“Tal vez la semana que viene haya otra sesión en el Congreso. Por eso vamos a exigirle a la Confederación General del Trabajo (CGT) un paro de 36 horas con movilización”, dijo Abel Furlán, titular la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en representación del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) en su acto sobre la Avenida de Mayo.

Aunque la CGT resolvió para este jueves un paro general sin movilización, varios de los gremios que la integran y otros que no pertenecen a la central obrera coparon la avenida hasta la esquina con la calle Luis Sáenz Peña. Además de la UOM, se sumaron la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y sindicatos de las dos Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), entre otros espacios.

“Vinimos a manifestarnos, no a hacer quilombo al frente con las organizaciones de izquierda”, dijo un manifestante de la UOM a . Es que se ubicó un camión que sirvió como escenario justo antes de la Plaza Mariano Moreno, donde se dio un discurso. “Los que quieran ir hasta el Congreso, pueden hacerlo”, agregó la fuente sindical.

Durante la tarde, luego que la columna de la izquierda abandonara la cabecera de la marcha en la Plaza del Congreso, un pequeño grupo de manifestantes intentó derrumbar el vallado policial y arrojaron botellas y plásticos contra las fuerzas de seguridad. La respuesta fue con gases lacrimógenos, carros hidrantes, policías motorizados y balas de goma. De esta manera, la jornada terminó entre corridas, heridos y detenidos.

Preventivamente, los sindicatos se desmarcaron de la actividad de otras organizaciones presentes frente al Congreso Nacional, y de una posible represalia de las fuerzas de seguridad. “El tema es que si reprimen, se van a venir todos para acá”, comentó el hijo de un histórico referente de la guerrilla izquierdista a este medio entre tambores y canciones de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Mientras el oficialismo conseguía el quorum para debatir la reforma laboral, desde el improvisado palco y hacia una Avenida de Mayo repleta sonaba la Marcha de la Bronca en los altoparlantes. “Hay unidad de este frente de trabajadores y trabajadoras. Estamos movilizados en las calles para decirle no a la reforma”, anunció un locutor.

“Esto lo organizó la UOM junto a otros sindicatos”, afirmó otra fuente de los metalúrgicos al pie del escenario y agregó: “Son dos actos. El nuestro acá y otro de la izquierda frente a las vallas del Congreso”. A las dos y media, una fila india de dirigentes sindicales atravesó custodiada la multitud que cortaba la avenida y subió al palco. “Aumento de salarios ya, no a la reforma laboral”, decía una pancarta del FreSU que desplegaron para el acto.

Único orador, Furlán apuntó al Gobierno: “El problema es el modelo económico y político que quieren instalar en la Argentina. Lo de FATE es solo una muestra de lo que va a pasar en los próximos meses. Esto nos atraviesa a todos, no se va a salvar nadie”. En diálogo con en su salida, Furlán adelantó: “El paro general se lo vamos a proponer a la CGT la semana próxima”.

El acto terminó a las 15 con la desconcentración del frente sindical. “El FreSU se ha venido construyendo en el marco de la lucha contra el Gobierno de Javier Milei. Se unificaron las dos CTA y un conjunto de gremios que integran la CGT. Es una experiencia nueva que quiebra el inmovilismo cegetista”, explicó a este medio el exdirector del Banco Nación Claudio Lozano.

Mientras tanto, cerca de las vallas de otra punta de la plaza se agrupaba el Frente de Izquierda, (FIT), el Movimiento Teresa Vive y el Polo Obrero, entre otras organizaciones. Entre sus filas, se cantaba “¿a dónde está que no se ve esa famosa CGT?” cuando bajó Myriam Bregman del recinto.

La diputada nacional del FIT habló en ese acto regado de organizaciones sociales: “A los sindicalistas no los vimos acá, en las marchas o en los piquetes”, apuntó. “Haber estado desde temprano en la calle es lo más importante que podemos hacer. Pero esta es la primera etapa para ganarle a Milei. Hay que militar, no queda otra, no se puede seguir mirando la tele”.

Tras el llamado a indagatoria a los dirigentes de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, desde la entidad calificaron de “prematuro y carente de justificación” la citación de la Justicia. Por medio de un comunicado aseguraron que la entidad “no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales” tomadas en la denuncia en cuestión.

Así, desde el organismo que preside Tapia se deslindaron de las acusaciones volcadas en la denuncia presentada por ARCA. “El pago voluntario de estas obligaciones fiscales se hizo en forma previa a su vencimiento, siendo esta cuestión la base del planteo que ya fuera realizado ante el tribunal interviniente, y que a la presente fecha se encuentra pendiente de resolución por la Cámara de Apelaciones”, señalaron.

Según remarcaron desde la entidad, “el pago de las obligaciones se realizó antes de su vencimiento”, por lo que cuestionaron que el organismo recaudador busque considerar esos compromisos —que, según sostienen, aún no se encontraban vencidos— como sustento de la presunta comisión de un delito penal tributario. En ese sentido, afirmaron que el planteo de ARCA se encuentra “en abierta contradicción a las normas jurídicas vigentes”.

Además, desde la AFA señalaron que la institución es “la única entidad” denunciada penalmente por ARCA en una situación impositiva y previsional que, aseguran, comparten otras organizaciones sin fines de lucro del país. En el comunicado, insistieron en que el llamado a indagatoria se produjo mientras permanecen pendientes de resolución planteos judiciales que —según la entidad— demostrarían la inexistencia del delito denunciado.

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, fueron citados a prestar declaración indagatoria acusados de haber retenido aportes previsionales y omitido el pago de impuestos. Además, el juez dispuso la prohibición de salida del país para ambos dirigentes.

La decisión fue adoptada por el juez en lo penal económico Diego Amarante. Las audiencias fueron fijadas para el 5 de marzo en el caso de Tapia y el 6 de marzo para Toviggino. A los directivos se los investiga por el presunto delito de omisión en el pago de aportes de la seguridad social correspondientes a jugadores y empleados.

Según la denuncia original, existirían $7.593.903.512,23 en obligaciones que no habrían sido depositadas en tiempo y forma, divididas entre retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. Con la ampliación posterior, el monto denunciado sumó otros $11.759.643.331,62. De este modo, el total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que, según la acusación, no fueron ingresados al fisco.

En cuanto a la prohibición de salida del país, el magistrado fundamentó la medida en “la gravedad de los hechos investigados” y “la severidad de la pena” que podría corresponder en caso de condena, además de la necesidad de garantizar la realización de los actos procesales. La restricción fue comunicada a los abogados defensores, a la Dirección Nacional de Migraciones y al Ministerio de Seguridad Nacional. No está definido si la medida será revisada tras las indagatorias, en un calendario que incluye compromisos internacionales de la selección argentina, como la Finalissima prevista para el 27 de marzo frente a España.

La resolución también alcanza a la AFA como persona jurídica y a los directivos Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Roberto Lorenzo y Víctor Blanco Rodríguez, quienes fueron citados a declarar en distintas fechas. En la resolución, el juez sostuvo que existen “motivos suficientes para sospechar la participación de los nombrados en los hechos investigados”.