A un mes de reasumir la investigación por el atentado a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner, la jueza federal María Eugenia Capuchetti le pidió en las últimas horas al Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos, más conocido como Homeland Security, si puede abrir el teléfono de Fernando Sabag Montiel, el principal acusado por el hecho. Ese celular fue manipulado por peritos de la Policía Federal, la PSA, y la Gendarmería, pero nunca se pudo abrir.

En un breve oficio, al que tuvo acceso Infobae, la jueza le preguntó a Homeland Security si está en condiciones de acceder al celular Samsung modelo SM-A505 G. La nota también fue enviada al Ministerio de Justicia de la Nación y a la embajada de Estados Unidos.

El teléfono de Sabag Montiel siendo clave. El último intento para acceder a su contenido ocurrió a mediados de marzo, a pedido de la fiscal de juicio Gabriela Baigún. Fue un trabajo conjunto entre seis peritos: los de la defensa de Sabag Montiel, la querella de la ex presidenta, los de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) de la Procuración General de la Nación y de la Gendarmería Nacional.

“Ninguno de los intentos resultó exitoso sobre el dispositivo celular Samsung modelo SM-A505 G perteneciente al imputado Fernando Sabag Montiel a pesar de haber agotado las distintas alternativas que fueron planificadas en las pruebas previas para abarcar este peritaje con el despliegue tecnológico más acertado”, sostuve ese informe.

Lo único que se pudo extraer hasta ahora fueron una serie de fotos, entre ellas una en la que Sabag Montiel y Brenda Uliarte están con el arma con la que se intentó matar a Cristina Kirchner. Todas las imágenes estaban en la tarjeta de memoria.

El primer intento para abrir el teléfono ocurrió la madrugada posterior al atentado, en la sede del juzgado de Capuchetti y estuvo a cargo de la Policía Federal. Llamativamente, se convocó a un perito, Alejandro Heredia, que no tenía experiencia.

Ante la imposibilidad de abrirlo, el teléfono se guardó en un sobre de papel madera y se mandó a una sede de la PSA. La encargada del traslado fue Priscilla Santillán, una oficial de la PFA que sigue trabajando como custodio de la jueza Capuchetti. Esa mujer declaró en el juicio que el sobre estaba cerrado. En cambio, los peritos que lo recibieron en la PSA (Camila Dafne Seren y Pablo Kaplan) dijeron lo contrario. Es más, afirmaron que el teléfono llegó encendido.

La segunda pericia también fue un fracaso: el aparato terminó reseteado a valores de fábrica. Por ese motivo se abrió una causa en el juzgado de María Servini. Sin embargo, en febrero de este año la magistrada sobreseyó a los tres peritos involucrados.

Servini llegó a la conclusión que “con los medios que se cuentan resulta imposible ir un paso más allá y determinar con un mínimo de probabilidad las razones que efectivamente motivaron el reinicio del celular de Sabag Montiel”.

El último intento de abrir el teléfono ocurrió en marzo de este año. Ese informe determinó que el reseteo a valores de fábrica se produjo las 0:19:26 del sábado 3 de septiembre, cuando el celular ya estaba en manos de los peritos de la PSA.

La jueza también le pidió colaboración a Homeland Security para poder abrir el teléfono del diputado Gerardo Milman, que sigue siendo investigado y nunca aportó su clave personal. Esa pista surgió del testimonio de un asesor legislativo, llamado Jorge Abello, quien aseguró el 23 de septiembre de 2022 le escuchó a decir a Milman en el bar Casablanca una frase muy sugestiva: “Cuando esté muerta yo voy a estar en la costa”.

Abello está acusado de falso testimonio en otro expediente. En las últimas horas, el fiscal Eduardo Taiano pidió que ese misterioso asesor sea citado a declaración indagatoria. “De las declaraciones testimoniales incorporadas en esta causa, no se pudo corroborar que haya proferido la frase ‘cuando la maten yo estoy camino a la costa’”, sostuvo Taiano.

Durante la investigación, la Justicia allanó la casa de Abello y le secuestró su teléfono. Llamativamente, los peritos de la DATIP nunca encontraron el supuesto mensaje que dijo haberle mandado al diputado Marcos Cleri. “Llama la atención que, Cleri, persona para quien trabajaba el imputado, concurriera de manera espontánea y sin haber sido requerido su testimonio, a poner en conocimiento de la titular del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nro. 5 la existencia de un mensaje de texto en el que Abello refería la frase en cuestión”, destacó Taiano al pedir la indagatoria.