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POLITICA

Limpieza en el Estado: la historia del “decreto 70″ que no fue y los planes del Gobierno para barrer áreas y fusionar organismos

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Habían pasado 10 días de la asunción de Javier Milei como presidente cuando se publicó el decreto 70/2023. Como su nombre lo indica, a juicio de la gestión recién iniciada en la Casa Rosada, la norma iba a estampar las “Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”.

El Gobierno tuvo más tarde la idea de volver a bautizar con aquel número, algo icónico para el mundo libertario, un decreto nuevamente fundacional de la administración. Puertas adentro, decidieron que esa norma fuera un mega decreto en el cual se decidiera la fusión, reemplazo, modificación o cierre de 50 organismos del Estado.

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Finalmente, el decreto 70/2025 se publicó el 10 de febrero y dispuso una reestructuración administrativa del Ministerio de Economía que terminaba por absorber, definitivamente, el viejo Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano. “No se llegó a tiempo”, resumió una alta fuente del Gobierno. La simbología de usar aquel número quedó atrás, pero la decisión de achicar la estructura se mantuvo intacta.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, confirmó el domingo por la noche en el programa La Cornisa lo que había anticipado. Adelantó que se realizará una reestructuración profunda de distintas áreas del Estado y dijo que el detalle será anunciado por el vocero presidencial y candidato en la ciudad de Buenos Aires, Manuel Adorni. “Son varios decretos, abarca todo el Estado”, sostuvo Sturzenegger en diálogo con Luis Majul por LN+.

Según confió una fuente oficial, serán varios los decretos para decidir fusiones, cierres, desapariciones y cambios profundos en organismos descentralizados que otros se convertían en dirección simple. “Lo que sucedió es que cuando la iniciativa pasaba por un determinado ministerio se empezaban a sugerir cambios, o nuevas maneras de hacer el proceso. Como no se puede avanzar con todo y tener listo un decreto grande se partirá en muchos que se anunciarán de a poco. Quizá haya algo esta semana, pero seguro habrá alguno en las dos que vienen”, aportó la fuente.

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El camino de esas normas empezó a transitar, por estas horas, el momento más turbulento. Sucede que los equipos técnicos avanzaron con su trabajo que consistía en detectar qué dependencia u organismo podría ser modificado o incluso eliminado. Esa carpeta ingresó, ahora, en el maravilloso territorio de la política. Y ahí empezó la complicación.

Para entender: cada número uno de un organismo tiene una terminal en el vértice de la Casa Rosada. Y nadie quiere perder manejo de políticas públicas, presupuesto, personal, en una palabra, poder. Los eliminados o fusionados, levantan la voz; y los lugares nuevos que manejarán varias áreas que antes estaban divididas se disputan como siempre hizo la política.

A los ejemplos. Según lo que confirmaron varias fuentes que trabajan en el asunto, hay decenas de oficinas que podrían cambiar su fisonomía actual y hasta desaparecer. “En todos los ministerios hay casos concretos”, dijo un funcionario que trabaja en la iniciativa.

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En el mundo aerocomercial ya se prepara hace tiempo una simplificación de los organismos. Allí se puede contar a la Secretaría de Transporte Aerocomercial, a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (Orsna) y a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

En el mundo de los aeropuertos y la actividad aerocomercial podría haber varias fusionesANAC

Para poner números, la ANAC cuenta con 1721 empleados; el Orsna, 201 trabajadores y la EANA, 2361 dependientes. A ellos se suman todos los que prestan servicio en la subsecretaría que depende, además, de la Secretaría de Transporte. Varios equipos técnicos empezaron a revisar la estructura. La idea era fusionar todo en un solo lugar.

Y empezaron los problemas. El más fácil de eliminar es el Orsna, un ente de control que maneja la tasa aeroportuaria, decide su destino y autoriza obras en el Sistema Nacional de Aeropuertos. Es decir, trabaja para el contrato que tiene Aeropuertos Argentina 2000 con el Estado. Ese organismo tiene los días contados.

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La ANAC, más allá de la política que se metió hace tiempo, especialmente cuando La Cámpora y sus dirigentes se hicieron cargo, debería ser un organismo técnico. A su vez, tiene firmado acuerdos internacionales para el control y autorización de vuelos de las aeronaves. Gran parte de los cambios deberían ser aprobados por las otras partes en esos acuerdos con agencias internacionales. Igualmente, es posible que la Subsecretaría, la ANAC y el Orsna caminen hacia una confluencia.

La EANA es una sociedad del Estado. Entonces, el camino debería ser una liquidación y no la fusión con otro organismo. Claro que podría quedar en una repartición oficial, pero el camino es otro dado que la rige la ley de Sociedades.

En el supuesto caso que esto se pudiera resolver, aparece el problema de quién manejará el área, que tendrá el poder absoluto en el tema. El terreno de la política y el poder se mete de lleno en el asunto. En esta área, por ejemplo, se cruzan los intereses del secretario de Transporte, Franco Mogetta; los del asesor presidencial, Santiago Caputo, y los de otros funcionarios que fueron colocando sus alfiles.

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Otra de las áreas que se revisa con atención son el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y su primo, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El primero tiene 2391 empleados y el segundo, 6412. A este mundo se suma el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, con otros 5530 empleados. Allí cerca está la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), con una nómina de 1235 dependientes. Como si esto fuese poco hay una estructura administrativa, que alguna vez fue ministerio, y que tiene varias reparticiones con funciones similares.

El gobierno avanza con la fusión del INTA y el INTI a través de dos decretos que publicará en los próximos díasArchivo

“¿Podría surgir una agencia que maneje toda esta estructura?”, preguntó a un empinado funcionario. “Difícil poder congeniar semejante cantidad de cosas y funciones, pero esa era la idea principal. Como la ANAC, también en estos organismos existen compromisos internacionales, certificaciones y validaciones cruzadas. Nada es sencillo pero la intención es esa, fusión y desaparición.

Dos cuadras más allá está la Junta Nacional de Seguridad del Transporte con 512 empleados, y vecina de ella, la Comisión Nacional de Control de Regulación del Transporte (CNRT), con 1721. Nadie puede asegurar que seguirán igual después de esta batería de decretos.

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Hay más. Dos organismos de control, el Ente Nacional de Regulación Eléctrica (ENRE) y el Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas) tienen sellado el futuro. Se creará uno nuevo que subsuma ambas funciones, pero hasta que no funcione, los anteriores continuarán en ejercicio de sus atribuciones. “La intención es consolidar una sola estructura”, dijo un funcionario. El controlador del sistema eléctrico tiene 342 empleados, mientras que el otro 537, según datos del Indec actualizados a febrero, último reporte disponible.

La reconfiguración de las áreas inevitablemente derivará en una reducción de la cantidad de trabajadores empleados en ambas dependencias. Hay más, quedó en la mira también el Consejo Federal de la Energía Eléctrica y las dependencias de la Secretaría de Energía.

Hay un órgano de control más que también podría terminar en un archivo: el Ente Regulador de Aguas Sanitarias. El ERAS solo controla un contrato, el de la estatal Aguas y Saneamientos (AySA). Pero como la empresa es pública, no hay contrato de concesión. Con el tiempo, el ERAS se ha transformado en una recepción de quejas de los usuarios. Además, según lo que el mismo organismo declama, realiza tareas de concientización sobre el consumo responsable del agua. Tiene los días contados.

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A su lado convivía el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enhosa), un organismo estatal que se encargaba de la planificación, ejecución y gestión de obras de infraestructura hídrica y sanitaria en todo el país y que fue disuelto por el Gobierno el 13 de noviembre de 2024. Sus funciones fueron absorbidas por la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Ese será el destino de muchos despachos oficiales.

De acuerdo con datos de Indec, se reportan 68 dependencias que se denominan “administración descentralizada”. Allí conviven desde el Conicet hasta la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) y en total tienen 122.447 empleados. En ese universo están, por caso, Instituto Nacional de Vitivinicultura (457 empleados) y el Instituto Nacional de Semillas (243 trabajadores), dos de las dependencias que tienen anotadas en el margen un enorme signo de interrogación.

En el área de la minería, donde hay una secretaría de Estado, también se posó la mira como para subsumir algunas áreas en otras. Por caso, el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), con 329 empleados, podría terminar dentro de la estructura de la administración central.

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Otra de las fijas es la desaparición de Vialidad Nacional, así como también de la empresa estatal Corredores Viales y de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Todo ese esquema pasará a conformar una agencia que tendrá injerencia sobre todas las rutas nacionales.

Dependencias públicas nacionales. Sede de Vialidad Nacional sobre diagonal SurRodrigo Nespolo

Los tiempos son escasos. Intentarán llegar a tiempo para que todo suceda antes de que se cumpla el año de vigencia de la ley Bases, es decir, el 9 de julio próximo. Sucede que entonces se caen las facultades delegadas de las que goza el Presidente. “Declárase la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el plazo de un año. Deléganse en el Poder Ejecutivo Nacional las facultades dispuestas por la presente ley, vinculadas a materias determinadas de administración y de emergencia”, dice la ley.

Por último: ¿sólo se trata de achicar el Estado? Claro que no, detrás subyace otro tema y que es achicar la cantidad de cargos con poder de decisión concretas. El Presidente no quiso servirse muchas veces de los equipos técnicos que tiene y le ofrece el expresidente Mauricio Macri. Y sin la suficiente gente de confianza, lo mejor es tener menos casilleros que llenar, aunque tengan más funciones.

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Ahora queda pulir la cuestión técnica, pero, sobre todo, ver quiénes ganan las pequeñas pulseadas para controlar más lugares con una misma persona. En definitiva, ver quién acomoda mejor sus alfiles en un tablero más pequeño.


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POLITICA

Con amplio apoyo, el oficialismo avanzó con el dictamen del nuevo régimen penal juvenil

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En un anticipo de lo que ocurrirá este jueves en el recinto de la Cámara de Diputados, el oficialismo obtuvo hoy un amplio respaldo en torno al dictamen de un nuevo régimen penal juvenil, iniciativa cuyo punto medular es la baja en edad de imputabilidad de 16 a 14 años.

El dictamen, que se firmó en un plenario de las comisiones de Legislación Penal; Familias, Niñez y Juventudes; Justicia; y Presupuesto, obtuvo 73 firmas y será llevado mañana a la sesión especial que convocó el oficialismo, adonde espera darle media sanción. Se descuenta que será aprobado con amplia mayoría con el apoyo de Fuerza del Cambio –el interbloque que integran Pro, UCR, MID, Adelante Buenos Aires y Por Santa Cruz-; los bloques provinciales de Innovación Federal, los diputados sanjuaninos de Producción y Trabajo y un sector de Provincias Unidas.

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Este debate meterá una cuña en la bancada de Unión por la Patria. Mientras el kirchnerismo anticipó su rechazo al proyecto, el Frente Renovador –que se referencia en Sergio Massa– se desmarcó del resto del bloque con un dictamen propio que, si bien propicia la baja a 14 años de la edad de imputabilidad al igual que el oficialismo, considera que para ello debería modificarse el Código Penal y no instrumentarse por medio de este régimen especial. Por ello se abstendría en la votación en general pero acompañaría el artículo puntual que establece los 14 años como el piso mínimo de imputabilidad.

También votará dividido el interbloque Provincias Unidas, ya que los diputados cordobeses acompañan –con disidencias- el proyecto impulsado por el oficialismo.

Plenario de comisiones en la Cámara de Diputados

Los libertarios celebran el consenso alcanzado. Si bien su intención original era bajar la edad de imputabilidad a 13 años, la propuesta no tuvo consenso entre sus potenciales aliados.

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“Este dictamen es el resultado de un trabajo serio, sostenido y responsable –destacó Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal-. No se trata de una respuesta improvisada ni de una consigna coyuntural, sino de una decisión institucional para ordenar un sistema que durante décadas funcionó con vacíos, parches y contradicciones”.

El proyecto, además de fijar el mínimo de punibilidad en 14 años, establece que el plazo máximo de las penas privativas de la libertad para los adolescentes será de 15 años (el proyecto del oficialismo lo fijaba en 20). Empero, este castigo -el de la privación de la libertad- sólo se aplicará como último recurso y para el caso de los delitos muy graves.

En aquellos casos en los que el menor haya cometido un delito cuya pena supere los tres años de prisión hasta un máximo de diez, pero no haya implicado la muerte de la víctima o una violencia física o psíquica grave, o se trate de delitos culposos, el tribunal podrá reemplazar la prisión por penas alternativas, como tareas comunitarias, prohibiciones de aproximación con las víctimas o medidas de reparación del daño causado. Lo mismo le cabría a aquel menor que no registre antecedentes de procesos penales anteriores.

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Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz expuso las razones del rechazo de su bloque al proyecto. Enfatizó que la iniciativa atenta contra los principios de la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes y es objetada por un amplio abanico de especialistas en la materia, incluso la Iglesia.

“No cuestionan el proyecto porque Argentina no necesite un nuevo régimen penal juvenil —lo necesita— sino porque ‘delito de adulto, pena de adulto es una consigna vacía e inconstitucional”, advirtió Tolosa Paz, quien alertó que el presupuesto que asignó el Gobierno para financiar este nuevo régimen -$23.000 millones- es insuficiente y no llegará a las provincias.

El grueso de la bancada de Unión por la Patria es contrario a reducir la edad de imputabilidad aunque sí propone un nuevo régimen especial para los adolescentes en conflicto con la ley penal “sin punibilidad, con justicia restaurativa y una pena máxima de 10 años, en línea con la Constitución y los estándares internacionales”, expuso la legisladora

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En réplica a Tolosa Paz, la diputada oficialista Silvana Giudici insistió en que el proyecto “no niega derechos” y que, por el contrario, “adecúa los parámetros penales a la Convención de Niños y Adolescentes y al sistema jurídico del país”.

Remarcó, además, que la mayoría de los proyectos presentados sobre la materia en la Cámara de Diputados, de la mayoría de las bancadas, proponen reducir la edad de imputabilidad, tendencia que se consolidó en legislaciones de distintos países del cono sur, como Chile, Colombia, Brasil y Uruguay.


se abstendría en la votación en general,Cámara de Diputados,Conforme a,,Rechazo a la reforma laboral. La marcha de la CGT se desarmó tras los incidentes y la plaza quedó vacía: hay detenidos,,Salió sorteado. Lijo será el nuevo juez del caso que investiga la corrupción en la Agencia de Discapacidad,,Reforma laboral. El nuevo apretón de manos de Milei con la “casta sindical”,Cámara de Diputados,,Diputados. Convocan a sesión para tratar el jueves la reforma penal juvenil y el acuerdo Mercosur-Unión Europea,,Idas y vueltas en Diputados. El Gobierno envió el proyecto de reforma penal juvenil, pero horas después lo retiró,,Ola de repudios. Lemoine rechaza la presión opositora para que se disculpe con Ian Moche y ratifica sus polémicos dichos

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Reforma laboral: así se vieron los graves incidentes en el Congreso desde el drone de Infobae

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La tarde en el Congreso de la Nación quedó marcada por una importante cobertura aérea de los incidentes durante el debate de la reforma laboral. Imágenes captadas por el drone de Infobae ofrecieron una perspectiva integral del enfrentamiento entre manifestantes y las fuerzas de seguridad, registrando escenas de tensión en la Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores. La transmisión permitió observar con nitidez la magnitud de la movilización y la respuesta oficial, en una jornada que alteró el pulso de la Ciudad de Buenos Aires y acaparó la atención pública y política.

Desde las alturas, el dispositivo mostró la llegada sostenida de columnas sindicales y organizaciones sociales que se congregaron frente al Parlamento para rechazar la iniciativa impulsada por el Gobierno nacional.

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A medida que avanzaba la tarde, el drone captó el despliegue de gendarmería, policía federal y prefectura, apostados en distintos puntos para reforzar el perímetro de seguridad.

Las imágenes evidenciaban la tensión latente: grupos de manifestantes se desplazaban entre las vallas y banderas, mientras los efectivos aguardaban la orden de intervención. El sobrevuelo documentó el momento exacto en que se produjeron los primeros choques, con movimientos sincronizados de ambas partes y la utilización de carros hidrantes y gases lacrimógenos para disuadir los intentos de avance.

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Los registros difundidos por Infobae permitieron dimensionar el alcance de los incidentes, que incluyeron la dispersión de manifestantes sobre la Avenida de Mayo y calles adyacentes. A través de la lente aérea, se observó cómo los grupos más enfáticos intentaron derribar vallas y arrojar objetos contra el cordón policial, desencadenando la respuesta de las fuerzas federales.

Manifestantes y fuerzas de seguridad, se enfrentan frente al Congreso en medio del debate laboral (Gaston Taylor)

El drone captó imágenes de personas huyendo de los chorros de agua, mientras otros intentaban protegerse de los efectos de los gases y se reagrupaban en las esquinas cercanas. En paralelo, el tránsito quedó completamente interrumpido y decenas de unidades móviles policiales se desplazaron por la zona.

Las fuerzas de seguridad desplegaron los carros hidrantes en las inmediaciones legislativas (Gaston Taylor)

El operativo de seguridad, supervisado por la ministra Patricia Bullrich, incluyó la aplicación del protocolo antipiquete y la movilización de recursos logísticos inéditos para una jornada parlamentaria. El drone registró el despliegue de uniformados sobre Avenida Callao, Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, así como la presencia de ambulancias y equipos de emergencia atendiendo a los primeros heridos.

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La CGT convocó a una nueva jornada de movilización tras los incidentes (Gaston Taylor)

Según consignó Infobae, el saldo provisorio fue de al menos diez personas lesionadas y varias detenciones, en medio de una jornada signada por la tensión y la incertidumbre.

Gendarmería y Prefectura participaron en el operativo de seguridad junto a la Policía Federal (Gaston Taylor)

La cobertura aérea evidenció también la reacción de los manifestantes, que respondieron con cánticos, pancartas y banderas en defensa de los derechos laborales. Las imágenes muestran grupos organizados replegándose y reorganizándose tras cada embestida policial, mientras otros intentaban negociar con los funcionarios encargados del operativo.

Detenidos y heridos fueron asistidos por servicios de emergencia, la jornada concluyó con fuerte controversia institucional (Gaston Taylor)

En los videos difundidos, se aprecian escenas de dispersión, corridas y enfrentamientos directos, seguidos de momentos de relativa calma antes de nuevos choques.

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El operativo policial sumó heridos y detenidos, la tensión aumentó durante toda la jornada (Gaston Taylor)

Mientras tanto, en el interior del Congreso, los legisladores continuaban el tratamiento de la reforma laboral bajo la custodia de un nutrido operativo. La cobertura aérea mostró el contraste entre la calma institucional en el recinto y el clima de confrontación en el exterior.

Manifestantes intentaron derribar vallas en el perímetro del Congreso, las fuerzas de seguridad respondieron (Gaston Taylor)

Funcionarios del Gobierno y dirigentes sindicales emitieron comunicados cruzados sobre la legitimidad de la protesta y el uso de la fuerza pública, mientras organismos de derechos humanos exigieron garantías para los manifestantes.

La CGT difundió comunicados en defensa de los derechos laborales, criticaron el despliegue policial (Gaston Taylor)

El presidente Javier Milei se refirió a los incidentes a través de un mensaje en redes sociales, en el que expresó: “Del otro lado tenemos esto”, en alusión a las imágenes de los disturbios difundidas ampliamente.

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Organismos de derechos humanos solicitaron la intervención de la Justicia, investigan posibles excesos en el uso de la fuerza (Gaston Taylor)

El tuit presidencial reavivó el debate sobre el protocolo antipiquete y los límites del derecho a protesta, en una jornada que quedará registrada por la singularidad de su cobertura visual y el impacto político que generó el desarrollo de los acontecimientos en el Congreso de la Nación.

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Kicillof en la marcha contra la reforma laboral: “Es mentira que sea una ley que ayude a los trabajadores informales”

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Ante el escaso protagonismo de la CGT y de otros dirigentes del PJ en la marcha contra la reforma laboral, el gobernador Axel Kicillof se convirtió este miércoles en prácticamente el único referente peronista que se mezcló entre los manifestantes. En las inmediaciones del Congreso, el flamante jefe del peronismo bonaerense calificó como “una mentira que sea una ley que ayude a los trabajadores informales”.

Kicillof encabezó una columna de su Movimiento Derecho al Futuro (MdF), con el cual buscará iniciar un armado nacional en los próximos meses. “Es el mismo proyecto de (Alfredo) Martínez de Hoz: si se ponen en juego las indemnizaciones, las horas extras y las vacaciones, todo lo que se fue construyendo a lo largo del tiempo, no va a mejorar la situación de ningún trabajador”, advirtió.

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El gobernador bonaerense estuvo acompañado por varios miembros de su gabinete, entre ellos Carlos Bianco y Andrés Larroque, además de intendentes que siguen su liderazgo, como Mario Secco y Andrés Watson. “Estamos rodeados de una multitud que está haciendo lo que hay que hacer: manifestarse para expresar que están en juego los derechos de los trabajadores”, dijo Kicillof en declaraciones a Radio con Vos.

“Quienes promueven esta ley nos dicen que el problema de nuestro país es que es muy caro despedir trabajadores. Deberían explicárselo a los 296 mil despedidos en los últimos dos años por responsabilidad de Javier Milei. Los despidos, las suspensiones, la pérdida de empleo y del salario no están vinculados a las leyes laborales, sino a la política económica”, sostuvo el mandatario bonaerense.

La columna del Movimiento Derecho al Futuro en la Plaza del Congreso

A diferencia de Kicillof y sus seguidores, en la calle para protestar contra la reforma laboral no estuvo Máximo Kirchner. Se sabe que su relación con la cúpula de la CGT, la organización convocante, no es la mejor. En cambio, sí se registró la presencia de una columna de La Cámpora, integrada por militantes juveniles, en medio de la manifestación.

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Kicillof, que viene de acordar una lista de unidad con el kirchnerismo para cambiar la conducción del PJ bonaerense, dijo en sus declaraciones que “la evidencia y la experiencia, tanto internacional como la de nuestro país, demuestran que la legislación laboral no crea ni destruye empleo”.

“Hay mucho engaño. Han dicho que si se aprueba la ley, los trabajadores podrán hablar con sus patrones y ser libres de tomarse vacaciones cuando más lo deseen. Son unos estafadores: en una relación asimétrica, el que va a decidir es el empleador, que es el que tiene más fuerza. Vienen a desordenar la vida de muchas familias: los padres van a tener que estar laburando mientras sus hijos estén de vacaciones”, concluyó.


Axel Kicillof,Conforme a,Axel Kicillof,,Reelección bonaerense: el límite que el poder quiere borrar,,Análisis. Los riesgos electorales de Javier Milei,,Peronismo. Kicillof y Máximo Kirchner exploran una fórmula de convivencia para evitar la interna del PJ bonaerense

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