El Gobierno apuesta por una regulación mínima de las apuestas en línea y esquiva medidas de fondo. Un borrador elaborado por la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (Sedronar) se centra en combatir el juego clandestino -una prohibición ya contemplada en la legislación vigente-, pero deja intacto el negocio legal en expansión. No incluye restricciones considerables a la publicidad ni menciona los vínculos entre casas de apuestas y clubes de fútbol, uno de los puntos centrales del proyecto que avanzó en Diputados y quedó trabado en el Senado.

Aquella iniciativa fue aprobada en la Cámara baja en noviembre pasado con el impulso de la Coalición Cívica, Unión por la Patria, la Izquierda y un sector del radicalismo. Los 36 votos en contra provinieron del oficialismo, mientras que el Pro y parte de la UCR se abstuvieron. Pese al rechazo de la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas y a las denuncias públicas de lobby por parte de los principales operadores del sector, el proyecto avanzó.

Esa media sanción plantea limitar la publicidad de las plataformas; restringir su presencia en eventos deportivos, culturales y sociales; regular el uso de billeteras virtuales, y establecer un programa educativo para prevenir la ludopatía. Ninguno de esos puntos es desarrollado de manera integral en la propuesta del Poder Ejecutivo, que aún no fue ingresado formalmente al Congreso.

“La redacción -del texto del Poder Ejecutivo- estuvo a cargo de los Chiqui Tapia, Daniel Angelici y empresas del sector escondidos bajo el Sedronar”, señaló a un legislador que promovió la media sanción, hoy frenada en el Senado. La acusación apunta a una presunta connivencia entre dirigentes del fútbol, empresarios del juego y el Gobierno para presentar un proyecto con un alcance limitado.

Consultado por este medio, Daniel Angelici rechazó cualquier vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y con la administración libertaria. “No tengo nada que ver ni con la AFA ni con el Gobierno”, aseguró. Sin embargo, el empresario del juego y dirigente de la UCR reconoció que colaboró con la Cámara de Loterías y Casinos en una propuesta que “no prosperó” y que, según dijo, se enfocaba en el control del acceso de menores: “Es lo que más le preocupa a las empresas”.

Según pudo saber , que accedió al borrador trabajado por la Sedronar, la iniciativa oficial evita tocar el núcleo del negocio legal: la publicidad. La única prohibición concreta en torno a uno de los pilares del sistema de apuestas recae sobre los operadores no autorizados. El texto no menciona los eventos deportivos ni prohíbe la propaganda en camisetas de fútbol, como sí lo hace la media sanción aprobada en Diputados. Para las plataformas habilitadas, solo fija condiciones generales que, en la práctica, ya se aplican: evitar anuncios dirigidos a menores o asociados a beneficios económicos, éxito social, consumo de alcohol o conductas delictivas.

El borrador también insta a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la normativa y sancionar marcos propios para reforzar el control territorial. Para quienes promueven una regulación más estricta, esta cláusula abre la puerta a dilaciones: entienden que la Nación podría intervenir directamente en defensa del “bien común” y la salud pública. Desde el otro extremo, los detractores del enfoque nacional advierten que se debe respetar el federalismo e incluir una invitación expresa a las jurisdicciones.

Otro de los puntos clave del negocio, los medios de pago online, también queda relegado en el proyecto de la Sedronar. El artículo 21 apenas sugiere que el Banco Central -“o el organismo que en el futuro lo reemplace”- deberá “evaluar” posibles medidas para fomentar un uso responsable de las plataformas de pago, con especial atención a aquellas que estén a nombre de menores de edad. La redacción es vaga y no establece condiciones concretas ni mecanismos de control efectivos sobre una herramienta central en la operatoria de las casas de apuestas.

La misma lógica se aplica a las campañas educativas. El texto se limita a encomendar la elaboración de un “Plan Estratégico de Prevención de los Juegos de Azar en Línea” sin ofrecer detalles sobre sus lineamientos ni su ejecución.

consultó al titular de la Sedronar, Roberto Moro, pero no obtuvo respuesta.

El pedido de la Iglesia

Para frenar el “aumento alevoso de las apuestas online y de conductas compulsivas, principalmente en adolescentes y jóvenes”, la Iglesia pidió en febrero a la vicepresidenta Victoria Villarruel el “pronto tratamiento” del proyecto que busca regular los juegos de azar y prevenir la ludopatía.

La solicitud llegó en una carta firmada por el presidente de la Comisión de Pastoral Social y obispo de La Rioja, monseñor Dante Braida, en nombre del Episcopado, que ratificó su respaldo a la iniciativa aprobada en Diputados. La Iglesia reclama que la Cámara alta habilite el debate de ese texto, que plantea restricciones más duras sobre el funcionamiento de las plataformas de apuestas. Según reveló , preocupa especialmente a los obispos la posición que dejó trascender el presidente Javier Milei, quien en diciembre declaró que vetaría la norma si el Congreso llegara a sancionarla.

Una de las principales impulsoras del proyecto, la diputada Mónica Frade -presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control de Narcotráfico- apuntó directamente contra el oficialismo por la parálisis legislativa. “Nunca quisieron este proyecto”, dijo a . “No quieren eliminar la publicidad, no quieren las limitaciones que hemos puesto”, advirtió en referencia al Poder Ejecutivo.

Frade explicó que desde hace tres semanas intenta reactivar el tratamiento en el Senado, donde el expediente permanece frenado en tres comisiones: Salud, presidida por Lucía Corpacci (Unión por la Patria); Legislación General y Justicia y Asuntos Penales, a cargo de los libertarios Bartolomé Abdala y Juan Carlos Pagotto. Según la diputada de la Coalición Cívica, el estancamiento responde a una decisión política del oficialismo de evitar el avance de una regulación más estricta.

Los ejes centrales de la media sanción son:

Tal como se dio durante el kirchnerismo, el Gobierno vuelve a meter presión sobre la Justicia al advertir que por la no retención del Impuesto a las Ganancias a jueces, fiscales y empleados del Poder Judicial, el fisco dejará de recaudar $ 766.864,9 millones durante 2025. El dato podría reavivar un debate que el peronismo quiso instalar en 2022, pero fracasó al no reunir los apoyos en el Congreso.

Durante el año pasado, la AFIP, hoy convertida en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), se perdió de sumar $ 490.870,9 millones por la exención a los judiciales, según datos del Ministerio de Economía, que comanda Luis «Toto» Caputo. El costo fiscal de este beneficio viene en un ascenso galopante porque en 2023, la cifra fue de $ 285.728 millones mientras que el año anterior, es decir 2022, había alcanzado los $ 123.033 millones.

Lo que resulta apabullante es la comparación entre lo que deja de percibir el Estado y lo que ingresa del impuesto a las Ganancias desde el Poder Judicial. Para este año, el Gobierno prevé una recaudación de $ 10.367 millones por este tributo entre jueces, fiscales y funcionarios judiciales mientras que durante 2024, la cifra se ubicó en $ 9.082 millones, según los números que fueron publicados en el informe de gestión que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentó recientemente en la Cámara de Diputados.

Un dato a tener en cuenta es que este gravamen se aplica para los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial que ingresaron a partir de 2017, mientras que aquellos que fueron designados con anterioridad al 31 de diciembre de 2016 continúan exentos de pagar este gravamen, según el protocolo acordado por el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Mauricio Macri.

Además, según se informó en el Congreso, aquellos judiciales que quedaron alcanzados por el impuesto a las Ganancias pagan por el salario básico y no por la antigüedad y otros items que se incluye en el recibo, lo que también marca una diferencia respecto del resto de los contribuyentes que tributan por sus sueldos.

Sin embargo, las tensiones entre el poder político y el judicial siempre estuvieron presentes. Durante el último gobierno K, el entonces ministro Sergio Massa quiso eliminar la exención para que todos los empleados judiciales paguen el tributo y lo incluyó en una separata del proyecto de Presupuesto 2023, el último aprobado por el parlamento, a partir de una propuesta elaborada por el ahora ex diputado Marcelo Casaretto (Entre Ríos).

De esta manera, el tigrense buscaba engrosar la recaudación en $ 237.000 millones. La medida avanzó en el tratamiento en comisión, tuvo despacho de mayoría, pero cuando se trató en el recinto en la votación en particular fue rechazada al contabilizar 134 votos en contra y 116 a favor. En aquel proyecto de Presupuesto, el peronismo quiso que el impuesto también alcance a los jubilados del Poder Judicial, pero tampoco pasó la votación en particular de la Cámara Baja.

Ahora, desde el gobierno de Javier Milei, se informó que el haber promedio del haber de un jubilado o pensionado del Poder Judicial y del Ministerio Público está $ 5.974.500. Mientras que el haber máximo -ese régimen no tiene tope- que el Estado está pagando en la actualidad es $ 17.715.371. Todos estos datos fueron dados por el Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, y corresponden a febrero de 2025 sobre una base de 6.007 beneficios previsionales, entre jubilados y pensionados del Poder Judicial.

Pero según recordaron protagonistas del momento en que se hizo el último intento en el Congreso para que los jueces paguen Ganancias, en 2022, los representantes de la Asociación de Magistrados pidieron una audiencia en Diputados al ver que avanzaba la reforma para ofrecer alternativas a lo que se estaba discutiendo en la comisión de Presupuesto. Fueron recibidos justo dos días antes de que el tema se tratara en el recinto.

Paralelamente, los representantes de los jueces también llegaron a pedir una entrevista con Cristina Kirchner, entonces vicepresidenta y titular del Senado, quien los citó para el día después del tratamiento de la ley en la Cámara Baja. Cuentan que como la votación terminó rechazando la propuesta de Casaretto, los representantes de los jueces no asistieron al encuentro con la ex presidenta.

El último choque entre la política y la justicia por Ganancias se dio a partir de la aprobación del paquete fiscal, el año pasado y que restituyó la cuarta categoría. Justamente, la Federación Judicial Argentina (FJA) presentó una medida cautelar para suspender la aplicación de la Ley 27.743, que restableció el gravamen, al advertir que la normativa es inconstitucional.

Por su parte, la Corte Suprema ya dijo que la Constitución protege la irredimibilidad del salario de los magistrados, y advierte que el pago de Ganancias es una disminución de los sueldos.

En la actualidad no hay propuestas para que los jueces paguen Ganancias que estén dentro de la agenda legislativa.