El año recién comienza, pero la política no se toma vacaciones: el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, reunió a su tropa de intendentes en Villa Gesell. Si bien fue una invitación del alcalde anfitrión, Gustavo Barrera, sirvió de excusa para llevar a cabo la primera reunión formal del 2026 de Movimiento Derecho al Futuro.

El encuentro coincidió con lo que fue la primera conferencia de verano, donde Kicillof aprovechó para informar sobre su gestión, pero también para cuestionar al gobierno nacional de Javier Milei: “A Milei puede no gustarle este Gobernador, pero es ilegal que nos robe los fondos que nos pertenecen y los utilice para alimentar la timba financiera”. Luego, fue el tiempo de la reunión a puertas cerradas con los intendentes.

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Según pudo saber TN, se hizo mucho foco en la construcción territorial: el objetivo es que el 2026 “sea el año de la construcción amplia y federal”. Se trata del año previo a lo que serán las elecciones presidenciales del 2027 donde el Gobernador y su entorno trabajan para ser la alternativa del peronismo.

En ese sentido, buscan que la plataforma que se logre construir durante este año “contenga respuestas y propuestas para las demandas de la sociedad”. De acuerdo al diagnóstico en las filas del MDF, “la Argentina productiva está en grave estado y necesita que el peronismo vuelva a representarla y proponga un programa de desarrollo”.

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Y también hubo tiempo para pedidos de los intendentes: se habló de trabajar por la re-reelección de los jefes comunales.

Kicillof avanzará con un nuevo proyecto de ley para eliminar la prohibición de las reelecciones indefinidas de intendentes, legisladores provinciales, concejales y consejeros escolares. La iniciativa apunta a derogar el límite impuesto en 2016 y responde a un reclamo sostenido de jefes comunales que no podrían competir en 2027 si la norma sigue vigente.

En la Provincia, 82 de los 135 intendentes están alcanzados por la restricción. Para el gobernador, el respaldo territorial de esos jefes comunales es un activo central en la construcción de su proyección política hacia 2027.

A partir de la semana próxima, será intercalará una semana con reuniones con sectores productivos y otra, con conferencias de verano, empezando por Chascomús y San Pedro, bajo ese nuevo esquema.

El gobernador busca sostener visibilidad durante la temporada turística, diferenciar su gestión de la del Gobierno libertario, proyectarse en el ámbito nacional y, al mismo tiempo, seguir de cerca la renovación de autoridades del PJ bonaerense, un proceso que concentra tensiones entre los distintos sectores del peronismo.

La disputa por la conducción del PJ bonaerense

El actual titular del Partido Justicialista provincial es el líder de La Cámpora y diputado nacional, Máximo Kirchner, que además está enfrentado con el gobernador Axel Kicillof. Sin confirmaciones sobre la chance de ir por un nuevo mandato, en el entorno del mandatario buscan disputarle la conducción del PJ al hijo de la expresidenta.

“El planteo del gobernador está bien, no tiene un partido que lo respalde”, apuntó a TN un histórico dirigente peronista, hoy enfrentado con el kirchnerismo duro. Y agregó: “Si no hay interna, el gobernador tiene que poner al presidente”. El PJ bonaerense fijó fecha de renovación de autoridades para el 15 de marzo.

De acuerdo a lo que confirmaron fuentes K a TN, la intención cerca de Máximo es que “haya unidad”, para que, desde allí, “Axel pueda salir a caminar en 2026″. Y esta mañana hubo otros encuentros preparatorios, que sirvieron para llegar con más chances de acuerdos.

“Si hay un acuerdo mejor, y si no iremos a internas”, indicaron en el entorno del mandatario a este medio. Pero en el fondo, sostienen que el problema es aún mayor: cómo armar una fuerza nacional competitiva.

Axel Kicillof, Peronismo, Provincia de Buenos Aires

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El Poder Ejecutivo tomó la decisión este miércoles de no solicitar al Senado la extensión del mandato de la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez, y se reserva la posibilidad de cubrir este cargo con algún candidato propio para ir ganando terreno en sectores claves de la Justicia.

Martínez dejará su cargo el 1° de febrero, cuando cumpla 75 años, edad en la que —al igual que ocurre con los jueces— su continuidad depende de un nuevo nombramiento aprobado por el Congreso. El Gobierno resolvió no enviar el pliego al Senado, con lo que la funcionaria que lideró el Ministerio Público de la Defensa desde 2006 dejará el cargo sin opción a renovación.

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La salida de Martínez se suma a un panorama complejo en las autoridades judiciales. Su reemplazo interino será Julián Langevín, defensor ante la Corte Suprema, de 64 años. Con esta medida, las dos máximas autoridades del Ministerio Público —Langevín y el Procurador General Eduardo Casal— quedarán en sus cargos en carácter de interinos.

Martínez había expresado su voluntad de continuar al frente de la Defensoría por cinco años más mediante una carta enviada al Poder Ejecutivo a fines de 2025.

Incluso, el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales de la República Argentina expresó su “firme respaldo” a la continuidad y pidió en noviembre al gobierno, en una nota a Sebastián Amerio, que solicite al Senado el acuerdo para su designación por un nuevo período de cinco años. “Su trayectoria refleja una carrera caracterizada por la excelencia profesional y el compromiso con el servicio público”, sostuvieron los firmantes.

La salida de Martínez también se da en un contexto de crecientes reclamos de reformas judiciales y críticas por parte de distintos sectores sobre la falta de avance en nombramientos cruciales dentro del sistema de justicia, en especial en tribunales superiores e instancias federales.

Si el gobierno se lo propone y consigue aval del Senado, podrá nombrar a dos jueces de la Corte, a un nuevo Defensor General y un nuevo Procurador General. Un escenario ambicioso pero no imposible que ya intentaron antes sin éxitos otros gobiernos. Como fue el caso de Alberto Fernández que promovió al juez Daniel Rafecas para reemplazar a Casal pero a último momento, incluso con negociaciones avanzadas, la idea quedó trunca.

Lo cierto es que aún está fresco el recuerdo del fracaso del Ejecutivo con los nombramientos por decreto de Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema y, antes de intentar ocupar esas sillas, deberá enfrentar problemas más urgentes como la falta de envío de pliegos para cubrir vacantes en los tribunales.

Según pudo saber TN, para evitar un escenario similar, el Ejecutivo enviará al Senado pliegos que respeten de manera rigurosa el orden de mérito de los concursos, con la intención de dejar a la oposición ante el costo político de rechazar a los candidatos mejor calificados.

Datos oficiales del Consejo de la Magistratura de la Nación indican que 2025 fue el año menos productivo desde 2022: durante todo el período se elevaron apenas 19 ternas al Poder Ejecutivo. El contraste con 2024 es marcado, ya que ese año se habían aprobado y remitido 96 expedientes.

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Según el último informe de gestión, al cierre de diciembre había 203 vacantes con concursos ya finalizados que continúan a la espera de una decisión del Presidente. A ese número se suman otras 157 vacantes que todavía están en trámite dentro del Consejo, en su mayoría correspondientes a tribunales ya habilitados que hoy funcionan con jueces subrogantes.

El panorama expone la magnitud del problema que enfrenta el Gobierno y anticipa un año de negociaciones complejas con el Senado, en un contexto en el que la cobertura de vacantes judiciales aparece como uno de los principales desafíos institucionales de la gestión.

Defensoría General de la Nación, Gobierno, Congreso, TNS