Sin empresarios brasileros de la constructora Odebrecht en el banquillo de los acusados, el 19 de mayo a las 9:30 comenzará el primer juicio por el» Lava Jato argentino»: se trata de la causa donde están procesados Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, al igual que empresarios como Carlos Wagner, Aldo Benito Roggio, entre otros.

Es por administración fraudulenta, por el direccionamiento, los sobreprecios y un supuesto circuito de sobornos alrededor de la construcción de dos plantas de tratamiento -de agua potable y líquidos cloacales- para la empresa estatal AySA. Las audiencias serán de forma quincenal, pese a la oposición de la fiscal general, Fabiana León que exigía una mayor frecuencia.

Cinco años después de que el juez federal, Sebastián Casanello cerró la investigación y envió a juicio oral la causa, comenzará el juicio oral y público a cargo del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero.

Las audiencias se realizarán cada dos lunes y de forma virtuall. Ese criterio y frecuencia de los encuentros fueron cuestionados por la representante del Ministerio Público Fiscal, que fue desoída por el TOF 7 bajo el argumento de una incompatibilidad de agendas de los jueces porque tienen otros juicios en desarrollo.

Para este debate oral se aceptaron 290 testigos, entre los que se encuentran los ex titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF) macrista, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, y la actual diputada nacional Margarita Stolbizer, entre otros.

En este expediente se investigaron las adjudicaciones de obra pública para la planta potabilizadora Paraná de las Palmas y la planta depuradora de Berazategui o «Planta del Bicentenario». Las empresas que resultaron beneficiadas por la licitación fueron, por un lado, la UTE integrada por Norberto Odebrecht -Sucursal Argentina-, Benito Roggio e Hijos, Supercemento y José Cartellone Construcciones Civiles; y, por otro, la UTE conformada por Construcciones e Comercio Camargo Correa y Esuco. ​​

Se encuentran imputados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho 26 integrantes de las sociedades involucradas, funcionarios de AySA y del Ministerio de Planificación Federal, entre ellos, De Vido, José López y Baratta.

La particularidad es que en el banquillo de los acusados no se encontrará ninguno de los empresarios brasileros. Durante la instrucción del juez Casanello, muchos fueron citados a indagatoria sin que comparecieran.

Ahora se suma otra circunstancia no menor: el Superior Tribunal de Justicia de Brasil declaró nulas las pruebas obtenidas en el marco de los acuerdos de delación premiada -la ley del arrepentido brasileña- con las que Odebrecht confesó haber sobornado a funcionarios de varios países con montos millonarios. Años después de haberlas aceptado, el TSJ invalidó esas confesiones y documentos por “contaminación de la prueba”.

La justicia de Brasil sostuvo en tres resoluciones que esas pruebas no pueden utilizarse en ningún otro tribunal ni jurisdicción. Por lo tanto, el juicio por las plantas de AySA se fundamentará en las pruebas y testimonios recogidos en Argentina.

Según el requerimiento de elevación a juicio del caso, se «celebró un acuerdo espurio entre funcionarios púbicos y empresarios, motivado en el pago de sobornos, que implicó concesiones indebidas en beneficio de los contratistas y que derivó indefectiblemente en una defraudación al Estado como consecuencia de la administración infiel de los recursos públicos».

Todo ocurrió entre 2007 y 2014, desde la firma de los contratos de obra hasta la suscripción de las últimas adendas de éstos.

En un primer tramo del expediente se corroboró la administración fraudulenta por la que se acusa a los ex directivos de AySA y los empresarios. Vino una segunda etapa, en la que la Justicia dio por «probada la existencia de dos grandes tramos de pago de sobornos vinculadas a la obra Paraná de las Palmas».

El primero de los proyectos bajo la lupa era la construcción y puesta en marcha de la planta potabilizadora de agua, que fue adjudicada a la Unión Transitoria de Empresas conformada por las firmas Odebrecht -50%-, Supercemento -16,66%-, Benito Roggio e Hijos -16,67%- y José Cartellone Construcciones Civiles, con una participación de 16,66%.

El segundo de los contratos cuestionados consistía en la construcción de la planta depuradora “Sistema Berazategui”, en la que resultó ganadora la unión conformada por las empresas Camargo Correa -60%- y Esuco -40%-. Luego Odebrecht ocupó el lugar de Camargo Correa.

En otro tramo, la justicia federal dio por acreditadas «las dádivas que, como contrapartida, las empresas ganadoras habrían pagado a las autoridades estatales a fin de asegurarse tales adjudicaciones ventajosas».

Por ello, los empresarios ya procesados por defraudación en la primera parte de la investigación quedaron luego acusados de «corruptores», es decir como autores de cohecho activo, por haber pagado los sobornos para garantizarse la adjudicación de obras.

Según la justicia, los sobornos se estructuraron en dos instancias. En enero de 2009 se hizo el primer pago de servicios al consorcio de la Planta AySA por 69 millones de dólares. «El director del contrato, Sergio Gouvea, por indicación de Carlos Wagner, tomó contacto con Raúl Biancuzzo, quien fue presentado al Departamento de Operaciones Estructuradas (oficina de coimas de Odebrecht), iniciándose así los pagos indebidos en las cuotas por éste indicadas, que ascendieron a 7,6 millones de dólares».

Hubo tres órdenes de pago vinculadas a la obra “Paraná de las Palmas”, una en julio de 2010 y las otras dos en agosto de ese año, por 67.289 dólares, 18.000 dólares y 25.000 dólares. «En el sector “codinome”, que es el apodo asignado al destinatario, figuran “Rio Grande”, “Cavalo” y “Raúl Seixas”, siendo el ejecutivo vinculado en todas Mauricio Couri Ribeiro, por entonces CEO de Odebrecht en Argentina», explicó el juez en su resolución.

El segundo tramo de pagos indebidos reconocido por Odebrecht «se debió a la paralización de las obras y la interrupción de los pagos que coincidieron temporalmente con la muerte del ex presidente Néstor Kirchner», señaló Casanello en su momento. El mismo se extendió entre 2011 y 2014, a través de la firma uruguaya Sabrimol Trading, recibió una totalidad de 6.450.000 dólares«.