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ECONOMIA

«Colchón bank»: qué riesgos enfrenta el Gobierno al impulsar una lluvia de dólares en negro

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En la Argentina, el dólar siempre fue mucho más que una moneda extranjera. Es una unidad de cuenta emocional, un símbolo de resguardo, y en los hechos, la divisa con la que una parte significativa de la población piensa, ahorra y hasta sueña. Hoy, bajo el gobierno de Javier Milei, ese vínculo tácito con la moneda estadounidense se intentará que sea parte su política económica desde el punto de vista monetario. Pero no a través de una dolarización oficial como la de Ecuador, sino por medio de un fenómeno menos explícito, pero igual de profundo: la dolarización endógena.

A diferencia de una dolarización forzosa, donde el Estado sustituye la moneda local por el dólar eliminando por completo el signo monetario nacional, el proceso endógeno ocurre sin decretos ni reformas constitucionales. Sucede cuando los propios agentes económicos comienzan a operar, casi por instinto de supervivencia, en moneda extranjera. Se dolarizan los precios, los contratos, los ahorros, y con el tiempo, las transacciones. En Argentina, este fenómeno lleva años en curso, pero ahora el Gobierno busca institucionalizarlo, capitalizarlo y, sobre todo, hacerlo circular.

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El objetivo del gobierno es claro: que los dólares que ya están dentro del país pero fuera del circuito formal comiencen a fluir. Y hay muchos. El INDEC estima que el sector privado no financiero posee activos externos por u$s204.505 millones «bajo el colchón». Sin embargo, JP Morgan Argentina estima que esa cifra podría extenderse a u$s350.000 millones fuera del sistema financiero nacional, ya sea en activos en el exterior o en efectivo.

La razón por la cual ese dinero no entra al sistema tiene una raíz histórica. En la Argentina, blanquear sin una reforma tributaria integral suele ser visto como una trampa: el que entra al sistema queda expuesto a un esquema impositivo complejo, inestable y muchas veces confiscatorio. Por eso, cada vez que hubo oportunidades de exteriorización de capitales, los argentinos participaron, pero con recaudos. Eligen declarar sus fondos lo justo y necesario, pero mantener buena parte de su patrimonio en dólares físicos, bajo llave o en cuentas del exterior. Sin un marco tributario que garantice previsibilidad y reglas claras, es difícil que esa conducta cambie.

Los riesgos de un posible fracaso del plan «colchón bank»

Este enfoque, sin embargo, no está exento de riesgos. Si funciona, podría erradicar la inflación de raíz, al menos en su forma monetaria. Si fracasa, podría detonar una crisis de confianza en el peso aún mayor, con una corrida silenciosa hacia el dólar como única moneda legítima. En otras palabras, una dolarización forzada por el mercado, pero sin preparación institucional.

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La experiencia internacional ofrece contrastes interesantes. En Ecuador y El Salvador, la dolarización fue una decisión política en momentos de crisis extrema. En Venezuela, en cambio, la dolarización fue endógena, aunque en un contexto de hiperinflación descontrolada que obligó al gobierno de Maduro a permitir el uso informal del dólar. La Argentina, con sus particularidades, parece transitar una vía intermedia: una economía que se va dolarizando de a poco, con guiños del Estado y el visto bueno del sistema financiero, pero sin renunciar aún al peso como moneda de curso legal.

Desde lo técnico, el panorama es igual de desafiante. ¿Cuánto dinero hay realmente en juego? La base monetaria actual ronda los $36,85 billones, que al tipo de cambio oficial representan poco más de u$s32.048 millones. Todo el dinero en pesos que circula en la economía argentina representa el 13% de los dólares que están en «Colchon Bank». Pero si se suma la base monetaria ampliada, que incluye no solo los billetes en circulación sino también los pasivos remunerados del Banco Central, la cifra supera los u$s62.349 millones. Aun así, el total de dólares «ocultos» en el país duplicaría esa suma. No faltan dólares: falta que salgan a jugar.

Para incentivar el uso de dólares en la vida cotidiana, ya se reglamentó el uso de tarjetas de débito en dólares y pagos con QR en moneda extranjera, aunque su adopción aun es baja. También se habla de habilitar cuentas virtuales en dólares a través de fintechs, para que los usuarios puedan pagar, cobrar o incluso obtener rendimientos en dólares digitales. En paralelo, se podría estudiar beneficios fiscales para quienes paguen impuestos o cancelen deudas tributarias con dólares. Y también se intentará abrir la ventana para ampliar los usos permitidos para los fondos blanqueados, sin necesidad de cambiar la ley vigente.

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La apuesta oficial es que, si el dólar empieza a circular con mayor naturalidad, se acelere el proceso de competencia de monedas. Que el dólar ya no sea solo un bien de atesoramiento, sino también una herramienta para dinamizar la economía real. Pero ese camino requiere confianza, reglas claras y, sobre todo, creatividad.

Sin embargo, la situación está lejos de ser estable. Así, la dolarización endógena se presenta como una transición incierta, un proceso en curso que podría terminar en una competencia formal de monedas, o en una dolarización de facto. Lo que está claro es que el peso perdió la batalla cultural y simbólica. Y que el verdadero desafío ya no es si usar dólares, sino cómo lograr que esos dólares sirvan para dinamizar la economía y no se queden, literalmente, encerrados bajo llave.

Las ideas que surgen del debate no son pocas. ¿Y si pensamos en un monotributo en dólares para exportadores freelance? ¿O una red de microcréditos en stablecoins para economía popular? La dolarización no tiene por qué ser solo para grandes patrimonios. Permitir que se paguen impuestos en dólares, sí, pero también revisar la estructura tributaria que empuja a operar en negro. Ofrecer instrumentos financieros seguros, líquidos y con beneficios reales. Promover canales bancarios con costos bajos y regulación flexible. Y, por supuesto, garantizar que el Estado no vuelva a las viejas prácticas de confiscación o control arbitrario.

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La dolarización endógena en la Argentina está en proceso en una cultura cómo la nuestra que es bimonetaria. Lo que está en juego ahora no es si va a pasar, sino cómo se la gestiona. Si se logra canalizar esos dólares hacia el sistema productivo, el resultado podría ser un shock positivo de inversión y consumo. Si, en cambio, se los sigue mirando con desconfianza, seguirán debajo del colchón, como un símbolo más de la economía paralela que convive con la oficial. Como tantas veces en la historia argentina, el dilema no es entre peso o dólar, sino entre confianza o miedo. Y esa elección, esta vez, no depende de Washington ni del mercado: depende de nosotros y de qué hacemos, finalmente, con la llave del colchón.



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ECONOMIA

Moody’s subió la nota crediticia de ocho importantes empresas argentinas: el motivo detrás de la mejora

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Son firmas que se desarrollan en sectores clave como energía, alimentos, telecomunicaciones y bienes raíces. Cómo quedaron ahora sus calificaciones

23/07/2025 – 21:04hs

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Luego de que la semana pasada la deuda soberana de la Argentina recibiera una mejora en su calificación, la agencia Moody’s Ratings anunció que subió también la nota de ocho grandes compañías no financieras que operan en el país. Las beneficiadas pertenecen a sectores clave como energía, alimentos, telecomunicaciones y bienes raíces, y en conjunto representan una porción relevante de la economía local.

Las empresas que recibieron mejores calificaciones son: YPF, Arcor, Pan American Energy, Tecpetrol, Telecom Argentina, Vista Energy Argentina, Pluspetrol y Raghsa. Todas, según Moody’s, cuentan ahora con una perspectiva estable.

La mejora, explicaron desde la calificadora, está directamente relacionada con la reciente suba de la nota soberana de la Argentina, que pasó de Caa3 a Caa1, con una visión también estable. Además, se elevó el techo de calificación en moneda local de B3 a B1 y el de moneda extranjera de Caa1 a B2. Estos techos marcan el límite superior que pueden alcanzar los instrumentos financieros emitidos por compañías domiciliadas en el país.

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Moody’s mejoró la nota crediticia a ocho grandes empresas argentinas

«La mejora de la calificación soberana de Argentina refleja la liberalización del mercado cambiario, el alivio de los controles de capital y la adopción de un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional, lo que ha mejorado la liquidez en moneda fuerte y reducido las vulnerabilidades externas», explicó Moody’s en su informe. También señaló que la desinflación y ciertas reformas económicas «respaldan una transición gradual hacia la sostenibilidad externa», aunque persisten desequilibrios estructurales y «una débil posición de reservas internacionales».

Sobre la relación entre la nota del país y la de las empresas, la calificadora fue enfática: «La solvencia de estas compañías no puede desvincularse totalmente de la calidad crediticia del gobierno argentino, por lo que sus calificaciones deben reflejar de cerca el riesgo que comparten con el soberano».

Las nuevas calificaciones empresariales

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  • Arcor: sube de Caa1 a B2.
  • Pan American Energy: la casa matriz pasa de B3 a B1. Su filial local también mejora la nota de sus bonos garantizados.
  • Pluspetrol: tanto la calificación general como la de sus títulos senior sin garantía pasan de B3 a B1.
  • Raghsa: mejora de Caa1 a B2, tanto en su calificación corporativa como en sus bonos.
  • Tecpetrol: pasa de B3 a B1, al igual que sus instrumentos financieros.
  • Telecom Argentina: de Caa1 a B2.
  • Vista Energy Argentina: la empresa y sus bonos suben a B2 desde Caa1.
  • YPF: pasa de Caa1 a B2 en todas sus calificaciones: deuda garantizada, no garantizada, programa de notas de mediano plazo y evaluación crediticia base (BCA), que mejoró de caa1 a b2.

La metodología de Moody’s establece que las notas corporativas no pueden quedar totalmente aisladas del riesgo soberano del país de origen. Por eso, el movimiento en la nota argentina tuvo un efecto directo en estas empresas.

¿Qué podría cambiar en el futuro?

Según la agencia, «una mejora adicional en las calificaciones dependerá en gran parte de la evolución de la nota soberana y de la capacidad de las compañías para diversificar operaciones fuera del país y mantener sólidos indicadores financieros y de liquidez».

En el caso de Arcor, por ejemplo, se requerirá una mayor resiliencia frente a los vaivenes macroeconómicos y un crecimiento internacional sostenido. Para Pan American Energy, serán clave la diversificación geográfica y la robustez de su posición financiera.

En cambio, un deterioro en la liquidez de las compañías o en sus métricas financieras -sumado a una eventual caída en la calificación de la deuda soberana- podría arrastrar las notas empresariales a la baja.

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La agencia advirtió sobre esta conexión: «Cualquier cambio en la nota del gobierno argentino puede trasladarse directamente a las compañías locales«.

La decisión de Moody’s llega en un momento donde varias empresas del sector energético, como YPF, Tecpetrol o Pluspetrol, están desarrollando fuertes inversiones en Vaca Muerta, con colocaciones de deuda recientes que incluso lograron mejores calificaciones que la del propio país. La mejora también impacta en firmas del sector alimentos como Arcor, que necesita financiamiento externo para expandirse.

Para los analistas, estas mejoras -aunque modestas- muestran un mayor margen de maniobra para empresas argentinas con buenos fundamentales en un contexto donde la credibilidad macroeconómica sigue siendo frágil, pero en proceso de recomposición.

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ECONOMIA

¿Qué beneficios trae el nuevo sistema de compra directa de electrónica desde Tierra del Fuego?

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El nuevo esquema de comercialización dispuesto por ARCA promete ventajas concretas para los consumidores. Te contamos los puntos clave del régimen

23/07/2025 – 17:08hs

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En línea con una política de apertura comercial, ARCA implementó un mecanismo que permite a consumidores y usuarios adquirir productos electrónicos directamente desde Tierra del Fuego, dentro del Área Aduanera Especial, con menores costos al evitar intermediarios.

La Resolución 5027 establece un sistema de compras online que incluye tanto productos importados como aquellos ensamblados en la provincia.

Estos son sus principales aspectos:

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  • Ventas online obligatorias: las empresas que adhieran al régimen deberán habilitar plataformas de venta online. El objetivo es promover la compra directa, sin intermediarios comerciales.
  • Límites a la importación individual: cada usuario podrá adquirir hasta tres productos idénticos, por un monto total de hasta u$s3.000. Esta medida busca desalentar el uso del sistema por parte de revendedores.
  • Beneficios impositivos: las operaciones realizadas bajo este régimen contarán con ventajas fiscales, lo que impactará en una reducción del precio final para el consumidor.
  • Controles aduaneros posteriores: la Aduana podrá realizar verificaciones una vez concretada la operación para asegurar el cumplimiento de la normativa.

En síntesis, el nuevo sistema elimina la necesidad de contar con locales físicos, personal de ventas o estructuras logísticas complejas. Pone en contacto directo al proveedor con el comprador final, reduciendo costos y agilizando el proceso.

Además, este régimen se complementa con el esquema de compras internacionales «puerta a puerta», ampliando aún más la competencia y diversificando la oferta de bienes y servicios disponible en el país.



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ECONOMIA

Caputo confirmó el sexto proyecto aprobado del RIGI y anunció el primer rechazo

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El Gobierno nacional anunció este miércoles la aprobación de un nuevo proyecto dentro del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de una iniciativa de la firma Galán Lithium, que prevé destinar u$s217 millones a la producción de litio en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca. Según estimaciones oficiales, el proyecto comenzaría a exportar más de u$s180 millones anuales a partir de 2029.

Así lo informó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en X, donde destacó que «es el sexto proyecto RIGI aprobado, por un total de u$s12.800 millones».

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En paralelo, también se conoció la primera denegación dentro del régimen: el comité evaluador rechazó el ingreso del proyecto «Mariana«, impulsado por la empresa Ganfeng. Según explicó Caputo, «el proyecto había arrancado en 2022 y fue inaugurado a principios de este año, casi al mismo tiempo que presentó su solicitud de ingreso. Por lo tanto, no cumplía con los requisitos, entre ellos las inversiones mínimas requeridas para los próximos dos años».

Los proyectos que entraron al RIGI, por más de u$s12.000 millones

Ayer, el Ministerio había oficializado otro ingreso al RIGI: el de Sidersa, que prevé construir una planta siderúrgica en San Nicolás, con una inversión de u$s286,3 millones, de los cuales u$s142,8 millones se desembolsarán durante el primer año. El proyecto apunta a reforzar la capacidad productiva del polo metalúrgico ubicado en esa ciudad del norte bonaerense.

Desde la entrada en vigencia plena del régimen, en octubre de 2024, se presentaron 15 proyectos de inversión, de los cuales seis ya recibieron luz verde. 

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El primer caso aprobado fue el del parque solar El Quemado, que YPF Luz desarrollará en Mendoza con una inversión de u$s211 millones. Luego se sumó un megaproyecto en Vaca Muerta: el Oleoducto Sur, que impulsan en conjunto YPF, PAE, Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Shell y Tecpetrol. Esa obra, pensada exclusivamente para exportar petróleo desde Neuquén a Río Negro, demandará u$s3.000 millones y permitiría exportar hasta 500.000 barriles diarios a partir de 2027, lo que podría generar ingresos por u$s13.000 millones anuales.

El tercer proyecto aprobado apunta al negocio del gas natural licuado (GNL). Involucra la instalación de dos buques de licuefacción frente a las costas de Río Negro. Estará a cargo de la sociedad Southern Energy, compuesta por PAE (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y Golar LNG (10%). La inversión estimada es de u$s2.825 millones en diez años, con u$s105 millones a desembolsar en 2025 y u$s354 millones en 2026.

El cuarto proyecto aprobado fue el de Rio Tinto, que expandirá su producción en el proyecto Rincón de Litio, en Salta, con una inversión de u$s2.724 millones. El objetivo es alcanzar una producción de 60.000 toneladas anuales de litio de grado batería.

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En la lista de propuestas aún en evaluación figuran otros proyectos mineros, energéticos e industriales. Rio Tinto también presentó otro plan de u$s818 millones para desarrollar una nueva operación en Catamarca. Por su parte, Posco, empresa surcoreana, solicitó ingresar al RIGI con una inversión de u$s633 millones para ampliar su producción en el proyecto Sal de Oro, en Salta.

La propia Galán Lithium, cuyo proyecto fue aprobado este miércoles, había propuesto anteriormente otra etapa del desarrollo en el Hombre Muerto Oeste, en Catamarca, donde buscará producir cloruro de litio de alta pureza que luego se convertirá en carbonato de litio.

En tanto, el proyecto de Ganfeng, conocido como «Mariana«, planeaba u$s273 millones para desarrollar una nueva operación litífera en Salta, pero quedó fuera del régimen por no cumplir con los requisitos.

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También hay iniciativas en el sector del oro: Minas Argentinas, del grupo AISA, propuso invertir u$s665 millones para reactivar la mina Gualcamayo, en San Juan.

En el sector cobre, McEwen Copper, en sociedad con Stellantis y Rio Tinto, impulsa el proyecto Los Azules, también en San Juan, con una inversión de u$s227 millones para avanzar con los estudios de factibilidad, con miras a producir desde 2029.

En paralelo, el área energética suma otros tres proyectos en análisis: un parque eólico en Olavarría de 180MW (PCR y Acindar), con u$s255 millones; La Rincona, un parque eólico de 94,5MW que Tenaris (Techint) quiere construir para abastecer su planta de Siderca (u$s206 millones); y un plan integral de Pampa Energía para sumar infraestructura de transporte y procesamiento en el yacimiento Rincón de Aranda.

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Además, Terminales y Servicios busca construir una terminal portuaria multipropósito en Timbúes, Santa Fe, con una inversión de u$s290 millones.

¿Qué ofrece el RIGI?

El régimen, impulsado por el Gobierno para atraer inversiones de gran escala, otorga beneficios clave:

  • Reducción de Ganancias del 35% al 25%.
  • Devolución acelerada de IVA mediante certificados de crédito fiscal transferibles.
  • Exención parcial de retenciones (durante los primeros tres años).
  • Posibilidad de libre disponibilidad de divisas, en una escala creciente: 20% en el primer año, 40% en el segundo, 100% desde el tercero.
  • A cambio, los proyectos deben comprometer un mínimo de u$s200 millones y desembolsar al menos el 40% en los dos primeros años.

Con esta nueva aprobación, el Gobierno busca reforzar el impacto del RIGI como herramienta clave para atraer divisas, generar empleo e impulsar exportaciones en sectores estratégicos como la energía, la minería y la industria.

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