POLITICA
Casación anuló un procesamiento confirmado de Jorge “Corcho” Rodríguez por un presunto lavado de más de un millón de dólares
La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal, anuló el procesamiento dictado contra Jorge “Corcho” Rodríguez y confirmado por la Cámara Federal en la causa que lo investigó por un supuesto lavado de dinero en la compra de un helicóptero de casi un millón y medio de dólares, en 2016.
Según la acusación, ahora derribada por el máximo tribunal penal, la operatoria se habría realizado para blanquear dinero proveniente del pago de sobornos a funcionarios que debían aprobar los contratos de la empresa brasileña Odebrecht, acusada de haber pagado coimas en toda la región.
La decisión la tomó la Sala III del tribunal a comienzos de abril, por mayoría, luego de que la defensa del empresario apelara el procesamiento. El juez Carlos Mahiques consideró que no se alcanzaban a vislumbrar irregularidades en la operatoria, que se prolongó por cuatro años e involucró préstamos y empresas varias. Daniel Petrone también falló en favor de Rodríguez, pero no fue tan lejos como Mahiques: Petrone pidió que la Cámara valorara una prueba en particular, que en su análisis, había sido omitida. Esta omisión había sido uno de los argumentos de la defensa contra el procesamiento confirmado.
Su colega Javier Carbajo, en disidencia, propuso declarar inadmisible el recurso, entre otras cuestiones, porque no era contra una sentencia definitiva, ni había logrado demostrar una cuestión federal.
La maniobra
Según el fiscal Carlos Rívolo, quien pidió elevar la causa a juicio, las maniobras tuvieron su inicio el 30 de marzo de 2012, “cuando se empezaron a registrar movimientos bancarios en el entramado de sociedades controladas por Jorge Rodríguez, a partir de transferencias de dinero provenientes de la constructora Odebrecht”.
Las sociedades implicados era Sabrimol Trading SA, radicada en Uruguay, y Capital Investment y Latin Financial, radicadas en Edimburgo, Reino Unido.
La maniobra consistió, de acuerdo con los investigadores, en realizar operaciones para que Helicopter Corporation SA -cuyas acciones pertenecían a Jorge Ernesto Rodríguez y a Carlos Alberto Rodríguez- comprara el helicóptero matrícula LV-CFO EUROCOPTER EC 130 B4. La fiscalía señaló que la operación se financió contra préstamos por US$1.415.000, obtenidos de la empresa Latin Financial LP, que supuestamente pertenecería a Rodríguez, quien negó las acusaciones y sostuvo que el origen del dinero usado para la compra era lícito.
El procesamiento había sido dictado por el juez Sebastián Casanello y confirmado en marzo del año pasado por la Cámara Federal, con los votos de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. En disidencia había votado Mariano Llorens, en cuyo voto se apoyaron ahora los jueces de la Casación para revocar el procesamiento.
“Los jueces que conformaron la mayoría de la Cámara a quo segmentaron improcedentemente las pruebas consideradas sin explicar los estándares de evaluación aplicados», afirmó Mahiques, quien lideró el voto.
El razonamiento de los camaristas, agregó Mahiques, “presenta una fisura lógica” y no logra explicar “el motivo por el cual considera que la reventa, de momento no simulada, del bien adquirido [el helicóptero] con fondos presumiblemente de origen ilícito se corresponde a la fase de integración del lavado de activos y tiene mérito suficiente para ratificar un procesamiento que, para dictarlo, partió de la base que dicha venta de 2016 había tenido tal carácter”.
Concluyó que no existen elementos para inferir que la maniobra que comenzó en 2012 se iba a perfeccionar cuatro años después, en 2016, y esos motivos “impiden confirmar la resolución puesta en crisis por presentar una ausencia de fundamentación por arbitraria e imponen su absolución”.
El juez Petrone, que tuvo que dirimir la cuestión entre sus colegas y no se definió sobre el fondo, sostuvo que la Cámara no atendió un pedido de la defensa para revisar una prueba en particular, un informe de la Dajudeco. “No explican con suficiencia porqué omitió considerar las referidas alegaciones de la defensa” sobre este punto.
Las razones para procesarlo
En marzo del año pasado, al confirmar el procesamiento, los camaristas Bruglia y Bertuzzi dieron por probado “un acuerdo espurio entre funcionarios públicos y particulares, para direccionar -en perjuicio de los intereses del Estado- los procesos licitatorios” de dos proyectos de AySA y “las dádivas que como contrapartida habrían pagado las empresas ganadoras a las autoridades estatales, a fin de asegurarse tales adjudicaciones”.
“Se logró acreditar que Jorge Ernesto Rodríguez habría intermediado entre la firma Odebrecht, junto a sus socias locales, y funcionarios del entonces Ministerio de Planificación Federal, canalizando los pagos indebidos de esas empresas, a través de la sociedad uruguaya Sabrimol Trading. Firma esta que, al igual que Latin Financial y Capital Investment Enterprises, eran controladas por el primero a través de sus personas de confianza, Carlos Dentone Loinaz, Martín Molinolo Menafra y Osvaldo Gandini”, dice el fallo.
También dijeron que la maniobra se completó cuando el helicóptero fue transferido a la empresa Fusion Blue, de Fabián Carballo, a cambio de los derechos de cobro de los mutuos.
La Casación anuló la decisión, y envió las actuaciones a la Cámara para que se dicte una nueva resolución.
POLITICA
La UTA confirmó que se sumará mañana al paro general de la CGT en rechazo a la reforma laboral
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó esta tarde que mañana se sumará al paro general anunciado por la CGT en el marco de una jornada en la que la reforma laboral se tratará en la Cámara de Diputados.La medida de fuerza alcanzará a servicios de corta, media y larga distancia, combis y subterráneos en todo el país, en protesta por la reforma laboral.
A través de un comunicado, la organización advirtió sobre el riesgo para la dignidad del trabajo y la viabilidad del sector del transporte, argumentando que la convocatoria no responde a intereses sectoriales sino al reclamo de quienes ven amenazadas sus condiciones de vida. El gremio instó a los empleados del sector a sostener el paro como un mecanismo de “defensa colectiva”.
La UTA fundamentó la medida por la caída del salario real y el deterioro de las condiciones de empleo, cuestiones que el sindicato atribuye directamente al ajuste económico. Desde la entidad, además, señalaron el impacto del incremento del costo de vida y la pérdida del poder adquisitivo, junto a la preocupación por la estabilidad laboral.
El sindicato reafirmó que el paro abarca todas las actividades del transporte a nivel nacional y reiteró su compromiso con la defensa del salario y el empleo.
Noticia en desarrollo
POLITICA
Piden al procurador Casal que ordene a los fiscales retirarse de los tribunales internos de la AFA
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) le pidió al procurador general Eduardo Casal que el Ministerio Público Fiscal retire a sus fiscales del Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), un órgano interno de la entidad que revisa y sanciona infracciones disciplinarias vinculadas a los partidos y que ya había sido cuestionado por sus múltiples vínculos con el Poder Judicial.
“La AFA regula y administra el fútbol profesional argentino, un ámbito que involucra intereses económicos de enorme magnitud. La exposición de fiscales a este universo, en roles directivos o disciplinarios, crea un riesgo evidente de múltiples conflictos de interés”, advirtió la organización.
La ACIJ señala que esa “doble función” es ilegal, incompatible y contraria a estándares internacionales y apunta al caso particular del fiscal de Comodoro Py Ramiro González, que actualmente ejerce funciones dentro del Tribunal de Disciplina de la entidad que lidera Claudio “Chiqui” Tapia.
Según el escrito, la integración de los tribunales internos de la AFA “supone la realización de tareas propias de la profesión jurídica”, puesto que sus miembros revisan expedientes, investigan antecedentes, analizan pruebas, celebran audiencias y dictan resoluciones sancionatorias. “En otras palabras −sostiene el texto− implica intervenir en el trámite de expedientes, en la valoración de pruebas, en el razonamiento jurídico y, finalmente, en la emisión de verdaderas ‘sentencias’”.
La organización recordó, además, que el Reglamento para la Justicia Nacional establece que los magistrados y fiscales no pueden participar en asociaciones profesionales ni integrar comisiones directivas de ninguna asociación sin autorización expresa de la autoridad de superintendencia.
A su vez, señalan que no hay constancias de que la Procuración de Casal haya otorgado permisos especiales para ocupar esa doble función que, además, tensiona las directivas que recomienda la ONU para que los fiscales pueden desarrollar sus tareas “sin intimidación… ni injerencias indebidas”.
La AFA y el cruce con la Justicia
La repentina aparición de un puñado de causas sensibles colocó a la AFA en el centro de una tormenta judicial.
En los últimos meses del año pasado, y en medio de esa creciente judicialización, a los tribunales de ética y de disciplina de la AFA renunciaron distintos miembros del Poder Judicial: Diego Barroetaveña, que es presidente del Cámara de Casación Federal y lideraba el tribunal de Ética de la AFA; Juan Ignacio Pérez Cursi, titular de la Cámara Federal de Mendoza y árbitro de la Cámara Nacional de Resolución de Disputas de la AFA; Néstor Barral, de la Cámara Federal de San Martín y miembro del tribunal de Disciplina; y el juez en lo Criminal y Correccional Nº9 de la ciudad de Buenos Aires, Martín Peluso, que también integraba la comisión.
La ACIJ había elevado un pedido a la Corte Suprema para que disponga el cese inmediato de las funciones que desempeñan los jueces en los tribunales internos de la AFA por posibles conflictos de intereses.
El caso del juez Barroetaveña terminó por ilustrar las preocupaciones de la ACIJ. Como miembro de la Casación, el camarista deberá decidir junto a otros dos colegas si la causa que busca esclarecer de quién es la fastuosa quinta de Villa Rosa, Pilar, sospechada de pertenecer a los altos mandos de la AFA, sigue tramitando en la justicia federal de Campana, como quieren los imputados, o regresa al fuero Penal Económico.
El propio fiscal González debió intervenir en los inicios de la causa que investigaba la quinta de Pilar, cuando el expediente daba sus primeros pasos en Comodoro Py, antes de pasar al fuero Penal Económico y a la Justicia de Campana, donde se encuentra ahora.
Los nexos de la AFA con la Justicia exceden la formalidad de los cargos. Del tribunal también formaba parte, por ejemplo, Esteban Mahiques, cuyo padre es Carlos Mahiques, miembro de la Casación Federal junto a Barroetaveña. Otro caso es el de Fernando Mitjans, que preside el tribunal de Ética de la AFA y está casado con Marcela Losardo, exministra de Justicia durante el gobierno de Alberto Fernández.
AFA,Claudio Chiqui Tapia,Casos de corrupción,Conforme a,AFA,,Investigación. La Justicia analiza transferencias por supuesto juego ilegal que llegan hasta Sur Finanzas PSP,,AFAGate. Dos empresas “gemelas” de Miami recibieron casi US$ 5 millones y desaparecieron: los pagos a la misma hora,,»Ya nada será lo mismo». Nueva era: cómo es la nueva televisación de la Primera Nacional por la plataforma de la AFA
POLITICA
Causa Cuadernos: se anunció el traslado de la sede del jucio a Comodoro Py para que puedan comenzar las audiencias presenciales
El Consejo de la Magistratura de la Nación anunció una serie de medidas para la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, entre las que se incluye el traslado del Tribunal Oral Federal 7 que actualmente lleva adelante el juicio por la denominada causa Cuadernos.
La medida se concretaría antes de mitad de año, según detalló el organismo, y con el traslado podrán comenzar las audiencias presenciales, una demanda creciente de las partes y de la Cámara Federal de Casación Penal.
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El TOF 7 es el único tribunal que no funciona en Comodoro Py y tiene su sede en el Palacio de Tribunales. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli expusieron oportunamente las complicaciones de esa distancia ante la Cámara Federal de Casación Penal cuando se inició el juicio por la causa Cuadernos y se debatió la presencialidad del proceso oral y público.
Con la mudanza se garantizará al TOF el uso de la Sala AMIA, destinada para la realización de juicios orales de gran magnitud y que fue modernizada y habilitada en diciembre pasado. También podrán disponer de otra decena de salas que se crearon y acondicionaron en el último año en el edificio de Retiro.
El cambio de sede también simplifica los mecanismos previstos para el eventual traslado de detenidos desde la alcaldía del Servicio Penitenciario Federal que funciona en la planta baja de Comodoro Py.
“La relocalización del TOF recién se realizará cuando esté finalizando todo el trabajo de infraestructura y sistema que se está implementado en distintas etapas. De acuerdo a las estimaciones, no sería antes de mitad de año”, remarcó el Consejo.
Desde el inicio del juicio, el TOF 7 optó por celebrar audiencias principalmente virtuales, dos veces por semana por Zoom. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal, así como representantes del Ministerio Público Fiscal, reclamaron de manera insistente una frecuencia mayor de audiencias y su realización de forma presencial para dar mayor dinamismo al debate oral.
El juicio
El proceso comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Carlos Stornelli, centrado en las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de coimas atribuidas a los principales exfuncionarios acusados, entre ellos la expresidenta.
La lectura de esa primera acusación continuó durante las audiencias del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando se concluyó con ese tramo y se avanzó con el segundo requerimiento, que abordó imputaciones por cohecho activo, cohecho pasivo, admisión y recepción de dádivas.
El 27 de noviembre también se inició la lectura del tercer requerimiento de elevación a juicio, cuya exposición finalizó el 4 de diciembre, luego de que una de las audiencias fuera destinada a tratar un planteo de recusación presentado por la defensa de De Vido, que finalmente fue rechazado por el tribunal.
Posteriormente, en las audiencias de los días 9, 11, 16 y 18 de diciembre, se dio lectura al cuarto requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y se comenzó con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa conocida como “La Camarita”, vinculada a la presunta cartelización de la obra pública civil a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.
Finalmente, en la última audiencia realizada, el tribunal avanzó con la lectura del quinto requerimiento de elevación a juicio, correspondiente a la causa “Trenes”, que investiga supuestas maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos ferroviarios, además de la presentación efectuada por la UIF en ese expediente.
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La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros/ entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.
“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.
Comodoro Py, cuadernos de la corrupción, Consejo de la Magistratura
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