de página. También habrá que esperar a las consecuencias del acuerdo con el FMI.
POLITICA
El Gobierno acató un fallo judicial y reactivó las pensiones por invalidez suspendidas en todo el país

El Gobierno nacional reactivó las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas en distintas provincias, luego de un fallo judicial que obligó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) a restablecer el beneficio a todos los titulares afectados.
La decisión fue formalizada este miércoles a través de la Resolución 13.653, publicada en el Boletín Oficial, en la que el organismo confirmó que cumplirá con la medida cautelar dictada por el Juzgado Federal Nº 2 de Catamarca, en el marco de la causa “Defensor del Pueblo y otro c/ANDIS s/Acción de Amparo Ley 16.986 c/Cautelar”.
El texto oficial dispone: “Restablécese las suspensiones de los beneficios de las personas identificadas en el Anexo I (…) y reanúdese los pagos correspondientes a partir del período mensual en que fueran dispuestas las suspensiones”.
La resolución instruye, además, a notificar a los beneficiarios y a la ANSES para que se reactiven los pagos y se regularicen los haberes retenidos durante los meses que duró la suspensión.
El fallo del tribunal federal catamarqueño reconoce el carácter colectivo del reclamo, al considerar que las suspensiones afectaron a miles de beneficiarios en todo el país. Por ese motivo, ordenó restituir las pensiones y frenar cualquier tipo de auditoría o revisión hasta que exista una sentencia definitiva sobre el fondo del caso.
Según la decisión judicial, el objetivo es garantizar la protección de los derechos sociales de las personas con discapacidad y evitar que se interrumpa el cobro de un ingreso que resulta vital para su subsistencia.
El trasfondo del conflicto
En los últimos meses, diferentes organizaciones de personas con discapacidad y defensores del pueblo habían denunciado suspensiones masivas de pensiones sin previo aviso ni evaluación técnica adecuada.
La resolución también busca evitar que se repitan prácticas administrativas que vulneren los derechos reconocidos por la Ley 22.431 y la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de jerarquía constitucional.
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POLITICA
La UBA irá a la Justicia para que el Gobierno cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario

La Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvió iniciar acciones judiciales contra el Poder Ejecutivo Nacional para exigir el cumplimiento de la Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición Salarial, sancionada por el Congreso y promulgada por decreto, pero con su aplicación suspendida hasta que el Poder Legislativo defina las fuentes de financiamiento.
El Consejo Superior de la institución adoptó la decisión por unanimidad durante su sesión del 22 de octubre de 2025. En su resolución, la UBA sostuvo que “este decreto que promulga formalmente, pero suspende materialmente la ejecución de la ley, altera el sistema republicano de frenos y contrapesos establecido en el artículo 1° de la Constitución Nacional y quebranta la voluntad soberana del Congreso de la Nación”.
El texto aprobado agrega que la medida del Ejecutivo “implica la vulneración de derechos constitucionalmente establecidos afectando al sistema universitario y a su comunidad al no poder acceder al financiamiento necesario y a la recomposición salarial establecidos en la ya mencionada ley”.
La resolución, registrada bajo el expediente EX-2025-04995445-UBA-DME#REC, instruyó al rector a iniciar las acciones judiciales pertinentes “a fin de exigir la inmediata implementación efectiva de la Ley 27.795”. También dispuso que se comunique la medida a todas las unidades académicas, colegios secundarios, hospitales universitarios e institutos dependientes de la universidad.
El Consejo Superior fundamentó la decisión en la situación económica que atraviesa el sistema universitario nacional. En los considerandos se expresó que “esta Universidad ha manifestado reiteradamente su profunda preocupación ante la grave situación presupuestaria que afecta a las Universidades Nacionales y ante el menoscabo salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.
Asimismo, recordó que la UBA “ha declarado la emergencia tanto en materia salarial como presupuestaria” y que la norma aprobada por el Congreso “tiene por objeto garantizar la protección, el sostenimiento del financiamiento de las Universidades Nacionales en todo el territorio de la República Argentina y la recomposición salarial de los trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes”.
En otro tramo del documento, el cuerpo colegiado enfatizó que “la Ley da respuesta a la situación crítica tanto de funcionamiento de las universidades nacionales, como salarial de sus trabajadores y trabajadoras, y por tanto su no aplicación arbitraria solo sigue profundizando esta crisis”.
El texto señala también que “la no ejecución de esta Ley es un ataque directo a uno de los bienes más valiosos de nuestra sociedad: la Universidad Pública Argentina”.
Por último, el Consejo remarcó que resulta “imprescindible que de manera inmediata el Poder Ejecutivo Nacional cumpla con la efectiva ejecución de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del salario, asignándose en forma urgente los recursos presupuestarios necesarios, en cumplimiento con las obligaciones constitucionales y legales vigentes”.
El máximo órgano de gobierno de la UBA, que integran el rector, los decanos de las trece facultades y representantes de los claustros de profesores, graduados y estudiantes, consideró que el cumplimiento de la ley es esencial para garantizar la educación pública y la institucionalidad democrática en el país.
Este martes, el Gobierno promulgó la Ley N° 27.795, que establece un nuevo régimen de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente, y la Ley N° 27.796, que declara la emergencia sanitaria de la salud pediátrica y de las residencias nacionales en salud en la República Argentina por un año. Sin embargo, la aplicación de ambas quedó suspendida hasta que el Congreso de la Nación determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas necesarias en el Presupuesto Nacional. Hace un mes ocurrió lo mismo con la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Esta decisión fue oficializada en la madrugada de este martes, con la publicación de los decretos 759/2025 y 760/2025 en el Boletín Oficial. Así, el Poder Ejecutivo suspendió la aplicación de las legislaciones, debido al impacto fiscal que, consideran, traería a las cuentas del Estado.
marcha universitaria congreso
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Estos son los documentos son para votar en las elecciones 2025

Las elecciones 2025 son este domingo 26 de octubre. Durante la jornada, los argentinos se deben acercar a las mesas electorales a emitir su voto. Para hacerlo, hay que entregar documentación válida que las autoridades presentes puedan utilizar para confirmar los datos personales y la identidad.
Tal como informa el Gobierno a través de su sitio oficial, los siguientes tipos de documentos, expedidos por el Estado nacional a lo largo de los años, son válidos para emitir el sufragio en las elecciones legislativas del 26 de octubre:
Desde la cartera confirman que los documentos que contienen la leyenda “No válido para votar” sí son válidos para sufragar, aunque estas tarjetas no informan de qué tipo de ejemplar de DNI se trata. También se recuerda a los electores que el documento a presentar en la mesa de votación debe ser el mismo que figura en el padrón o uno posterior.
Asimismo, desde la cartera oficial advirtieron que no se puede votar con un certificado de DNI en trámite, ni tampoco si el DNI está en el celular.
Para conocer el establecimiento, la mesa y el número de orden asignado para votar, los electores pueden consultar el padrón electoral online siguiendo estos pasos:
El padrón electoral se encuentra disponible a través de la plataforma oficial de la CNE.
El consultante deberá completar un formulario con su número de Documento Nacional de Identidad (DNI), su género y el distrito electoral al que pertenece.
Antes de enviar el formulario, el sistema solicitará la introducción de un código de validación captcha. Una vez completado, se debe hacer click en el botón “Consultar”.
Instantáneamente, el sistema proporcionará de manera precisa la dirección del establecimiento donde se debe votar, el número de mesa asignado y el número de orden dentro del padrón.
La Boleta Única de Papel (BUP) es un modelo de votación que reúne a todos los candidatos en una sola boleta. De esa forma, se garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación y se elimina la posibilidad de que falten boletas de algún partido.
El elector debe entregar su DNI para que se verifique su identidad y si puede votar. Una vez chequeado esto, el votante recibirá la boleta, firmada por la autoridad de mesa, y una lapicera.
En la cabina de votación, se debe marcar el casillero correspondiente al candidato o lista elegida. Es importante recordar que se debe realizar una sola marca por categoría.
Luego de marcar la preferencia, se dobla la boleta por la línea punteada y se deposita en la urna. Al finalizar, el elector debe firmar el padrón y recibirá la constancia de voto junto con su DNI.
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