A partir de enero de 2026, regirá un nuevo esquema de subsidios energéticos que transformará la asignación de asistencia estatal en las tarifas de luz, gas natural, garrafas (GLP) y gas propano por redes.

Esta reforma elimina la segmentación previa y planes separados, como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas, para establecer solo dos categorías de usuarios: quienes recibirán subsidio y quienes pagarán el costo pleno de la energía.

El acceso a la ayuda será más restrictivo, con criterios de ingresos y patrimonio más exigentes, y el objetivo central es reducir el gasto fiscal y transparentar el precio real de los servicios.

El nuevo sistema, presentado a consulta pública, implica la desaparición de los niveles N1, N2 y N3, así como de los regímenes diferenciados que coexistían hasta ahora.

Desde el año que viene, solo los hogares con ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT), equivalentes a $3.641.397 mensuales, podrán acceder al subsidio. Además, se mantendrán exclusiones patrimoniales: quedarán fuera dueños de embarcaciones o propiedades adicionales. La Secretaría de Energía habilitó un período de 15 días hábiles para recibir observaciones y abrió la posibilidad de que los beneficiarios actuales actualicen sus datos mediante declaración jurada.

El funcionamiento del nuevo andamiaje de subsidios varía según el tipo de energía. En electricidad, los hogares subsidiados recibirán una bonificación del 50% sobre un bloque de 300 kWh mensuales durante los meses de mayor demanda (invierno y verano), y de 150 kWh en los meses templados.

Para el gas natural por redes, el subsidio cubrirá la mitad del precio entre abril y septiembre, sin bonificación el resto del año, y el bloque subsidiado se ajustará según la región y las necesidades estacionales.

En el caso de las garrafas y el gas propano, la subvención se transferirá de manera directa a través de billeteras virtuales, como Mercado Pago.

Los beneficiarios del Programa Hogar, que suman alrededor de 3,3 millones de familias, serán migrados automáticamente al nuevo régimen y recibirán el equivalente a media garrafa por mes durante todo el año, con una adicional en invierno.

La transición hacia este nuevo esquema será gradual. En enero de 2026, se aplicará una bonificación extraordinaria del 25% adicional en ambos servicios, lo que llevará la cobertura al 75% en electricidad y al 25% en gas ese mes. Este plus se reducirá mes a mes hasta desaparecer en diciembre de 2026, con el fin de evitar aumentos bruscos en las facturas durante los picos de consumo.

Además, las facturas comenzarán a reflejar el costo real de la energía, con precios mayoristas planos y únicos: USD 3,80 por millón de BTU para el gas y USD 75 el megavatio-hora para la electricidad.

El proceso de migración será automático para quienes ya estén inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE), aunque podrán actualizar su información si lo desean. Los usuarios de gas propano por redes o garrafas que aún no estén registrados deberán inscribirse a través del sitio oficial a partir de enero. La revisión de padrones permitió detectar y corregir 2.590.000 casos de beneficiarios que no cumplían los requisitos, incluidos 370.000 registros a nombre de personas fallecidas y 15.518 hogares en barrios privados que accedían al subsidio de manera ilegítima.

El impacto en las tarifas será significativo. Se estima que los hogares subsidiados cubrirán, en promedio, el 76% del costo de la electricidad y el 79% del gas. El Gobierno proyecta que el 80% de los hogares de menores ingresos pagarán menos de $34.000 mensuales por gas en el mes más frío, y el 87% de ese segmento menos de $38.000 por electricidad en el pico estacional.

Quienes superen los límites establecidos abonarán la totalidad del consumo al precio pleno. La asistencia estatal dejará de ser generalizada y se focalizará en los hogares vulnerables, con una actualización dinámica de datos y auditorías permanentes para garantizar el acceso justo al beneficio.

Desde la perspectiva fiscal, el Gobierno apunta a reducir el gasto en subsidios energéticos al 0,5% del PBI en 2026, lo que representa USD 3.000 millones, frente al 1,5% registrado en 2023 y al 0,65% previsto para 2025. El rediseño busca transparentar el precio de los servicios, aumentar la proporción del gasto asumido por los usuarios y consolidar la disciplina fiscal. La reducción de subsidios irá acompañada de una actualización paulatina de tarifas y de la focalización de la ayuda, para minimizar el impacto sobre la factura promedio durante la transición.

El esquema contempla consideraciones especiales para las zonas frías del país, que mantendrán regímenes y beneficios diferenciales sujetos a la definición final del Presupuesto 2026. Además, se prevé la continuidad de auditorías y la actualización permanente de los padrones para evitar distorsiones y garantizar que la asistencia llegue a quienes realmente la necesitan. El oficialismo también aseguró que no se esperan cortes generalizados en el sistema eléctrico durante el verano, aunque persistirán riesgos en áreas con redes deficitarias.

La conducción de ATE rechazó la iniciativa del gobierno y advirtió que se viene «un diciembre muy caliente». Fuerte reclamo por la actualización salarial.

29/11/2025 – 13:00hs

El consejo federal de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) dispuso una huelga nacional con movilización para el día que se trate la reforma laboral en el Congreso. Paralelamente, el sindicato se refirió a la falta de una propuesta salarial en el marco de la paritaria del sector, por lo que el secretario General, Rodolfo Aguiar, advirtió que «tendremos un diciembre muy caliente y remarcó que «si el gobierno no otorga una mejora, estaremos frente a un ajuste sin precedentes para un periodo de 12 meses».

«El Consejo de Mayo terminó siendo una encerrona para el sindicalismo. Un ámbito distractivo y utilizado por el Gobierno para dilatar los tiempos. Están dadas todas las condiciones para convocar a una huelga general. Pasaron meses y no presentaron ninguna propuesta. Hasta la última coma de la reforma laboral se está escribiendo en las oficinas de Techint», remarcó.

Advierten sobre medidas de fuerza en diciembre

En un Confederal donde participaron los representantes de las 191 seccionales, se le otorgó mandato a la conducción nacional para decidir tanto el paro y la marcha contra el proyecto de reforma laboral como para la aplicación de protestas sorpresivas durante diciembre.

Sin mencionarla, pero apuntando a la gestión de la nueva Confederación General del Trabajo (CGT), Aguiar subrayó: «esperemos que después de 23 meses se hayan dado cuenta que el diálogo fracasó. Frente a los que están acostumbrados a imponer y no a consensuar, a los trabajadores nos queda solo la calle».

Explicó que «no nos oponemos al debate, en tanto y en cuanto se escuche la voz de los trabajadores e, inclusive, la de los empresarios Pymes, porque el tema de fondo no es la reforma laboral, sino el modelo que expulsa trabajadores como en los casos de Whirlpool, Essen o Ilva Porcelanato, solo por citar algunas empresas de primera línea que cierra y despiden personal».

Sin oferta salarial: «Deterioro del poder adquisitivo»

Por otra parte, ATE fue convocada a la paritaria del personal estatal. Al respecto, Aguiar sostuvo que «convocaron a una negociación virtual como si estuviéramos en pandemia. Se nota mucho que no quieren dar la cara. Si la estrategia es desalentar las medidas de fuerza, les avisamos que no les va a funcionar. Están tirando tanto de la piola que en cualquier momento se va a cortar».

El sindicato detalló que el recorte salarial se profundizó durante este año: Mientras la suba salarial de enero a octubre fue del 13,6 por ciento, la inflación alcanzó el 24,8 por ciento. «Concurrir a una paritaria sin ofrecimiento es apostar al conflicto. Debe existir un aumento ya», afirmó Aguiar. Asimismo, se informó que la paritaria de la Administración Pública Nacional pasó a un cuarto intermedio.

ATE denunció además la avanzada del gobierno en materia de persecución sindical, con detenciones de secretarios generales provinciales y denuncias penales como la recientemente efectuada por Patricia Bullrich contra Aguiar.

Según un relevamiento del gremio, «el nivel de deterioro salarial en el sector público es inédito. Por primera vez, el ingreso promedio cayó por debajo de la línea de pobreza. En la mayoría de los casos, los trabajadores están endeudados con el sistema financiero formal en más de un sueldo y medio. El pluriempleo llegó para quedarse en un Estado que a partir de los ingresos miserables está perdiendo trabajadores altamente calificados».

Los argentinos compraron en octubre dólares por USD 4.669 millones, acumulando así casi USD 20.000 millones netos desde la apertura parcial del cepo cambiario. Y si se suman las compras de billetes por parte de las empresas, el monto total neto escala a más de USD 29.000 millones en lo que va de 2025.

Otro aspecto son los pagos de importaciones por sector a través del mercado cambiario, que sumó USD 6.067 millones, 9% por sobre octubre de 2024, y algo menor a las importaciones FOB que sumaron USD 6.755 millones (la diferencia se explica porque los importadores pueden también pagar vía mercados de cambio alternativos y con Bopreales).

El informe precisa que siete de los ocho sectores de actividad tuvieron aumentos interanuales en sus pagos de importaciones, con la sola excepción del sector “Oleaginosos y Cerealeros”.

El sector que por lejos demandó más dólares para pagar importaciones fue el automotor, con USD 1.479 millones, 2% más que en octubre del año pasado y casi el doble que el segundo sector que más divisas demandó: industria química, cauchos y plásticos, con USD 868 millones, un 6% más en la comparación interanual. El sector que porcentualmente más aumentó su pedido de divisas para cubrir importaciones fue el de “Comercio”, un 28%, a USD 672 millones, en tanto que -como ya se dijo- el de Oleaginosas y Cereales lo redujo un 22%, a USD 383 millones.

En tanto la cuenta “Servicios” registró un déficit de USD 1008 millones. El Banco Central estimó que los egresos brutos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes (excluyendo servicios digitales y los bienes despachados/enviados mediante servicios postales) fueron de USD 831 millones, explicados por gastos por tarjetas de USD 592 millones, otros USD 131 millones asociados a servicios de transporte y USD 108 millones a giros al exterior de operadores turísticos. Por su parte, los argentinos pagaron USD 169 millones en servicios digitales por medio de tarjetas. Y la entidad monetaria estimó que 70% de todos los egresos por consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas son directamente cancelados por los clientes con fondos propios en moneda extranjera.

En una entrevista radial este sábado Martín Redrado, expresidente del BCRA, vinculó el déficit cambiario a la incertidumbre del período preelectoral que -afirmó- “marcó el mayor grado de dolarización de los argentinos en un período preelectoral”. Al respecto, señaló que entre septiembre y octubre el 40% de los billetes y monedas en circulación más los depósitos a la vista que tenían los argentinos se pasó de pesos y dólares. Ese proceso, aseguró, “sin duda se va a revertir a partir de noviembre, pero la clave es lograr previsibilidad en materia cambiaria y de política monetaria, en que ha habido muchos vaivenes”.

Sobre la decisión del gobierno de que el Banco Central no compre reservas a menos que haya un aumento de la “demanda de pesos”, Redrado señaló la importancia de acumular reservas al menos con el superávit fiscal del Tesoro. “Hoy el BCRA tiene reservas netas negativas por USD 16.000 millones”.

La Argentina, resaltó, tiene reservas brutas equivalentes a apenas 6,5% del PBI contra un promedio del 14% de los países de América Latina y de 30% en el caso del Perú, modelo que algunos economistas ponderan por su estabilidad en el marco de un sistema “bimonetario”.

Entrevistado en radio Mitre, Redrado explicó que comprar reservas “es inflacionario si no hay demanda de pesos” y que la situación se puede revertir “si se da un horizonte de tranquilidad a los sectores productivos”.

“Hoy el dólar está cerca del techo de la banda. Tenemos el apoyo del Tesoro de EEUU pero la intervención del Tesoro de EEUU se dio en período de tensión y no va a continuar hacia adelante”, afirmó, y dijo que su aseveración era “en parte análisis y en parte información”.

“No veo al Tesoro de EEUU interviniendo nuevamente”, insistió.

Sobre el panorama inmediato en materia de demanda de divisas el extitular del Central distinguió dos períodos. Uno inicial, de aumento de la demanda de pesos por parte de las empresas para el pago de sueldos y aguinaldo. “Pero desde el 15 de enero el proceso eso se revierte -alertó- la gente sale al exterior y eso coincide con el pago a acreedores privados de USD 4.500 millones. Hay que clarificar cómo se va a pagar y cuánto el BCRA va a comprar de reservas, qué política monetaria va a tener”, concluyó.