POLITICA
Una senadora pidió echar a tres asesores que le advirtieron sobre un proyecto inconstitucional
La senadora libertaria y pastora evangélica, Vilma Bedia, se hizo conocida muy rápido en el Congreso por la activación de una pyme familiar de contratados que, al salir a la luz, tuvo que eliminar con una pequeña mentira, ya que dejó a uno de sus hijos con la categoría A-1, la más alta. Días atrás y, por fuera del radar, en su despacho se armó un escándalo cuando la legisladora puso el grito en el cielo contra tres asesores que le advirtieron sobre un proyecto inconstitucional y una respuesta en modo Flash: pidió desafectarlos y desde hace días les impide el ingreso a las oficinas que la jujeña tiene en el Anexo.
Según pudo confirmar Infobae, la nueva novela se inició cuando Bedia requirió la confección y revisión de un proyecto -con la supuesta orden y venia de la propia Casa Rosada, como suele deslizar la senadora en diversas intervenciones informales- para algo irrealizable en la actualidad, tanto por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y la ley del empleado legislativo, la 24.600: eliminar la planta permanente del Congreso y derogar cualquier tipo de estabilidad en la contratación de empleados públicos, así como la reducción de todos los sueldos.
Quienes hicieron los comentarios sobre la iniciativa que deseaba la senadora forman parte de la planta permanente del Senado. Acá se ingresa en la triste realidad que -por momentos- pincela el Congreso, con decenas de agentes que se creen impunes y todavía viven en una fantasía de picardía constante, siempre en detrimento de centenares de trabajadores que asisten todos los días, cumplen tareas incluso por fuera del horario laboral y ponen el cuerpo hace años. El problema está en la aparente solución, que sería dinamitarlos a todos.
Para dar un ejemplo de las avivadas, en marzo del año pasado, con la gestión recién iniciada de Victoria Villarruel, este medio contó la historia de un empleado que no iba a trabajar y fue desvinculado tras corroborar que aceptó en Río Negro la culpabilidad por daños y amenazas en un juicio abreviado, en agosto de 2021, y usó durante meses una tobillera electrónica que no le impidió continuar con su relación con la Cámara alta. Ese primer peinado de irregularidades fue fumigado por la eficiente y ahora ex secretaria administrativa -caja y corazón del Senado- María Laura Izzo.
Con el requerimiento administrativo de Bedia en contra de estos tres agentes, la desafectación implica que, una vez notificados -aún no está el trámite oficial-, los empleados deberán buscar otro destino dentro de la Cámara alta. Mientras tanto y, para no perder la presencialidad, los involucrados se presentaron en el despacho de la legisladora libertaria para sus tareas, aunque fueron frenados y pasaron horas en un banquito cercano a las oficinas.
De hecho, otras dos fuentes comentaron que fue la propia Bedia quien se dirigió a otros departamentos a consultar sobre su proyecto, con respuestas negativas y algunos comentarios fuera de tono. Todo esto llegó a los gremios, claro está. El principal es APL, que comanda el siempre temido y respetado -por otros- Norberto Di Próspero, denostado los últimos meses por su llamativo silencio -más allá de algún comentario o comunicado- a la hora de discutir la paritaria legislativa. Días atrás, agradeció el acompañamiento durante un acto de militantes y “militantas”.
Más allá de esto, la situación fue notificada en diferentes bancadas y la bronca llegó hasta el despacho de Villarruel, que espera al 7 de mayo para que le aprueben a su nuevo secretario administrativo, Emilio Viramonte Olmos.
A fines de marzo del año pasado, Bedia dio de baja cuatro contratos de familiares y prometió solucionar rápido la situación. Su hijo, por ahora, salió beneficiado. A la hora de revisar diversos contratos de locación, Infobae encontró otro detalle: aparece con 845 módulos a favor Humberto Luis Arturo Schiavoni. Son los mismos nombres e idéntico apellido del ex jefe del Pro en el Senado. Su mandato finalizó el 10 de diciembre de 2023.
POLITICA
El Gobierno celebró la media sanción del Régimen Penal Juvenil y pidió un debate urgente en el Senado
La Oficina del Presidente celebró la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados al proyecto de reforma del Régimen Penal Juvenil, que establece la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años.
La iniciativa fue aprobada en general con 149 votos positivos, 100 negativos y ninguna abstención, contando con el respaldo fundamental del radicalismo, el PRO y bloques provinciales. Este triunfo legislativo para La Libertad Avanza se suma a la reciente victoria en el Senado con la reforma laboral, consolidando la agenda del Ejecutivo en el Congreso.
EN VIVO | Diputados le dio media sanción a la baja en la edad de imputabilidad
A través de un comunicado oficial, el Gobierno destacó que durante más de cuarenta años se presentaron 37 proyectos sin tratamiento, mientras el delito se volvía “más violento, más organizado y más precoz”.
El documento sostiene que la Argentina no puede regirse por normas de un país que ya no existe y afirma que un ciudadano de 14 años comprende la gravedad de sus actos: “Sostener lo contrario es subestimar a la sociedad y abandonar a las víctimas”.
El texto aclara que la medida busca que quien comete un delito responda ante la Justicia, bajo la premisa de que no se trata de perseguir jóvenes, sino de reconocer la realidad.
— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) February 12, 2026
El presidente Javier Milei agradeció a los legisladores que acompañaron la sanción, considerando que brindaron una respuesta a la inseguridad, una de las principales preocupaciones de la ciudadanía.
Tras el debate en la Cámara baja, el Gobierno Nacional manifestó su confianza en que el Senado trate la reforma con la urgencia necesaria para que “el fin de la impunidad sea una realidad”. De esta manera, el oficialismo busca convertir en ley este nuevo esquema de responsabilidad penal juvenil para poner fin a lo que consideran una distorsión legal de décadas.
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Diputados,Edad de Imputabilidad,Javier Milei,régimen penal juvenil
POLITICA
Con una chicana a Bullrich, Pichetto cuestionó la falta de presupuesto para reformar el régimen penal juvenil
En medio del debate por la reforma del régimen penal juvenil, el diputado de Encuentro Federal Miguel Ángel Pichetto anticipó su respaldo a la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque advirtió que detrás del proyecto hay un Gobierno “que no invierte en infraestructura, reparación de rutas ni educación”. También cuestionó la partida prevista por el oficialismo, de $23 mil millones, a la que calificó de “insignificante”. Además, sin mencionarla de manera explícita, lanzó un dardo contra la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich. “Es una medida de efecto para el lucimiento de determinadas exministras”, arremetió el legislador.
Desde el comienzo de su alocución, Pichetto aclaró que votará a favor del proyecto de ley y aclaró que representa una vieja discusión que data de la década de los ’90 cuando comenzó de la mano del expresidente de la Cámara de Diputados, Alberto Pierri.
Al profundizar sobre la coyuntura actual, Pichetto sostuvo que el caso de Jeremías Monzón —el adolescente de 15 años asesinado a puñaladas por tres adolescentes— volvió a reflotar un debate “circular” en la Argentina. Afirmó que la reforma penal juvenil impulsada por el oficialismo constituye “una medida de impacto frente a realidades que atraviesan a una sociedad rota, en decadencia, donde se ha perdido el valor de la escuela pública y de la familia como espacios de contención”. Según planteó, todos esos factores inciden en la incorporación de jóvenes al delito.
Si bien ahondó en la necesidad de avanzar con la reforma, Pichetto renovó sus críticas contra la administración de Javier Milei. “¿Qué hay detrás de este proyecto de un Gobierno que no invierte en infraestructura, en reparación de rutas ni en educación?”, planteó. “Son medidas de efecto para el lucimiento de determinados senadores o exministras que, disconformes con los 14 años, preferirían 13 o incluso 10, porque eso las corre más a la derecha y las instala en el facilismo discursivo que satisface a algunos sectores”, sentenció al respecto.
“La pavada de ‘delito de adulto, pena de adulto’ estuvo circulando todo el mes de enero en la Argentina y también ‘cárcel de adulto’, digamos todo completo”, agregó el diputado en referencia a una de las consignas adoptadas por Bullrich.
Sobre este punto, Pichetto consideró “inadmisible” que un joven pueda compartir un establecimiento penitenciario con adultos y sostuvo que la reforma requiere de una inversión que perminta la construcción de centros especializados, además de un esquema que contemple procesos educativos y de reinserción.
“Quiero sostener que los recursos asignados en el presupuesto son insignificantes estamos hablando, de 23 mil millones de pesos que no sé para qué van a servir”, alertó sobre el partida asignada por el Gobierno. “Hoy el metro cuadrado para la construcción de un edificio para encierro está en US$7000, ni hablar de las estructuras que hay que póner de asistencia terapéutica, profesores y gente que trate de reconstruir a ese menor que cometió el delito”, destacó.
En esa misma línea, Pichetto advirtió sobre la situación fiscal que atraviesan las provincias que, según sostuvo, “tienen graves dificultades por la pérdida de recursos de coparticipación”. Entonces, propuso incorporar una cláusula especial al proyecto que determine que en los distritos comenzará a regir el nuevo sistema “cuando estén dadas las condiciones y se hayan construido los establecimientos específicos para menores”.
Bajo ese contexto, el diputado ratificó su postura a favor de la baja de punibilidad a 14 años, pero volvió sobre sus críticas contra la gestión del Gobierno. “Este es un debate antiguo que se saca oportunamente para que no se hable de los temas que realmente son preocupantes para la sociedad argentina: la pérdida del empleo, el cierre de las industrias y el bajo salario que tiene la media argentina”, apuntó.
“Pero en principio si no hay asignación de recursos para que esta ley se pueda implementar de nada sirve poner 14, 15, o 12 años si no se logra concretar un proyecto que requiere de inversiones del Estado. Y permítanme dudar que este Gobierno vaya a poner los recursos”, concluyó Pichetto.
pena de adulto,Conforme a
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Los empleados bancarios recibieron un aumento para enero: la cifra récord que alcanza el sueldo inicial
Los empleados bancarios percibirán un aumento salarial del 2,9% correspondiente a la inflación de enero, lo que llevará el salario inicial a $2.125.068,44.
Así lo informó la Asociación Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, que tiene acordado con las cámaras empresariales una actualización automática de los sueldos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
El acuerdo salarial, alcanzado entre la Asociación Bancaria, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central (BCRA), estipula que el incremento se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas de diciembre de 2025. Esta medida abarca los conceptos remunerativos y no remunerativos, así como los adicionales convencionales y no convencionales.
El valor para el Día del Bancario, además, fue fijado en $1.894.425,01 como monto mínimo, cifra que está sujeta a posibles ajustes en el futuro. El mismo mecanismo de actualización continuará vigente durante febrero de 2026 y se prevé que la negociación paritaria se retome en la segunda mitad de marzo de 2026.
Además de los bancarios, otros sindicatos acordaron aumentos para febrero de 2026 con mejoras que se ubicaron por encima del promedio salarial.
Por un lado, la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo, pactaron con las cámaras un aumento de 11% entre diciembre y enero, además de un retroactivo de 400.000 pesos.
De acuerdo con el convenio, el salario para la categoría de peón ascenderá a 2.344.000 pesos en enero de 2026. Esta mejora anual supera el 50% a nivel salarial, sin considerar sumas extra, lo que duplica el promedio de la mayoría de los acuerdos vigentes y representa uno de los avances más significativos del período.
Esta actualización se dio mientras la industria aceitera procesa el volumen de girasol más alto desde 2000, con perspectivas de crecimiento durante 2026.
En el sector de la salud, la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) firmó un incremento global de 31,5% para los empleados de la rama Laboratorios, que abarca el período que va de abril de 2025 a marzo de 2026, en proporción a la inflación oficial informada por el INDEC.
Además, el acuerdo incluyó el bono de $85.129,84 como premio por el Día de la Sanidad, suma que será reconocida como beneficio adicional y que refuerza la equiparación frente a la variación anual de precios.
La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), por su parte, cerró una actualización salarial para los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo 36/89 de la rama Cal y Piedra, distribuyendo el aumento en tres tramos: 4% en enero, 3,5% en febrero y 3% en marzo.
Los operarios de la rama de Molienda de Minerales y Afines, bajo el convenio colectivo 37/89, recibirán por su lado un incremento del 8%. Ambas partes acordaron reencontrarse en los primeros días de abril para evaluar el impacto de estas mejoras a la luz de los indicadores económicos. Este seguimiento permitirá ajustar los haberes ante posibles variaciones inflacionarias, una práctica que responde al dinamismo del sector y a su exposición a parámetros macroeconómicos.
Por otra parte, la reciente paritaria de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) establece sumas fijas no remunerativas de $100.000 mensuales —integradas por $40.000 ya prorrogados y un refuerzo de $60.000 adicionales— para los meses de enero, febrero y marzo. A partir de abril de 2026, estos montos se incorporarán al salario básico, impactando sobre los conceptos de presentismo, antigüedad, vacaciones y aguinaldo.
El acuerdo salarial, que fue firmado por la FAECyS y las cámaras empresariales CAC, CAME y UDECA, incluye una cláusula de revisión en marzo de 2026 para analizar una mejora ante eventuales desfases inflacionarios.
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