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POLITICA

El camino que le queda a la causa Vialidad en la Corte y cómo puede impactar una candidatura de Cristina Kirchner

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La decisión del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, solicitando que Cristina Kirchner reciba una condena a doce años de prisión por el delito de asociación ilícita en carácter de jefa, allana el camino para que la Corte Suprema de Justicia comience a analizar el caso Vialidad y defina, así, si confirma o no la sentencia acusatoria contra la ex vice que implica la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Al menos tres escenarios se abren ahora.

Desde febrero en el máximo tribunal se encuentran diez recursos de queja presentados por todos los acusados en este expediente, con los que buscan revertir el criterio de la Sala IV de la Cámara de Casación, que confirmó la sentencia condenatoria por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La pena asciende a seis años de prisión.

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La sentencia que apelaron ante la Corte todos los acusados, confirma con “grado de certeza, mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.

Cristina Kirchner fue la primera vicepresidenta en ejercicio en recibir una condena por corrupción. Se la acusó de no haber procurado el resguardo de los intereses del Estado: lo utilizó para beneficio personal, remarcaron los jueces.

La imputación en su contra refiere a una “maquinaria de corrupción”, que contó “un rol central” atribuido a la ex presidenta y se la acusó de mantener «lazos espurios» con el contratista beneficiado con quien mantenía «sendos negocios privados».

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Los hechos juzgados refieren a la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, “en cuyo marco tuvo lugar una notable maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional”.

Durante los gobiernos kirchneristas las obras viales licitadas en esa provincia “fueron sistemáticamente adjudicadas a un grupo de empresas vinculadas al imputado Lázaro Antonio Báez, grupo cuya conformación y crecimiento económico exponencial se vio directamente asociado con la asignación de obra pública vial en el ámbito de esa jurisdicción”.

La construcción del cuadro acusatorio es lo que busca la ex vice, y los demás condenados, revertir con los recursos interpuestos ante la Corte Suprema de Justicia.

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Los ministros del máximo tribunal Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, no podían comenzar a analizar en primer término si abren o no las quejas, es decir, si comienzan a estudiar los reclamos, ya que había un recurso extraordinario que estaba en manos del Procurador General de la Nación.

Se necesitaba el expediente consolidado, esto es, con la totalidad de los planteos presentados ante la Oficina Judicial Penal, para comenzar a trabajar al respecto.

La respuesta de Eduardo Casal avalando el criterio del fiscal general, Mario Villar, habilita a que los ministros de la Corte se pronuncien sobre este expediente.

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En su carácter de jefe de los fiscales, sostuvo el planteo de que insiste en que la ex vicepresidenta sea condenada, además del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, por la acusación de asociación ilícita en carácter de jefa, lo que duplica su pena llevándola a doce años de prisión, junto con las multas económicas y la inhabilitación de por vida para el ejercicio de cargos públicos.

Ahora, será el turno de la Corte Suprema. El dictamen del Procurador General, se sumará a los nueve recursos de queja correspondientes a los imputados en este caso, entre ellos Cristina Kirchner, Lázaro Báez, José López y Nelson Periotti.

La oficina penal fue la responsable de recepcionar todos los escritos de diez páginas cada uno. Acto seguido se realizó un informe para elevar a los tres ministros, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. En el mismo se detallaron formalidades respecto a las quejas formuladas, el común denominador es que -a excepción del planteo del Ministerio Público Fiscal-, todos referían a la arbitrariedad de la Sala IV de la Casación a la hora de rechazar las apelaciones a la confirmación de la sentencia acusatoria.

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Al observar este aspecto puntual, se resolvió que el único recurso que sería remitido a la Procuración General de la Nación encabezada por Eduardo Casal, es la del fiscal general. El resto de los planteos permanecen en la Corte.

Los caminos que se abren

Al menos hay tres posibles. En primer lugar, la Corte tiene la potestad para resolver no abrir los recursos, a través del artículo 280, niega el estudio de los reclamos. De esa manera convalida el criterio establecido por la instancia anterior, esto es: la Sala IV de Casación que entendió que no había sustento para apelar la confirmación de la condena.

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En ese caso, la consecuencia inmediata es que la sentencia queda firme. Fue éste el procedimiento aplicado, por ejemplo, en el caso Ciccone.

Otra de las posibilidades es que los cortesanos acepten abrir los recursos de queja. En tal caso deberán pedir a Comodoro Py el envío del expediente completo. Sin embargo, el resultado final puede ser el mismo: un rechazo a los recursos analizados. Con lo cual, también la sentencia condenatoria sería de efectivo cumplimiento.

Implica esa decisión, para la ex vicepresidenta, una eventual prisión domiciliaria por seis años, junto a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. A eso debe sumarse los decomisos aplicados en función del perjuicio ocasionado que se estipuló en 85.000 millones de pesos, cifra que el Tribunal pidió actualizar en caso de que se dé firmeza al fallo.

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En la vereda opuesta a este criterio, se encuentra lo que las defensas aguardan: que con la apertura de la queja y su posterior estudio, se anule la determinación de la Casación respecto al doble conforme otorgado a la condena por hechos de corrupción.

Pero hay una tercera posibilidad: una instancia “combinada” como algunos especialistas indicaron. La Corte puede abrir los recursos de queja, rechazar todos menos el del Ministerio Público Fiscal. Acto seguido, se puede solicitar a la Cámara de Casación que estudie el reclamo del fiscal Villar que exige duplicar la pena de Cristina.

Sucede que en tal caso, se inicia otro recorrido judicial que demandará mucho tiempo. Una nueva sala del máximo tribunal penal deberá tomar el caso, ya que la interviniente (la número IV) ya fijó posición al respecto.

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La Corte mantiene una máxima y es que nunca, aún con las notorias diferencias internas, resuelve en contra de su propia jurisprudencia.

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POLITICA

Uno por uno, cómo votaron los senadores al proyecto de reforma laboral

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Tras una jornada maratónica, el Gobierno consiguió la media sanción de su proyecto de reforma laboral en el Senado, con 42 votos a favor, 30 en contra y ninguna abstención. Esta es la primera gran victoria del año para el oficialismo en el ámbito legislativo.

La sesión se extendió por 13 largas horas y la votación terminó por realizarse durante la madrugada. A lo largo del debate, se evidenciaron dos posturas muy marchadas: los sectores alineados con La Libertad Avanza respaldaron los cambios propuestos, mientras que el kirchnerismo rechazó los cambios a la legislación vigente.

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El avance de la iniciativa fue resultado de intensas gestiones entre representantes sindicales y gobernadores cercanos a Milei. Los gremios pudieron asegurarse los aportes a las obras sociales y la continuidad del aporte solidario.

En el palco, se encontraban la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Eduardo “Lule” Menem, quienes siguieron desde el palco la votación en representación del presidente Javier Milei.

Al momento de la votación, no hubo sorpresas: el bloque del Partido Justicialista optó por el rechazo, junto a los dos senadores de Moveré por Santa Cruz. A continuación, el voto de cada senador:

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Quiénes votaron a favor

  • Carmen Á. Rivero (La Libertad Avanza)
  • Bartolomé Abdala (La Libertad Avanza)
  • Romina Almeida (La Libertad Avanza)
  • Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza)
  • Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza)
  • Vilma Bedia (La Libertad Avanza)
  • Joaquín Alberto Benegas Lynch (La Libertad Avanza)
  • Patricia Bullrich (La Libertad Avanza)
  • Pablo Cervi (La Libertad Avanza)
  • Agustín Coto (La Libertad Avanza)
  • Enzo Fullone (La Libertad Avanza)
  • Juan Cruz Godoy (La Libertad Avanza)
  • Gonzalo Guzmán Coraita (La Libertad Avanza)
  • Nadia Marquez (La Libertad Avanza)
  • Belén Monte De Oca (La Libertad Avanza)
  • Agustín Monteverde (La Libertad Avanza)
  • Bruno Olivera (La Libertad Avanza)
  • M. Emilia Orozco (La Libertad Avanza)
  • J. Carlos Pagotto (La Libertad Avanza)
  • Francisco Paoltroni (La Libertad Avanza)
  • Maximiliano Abad (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Flavio Fama (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Eduardo Galaretto (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Mariana Juri (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Daniel Kroneberger (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Carolina Losada (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Silvana Schneider (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Rodolfo Suárez (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Gabriela Valenzuela (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Eduardo Vischi (UCR – Unión Cívica Radical)
  • Andrea Cristina (PRO)
  • Martín Goerling (PRO)
  • Victoria Huala (PRO)
  • Luis Juez (PRO)
  • Carlos Arce (Frente Renovador de la Concordia Social)
  • Beatriz Ávila (Independencia)
  • Julieta Corroza (La Neuquinidad)
  • Carlos Espínola (Provincias Unidas)
  • Sonia R. Decut (Frente Renovador de la Concordia Social)
  • Flavia Royón (Primero los Salteños)
  • Edith Terenzi (Despierta Chubut)
  • Alejandra Vigo (Provincias Unidas)

Cómo votaron cada uno de los senadores

Quiénes votaron en contra

  • Guillermo Andrada (Partido Justicialista)
  • Adán Bahl (Partido Justicialista)
  • Daniel Bensusán (Partido Justicialista)
  • Jorge Capitanich (Partido Justicialista)
  • Lucía Corpacci (Partido Justicialista)
  • Eduardo De Pedro (Partido Justicialista)
  • Juliana Di Tullio (Partido Justicialista)
  • Anabel F. Sagasti (Partido Justicialista)
  • Celeste G. Navarro (Partido Justicialista)
  • M. Teresa González (Partido Justicialista)
  • Alicia Kirchner (Partido Justicialista)
  • Marcelo Lewandowski (Partido Justicialista)
  • Carlos Linares (Partido Justicialista)
  • Cristina López (Partido Justicialista)
  • Florencia López (Partido Justicialista)
  • Juan Manzur (Partido Justicialista)
  • Ana Inés Marks (Partido Justicialista)
  • José Mayans (Partido Justicialista)
  • Sandra Mendoza (Partido Justicialista)
  • Carolina Moisés (Partido Justicialista)
  • Elia Esther Moreno (Partido Justicialista)
  • José Emilio Neder (Partido Justicialista)
  • Mariano Recalde (Partido Justicialista)
  • Fernando Rejal (Partido Justicialista)
  • Fernando Salino (Partido Justicialista)
  • Martín Soria (Partido Justicialista)
  • Sergio Uñac (Partido Justicialista)
  • Gerardo Zamora (Partido Justicialista)
  • José Carambia (Moveré por Santa Cruz)
  • Natalia Gadano (Moveré por Santa Cruz)

El kirchnerismo se manifestó en contra (RS Fotos)

Tras lograr la media sanción en la Cámara alta, el proyecto deberá ser sometido a votación en Diputados para completar el proceso legislativo y convertirse en ley.

Luego de que la iniciativa obtuviera la media sanción, el presidente Milei compartió un mensaje victorioso en su cuenta oficial de X (Twitter). Primero calificó al logro de “histórico” y concluyó con su típica frase “¡Viva la libertad, carajo!”.

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Cristina Kirchner insistió ante la Casación para que le saquen la tobillera y se flexibilice su régimen de visitas

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Cristina Kirchner pidió ante la Cámara de Casación que le quiten la tobillera que controla que no se fugue mientras cumple su condena en su casa de San José 1111, que le permitan visitas sin autorización judicial y que pueda usar la terraza de su edificio durante más tiempo.

Lo hizo mediante un nuevo escrito que presentó su abogado Alberto Beraldi ante los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, que ahora deberán resolver si acceden a esta flexibilización de las condiciones del cumplimiento de la condena a seis años de prisión por corrupción.

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En tanto, el fiscal ante la Casación Mario Villar pidió mantener las actuales condiciones en las que la expresidenta cumple su condena.

Beraldi solicitó que se deje sin efecto la regla que limita la posibilidad de recibir visitas de personas que no cuenten previamente con la autorización del tribunal. Pidió además reducir las restricciones de cantidad de personas y de tiempo impuestas a las visitas (hoy el máximo son dos encuentros por semana, de no más de tres personas juntas y por hasta dos horas).

Los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano BorinskyNicolás Suárez

Fue en el mismo plateo en el que solicitó dejar sin efecto las restricciones sobre la nómina de personas autorizadas a concurrir al domicilio de la expresidenta, que le saquen la tobillera electrónica y que se amplíe la posibilidad de uso de la terraza.

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El abogado remarcó que la expresidenta “jamás se ausentó de su domicilio y siempre utilizó el dispositivo electrónico que le fuera colocado”. Y añadió: “Ninguna persona visitó a nuestra representada sin contar con una autorización judicial previa”. También dijo que Cristina Kirchner “no llevó a cabo ninguna conducta que pudiese alterar la tranquilidad del barrio o la convivencia pacífica con sus vecinos”.

“No se conocen antecedentes en los cuales se hayan establecido restricciones similares respecto a personas que cumplen pena bajo la modalidad de arresto domiciliario”, dijo Beraldi. Según él se está cometiendo “una clara violación al principio de igualdad ante la ley”.

Carlos Beraldi, abogado de la expresidenta Cristina KirchnerNicolás Suárez

El tribunal que condenó a Cristina Kirchner limitó sus visitas luego de que ella recibió a un grupo de nueve economistas y posteó una foto con ellos. “Lo único que hizo nuestra representada fue reunirse con un grupo de profesionales que le entregaron un plan económico, algo que en modo alguno puede ser calificado como una infracción a las obligaciones impuestas o acaso una violación a las pautas del sentido común o normas de seguridad”, explicó el abogado.

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Dijo que no se le pueden aplicar las reglas de visita de una persona presa en un penal. “Las reglas propias del sistema penitenciario no son aplicables a ninguna persona que cumple pena bajo la modalidad domiciliaria”, se quejó. En cuanto a la tobillera electrónica, el abogado insistió en que es innecesaria.

El fiscal Villar defendió la limitación de las visitas. Dijo que al recibir a los economistas se violó una regla de conducta y que “la omisión de informar ese extremo relevante importó una defraudación de la buena fe y de la fidelidad debida al órgano judicial y al objetivo de resocialización del régimen de ejecución”.

Alegó que aún ante la emergencia médica que requirió el traslado de Cristian Kirchner para ser operada, las reglas de conducta no fueron un obstáculo.

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Ahora, resolverá la Cámara de Casación si mantiene o revoca estas normas. Hasta el momento, el juez Borinsky se pronunció por flexibilizarlas, en tanto Barroetaveña y Hornos se inclinaron por mantenerlas.


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“Del otro lado tenemos esto”: la reacción del Gobierno a la manifestación en contra de la reforma laboral

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En paralelo al debate de la reforma laboral en el Senado, el Gobierno mantuvo una postura de extrema firmeza ante los graves incidentes registrados en las inmediaciones del Congreso. Mientras la CGT y sectores de izquierda se movilizaban, el operativo de seguridad derivó en enfrentamientos con piedras y bombas molotov que dejaron al menos 43 detenidos.

Ante este escenario, el presidente Javier Milei apuntó contra quienes critican el estilo oficialista frente a la violencia: “A los catadores de modales y formas habría que recordarles que del otro lado tenemos esto… Campeones de plumas cobardes ya que frente al mal callan y al que da la pelea, si no usa sus formitas fracasadas, pegan… MAGA. Fin.”

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La exministra de Seguridad y senadora, Patricia Bullrich, defendió el despliegue policial y cuestionó la legitimidad de la protesta en las calles frente a la representatividad parlamentaria. “El único idioma que conocen es la violencia y las caras tapadas, porque con los votos no les alcanza. La excusa es la protesta; el objetivo, el desorden. Debatan y ‘ganen’ en el Congreso. En la calle, la ley y el orden se respetan”, sostuvo.

El ministro del Interior, Diego Santilli, vinculó los disturbios directamente con la defensa de intereses sectoriales y la “industria del juicio”. Santilli ratificó la voluntad del Poder Ejecutivo de avanzar con la ley pese a la resistencia sindical y los episodios de violencia en la Plaza de los Dos Congresos.

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“Por más bombas molotov que armen, la reforma laboral sale si o si. Se les acabó la joda. Estos no son defensores de los trabajadores, son DELINCUENTES ORGANIZADOS. Esto es lo que se termina en la Argentina, el apriete a los laburantes y el choreo de la industria del juicio”, disparó el funcionario.

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Finalmente, el jefe de Gabinete Manuel Adorni utilizó su habitual estilo de comunicación para desacreditar la movilización de los sectores opositores. En medio de una tarde marcada por los cortes de avenidas y el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes, el funcionario resumió la visión de la Casa Rosada sobre los grupos que encabezaron los reclamos.

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A través de sus redes sociales, Adorni calificó a los manifestantes y a las organizaciones sociales involucradas en los incidentes como “la izquierda cavernícola. Fin.”

La entrada “Del otro lado tenemos esto”: la reacción del Gobierno a la manifestación en contra de la reforma laboral se publicó primero en Nexofin.

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