El escándalo vinculado al exministro de Transporte bonaerense Jorge D‘Onofrio, en el que se investigan supuestas irregularidades en los contratos de la VTV y el sistema de fotomultas, generó numerosas denuncias que se convirtieron en al menos tres expedientes que se tramitan en la Justicia federal.

En uno de estos casos se investiga si una serie de municipios desviaron millones de pesos de las fotomultas a la Universidad Nacional de San Martín, que no habría estado registrada como proveedora para intervenir en el proceso. Se trata del expediente que lleva adelante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, que conduce Juan Manuel Culotta.

Según pudo saber TN, la Justicia investiga los convenios que 11 municipios firmaron con esa casa de estudios para la administración del cobro de multas por infracciones de tránsito. Entre las jurisdicciones están La Matanza, Roque Pérez, Olavarría, General San Martín y San Isidro, entre otras.

Investigan el supuesto desvío de $1900 millones de las fotomultas a la Universidad de San Martín

La normativa establece que de la generación de una multa, el 20% corresponde a la Provincia de Buenos Aires y el resto a los municipios que a su vez deben contratar a las empresas privadas que presten el servicio de cámaras. Sin embargo, la Justicia investiga si estos 11 municipios desviaban la plata de la fotomulta a la Universidad de San Martín para que luego esta le pague en “negro” a las firmas proveedoras del servicio.

El juez Culotta ordenó allanamientos sobre las firmas prestadoras del servicio de fotomultas Secutrans S.A., de Leandro Camani, y Tránsito Seguro S.A., de donde se llevó documentación vinculada a los contratos con los municipios y la Universidad de San Martín. Se cree que, tan solo en 2024, se habrían desviado unos $1900 millones. También se llevó adelante una orden de presentación sobre la casa de estudios, de la que se obtuvieron varias cajas con papeles.

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La Justicia investiga si después de cobrar ese dinero la universidad se lo giraba a las empresas Secutrans y Transito Seguro. La normativa establece que es el municipio el que debe darle el dinero de manera directa, sin intermediarios.

La primera de las firmas tiene contratos importantes en municipios como Hurlingham, General Pueyrredón y San Isidro. De hecho este último suspendió por 180 días el sistema de fotomultas por presuntas inconsistencias en los convenios heredados con universidades públicas; una de estas, la de San Martín.

“Lo que señala el denunciante es que la Universidad de San Martín no sería proveedora registrada, ni tiene por qué serlo, por lo que no está claro cuál es su aporte en el proceso ya que las cámaras eran aportadas por las empresas”, dijo una fuente judicial.

Según la denuncia, los contratos entre las Universidades Nacionales con empresas privadas como Secutrans S.A. son nulos, ya que el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional aprobado por el Decreto 1023/2001, y modificado luego por el Decreto 204/2004, en su artículo 25, inciso D apartado 8, “dispone que en las contrataciones directas entre organismos del Estado, está expresamente prohibida la subcontratación del objeto del contrato en servicios de seguridad, logística o salud, siendo que esta prohibición fue ratificada por el Decreto n° 641/2018″.

Asimismo, se menciona que el Decreto 1091/2024 “termina para siempre con la contratación de universidades para hacer fotomultas”.

TN consultó a autoridades de la Universidad de San Martín pero no obtuvo respuesta.

La respuesta de Secutrans

En diálogo con TN, desde Secutrans afirmaron que la compañía “no tiene ningún convenio con la Universidad Nacional de San Martín”. Y agregaron: “Los únicos municipios en los que estuvo fue a través de licitación pública y no tuvo contacto con la Universidad”.

A su vez en el entorno de Camani aseguran que Secutrans nunca se allanó y que se realizó el procedimiento sobre otra firma que tiene un nombre similar. “Es imposible que Secutrans haya cobrado plata en negro”, afirman.

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Desde la Universidad de San Martín explicaron a TN que la casa de estudios tiene un Programa de Formación y Gestión de la Seguridad Vial aprobado por su Consejo Superior y que por tal motivo varios municipios de la Provincia de Buenos Aires solicitaron la suscripción de convenios de colaboración para el desarrollo del programa e implementación del Plan de Seguridad Vial Municipal a fines de mejorar la gestión para reducir siniestros.

En este sentido, desde la casa de estudios sostuvieron que el trabajo de la facultad con los municipios se basó en lo siguiente:

-Campañas de concientización y capacitaciones en distintos municipios

-Gestión administrativa para la provisión de equipos, instalación y mantenimiento preventivo, correctivo y actualización tecnológica para fotomultas.

Por otra parte explicaron que la Universidad no tiene la obligación de estar inscripto en ningún registro de proveedores, ya que la UNSAM desarrolla la gestión administrativa para la gestión de las fotomultas, subcontratando a la empresa Tránsito Seguro S.A. para el aporte de la tecnología necesaria. Esta empresa está debidamente inscripta y tiene los permisos correspondientes para la prestación de los servicios realizados.

Estas empresas no son las únicas investigadas. En otro expediente que lleva adelante el fiscal Álvaro Garganta y el juez de Garantías Juan Pablo Massi están en la mira los supuestos beneficios que la gestión de D‘Onofrio le habría concedido a una empresa a cargo de las fotomultas en cinco municipios de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA), una asociación civil que agrupa a pequeñas y medianas empresas del sector, con 155 cámaras en La Matanza, Moreno, Tigre, Brandsen y Campana. El fiscal Garganta pidió allanar esta firma, ya que tendría probado que desde el 3 de enero de 2022 efectuó fotomultas irregulares, con cámaras que no tendrían autorización para funcionar.

Desde CECAITRA le dijeron a TN que cuando se instalaron esas cámaras la reglamentación era diferente a la actual, lo que no las convierte en equipos que estén operando de manera ilegal y que están a total disposición de la investigación.

El caso D‘Onofrio también tiene una pata vinculada al supuesto lavado de dinero. Allí, el juez Alvaro Gonzalez Charvay investiga un supuesto cobro de coimas por parte del exministro y de la exconcejal Claudio Pombo de proveedores de concesiones de la VTV. Una de las firmas en la mira es Franutec S.A.

Esta firma recibió la adjudicación de las zonas 5,9 y 16 de la provincia de Buenos Aires, es decir, los partidos de Moreno, Lobos, General Rodríguez, Mercedes, Ezeiza, entre otros.

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