POLITICA
La Justicia le devolvió a Kicillof un fondo para financiar obras que le había quitado el gobierno de Milei

El Juzgado Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata admitió la cautelar interpuesta por la provincia de Buenos Aires y habilitó a 11 empresas de gas a cobrar el Fondo Especial de Obras. Desde octubre del año pasado, ese tributo no estaba incluido en las tarifas que deben pagar los usuarios por decisión del gobierno de Javier Milei.
A partir de esta decisión, la administración de Axel Kicillof empezó acciones judiciales, lo que tuvo una resolución favorable esta semana. La decisión de la jueza María Ventura Martínez alcanza a grandes empresas como Camuzzi Gas Pampeana, Litoral Gas, Naturgy y otras cooperativas que operan en territorio bonaerense.
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Con ese fallo, las empresas podrán volver a cobrar el 4% del costo total del servicio en sus boletas. El tributo había sido eliminado mediante resoluciones de la Secretaría de Industria y Comercio y del Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS).
La jueza admitió la cautelar por entender que “se pone en riesgo, en general, el acceso a la provisión de gas dado el desfinanciamiento repentino de un tributo que tenía asignación específica”.
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También admitió el planteo del Gobierno bonaerense, que aseguró que no incluir el impuesto en la factura de gas implica la inmediata cancelación del fondo que sustenta, el cual “fue, es y será la fuente de financiamiento de un cuantioso número de obras de infraestructura, que ya han sido finalizadas y habilitadas, se encuentran en curso de ejecución o han sido planificadas para ejercicios presupuestarios venideros”.
La sentencia remarcó que “el impuesto como sistema de percepción mediante un porcentaje en la facturación al usuario, jamás tuvo reproches constitucionales por parte de las distribuidoras ni de usuarios”, por lo que “hay una práctica institucional sostenida al respecto”.
Además, “al menos en este estadio, es razonable sostener que la conducta asumida por las empresas y cooperativas no es la que necesariamente se deriva de la normativa, pues ellas bien podrían haber sometido el tributo de marras, y su obligación como agentes de recaudación, a una nueva autorización, ya que este adicional cumpliría con las condiciones para ello”, agregó la magistrada.
La disputa por recursos entre Nación y Provincia
En septiembre del 2024, la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación primero y el ENARGAS después, ordenaron suspender el cobro en las facturas correspondientes de “conceptos contenidos en los comprobantes que sean ajenos al bien o servicio contratado específicamente por el consumidor”. Esto afectó el Fondo Especial de Obras, que era “exclusivamente para la planificación y ejecución de obras”, indicaron desde el Gobierno bonaerense.
En febrero de este año, la administración de Kicillof realizó una presentación judicial para cuestionar la “arbitraria decisión por ilegítima e inconstitucional, violatoria de las competencias locales y del principio de autonomía provincial”. En esta presentación, la medida fue rechazada además por “avasallar los principios del federalismo, así como las potestades impositivas que le corresponden a la provincia”.
Ahora, luego del fallo que revierte la medida de la Nación, en el ejecutivo de Kicillof afirmaron que no se conforman. “Este es el primer paso de una batalla que seguiremos dando porque lo que queda claro es el modo de gestionar del Gobierno nacional: mediante una mera resolución de un funcionario, pretenden avasallar no solo la jurisdicción provincial, sino también lo resuelto por representantes del pueblo bonaerense en la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires”, aseguró el Subsecretario de Energía del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Gastón Ghioni.

Desde Provincia aclararon que el fondo en cuestión fue creado en 1975 por la Ley 8474 y busca contribuir al financiamiento de las inversiones en obras de gas natural, a presión (GNP), de petróleo (GLP) y licuado (GNL). “El objetivo es garantizar un piso de presupuesto para obras de un servicio público esencial como es el acceso al gas”, explicaron.
En ese sentido, enfatizaron: “La inclusión del impuesto Ley 8474 en la facturación del servicio público de distribución de gas no viola el derecho de los consumidores a una información adecuada y veraz, ya que está debidamente identificado e informado en la factura y se vincula específicamente con la prestación del servicio”.
No es este el único reclamo del gobierno provincial a Nación. Meses atrás, el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, y 20 intendentes firmaron una presentación judicial contra Javier Milei. La demanda se centra en el “desvío de fondos”: sostienen el Gobierno no transfirió el año pasado a Vialidad Nacional $200 mil millones que recaudó con el Impuesto a los Combustibles.
La puja entre Milei y Kicillof por recursos viene desde el inicio del mandato del líder de La Libertad Avanza. La decisión de YPF de no llevar adelante la inversión para crear una planta de GNL en Bahía Blanca fue una consecuencia directa de esa disputa política y económica.
Axel Kicillof, Javier Milei, Justicia
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¿Mas cambios en el Gobierno? El futuro de la conducción de la SIDE es incierto y ARCA queda bajo la lupa

El futuro del titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Sergio Neiffert, luce incierto por estas horas. Llegado a “la casa”, como se conoce al edificio sede de la inteligencia local, a mediados de 2024, luego de que saliera eyectado su primer titular en la era libertaria, Silvestre Sívori, Neiffert se convirtió en los últimos días en el eje de un escándalo en los submundos de los espías.
Fue luego de que trascendiera, a través de una nota publicada en Diario.ar, que Neiffert discutió a los gritos y en calzoncillos con un funcionario de su área. De acuerdo a la información publicada, Neiffert fue sorprendido en su casa con la visita inesperada de José Francisco Lago Rodríguez, subsecretario administrativo del organismo.
De a poco poco la conversación trocó en discusión y Neiffert terminó, en paños menores, echando al abogado. De acuerdo a la información, Lago Rodríguez habría llevado un ultimátum transmitido desde el entorno del asesor Santiago Caputo, que lo designó en el área, luego de semanas en las que Neiffert empezó a dar gestos de mayor autonomía y a tomar algunas decisiones sin consultarlo.
Cerca del asesor Caputo desmintieron el episodio. “Nada de eso es cierto”, dijeron fuentes “celestiales”. Sin embargo, el episodio fue ratificado por otros sectores del Gobierno y algunos funcionarios libertarios hasta aseguraron que habría videos del hecho.
El nombre de Neiffert venía sonando, desde hace al menos tres semanas, como uno de los que estaba entre los que podían llegar a ser objeto de cambios luego del reordenamiento del poder interno en Casa Rosada.
El inicio de las versiones se dio tras el triunfo libertario en las elecciones de octubre pasado, en las que la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, resultó la ganadora puertas adentro de la Casa Rosada, por la estrategia electoral que desarrolló y respaldó. Con ella empoderada internamente, se comenzó a reordenar el mapa de poder de La Libertad Avanza.
Sin embargo, en el último tiempo, según fuentes de la administración libertaria, Neiffert se habría acercado más a la órbita de Karina Milei, lo que podría eventualmente cambiar su suerte ante una posible decisión de avanzar con más cambios en la estructura del Gobierno.
Pero las dudas sobre el futuro de la casa de los espías y la conducción de Neiffert no es la única en el interior libertario, donde también hay incertidumbre sobre la continuidad de otros funcionarios.
A menos de un mes de las elecciones, en los que la secretaria general de la Presidencia quedó empoderada, luego de que su estrategia electoral haya resultado ganadora en las urnas tras los cuestionamientos de las fuerzas que responden a Caputo, en la Casa Rosada no se descarta que la funcionaria siga ganando casilleros.
En ese sentido no son pocos los que leyeron que el futuro de Sebastián Amerio, otro hombre del asesor, en este caso en el Ministerio de Justicia, quedó obturado luego de que desde la cúpula del poder le pidieron a Mariano Cúneo Libarona, titular del área, que no renunciara como tenía previsto hacerlo, y siguiera en funciones hasta por los menos febrero próximo.
Otra área en el que se mencionan cambios es en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en la que hay otros nombres que también desembarcaron por intervención del asesor Caputo, que podrían a llegar a tener su suerte comprometida.
En los últimos días también hubo versiones sobre una posible salida de su titular del Juan Pazos del organismo. Sin embargo, cerca suyo negaron esa posibilidad y sostuvieron que no está bajo análisis.
Cecilia Devanna,Conforme a
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Polémica con la AFA: el Gobierno centraliza las críticas en la mano derecha del Chiqui Tapia y posterga el debate de las Sociedades Anónimas Deportivas

El Gobierno centraliza las críticas en Pablo Toviggino, mano derecha del Chiqui Tapia, y posterga el debate por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) tras la polémica con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por la designación de Rosario Central como “campeón anual”. El Ejecutivo califica el proceso como “desprolijo”, pero reconoce que no tiene medidas en carpeta para oponerse a la modalidad.
“No nos podemos meter de forma directa”, expresan en Nación. La Casa Rosada también descarta de plano cualquier posibilidad de intervención de la AFA más allá de que reactivó reclamos contra la estructura que conduce Claudio “Chiqui” Tapia. El objetivo del oficialismo por el momento es no elevar la tensión.
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En la mesa chica de Balcarce 50 aseguran que el proyecto para habilitar el ingreso de capital privado a los clubes “no está en agenda” en el corto plazo. Las prioridades del jefe de Estado son la sanción del Presupuesto 2026 y de las reformas laboral y tributaria durante las sesiones extraordinarias, que se convocarán desde el 10 al 31 de diciembre.
Los cercanos al mandatario apuntan en privado contra el secretario ejecutivo de la AFA, Pablo Toviggino, a quien acusan de estar detrás de “operaciones políticas contra la gestión” en medios y plataformas digitales. Se trata de uno de los apuntados en la denuncia por espionaje ilegal luego de que se difundieran audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en la previa electoral.
La tensión entre el Gobierno y la AFA tuvo su punto más crítico en octubre de 2024, cuando Nación abrió una investigación sobre presuntas irregularidades financieras. El Banco Central -bajo la conducción de Santiago Bausilli- inició un sumario por presunta infracción a la Ley Penal Cambiaria y por una posible triangulación de fondos de sponsors mediante donaciones.
En esa instancia, la Inspección General de Justicia también declaró inválida la convocatoria a la Asamblea que trató la reelección de Tapia y advirtió que desconocería cualquier intento de modificar estatutos. La Cámara Civil de la Nación anuló luego la resolución de la IGJ y sostuvo que “no puede interferir en la vida interna de la entidad”.
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Más allá de los cruces, el Ejecutivo evita ahora reactivar el frente judicial o administrativo. La prioridad está en el encuentro con Donald Trump del 5 de diciembre y en evitar un nuevo foco de confrontación en el caso de que Milei y Tapia se encuentren en Washington durante el sorteo del Mundial 2026 en el Kennedy Center.
La última vez que el jefe de Estado se pronunció contra la AFA fue luego de la eliminación en primera ronda de Boca y River del Mundial de Clubes que se disputó en Estados Unidos. Contrastó el resultado de los equipos argentinos con las cuatro clasificaciones obtenidas por los brasileños y reivindicó las SAD. “Ni Boca ni River: sin argentinos en el Mundial de Clubes. Brasil fue con 4 equipos, los 4 pasaron. ¿Hasta cuándo hay que señalar el fracaso del modelo de Chiqui Tapia?“, expresó la publicación.
Gobierno, AFA
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El camarista Borinsky pidió que “se complete la Corte” y que se nombre un procurador general de la Nación

El juez de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky se pronunció a favor de que “se complete la Corte Suprema” de Justicia, que cuenta con solo tres integrantes, y que “se nombre un procurador general de la Nación, un puesto actualmente ejercido por un extenso interinato a cargo de Eduardo Casal.
“Es fundamental que se complete la Corte Suprema y se nombre un procurador general de la Nación para trabajar como la Constitución marca”, sostuvo Borinsky en diálogo con el programa A confesión de parte, que se emite los domingos por FM Milenium.
La Corte Suprema funciona con tres integrantes, el presidente Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. El Gobierno y un sector de la oposición iniciaron conversaciones, por ahora informales, para proponer dos nuevos candidatos a jueces supremos.
El pronunciamiento del camarista adquiere relevancia porque se trata de un jurista que participó de la elaboración del nuevo Código Penal, convocado por el Poder Ejecutivo, para que lo trate el Congreso, posiblemente el próximo período de sesiones extraordinarias.
“Tenemos un Código Penal de hace 105 años. Con el nuevo Código, las penas para los funcionarios públicos van a pasar de 1 o 2 años a mínimo 6 u 8”, remarcó Borinsky, pero reconoció: “No es popular poner plata para hacer un nuevo Código Penal para meter gente en la cárcel”.
Borinsky también consideró una posibilidad que se baje la edad de imputabilidad de 16 a 15 años, pero advirtió que en forma paralela debe aplicarse una “política de Estado” y además reclamó la cobertura de vacantes en todo el Poder Judicial, estimadas en más de 600 en todo el país, al afirmar que las designaciones son necesarias para “el valor justicia”.
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