ECONOMIA
Por qué el nuevo acuerdo firmado entre Argentina y el FMI es distinto a todos los anteriores
En la Argentina, cada nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) promete ser el definitivo. Como si fuera el N° 23 de la camiseta de Michael Jordan, se lo presenta con épico: «esta vez sí, esta vez vamos a encestar». Desde el retorno al Fondo en 2003, bajo la presidencia de Néstor Kirchner, pasando por los programas stand-by y de facilidades extendidas firmados por Mauricio Macri en 2018 y Alberto Fernández en 2022, cada entendimiento con el organismo ha sido presentado como un punto de inflexión. Sin embargo, en la mayoría de los casos, las promesas de estabilidad terminaron chocando con correcciones abruptas del tipo de cambio, inflación acelerada y tensiones fiscales sin resolver.
En 2025, un nuevo acuerdo vuelve a poner el tema en el centro de la escena. Pero esta vez, el contexto macroeconómico parece haber cambiado: tras un año de fuerte ajuste fiscal, contracción monetaria y recomposición de reservas, Argentina llega al nuevo entendimiento con el FMI con niveles de estabilidad cambiaria y financiera que contrastan con los antecedentes recientes. Los números ya no muestran un punto de partida en crisis, sino un experimento económico en marcha.
En 2003, el primer acuerdo reciente con el FMI
El primer acuerdo reciente con el FMI fue firmado en septiembre de 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner, en un contexto de incipiente recuperación tras la crisis de 2001-2002. Se trató de un Stand-By por u$s12.550 millones, con exigencias fiscales ambiciosas que se cumplieron holgadamente. A diferencia de otros acuerdos posteriores, no implicó una devaluación abrupta ni un salto cambiario: el dólar se mantuvo prácticamente estable, con una suba acumulada de apenas 1,3% entre agosto y diciembre de 2003.
Esta estabilidad se sostuvo gracias a superávit gemelos, tipo de cambio competitivo y una economía en crecimiento. Sin embargo, el acuerdo no resolvió las tensiones estructurales, y el país, años más tarde, volvió a caer en desequilibrios que lo llevaron nuevamente al FMI.
El primer acuerdo reciente con el FMI fue firmado en 2003, durante el gobierno de Néstor Kirchner
En junio de 2018, la Argentina volvió al FMI con un acuerdo Stand-By por u$s50.000 millones, el mayor préstamo otorgado hasta entonces por el organismo. El objetivo era restaurar la confianza, reducir el déficit y estabilizar la economía, pero el efecto fue el opuesto. En mayo, antes del acuerdo, el dólar cotizaba a $23,73; un mes después ya valía $26,62 (un 12,2% más), y para diciembre trepaba a $37,83, lo que implicó una devaluación del 42,1% en apenas seis meses. El shock cambiario desató una espiral de inflación, pérdida de poder adquisitivo y crisis política. A pesar del volumen del préstamo, no se logró frenar la corrida ni estabilizar expectativas. El acuerdo se renegoció a los pocos meses y terminó siendo un parche más, con fuertes costos económicos y políticos.
Tras el fracaso del acuerdo de 2018, el gobierno de Alberto Fernández negoció un nuevo programa con el Fondo en condiciones extraordinarias. En marzo de 2022 se firmó un acuerdo de facilidades extendidas —el primero desde 2001— para refinanciar los vencimientos del préstamo anterior. A diferencia del esquema anterior, este nuevo acuerdo ofrecía plazos más largos para el repago (entre 4 años y medio y 10 años) pero exigía compromisos más estructurales: consolidación fiscal «creíble», reducción sostenida del financiamiento monetario del déficit, eliminación de subsidios energéticos y acumulación de reservas como ejes centrales.
En diciembre de 2021, antes del acuerdo, el dólar oficial promediaba $101,93; en abril de 2022 ya valía $113,34, una suba del 9% en apenas cuatro meses. Si bien la devaluación fue más gradual que en 2018, no alcanzó para anclar expectativas ni evitar la presión inflacionaria. El tipo de cambio oficial siguió corriendo por detrás de la inflación y del mercado, lo que alimentó tensiones financieras, brechas crecientes y expectativas de un salto discreto.
A diferencia de acuerdos previos, el programa de facilidades extendidas firmado por el gobierno de Javier Milei con el FMI llega en un contexto único para la economía argentina: equilibrio fiscal, superávit financiero, inflación controlada y un drástico freno a la emisión monetaria. El préstamo de u$s20.000 millones a 10 años, con cuatro años y medio de gracia y una tasa de interés del 5,63%, tiene como objetivo fortalecer las reservas del Banco Central y respaldar la emisión monetaria en dólares, dando certidumbre a la estabilidad económica del país.
En abril, el dólar oficial promedió los $1.100,83, un aumento de solo 3% respecto al mes anterior ($1.068,97). Este comportamiento relativamente estable responde a la implementación de un nuevo régimen de bandas cambiarias móviles acordado con el FMI, que sustituye el sistema de crawling peg. Este régimen permite una flotación dentro de un rango de entre $1.000 y $1.400, actualizado mensualmente. Así, el nuevo acuerdo se enmarca en un proceso de normalización cambiaria, con la eliminación del cepo para personas humanas y una gradual flexibilización de restricciones para empresas e importadores.
A diferencia de acuerdos anteriores, marcados por devaluaciones abruptas y tensiones macroeconómicas, el de 2025 se inscribe en un contexto de estabilidad, donde la estabilidad cambiaria no es un objetivo a alcanzar, sino un punto de partida. Este acuerdo no está diseñado para evitar una crisis, sino para consolidar un régimen económico que, por primera vez en años, presenta signos claros de estabilidad.
Uno de los patrones más repetidos en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional es el siguiente: se firma el acuerdo, se corrige el tipo de cambio y, acto seguido, la inflación se acelera. El acuerdo stand-by firmado por Mauricio Macri en 2018 es un ejemplo claro. En los tres meses previos al entendimiento, la inflación mensual promediaba 2,37%. Tres meses después del acuerdo, ese promedio subía al 3,57%. Ese año cerró con una inflación del 47,6%, y 2019 trepó aún más: 53 por ciento.
El patrón se repite: se firma el acuerdo, se corrige el tipo de cambio y la inflación se acelera
La secuencia se repitió en 2022, cuando el gobierno de Alberto Fernández refinanció el préstamo original. En la previa al acuerdo, la inflación mensual venía en torno al 3,27%, pero en los tres meses siguientes saltó a un promedio del 5,09%. El mandato completo de Fernández terminó con una inflación acumulada de 1.020%, reflejo de una dinámica que el acuerdo no logró frenar.
El acuerdo N°23, un punto de inflexión
El caso del «acuerdo Jordan N° 23» firmado en 2025 marca un punto de inflexión. A diferencia de los anteriores, no llega con una inflación desbordada ni con una economía al borde del colapso. Por el contrario, se firma en un momento de desaceleración inflacionaria: el promedio mensual previo al entendimiento fue de 2,76%, y las proyecciones oficiales apuntan a que continuará bajando.
Por primera vez en mucho tiempo, un acuerdo con el FMI no se celebra en medio del fuego, sino después de haberlo apagado. Y eso, en el historial argentino, ya es una anomalía.
Si la inflación mide el calor de los precios, la brecha cambiaria mide el pulso de la incertidumbre. En los últimos acuerdos con el FMI, ese pulso llegó acelerado. En 2022, cuando Alberto Fernández reestructuró el préstamo stand-by de 2018, la brecha entre el dólar oficial y el paralelo ya superaba el 100%. En julio de ese mismo año llegó a tocar el 126%, reflejo de la falta de confianza en la política cambiaria y de una economía que no encontraba anclaje.
La brecha cambiaria mide el pulso de la incertidumbre
Incluso el acuerdo de Mauricio Macri en 2018, firmado en un contexto todavía menos volátil, no logró despertar demasiada tensión en ese frente: la brecha se mantuvo contenida entre el 2% y el 3%, aunque el impacto se sintió más fuerte en el plano inflacionario y fiscal.
En contraste, el acuerdo de 2025 encuentra una brecha cambiaria significativamente menor: 18% antes del anuncio, con expectativas de reducción hacia adelante. Esto no solo refleja un mayor control del mercado cambiario, sino también que, por primera vez en años, el acuerdo no busca apagar una crisis, sino consolidar un esquema con credibilidad.
Por último, si hay un terreno donde todos los acuerdos con el FMI suelen hacer foco, es el fiscal. En la historia reciente, cada entendimiento incluyó metas de reducción del déficit primario y compromisos de orden en las cuentas públicas. Pero en la práctica, esos objetivos casi nunca se cumplieron del todo. En 2018, el acuerdo con Mauricio Macri se firmó con un déficit primario equivalente al 2,3% del PBI y un rojo financiero del 4,9%. Cuatro años más tarde, el programa de refinanciamiento que firmó Alberto Fernández no mejoró mucho ese panorama: el déficit primario cerró en 2022 en 2% del PBI y el financiero en 3,8 por ciento.
Si hay un terreno donde todos los acuerdos con el FMI suelen hacer foco, es el fiscal
El acuerdo de 2025, en cambio, se diferencia de entrada: no se firma para «ordenar las cuentas», sino como respaldo a un esquema que ya muestra superávit. En el primer trimestre del año, el gobierno de Javier Milei registró un superávit primario equivalente al 3% del PBI anualizado y un superávit financiero del 0,9 por ciento
Mientras los acuerdos anteriores llegaron como promesas de disciplina futura, el actual se presenta como validación de un orden ya puesto en marcha. En este «Jordan N° 23» del vínculo con el Fondo, el déficit fiscal ya no es el problema: es la carta ganadora del plan económico.
Después de tantos acuerdos firmados en tiempos de crisis, este nuevo entendimiento con el FMI se presenta como una rareza en la historia económica argentina: llega con las cuentas ordenadas, la inflación a la baja y una brecha cambiaria en retroceso. Si los anteriores programas fueron intentos fallidos de encestar desde mitad de cancha con la tribuna en contra, el acuerdo de 2025 arranca con el tablero estabilizado y la pelota en las manos. Falta ver si esta vez, finalmente, la jugada sale bien. Porque incluso el Jordan N° 23 necesitaba equipo, estrategia y constancia para ganar el partido.
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ECONOMIA
La inflación en alimentos frenó en marzo pero cerró con una suba inesperada que preocupa a familias
El aumento de la canasta básica mostró señales de desaceleración en marzo, pero en la última semana cuatro rubros acentuaron la preocupación
03/04/2026 – 11:10hs
La inflación en alimentos y bebidas cerró marzo con un aumento promedio de 2,3%. El dato surge de un relevamiento de la consultora Labour, Capital & Growth (LCG) que detectó una desaceleración de 0,3 puntos porcentuales respecto de las cuatro semanas previas.
La tendencia a la baja viene desde el pico registrado a fines de febrero. Sin embargo, la intensidad de esa moderación perdió fuerza.
La medición se realiza a partir de un relevamiento semanal de aproximadamente 8.000 productos en cinco supermercados, utilizando técnicas de web scraping que permiten capturar movimientos en tiempo real.
La última semana de marzo rompió la racha de caídas
En la última semana del mes, los precios del rubro treparon un 1,5%. Ese salto interrumpió dos semanas consecutivas de bajas que habían mostrado caídas del -0,2% y -0,6%.
Fue el tercer registro semanal de marzo con subas superiores al 1%. Una dinámica que no se había observado en lo que va de 2026.
El incremento marcó un quiebre en la tendencia descendente y reflejó presiones puntuales en categorías específicas que compensaron el comportamiento moderado de otras.
Qué productos impulsaron los aumentos en supermercados
Entre las categorías con mayores incrementos en la última semana de marzo se destacaron varios rubros clave de la canasta. Los productos de panificación, cereales y pastas lideraron las subas.
El ranking completo quedó así:
- Productos de panificación, cereales y pastas: +4,4%
- Lácteos y huevos: +2,6%
- Frutas: +1,9%
- Bebidas e infusiones para el hogar: +1,7%
- Azúcar, miel, dulces y cacao: +0,8%
- Aceites: +0,8%
- Carnes: +0,8%
- Condimentos y otros alimentos: +0,5%
- Comidas para llevar: +0,1%
El único rubro que mostró una baja semanal fue verduras, con una caída del 1,4%.
El informe de LCG señaló que la mayor parte de los aumentos recientes se explicó por la evolución de tres categorías. Carnes, lácteos y bebidas concentraron alrededor del 80% de las subas en las últimas cuatro semanas.
Diferencias entre consultoras sobre la inflación alimentaria
Por su parte, la consultora EcoGo estimó una suba mensual del 1,9% en alimentos y bebidas durante marzo. Esa cifra implica una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales frente a febrero.
La diferencia con LCG (2,3%) se explica por variaciones metodológicas y en la cobertura de productos relevados.
De acuerdo con el relevamiento de EcoGo, la dinámica estuvo influida por una moderación en el aumento de la carne. Ese rubro pasó de 5,2% en febrero a 4% en marzo.
También pesó el comportamiento de las verduras. Registraron una baja cercana al 1% tras haber subido en el mes previo.
En el desglose por tipo de consumo, los alimentos dentro del hogar aumentaron 2,1% en marzo. Los consumidos fuera del hogar subieron 0,8%.
Mayor dispersión de precios y qué esperar para abril
El informe de LCG detectó cambios en la dispersión de precios dentro de la canasta. Durante marzo, el 27% de los productos relevados registró variaciones.
Un 22% mostró subas y un 5% registró bajas. Eso representa un aumento respecto del mes anterior, cuando la cantidad de productos con movimientos había sido menor.
El comportamiento del mes dejó un arrastre estadístico de 0,4 puntos porcentuales para abril en el rubro alimentos y bebidas, lo que sugiere que la inflación del cuarto mes del año podría arrancar con esa base técnica.
La evolución de las próximas semanas será clave para confirmar si la desaceleración se sostiene o si los aumentos de fin de marzo anticipan un repunte en la inflación alimentaria.
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ECONOMIA
Un grupo empresario tomó el control de una línea cerrada de colectivos y habilitará parte del recorrido
Luego del anuncio de cierre e incertidumbre de sus 450 trabajadores y usuarios, el Gobierno llegó a un acuerdo con el Grupo Zbikoski para operar la línea 148, previamente administrada por la empresa “El Halcón” que conectaba la Estación Constitución con Florencio Varela, en el sur del Conurbano bonaerense.
Así quedó establecido a través de la firma de un “acta de entendimiento” entre la Secretaría de Transporte, la empresa La Central de Vicente López (que opera como Misión Buenos Aires) y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), en representación de los trabajadores.
Según el acuerdo, reportó enelSubte, se implementará un “esquema de transición operativa” para asegurar tanto la prestación del servicio como la estabilidad laboral del personal.
La resolución es de carácter “excepcional” y tiene como único objetivo restablecer el funcionamiento de la línea, que dejó de operar por completo en enero. La cartera de Transporte, de todos modos, mantiene abierta la posibilidad de adoptar medidas regulatorias definitivas, incluida una eventual relicitación de la concesión.
Conocida la noticia del cierre, y a fin de asegurar la continuidad y regularidad del servicio, la Subsecretaría de Transporte Automotor había notificado a las 5 cámaras empresariales que licitaría los recorridos de la línea.
“Las propuestas deberán contemplar, entre otros aspectos, la capacidad operativa disponible, el parque móvil y el esquema de prestación previsto, debiendo asimismo prever mecanismos que permitan garantizar la absorción del personal actualmente vinculado a la operación de la línea y asegurar la adecuada cobertura de la demanda existente, de modo tal de resguardar la continuidad, regularidad y calidad en la prestación del servicio público”, había señalado la comunicación oficial.
De momento, únicamente estarán en funcionamiento los ramales “C” Cementerio, “C” La Capilla, “E” Solano por 844, “F” Solano por Monteverde, “H” Villa del Plata por Mosconi e “I” Solano por Pasco. Los ramales restantes (B por Acceso, B – El Jalón, C por Senzabello y G por San Martín) permanecerán sin operar.
El cese de actividades se había dado en un marco de falta de servicio y reiterados incumplimientos. Fuentes del sector afirman que el cierre surge a raíz de “una administración complicada” y problemas con los subsidios, que fueron generando atrasos en los pagos.
Explicaron que llegó un punto en el que la compañía dejó de renovar su flota y comenzó a deteriorar su patrimonio. La falta de inversiones para actualizar los vehículos y el consecuente aumento de costos —con repuestos cada vez más caros— deterioraron progresivamente la situación financiera, que terminó desembocando en el desenlace conocido.
Otras fuentes destacaron la falta de renovación de los colectivos: “La última unidad que renovaron fue en 2017. Lo habitual es renovar al menos el 10% de la flota por año. En una empresa con unos 200 colectivos, eso implicaría reemplazar cerca de 20 unidades anuales”.
También advirtieron que la demanda de la línea se concentraba en franjas muy acotadas del día. Aunque en determinados momentos los colectivos circulaba completos, esa situación solía limitarse a apenas dos o tres horas, lo que derivaba en una incapacidad para cubrir costos.
“La empresa tendría que haber tenido una reestructuración hace 15 años”, opinan y agregan que una opción sería conservar los ramales que resultan sostenibles desde el punto de vista operativo y transferir aquellos deficitarios a servicios de carácter local, comunal o provincial, de modo de redistribuir la cobertura sin comprometer la viabilidad del sistema.
Los empleados relataron que en los últimos meses la falta de recursos dificultó el sostenimiento de la empresa, provocando la reducción paulatina de los recorridos y, finalmente, la interrupción total del servicio.
La empresa de transporte tiene un arraigo importante en la zona sur. Un ejemplo de ello es el club Defensa y Justicia, de Florencio Varela, que milita en la máxima división del fútbol argentino. En los años 80, la institución adoptó los colores verde y amarillo, los mismo que identifican a los colectivos de la línea 148. Y también recibió el apodo vinculado a la empresa, que mantiene hasta hoy: “el halcón de Varela”.
Mientras busca captar más obras y empleos en los sectores de minería y energía con la extensión del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) hasta 2027; la administración de Javier Milei mantiene vigente una medida que les impide a varias empresas inversoras poder actualizar por inflación los saldos del impuesto a las Ganancias que tienen a favor por quebrantos impositivos registrados en los últimos años.
Tras un dictamen emitido a fines de 2024, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desconoce los ajustes de los quebrantos impositivos por las variaciones inflacionarias que han realizado las empresas y considera que las diferencias surgidas hasta ese año entran en la categoría de «deudas tributarias» que se deben afrontar.
Impuesto a las Ganancias: una medida de ARCA preocupa a empresas con RIGI
En tanto, para los ejercicios fiscales iniciados a partir de 1 de enero de 2025,el artículo 190 de la ley de modernización laboral que aprobada por el Congreso en febrero dejó establecido que «los quebrantos generados desde esa fecha en adelante se actualizarán teniendo en cuenta la variación del Índice de Precios al Consumidor Nivel General (IPC) que suministre el INDEC».
Si bien el organismo recaudador, que conduce Andrés Vázquez, tiene abiertos distintos planes de pago para regularizar la situación de los años anteriores, los abogados de las medianas y grandes empresas afectadas resisten la interpretación oficial y advierten que el total de lo reclamado estaría en torno de u$s 5.000 millones que de pagarse dejarían de ir a las obras e inversiones comprometidas.
Según la normativa vigente, si una empresa cierra un ejercicio anual con pérdidas puede trasladarlas a los siguientes balances para que sean compensadas con las ganancias que se obtengan en esos períodos.
Al momento de liquidar los pagos de Ganancias, la mayoría de las empresas que habían acumulado resultados en los últimos años procedieron a actualizar sus quebrantos con los registros inflacionarios del 211% de 2023 y del 118% de 2024.
Tras no convalidar esas actualizaciones que presentaron compañías de distintos sectores que van desde productoras de alimentos hasta operadoras de servicios públicos; el titular de la ARCA avanzó con inspecciones integrales a todas las empresas que habían tomado la inflación como parámetro de ajuste a contramano del planteo oficial que establece que los montos de los quebrantos debían permanecer sin cambios.
La no actualización de los quebrantos impositivos anteriores a los balances de 2025 forma parte de los reclamos que la Unión Industrial Argentina (UIA) le viene planteando al Gobierno desde hace varios meses.
A fines del año pasado, por medio de una nota al ministro de Economía, Luis Caputo, la entidad advirtió que la medida «genera efectos confiscatorios, particularmente para aquellas empresas que realizaron inversiones significativas o que operan con financiamiento en moneda extranjera. Esta situación afecta la competitividad, desalienta la inversión y compromete la sustentabilidad de proyectos estratégicos de largo plazo».
Ante las intimaciones lanzadas por ARCA para cancelar las «deudas tributarias» generadas en las presentaciones de Ganancias, solo la petrolera YPF y Pampa Energía decidieron aceptar el criterio oficial y saldar lo reclamo mediante planes de pago.
Empresas recurren a la Justicia para modificar medida de ARCA
La mayoría de las empresas decidió resistir la movida de ARCA con reclamos administrativos y judiciales. Una de ellas es PCR (Petroquímica Comodoro Rivadavia), la empresa controlada por las familias Cavallo y Brandi que tiene negocios en petróleo, gas y energía renovables.
Su reclamo contra la posición de ARCA se encuentra en el Tribunal Fiscal de la Nación, el organismo administrativo que depende de la subsecretaría de Ingresos Públicos y que ahora tiene que resolver esta cuestión clave que es seguida de cerca por otras empresas energéticas que están en la misma situación y con proyectos de inversión encuadrados dentro del RIGI.
PCR es la segunda empresa generadora más importante en el sector de energías renovables. Opera cinco parques eólicos que tienen una capacidad de generación total de 530 MW y tiene en camino dos nuevos proyectos para instalar 572 MW adicionales en parques eólicos localizados en la provincia de Buenos Aires y un equipo generador solar en San Luis.
A mediados de marzo, la empresa consiguió de la IFC –la pata financiera del Banco Mundial—y otras entidades comerciales un crédito por u$s110 millones para la construcción del «Parque Eólico Olavarría» que demandará una inversión total de u$s 257 millones.
El parque -que alimentará de energía renovable a la siderúrgica ArcelorMittal Acindar- integra la lista de los proyectos del RIGI que ya cuentan con la aprobación de las autoridades económicas, mientras la empresa inversora sigue jaqueada por el reclamo que llevan adelante los funcionarios del ente recaudador.
RIGI: los proyectos aprobados hasta el momento
En lo que respecta al RIGI, hasta ahora se contabilizan cerca de 30 iniciativas presentadas y un total de 13 proyectos aprobados que se desarrollarán básicamente en las provincias de Neuquén, Río Negro, San Juan, Mendoza, Salta, Buenos Aires, Catamarca y Santa Fe.
Los proyectos con visto bueno oficial se concentran principalmente en los sectores energético y minero, que representan más del 96% del total las inversiones proyectadas que llegan a casi u$s 30.000 millones.
Las iniciativas abarcan desde energías renovables hasta infraestructura petrolera y gasífera, además de proyectos de litio, cobre, oro y plata, junto con inversiones industriales y logísticas.
A mediados de febrero, el Gobierno extendió la vigencia del RIGI por un año más y permitió que se sumen proyectos vinculados a la exploración y producción de petróleo y gas con un monto mínimo de inversión de u$s 600 millones.
Entre los principales incentivos que ofrece el RIGI a las empresas inversoras sobresalen la reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias del 35% al 25%, la exención de derechos de exportación, la deducción del IVA desde antes del inicio de las actividades y la posibilidad de recurrir al arbitraje internacional para la resolución de disputas legales.
Más allá de los anuncios oficiales sobre las bondades del RIGI, el economista Santiago Polo advirtió que «tras la extensión por un año y la ampliación del listado de proyectos aprobados, ahora el régimen le plantea desafíos al Gobierno en términos de seguimiento, control y evaluación de resultados».
En un análisis publicado en el sitio «ElAuditor», el economista alertó que «el principal interrogante no gira ya en torno al volumen de anuncios, sino a la capacidad de transformar compromisos de inversión en obras ejecutadas, producción efectiva y generación de divisas».
«En ese proceso—destacó Polo– también aparece la expectativa de que estos desarrollos impulsen el crecimiento de proveedores locales, evitando una dependencia excesiva de insumos importados y generando encadenamientos productivos en distintas regiones del país».
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