Lorena Villaverde está acorralada. La principal candidata a senadora de LLA en Río Negro quedó en la mira por su vínculo con Claudio Cicarelli, primo y presunto testaferro de Fred Machado.

Machado está imputado en Estados Unidos por narcotráfico y la revelación de su apoyo a la campaña de José Luis Espert le costó al diputado nacional el primer lugar de la lista bonaerense.

En La Libertad Avanza hay algunos que creen que el caso de Villaverde puede terminar igual, con una renuncia a la candidatura a una semana de la elección. Hay tres hechos que la ponen entre la espada y la pared: estuvo detenida en Estados Unidos (hecho que no niega), tuvo una causa judicial en ese país que ella dice que fue por “conspiración” pero que según lo que difundió el canal A24 fue por tráfico de drogas ; y reconoce al primo de Machado como “un viejo conocido de Viedma”.

Lo que sí niega es haber traficado drogas y haber estado involucrada en algún proceso judicial por ese motivo.

“En Estados Unidos basta con estar en el lugar equivocado para quedar involucrado”, justificaron en su entorno. Mientras tanto, los libertarios la miran de reojo y los pedidos para que renuncie a su candidatura se multiplican.

Pero Villaverde redobla sus esfuerzos. En los últimos días, se sometió a una rinoscopía -como si el resultado negativo fuera una garantía de no traficar drogas-, denunció por “calumnias e injurias” a Juan Martín, su rival de Pro en Río Negro, y rechazó la reciente difusión de una causa del 2002 que la involucra por tenencia de drogas en los EE.UU.

Lo que sigue es el relato de un allanamiento en una feria de ropa de Miami, donde se secuestró desde mercadería hasta sustancias ilegales y en el que Villaverde habría quedado implicada.

“Ella viajó al exterior, abrió una tienda de ropa y conoció a varias personas. Entre ellas, un cubano que le recomendó ir a las liquidaciones de stocks. Fue con él a una especie de feria que había almacenes -parecido a La Salada- y minutos después, irrumpió un operativo policial”, relataron cercanos a Villaverde para despegarla de la grave acusación.

“Como suele suceder en ese tipo de procedimientos, todos los presentes fueron demorados hasta determinarse las responsabilidades. Ella se defendió ante un jurado popular que terminó con la nulidad del juicio”, agregaron. No precisaron ante el pedido de el tiempo que permaneció detenida y cuánto demoró la Justicia norteamericana en retirar los cargos.

La señal A24 dio a conocer el jueves la presunta acta de detención de Villaverde, correspondiente a esa causa. De acuerdo al documento, la diputada fue imputada por el tráfico de 14 kilos de cocaína. contactó a la legisladora por segunda vez y le preguntó si efectivamente enfrentó cargos por tenencia de drogas. Una vez más, cerca de ella, lo negaron. “Se difundió un expediente que no correspondía con su causa. Estaba mayormente armado. No es real lo que se difundió”, apuntaron.

“Todos los cargos de la causa en Estados Unidos fueron desestimados por la justicia de ese país en 2017″, concluyeron.

“Bozal legal” y choque electoral

En medio de la controversia, Villaverde pidió en la Justicia una medida para que Juan Martín, el candidato de partido Pro, cesara en la difusión de este tipo de hechos. El dirigente amarillo la cuestionó públicamente por intentar silenciarlo mediante un bozal legal y compartió un video en redes sociales denunciando censura.

“No hay ‘bozal legal’, que deje de hacerse la estrella de chimentos de televisión. Lo que hay es una querella penal por calumnias e injurias y una mediación civil por los perjuicios que generaron sus declaraciones difamatorias”, señaló Villaverde a .

“Se solicitó que el magistrado intime a Juan Martín a abstenerse de seguir difamando, mientras se tramita la causa. Ese requerimiento está pendiente de resolución. No es censura: es una medida de protección judicial frente a una campaña de falsedades”, remarcó.

El legislador provincial de Pro le restó importancia a la embestida judicial de Villaverde. “¿Cómo voy a calumniar a alguien por reproducir lo que dice todo el mundo?, ironizó Martín. “Los legisladores tenemos inmunidad de opinión”, justificó, respaldándose en los fueros parlamentarios. “Voy a seguir hablando”, desafió.

“No la acuso, simplemente doy a conocer denuncias, hechos y hasta resoluciones judiciales de público conocimiento. Pero en lugar de dar explicaciones serias sobre sus vínculos, elige el camino de la censura. Después dice que defiende la libertad”, criticó el dirigente amarillo que responde a Mauricio Macri.

“Le aconsejo que se serene y que dé explicaciones claras. Tiene que entender que es una funcionaria pública y que eso implica estar sujeta a la mirada y el juicio de todos”, sentenció luego.

La diputada de La Libertad Avanza (LLA) responsabiliza a Martín por haberle atribuido “una serie de hechos ilícitos”, días después de romper la alianza sellada entre amarillos y violetas en Río Negro, “de manera sorpresiva y sin razones plausibles”.

En la presentación judicial, Villaverde cita declaraciones públicas de Martín, en las que sugiere un vínculo con Machado, a través de Cicarelli, a quien presenta como “una persona que permanentemente está con ella”. Además, lo acusa de atribuirle una venta de terrenos fraudulentos en Las Grutas y de mencionar la causa de Estados Unidos por tenencia de drogas por la que, según sostiene, ella no podría ingresar al país. Incluso, siendo hoy la representante en Diputados de la comisión de Energía y Combustibles.

La solicitud en la Justicia no fue el único movimiento de Villaverde por acallar las acusaciones en su contra. La diputada libertaria se sometió la semana pasada una rinoscopia, cuyos resultados compartió en redes sociales para despejar cualquier sospecha sobre presuntos nexos con el narco.

Ante la consulta de , Villaverde admitió que Cicarelli “es un viejo conocido de Viedma”, con quien comparte espacios de militancia. Allegados a la libertaria van un poco más allá y reconocen que ambos mantienen una amistad. La elegida de Milei en la provincia patagónica repite que “no son ni nunca fueron pareja”.

Las mismas fuentes detallan que el empresario minero, sindicado como testaferro de Machado, milita para La Libertad Avanza. Eso sí, se ocupan de aclarar que Cicarelli “no tiene ninguna causa ni es parte de una investigación judicial”. Por lo menos, hasta donde saben.

En cambio, sobre la conexión con Machado, son categóricos: “Nunca tuvo una relación ni vínculo alguno. Solo algún cruce ocasional, en un evento empresarial o espacio público, ya que él se movía en esos tipos de ambientes”.

En el tramo final de la campaña y con múltiples frentes abiertos, Villaverde se concentró en silenciar al candidato de Pro, pese a las alianzas que mantienen violetas y amarillos en diversos distritos. La ofensiva llegó justo después de que la Casa Rosada celebrara haber recuperado el diálogo con el líder del partido, Mauricio Macri, quien en las últimas horas apoyó con un video a su candidato en Río Negro y pidió votar por la lista, “que lleva a la gente idónea”.

La ruptura de la alianza entre el Pro y LLA tiene a Villaverde de protagonista. Por varios motivos. En primer término, la legisladora es la titular del partido violeta en Río Negro, por lo que el fallido acuerdo se firmó en su despacho del Congreso. La salida de Martín llegaría días después de enterarse que ni el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el apoderado del partido, Santiago Viola, o el secretario de asuntos estratégicos, Lule Menem, habrían cumplido con lo acordado: dejar fuera de la contienda a Villaverde. “Entonces no tengo más nada que hablar”, se jactó el dirigente macrista, antes de dar el portazo. Para retenerlo tampoco le concedieron un primer lugar como candidato a diputado.

El candidato de Pro no es el único que exige respuestas a Villaverde o que alude a una relación de cercanía con el primo de Machado. A fines de agosto, el diputado de Unión por la Patria, Martín Soria – también candidato a senador por el kirchnerismo en Río Negro- invocó esta cuestión durante una sesión en el recinto. “Ciccarelli estuvo en las gradas de este Congreso. ¿Quién lo dejó entrar? ¿Espert o su actual pareja, la dipunarco de mi provincia, Lorena Villaverde?”, arremetió, a modo de chicana, sobre la presencia del empresario minero en la Cámara baja durante la asunción de la diputada, en 2023.

Aquella ocasión quedó registrada en una foto donde se los puede ver a ambos en un balcón del palacio legislativo. La imagen cobró mayor relevancia con la renuncia de Espert, luego de reconocer un pago de Machado por 200.000 dólares.

Soria se jactó de que Villaverde mantenía una relación personal con Ciccarelli y además lo identificó como el propietario de la camioneta blindada Jeep Grand Cherokee que Espert utilizó en su campaña presidencial de 2019. El diputado libertario, actualmente investigado en la Justicia por lavado de dinero, admitió que utilizó este vehículo provisto por Machado, al igual que la flota de aviones en los que viajó por lo menos 17 veces.

Pero las críticas a Villaverde llegan hasta las filas libertarias representadas también en la provincia por el candidato a senador Ariel Rivero, de Primero Río Negro, fuerza cercana a Javier Milei. “Espert, no te vayas sin Lore. Hacelo por todos los rionegrinos. Merecemos candidatos con Ficha Limpia”, demandó Rivero en su cuenta de X. “Dejen de dañar el proyecto nacional que encabeza nuestro Presidente. Los delincuentes tienen que ir a dar explicaciones a la Justicia”, reclamó.

A menos de una semana de las elecciones de medio término, propios y ajenos desconfían del relato de Villaverde. Y en Diputados, el apoyo se empieza a agrietar: reconocen que el escenario se le volvió adverso y ni los suyos están dispuestos a salir en su defensa. “Nadie se quiere inmolar”, confían desde los pasillos del Congreso.

En octubre de 2017, luego de ser procesada por la compra irregular de un inmueble y en medio de fuertes presiones del macrismo para que dejara el cargo, Alejandra Gils Carbó renunció a la Procuración General de la Nación. La reemplazó Eduardo Casal, por ser el fiscal de mayor antigüedad ante la Corte Suprema. Aunque desde entonces ejerce como “interino”, esto es, nunca fue votado para el cargo, Casal se convirtió en el procurador con más tiempo en el cargo desde el regreso de la democracia.

Este fin de semana, Casal superó a Esteban Righi, que ocupó ese lugar a lo largo de casi ocho años (2848 días), durante el kirchnerismo, entre el 23 junio de 2004 y el 9 de abril 2012. Cristina Kirchner le retiró todo apoyo, y eso derivó en su renuncia, responsabilizándolo por las investigaciones por corrupción que avanzaron contra su entonces vicepresidente, Amado Boudou.

Casal asumió el 31 de diciembre de 2017 y desde entonces, pero principalmente durante el gobierno de Alberto Fernández, enfrentó varios embates del kirchnerismo, que lo acusó de “mal desempeño” por presuntas irregularidades en sumarios y que intentó, incluso, poner en marcha un juicio político. Fue un intento por frenar las investigaciones por corrupción, que ahora rodeaban por todos los flancos a la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner.

Casal, de marcado perfil bajo, resistió las embestidas y permaneció en el cargo.

Sobrevolaron distintos nombres para reemplazarlo, algunos con más fuerza que otros, pero la falta de acuerdos políticos en el Senado, donde se requiere el aval de dos tercios de los senadores presentes, prolongó su interinato.

Con el procurador, el proceso de selección es similar al de los jueces de la Corte: son designados por el Poder Ejecutivo y luego requieren el acuerdo de dos tercios de la Cámara alta.

Durante el gobierno de Cambiemos, el expresidente Mauricio Macri eligió como candidata a la jueza del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Capital Federal Inés Weinberg de Roca, de largo recorrido en el ámbito del derecho internacional. Pero su nombre siempre estuvo lejos del apoyo necesario.

Más consenso reunió el juez federal Daniel Rafecas, la opción de Alberto Fernández para reemplazar a Casal, pero el magistrado de Comodoro Py nunca contó con el visto bueno de la entonces vicepresidenta Cristina Kirchner, que bloqueó el pliego de Rafecas en la Comisión de Asuntos Constitucionales, a cargo entonces de la camporista Anabel Fernández Sagasti.

El gobierno de Javier Milei es la tercera gestión que atraviesa el procurador Casal. No fue prioridad del gobierno libertario darle estabilidad al cargo: el oficialismo deslizó algunos nombres de candidatos pero nunca oficializó un postulante, quizás a sabiendas de su extrema debilidad parlamentaria, expuesta en el rechazo a los pliegos del juez Ariel Lijo y el catedrático Manuel García-Mansilla.

A comienzos de la gestión, Casal recibió, además, un espaldarazo por parte del Presidente. “Hace un muy buen trabajo. Tocar lo que funciona parece un poco complejo”, dijo Milei en abril del año pasado.

Funciones y vacancias

El Procurador General es la cabeza del Ministerio Público Fiscal, y como tal, el jefe de más de 300 fiscales nacionales y federales.

Tiene atribuciones para reorganizar la estructura del organismo −que incluye procuradurías y unidades fiscales especializadas−, efectuar nombramientos interinos y actuar como fiscal ante la Corte Suprema.

Por ejemplo, en la causa Vialidad, por la cual Cristina Kirchner cumple una pena de seis años en su casa por fraude al Estado, Casal respaldó el pedido del fiscal de Casación Mario Villar y pidió a los jueces del máximo tribunal que revieran la condena del Tribunal Oral Federal N°2 y eleven la pena a 12 años por el delito de asociación ilícita.

El poder de Casal creció a la par de la implementación gradual del nuevo Código acusatorio, que se puso en marcha en 2019 en las provincias de Salta y Jujuy y continúa desplegándose desde entonces, aunque con reparos.

Esta nueva reglamentación pone en cabeza de los fiscales todas las investigaciones, algo que ocurre muchas veces en la práctica, pero depende del juez de instrucción, que tiene la opción de delegar la investigación o retenerla.

El sistema también rige en Rosario, Mendoza, San Juan y San Luis y en las jurisdicciones de General Roca, Comodoro Rivadavia, Bahía Blanca y Mar del Plata.

La llegada del acusatorio a Comodoro Py estuvo prevista inicialmente para agosto, pero los reclamos al unísono de los fiscales −que se mostraron a favor del nuevo sistema, pero piden más recursos humanos, nuevas condiciones edilicias y más fondos para hacerlo operativo− postergaron su implementación, que fue reprogramada para el 10 de noviembre de este año.

El procurador Casal se puso a la cabeza del reclamo. “No puede seguirse adelante eficientemente sin la debida adjudicación de recursos”, sostuvo en una carta enviada al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Días atrás se reunió con más de 25 fiscales de los fueros Penal Económico y Criminal y Correccional, quienes le reiteraron sus dudas respecto a la puesta en marcha del acusatorio.

La Justicia atraviesa desde hace largos años un problema de vacantes que por estos días afecta a más del 30% del Poder Judicial.

De acuerdo a los datos presentados por la jueza federal y consejera Alejandra Provítola en un informe reciente ante el Consejo de la Magistratura, la Justicia Nacional y Federal registra, a agosto de este año, 1002 cargos, de los cuales el 59,49% pertenecen al fuero federal (596) y el 40,51% al nacional (406), distribuidos en 470 juzgados, 86 salas de segunda instancia y 81 tribunales orales.

En total, están vacantes 337 de esas posiciones; poco más del 33%. La mayor parte de los lugares sin cubrir se concentra en la Justicia Nacional (176), seguida por la Federal del Interior (112) y la Federal de la Ciudad de Buenos Aires (49).

El problema de las vacancias se agudiza en el Ministerio Público Fiscal, donde los huecos, a noviembre de 2024, el último dato oficial disponible, superaban el 43% de los cargos.

COMODORO RIVADAVIA.- El Consejo de la Magistratura de Chubut resolvió por unanimidad elevar a un jury de enjuiciamiento al juez de la Cámara de Apelaciones de Esquel Claudio Alejandro Petris, acusado de enriquecimiento ilícito, abuso de poder y maniobras financieras irregulares.

Sobre Petris, que tras el escándalo renunció a la presidencia de la Asociación de Magistrados de Chubut, pesaban acusaciones vinculadas a amenazas y “favores sexuales”. La decisión se adoptó durante la sesión plenaria realizada el pasado jueves en Puerto Madryn y fue acompañada por el pedido de suspensión inmediata del magistrado, ante la gravedad de las faltas detectadas.

La denuncia, impulsada por el fiscal de Estado Andrés Meiszner, se originó en una investigación penal iniciada de oficio por el Ministerio Público Fiscal (causa Nº 145.262), a partir de un informe del portal Chubut Online y una entrevista radial que incorporó nuevos elementos de prueba.

Las presuntas irregularidades incluyen un incremento patrimonial no justificado, intervenciones judiciales en causas donde habría tenido intereses personales y conductas consideradas éticamente incompatibles con el cargo.

Patrimonio bajo sospecha

El dictamen elaborado por la consejera instructora Mabel del Mármol detalla una serie de operaciones económicas que, a su criterio, “revelan un manejo patrimonial incompatible con el decoro y la transparencia que exige la función judicial”. La investigación detectó al menos ocho inmuebles no declarados y el uso de familiares o presuntos testaferros para registrar bienes, entre ellos un vehículo Mini Cooper, cuyo dominio −GWZ214− pasó por tres manos antes de terminar en posesión de una hija del magistrado.

“Las pruebas valoradas aportan datos significativos sobre el patrimonio personal y familiar del doctor Petris, conformado por numerosos vehículos y propiedades cuyo origen no puede explicarse razonablemente con los ingresos públicos de un juez de Cámara”, señala el dictamen.

En su análisis, Del Mármol también advirtió que el juez se encontraba inscripto en la AFIP bajo el rubro “Servicios de alquiler y explotación de inmuebles para fiestas y eventos”, una actividad expresamente vedada por la ley provincial para los magistrados.

La consejera sostuvo que esa inscripción “no implica una mera tenencia pasiva de bienes, sino la formalización de una actividad comercial”, lo que constituye “una causal objetiva de mal desempeño”. Según el documento, Petris también habría donado más de 18 millones de pesos en efectivo a su hija para la compra de un vehículo de lujo, monto “incompatible con sus ingresos declarados”.

Otro de los puntos señalados por el Consejo de la Magistratura fue la presunta falta de excusación de Petris en una causa de alimentos que involucraba al exfutbolista Aldo Pedro Duscher, con quien mantenía una relación de amistad y vínculos familiares cruzados.

El juez habría fallado en una causa sin apartarse, pese a la evidente proximidad con una de las partes.

La denunciante aseguró incluso haber visto a Petris conduciendo vehículos pertenecientes a Duscher. “Estos actos demuestran una familiaridad que excede la relación social y debió motivar su apartamiento”, concluyó la consejera Del Mármol.

El dictamen también menciona declaraciones de un ciudadano que lo acusa de amenazas, coerciones y abuso sexual, aunque esos episodios no fueron aún formalmente incorporados a la causa penal.

En su defensa, el juez −asistido por el abogado Nicolás Mendive− negó todas las acusaciones y calificó el proceso como una “persecución política”. Argumentó que la investigación es consecuencia de su actuación como presidente de la Asociación de Magistrados de Chubut (Amfjch), desde donde se opuso a la iniciativa del gobernador Ignacio Torres de eliminar los fueros judiciales mediante plebiscito.

“Este proceso responde a intereses personales del gobernador y constituye una represalia institucional”, afirmó en su presentación. Petris también planteó la nulidad del sumario por considerar que la denuncia carece de una relación clara y precisa de los hechos, y se apoya en publicaciones periodísticas. “Se trata de una excursión de pesca”, afirmó en su escrito.

Respecto de su patrimonio, dijo que está plenamente justificado por “42 años de trabajo”, y rechazó haber utilizado testaferros. Calificó las acusaciones de índole sexual como “totalmente falsas” y sostuvo que el vehículo Mini Cooper era de uso de un conocido, Santiago Orieta, “persona con medios económicos propios”.

Las denuncias contra Petris no son nuevas. Desde mediados de 2025, el fiscal Meiszner había presentado acusaciones por abuso de poder, fraude y enriquecimiento ilícito, en las que se lo señalaba por ocultar bienes, utilizar testaferros y mantener relaciones impropias con partes en litigio. También se sumaron testimonios por amenazas y comportamientos inadecuados dentro del ámbito laboral.

En junio de ese año, en medio de esa escalada de denuncias, Petris presentó su renuncia a la presidencia de la Asociación de Magistrados de Chubut, cargo que ocupaba desde 2022. Alegó que era víctima de una “campaña de desprestigio” basada en rumores y publicaciones anónimas. “No existen denuncias formales con pruebas verificables. Esta operación busca dañar la independencia del Poder Judicial”, expresó entonces.

Sin embargo, la renuncia se produjo en un contexto de fuerte tensión institucional: la Asociación había presentado una acción de inconstitucionalidad contra el decreto del Ejecutivo que convocaba al plebiscito para eliminar los fueros de jueces y funcionarios. La salida de Petris, que encabezaba esa ofensiva, fue interpretada en ámbitos judiciales como un gesto político.

Concluida la instrucción, la consejera Del Mármol sostuvo que las pruebas reunidas “acreditan conductas incompatibles con la función judicial y constituyen un quebranto de la confianza pública”. Su dictamen fue aprobado sin disidencias.

El Consejo remitió el caso al Tribunal de Enjuiciamiento y solicitó que analice la suspensión de Petris en sus funciones y el cese en el pago de sus haberes, l artículo 25 de la Ley V N° 80. También se conformó una Comisión de Acusación para representar al Consejo durante el proceso y ampliar los cargos si surgen nuevos elementos.