POLITICA
Con las PASO a punto de suspenderse, crece la tensión en territorio bonaerense por los plazos electorales

Cuando parecía que se encaminaba la discusión política en la provincia de Buenos Aires con la suspensión de las PASO, una vez más se empantanan las negociaciones. Sucede que en el proyecto del gobernador Axel Kicillof que suspendía las primarias, también había una serie de reformas electorales que fueron dejadas de lado en el Senado, que dio media sanción a la iniciativa.
Allí se establecía, por ejemplo, un margen de 70 días entre el cierre de listas y la elección, mientras que la legislación actual establece como plazo máximo para presentar las candidaturas 30 días antes del acto eleccionario. Ahora, la Junta Electoral bonaerense convocó a los jefes de bloque de la Legislatura a una reunión de urgencia para este lunes a la mañana, antes de la sesión en Diputados que sellará la suerte de las primarias.
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La Junta Electoral planteará la necesidad de un cambio en los días de presentación de candidatos y de boletas, ya que sostienen que con el cronograma actual, no llegan con los tiempos. El dato es que la convocatoria será un día antes de la reunión de la Comisión de Reforma Política de Diputados, convocada para el martes a la mañana.
Allí estaban citados la Junta Electoral, y la vicegobernadora y presidenta del Senado, Verónica Magario, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, como representante del Ejecutivo. Estos últimos también fueron invitados a la reunión convocada por el organismo judicial.
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En el organismo judicial consideran que no dan los tiempos para revisar las candidaturas a legisladores nacionales, concejales y consejeros escolares, que se estiman en más de 10.000. En el esquema actual -y que pretenden cambiar- tienen un plazo de diez días para hacerlo. Buscan tener, al menos, el doble de tiempo.
“Nosotros seguimos con la misma postura. Buscamos que los tiempos que se plantearon en el decreto inicial se mantengan. Son los más útiles para desarrollar toda la logística electoral”, señalaron en el entorno de Kicillof a TN.

“La Junta ya expresó en dos cartas, una para el Senado y otra en diputados, donde señalaba que los tiempos vigentes no eran los mejores”, añadieron.
Los cambios que incluía la propuesta de Kicillof
Dentro de las modificaciones a la Ley Electoral 5.109, el proyecto del oficialismo pedía que el reconocimiento de alianzas se hiciera hasta 80 días antes de la fecha de la elección. Además, se solicitaba que la presentación de listas ante la Junta Electoral sea realizada con anticipación de por lo menos 70 días antes del día de la votación. Y un dato más: son los mismos tiempos que fijó Nación para la elección nacional del 26 de octubre.
Según pudo saber este medio, la Junta Electoral se inclina por unos plazos intermedios: la presentación de listas 50 días antes de la elección y 30 días antes de la fecha del comicio para la presentación de las boletas.
La muerte del papa Francisco obligó a la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires a reprogramar el tratamiento de la suspensión de las PASO. El debate, que estaba previsto para este miércoles, se trasladó para el lunes. Las fechas del cronograma electoral vigente son las siguientes: presentación de listas el 8 de agosto, de boletas el 18 de agosto y elecciones el 7 de septiembre.
PASO, Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof
POLITICA
Los empleados bancarios recibieron un aumento para enero: la cifra récord que alcanza el sueldo inicial

Los empleados bancarios percibirán un aumento salarial del 2,9% correspondiente a la inflación de enero, lo que llevará el salario inicial a $2.125.068,44.
Así lo informó la Asociación Bancaria, que conduce Sergio Palazzo, que tiene acordado con las cámaras empresariales una actualización automática de los sueldos según la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
El acuerdo salarial, alcanzado entre la Asociación Bancaria, la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central (BCRA), estipula que el incremento se aplicará sobre todas las remuneraciones mensuales brutas de diciembre de 2025. Esta medida abarca los conceptos remunerativos y no remunerativos, así como los adicionales convencionales y no convencionales.

El valor para el Día del Bancario, además, fue fijado en $1.894.425,01 como monto mínimo, cifra que está sujeta a posibles ajustes en el futuro. El mismo mecanismo de actualización continuará vigente durante febrero de 2026 y se prevé que la negociación paritaria se retome en la segunda mitad de marzo de 2026.
Además de los bancarios, otros sindicatos acordaron aumentos para febrero de 2026 con mejoras que se ubicaron por encima del promedio salarial.
Por un lado, la Federación Aceitera y Desmotadora (FTCIODyARA) junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (SOEA) San Lorenzo, pactaron con las cámaras un aumento de 11% entre diciembre y enero, además de un retroactivo de 400.000 pesos.
De acuerdo con el convenio, el salario para la categoría de peón ascenderá a 2.344.000 pesos en enero de 2026. Esta mejora anual supera el 50% a nivel salarial, sin considerar sumas extra, lo que duplica el promedio de la mayoría de los acuerdos vigentes y representa uno de los avances más significativos del período.
Esta actualización se dio mientras la industria aceitera procesa el volumen de girasol más alto desde 2000, con perspectivas de crecimiento durante 2026.
En el sector de la salud, la Federación de Asociaciones Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) firmó un incremento global de 31,5% para los empleados de la rama Laboratorios, que abarca el período que va de abril de 2025 a marzo de 2026, en proporción a la inflación oficial informada por el INDEC.

Además, el acuerdo incluyó el bono de $85.129,84 como premio por el Día de la Sanidad, suma que será reconocida como beneficio adicional y que refuerza la equiparación frente a la variación anual de precios.
La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), por su parte, cerró una actualización salarial para los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo 36/89 de la rama Cal y Piedra, distribuyendo el aumento en tres tramos: 4% en enero, 3,5% en febrero y 3% en marzo.
Los operarios de la rama de Molienda de Minerales y Afines, bajo el convenio colectivo 37/89, recibirán por su lado un incremento del 8%. Ambas partes acordaron reencontrarse en los primeros días de abril para evaluar el impacto de estas mejoras a la luz de los indicadores económicos. Este seguimiento permitirá ajustar los haberes ante posibles variaciones inflacionarias, una práctica que responde al dinamismo del sector y a su exposición a parámetros macroeconómicos.

Por otra parte, la reciente paritaria de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) establece sumas fijas no remunerativas de $100.000 mensuales —integradas por $40.000 ya prorrogados y un refuerzo de $60.000 adicionales— para los meses de enero, febrero y marzo. A partir de abril de 2026, estos montos se incorporarán al salario básico, impactando sobre los conceptos de presentismo, antigüedad, vacaciones y aguinaldo.
El acuerdo salarial, que fue firmado por la FAECyS y las cámaras empresariales CAC, CAME y UDECA, incluye una cláusula de revisión en marzo de 2026 para analizar una mejora ante eventuales desfases inflacionarios.
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POLITICA
Fabiola Yañez acusó a Alberto Fernández de “intentos desesperados” por hacer caer la causa judicial

La exprimera dama Fabiola Yáñez acusó a su ex espareja Alberto Fernández ante la Justicia de actuar con una “consciente ceguera” frente a los hechos que lo ponen de cara a un juicio oral, en el proceso en el cual está acusado de pegarle a su exmujer, y señaló que el expresidente hace “intentos desesperados” por hacer caer la causa.
Yañez hizo estas manifestaciones en un escrito que presentó ante el juez federal Daniel Rafecas, para rechazar un pedido de nulidad presentado por el exmandatario.
Alberto Fernández argumentó que toda la causa debe ser declarada nula porque la Cámara Federal de Casación apartó del expediente al juez Julián Ercolini, a quien el expresidente recusó por supuesta enemistad. Dijo que al tratarse de una resolución de un juez parcial, debe anularse todo el expediente.
Pero Yañez, en un escrito, dijo que debe avanzar el juicio y denunció que su exmarido tergiversa el fallo de Casación, que no anula todo lo que se hizo hasta ahora en el proceso judicial.
Declaró que Fernández tiene una “consciente ceguera” frente a los hechos que lo acercan al juicio oral y que todos estos recursos son “intentos desesperados” de eludir las acusaciones y un “empeño en hacer caer el caso”.
En un escrito, patrocinada por sus abogadas Marcela De Leonardis y María Eugenia Sosa, calificó el pedido de nulidad como un “burdo intento de eludir la Justicia” para no responder por los actos de violencia de género denunciados.
Las letradas de Yáñez sostienen que la resolución de la Cámara de Casación es clara, al señalar que “se aparta al juez pero los actos cumplidos por aquél son válidos”. Además, argumentan que la defensa del expresidente consintió esta decisión al no interponer un recurso extraordinario federal en tiempo y forma, lo que implica una aceptación de que lo actuado hasta ahora es legal.
En el escrito se advierte que la pretensión de Fernández de anular el proceso, que ya cuenta con requerimiento de elevación a juicio, y volverlo a “foja cero” constituye una revictimización.
Para Yañez los múltiples planteos de nulidad son “intentos desesperados” y un “abuso de las normas procesales” para derribar una causa.
Fabiola le respondió al expresidente cuando dijo que fue “inducida” o “manipulada” para instar la acción penal en su contra. Afirmó que ello constituye otro acto de violencia contra la mujer atribuible al imputado, pues implica subestimar su capacidad.
El fiscal del caso, Ramiro González, también se opuso a anular la causa y ahora es el juez Daniel Rafecas el que debe resolver.
Mientras tanto, tramita en la Corte Suprema un recurso de Yañez para evitar que el juez Julián Ercolini sea apartado definitivamente del expediente.
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POLITICA
La mamá de Jeremías Monzón presenció el debate por la baja de la edad de imputabilidad: «Esta ley va a ser un legado»

Romina Monzón, la madre de Jeremías Monzón, asistió este jueves al debate por la baja de la edad de imputabilidad junto con otros familiares víctimas de menores.
En esta sesión, se definirá en la Cámara de Diputados la media sanción para el proyecto que cambiaría la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
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Este jueves, frente al Congreso, Romina se manifestó sobre este debate. “Lamentablemente, estoy de luto. Hace menos de dos meses, asesinaron a mi hijo, y dos de los tres menores están en libertad, sin siquiera tener un antecedente penal”, denunció.
Además, lamentó que, de aprobarse el proyecto, no se hará justicia por su hijo “porque esta ley no es retroactiva”. “Esto va a ser un legado de nuestros hijos para que no siga pasando. Es tan necesario que esto cambie porque los liberan como si nada, y hablan mucho de la reinserción social de gente que decidió matar, a salir a robar. ¿Y quién habla de la reinserción social de las víctimas?”, agregó.
Su hijo, Jeremías, fue encontrado muerto en un descampado en Santa Fe el 22 de diciembre de 2025, días después de haber sido reportado como desaparecido.
Ese lunes, la Policía encontró el cuerpo dentro del predio de una antigua fábrica de gases y revestimientos. Las autoridades aseguraron que el adolescente tenía más de 20 puñaladas y las heridas eran compatibles con un cuchillo y un objeto metálico similar a un destornillador.
Tras varios días de investigación, los investigadores descubrieron que los autores materiales fueron dos adolescentes de 15 y 14 años, ambos, inimputables de acuerdo con el régimen penal juvenil actual.
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La novia de Jeremías, identificada como M.A., también quedó señalada como principal sospechosa luego de que los investigadores descubrieran la grabación de una cámara de seguridad donde se observa a la adolescente junto a la víctima. Luego, se reveló que la joven lo engañó para citarlo en el galpón donde fue torturado y asesinado.
Días después, un video y un audio del asesinato terminaron de vincularla con el caso y fue imputada como coautora del crimen el 29 de diciembre. Desde entonces, está detenida en un centro cerrado para menores. Su madre también fue imputada como partícipe secundaria por ayudarla a escapar tras el crimen.
Las Madres del dolor también presenciaron el debate
La Asociación Madres del dolor, una organización de madres y que perdieron a sus hijos en hechos de inseguridad, violencia o incidentes viales, también se presentó asistió al Congreso este jueves.
Entre ellos, se presentó Sandra Pérez, mamá de Zaira Rodríguez, una joven piloto de karting asesinada en un intento de robo en Villa Ballester, en 2018.
También fueron parte de la audiencia Martín y Mariela Sperani, padres de Joaquín, el adolescente asesinado por su amigo de 14 años en 2023. Mariela aseguró en diálogo con TN que, para todos los familiares de las víctimas, “es un momento importante”. Y remarcó: “Para nosotros, es importante porque significaría evitar que haya casos que quedaron en impunidad, como el caso de mi hijo y de todas estas víctimas que no tuvimos Justicia ni acompañamiento del Estado”.
Viviam Perrone, madre de Kevin Sedano, atropellado en la Avenida del Libertador cuando tenía 14 años, remarcó que la sociedad “debe hacerse cargo”. Perrone, referente de la Asociación, recordó que se presentaron en la Cámara de Diputados “por los jóvenes que están en el crimen. Ellos también necesitan que se baje la edad de imputabilidad porque no pueden seguir en la calle cometiendo esos crímenes. El día de mañana, ellos terminan siendo asesinos o alguien termina con la vida de ellos”.
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Por su parte, Isabel Yaconis, mamá de Lucila Yaconis, quien fue asfixiada en Núñez en 2003, reclamó que el “Estado estuvo ausente porque el crimen es cometido por menores desde hace tiempo” y que la verdadera solución son “los institutos de minoridad, pero no sirven porque no están organizados y el menor sale con resentimiento”.
Régimen Penal Juvenil: mayoría oficialista y dictámenes alternativos
El proyecto que se debate fija en 14 años la edad mínima para juzgar delitos graves, como homicidio, abuso sexual o secuestro, y establece una pena máxima de hasta 15 años. También determina que la privación de libertad será el último recurso y prioriza medidas alternativas para infracciones de menor entidad.
El debate retoma una discusión iniciada en 2024, cuando el Poder Ejecutivo envió un proyecto que proponía bajar la edad a 13 años. Ese texto perdió estado parlamentario tras el recambio legislativo, aunque parte de su contenido fue retomado en el nuevo dictamen.
Baja de la edad de imputabilidad, Jeremías, Monzón, Diputados
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