El pasado miércoles, el Policlínico Guernica SA fue escenario de un extraño operativo relámpago: el PAMI que conduce Esteban Leguizamo decidió rescindir de manera sorpresiva el contrato con el centro de salud y trasladó de urgencia a más de treinta pacientes, incluidos algunos en terapia intensiva, hacia otros nosocomios, principalmente en Adrogué. La decisión afectó a más de 8 mil afiliados de Presidente Perón que quedaron de un día para el otro sin cobertura médica en el distrito.

Detrás de esta maniobra se encuentra el actual titular de la Gerencia Económica Financiera del PAMI, Mauro Arranz, exconcejal de Juntos por el Cambio en la municipalidad de Presidente Perón y candidato a intendente en 2023 por la nómina de Horacio Rodríguez Larreta. Arranz, hoy tercero en la línea de mando de la gestión de Esteban Leguizamo, es también hermano de Gabriela Arranz, quien anteriormente se desempeñó como jefa de la agencia de PAMI de Guernica, a pesar de estar imputada en una causa por estafa contra el mismo policlínico.

Un gremialista Pro, el principal beneficiado

El nuevo dueño de la clínica Espora de Adrogué, a donde llevaron a la mayoría de los internados, es Alejandro Poli, excandidato a Intendente de Cambiemos en la localidad de Quilmes. Poli pertenece Partido FE, vinculado al fallecido Gerónimo «Momo» Venegas. actualmente, Poli es secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Remises y Autos al Instante (SURyA) y conforma, junto con Mauro Arranz, un extraño entramado donde los negocios se funden con las amistades políticas. 

Hermana, exfuncionaria e imputada

Gabriela Arranz estuvo al frente del PAMI local entre 2019 y 2020, bajo la gestión de Cambiemos. Durante su paso por la sede de Guernica, fue imputada por su presunta participación en maniobras de derivación irregular de pacientes, que habrían beneficiado a la clínica Clínica Avellaneda Medical Center en perjuicio del Policlínico Guernica, con un daño económico denunciado de 5,8 millones de pesos (equivalentes a unos 129 mil dólares de la época).

Según la investigación de la UFI especializada en delitos del PAMI, a cargo del fiscal Javier Arzubi Calvo, se falsificaron formularios para desviar afiliados y luego se cobraban esas prestaciones a expensas del policlínico. Los imputados incluyen empleados administrativos de PAMI, médicos auditores y los responsables de la clínica favorecida.

María Eugenia Vidal junto a Mauro Arranz y Guido Giana.

Gabriela Arranz, por su parte, sostiene su inocencia: asegura que su imputación responde a una «persecución política» y que espera ser sobreseída, aunque admite que una de las órdenes de derivación bajo su firma fue anulada «el mismo día».

Denuncias cruzadas y sospechas de vaciamiento

El traslado masivo de los pacientes y la rescisión del contrato generaron fuertes críticas desde el Policlínico Guernica. La directora médica, Griselda Ruiz, calificó de «mentira» las supuestas irregularidades sanitarias señaladas por el PAMI y denunció una maniobra para forzar el cierre de la clínica: «Quieren que cerremos la clínica para después comprarla por dos mangos», disparó.

Desde el organismo nacional argumentaron su decisión en «faltas graves» detectadas en auditorías, como falta de médicos especialistas, de equipamiento de terapia intensiva, de adaptación edilicia para discapacitados y hasta deficiencias en la documentación del personal. Sin embargo, la dirección del Policlínico asegura que esas observaciones fueron corregidas en una segunda auditoría realizada en febrero de este año, donde habrían recibido felicitaciones.

Política, negocios y desamparo

El escándalo pone nuevamente el foco en el manejo político de la obra social de los jubilados. El avance de La Libertad Avanza en la estructura del PAMI trajo consigo a viejas figuras comprometidas judicialmente, como Gabriela Arranz, y operaciones que perjudican tanto a prestadores de salud como a miles de afiliados.

Con un detallado informe, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) advirtió en su presentación anual sobre un fuerte crecimiento en las agresiones a la prensa durante 2024 en todo el país. La entidad, que ya exhortó en reiteradas oportunidades al presidente Javier Milei a sostener “una relación institucional madura con la prensa, respetando el disenso y la crítica”, registró 179 agresiones durante el año último. Representa un 53% más que en 2023 y el doble de lo que fue 2022.

El 45,25% de esos casos registrados fueron de discurso estigmatizante. Es decir, atentando contra la reputación de los periodistas. El 65,43% de esos ataques los hizo el presidente de la Nación, según el informe de Fopea. Además, el 80% de los casos provienen de violencia de origen estatal y de origen paraestatal. Esto es un incremento considerable en relación a 2023, cuando esa ecuación representaba la mitad de los casos.

Los otros ataques detectados o denunciados fueron: ataques a la integridad (agresión física o amenaza al periodista y su familia); ataques contra los bienes (vandalismo a una propiedad del periodista o del medio y ataque contra las herramientas de trabajo); censura; uso abusivo de la publicidad oficial (retiro de la pauta por razones informativas o ideológicas); restricciones al acceso a la información pública; otros abusos del poder estatal (uso de fuerza de seguridad o de inteligencia para intimidar), y acciones judiciales, civiles o penales.

El monitoreo de libertad de expresión es un equipo de periodistas socios de Fopea que trabaja para detectar las limitaciones en el ejercicio del periodismo, sean directas y evidentes (agresiones físicas, amenazas) o sutiles, ya que entiende que esos ataques vulneran la profesión en su rol de pieza central de la vida en democracia.

Del mismo modo, es desde donde FOPEA denuncia públicamente esas agresiones y elabora con ellas un estado de situación a partir del que se pueden evidenciar y comparar datos a lo largo de los años. Se creó en 2006 con un armado federal y desde 2008 viene produciendo el registro de casos de ataque a la libertad de expresión, un material sin precedentes en el país. En 2024, se dio el pico, con 179 casos. El informe se titula “El asedio al periodismo debilita la democracia”.

En el ranking de agresores, se ubica Milei a la cabeza con 56 intervenciones. En segundo lugar, con 25, “allegados a personas con poder”, mientras que el tercer puesto es del “personal policial”, con 16 casos.

Más de la mitad de los 179 casos estuvo atravesado por “la grieta”. Esto significa que el atacante achaca maliciosamente una sospecha o acusación contra lo que considera que es la línea editorial o política del medio o periodista. El 44% de los casos implicó violencia digital, con su consiguiente efecto multiplicador. Se utilizaron además comentarios machistas y misóginos. Seis de esos 7 casos fueron hechos por el Presidente de la Nación.

La agresiones más comunes que utiliza Milei para atacar a los periodistas son las siguientes: “ensobrados”, “pauteros”, “imbéciles”, “violento”, “burra” y “periodismo en llamas”. Luego, le siguen otros como “esbirros”, “corruptos” o “soretes”. Surge así de un relevamiento que realizó la consultora Methodo, especializada en big data, para el informe de Fopea en el período entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2024.

En las últimas dos semanas, el Presidente hizo blanco de sus ataques en periodistas de . A través de redes sociales o en entrevistas periodísticas, atacó a Carlos Pagni, Joaquín Morales Solá, Jorge Fernández Díaz y Florencia Donovan.

Uno de los casos que exhibe Fopea como “discurso estigmatizante, además de los ataques de Milei, es el rol de su vocero, Manuel Adorni. El organismo instó al funcionario a mantener distancia y respeto por el trabajo profesional de los periodistas y evitar la utilización de canales oficiales para ridiculizar su labor. El pedido fue tras un cruce con el periodista Fabián Waldman, de FM La Patriada.

En el informe hay un panorama completo provincia por provincia, y cuenta con un texto de Ricardo Gil Lavedra, presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo título es “los insultos no son libertad de expresión”. El abogado distingue un acontecimiento fuera de lo común: “En los últimos tiempos, somos testigos de un nuevo fenómeno: la cotidianeidad de insultos, epítetos humillantes y agravios por parte del Presidente de la Nación destinados principalmente a periodistas, además de personalidades públicas o dirigentes políticos”.

En su informe, Fopea volvió a la carga para rechazar los cambios que Milei introdujo en la reglamentación de la ley de Acceso a la Información Pública y advirtió que implican “un grave retroceso democrático”, ya que al limitar los datos que deben ser proporcionados “desalienta la participación ciudadana en los asuntos del Estado y oscurece la gestión pública”.