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Odebrecht: el primer coletazo de un decreto de Milei en un juicio de corrupción

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Este lunes y de forma virtual, comenzó el primer juicio por el lava jato argentino: se trata de la causa donde se procesó a Julio De Vido, Roberto Baratta, José López, al igual que empresarios como Carlos Wagner, Aldo Benito Roggio, entre otros, por administración fraudulenta, por el direccionamiento, los sobreprecios y el supuesto circuito de sobornos alrededor de la construcción de dos plantas de tratamiento -de agua potable y líquidos cloacales- para la empresa estatal AySA. En la primera audiencia hubo un planteo unánime de las defensas: que la UIF deje de querellar luego del decreto de Javier Milei quitándole dicha potestad al organismo antilavado.

Después de cinco años desde que el juez federal Sebastián Casanello dio por clausurada la investigación y envió a juicio oral la causa, inició el juicio oral y público a cargo del Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7), integrado por Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero. El Ministerio Público Fiscal se encuentra representado por Fabiana León.

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Pese a la resistencia de la fiscal ante el TOF 7, la modalidad del juicio será virtual y las audiencias se celebrarán de forma quincenal.

Durante el primer encuentro, que inició a las 9:30 y terminó cerca de las 14, se dio lectura por secretaría al requerimiento de elevación de juicio impulsado por el fiscal Federico Delgado.

Hay que recordar que para el desarrollo de este juicio se aceptaron 290 testigos, entre los que se encuentran los ex titulares de la Unidad de Información Financiera (UIF) macrista, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, también a la actual diputada nacional Margarita Stolbizer, entre otros.

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Uno de los primeros planteos que se escuchó por parte de las defensa fue unánime: que la UIF, organismo querellante en este expediente, deje de ejercer dicho rol a lo largo del debate.

En caso de que el Tribunal acepte el planteo de las defensas, tendrá un impacto directo a la hora de los alegatos: la única parte acusadora será el Ministerio Público Fiscal.

La Oficina Anticorrupción (OA) dejó de querellar durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando el entonces titular del organismo, Felix Crous, firmó una resolución a través de la cual daba de bajar a la OA como querellante en una extensa lista de casos de corrupción.

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El pedido, en este caso, responde al Decreto 274/2025 firmado por el presidente el 17 de abril, que establece que el organismo antilavado ya no podrá ser querellante en causas de corrupción y lavado de activos. La nueva norma limita el ro lde la UIF en los procesos judiciales.

En enero, el Gobierno había designado al fiscal federal Paul Starc al frente de la UIF para reemplazar a Ignacio Yacobucci, a quien despidieron entre otros argumentos por supuestos «abultados gastos» en el área según la versión oficial.

Sin embargo, fuentes de la UIF indicaron que Yacobucci fue desplazado por haber querellado en causas de corrupción contra la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

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La UIF es clave para ayudar a la Justicia a investigar casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios y movimientos financieros complejos, como pasó en la Ruta del Dinero K y en otros expedientes de entramados de blanqueo de activos y administraciones fraudulentas.

Bajo las nuevas directivas y su rol que ya no será de querellante, se especificó que la información de la UIF solo podrá ser utilizada también para “su análisis estratégico para identificar las tendencias y patrones relacionados con el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.

El organismo se encarga de recopilar, analizar y difundir información financiera emite normativas y directrices a entidades financieras y no financieras, entre otras funciones.

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Ante este nuevo escenario, los abogados defensores sostuvieron que no debe participar más del juicio de Odebrecht. Es el primer coletazo del Decreto que lleva la firma del presidente de la Nación, en un caso de hechos de corrupción de envergadura en los tribunales de Comodoro Py.

El caso del Lava Jato argentino

En este expediente se investigaron las adjudicaciones de obra pública llevadas adelante para la planta potabilizadora Paraná de las Palmas y la planta depuradora de Berazategui o «Planta del Bicentenario».

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Las empresas que resultaron beneficiadas por la licitación fueron, por un lado, la UTE integrada por Norberto Odebrecht S.A. -sucursal Argentina-, Benito Roggio e Hijos S.A., Supercemento S.A.I.C. y José Cartellone Construcciones Civiles S.A. y, por otro, la UTE conformada por Construcciones e Comercio Camargo Correa S.A. y Esuco S.A. ​​

Se encuentran imputados por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y cohecho 26 miembros de las sociedades involucradas, funcionarios de AySA y del Ministerio de Planificación Federal, entre ellos, De Vido, José López y Baratta.

La particularidad es que en el banquillo de los acusados no se encontrarán ninguno de los empresarios brasileros. Durante la instrucción el juez Casanello muchos fueron citados a indagatoria sin éxito.

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Ahora se suma otra circunstancia no menor: el Superior Tribunal de Justicia como contó Clarín, declaró nulas las pruebas obtenidas en el marco de los acuerdos de delación premiada por “contaminación de la prueba”.

Asimismo, la justicia de Brasil sostuvo en tres resoluciones que esas pruebas no pueden utilizarse en ningún otro tribunal ni jurisdicción.

Las acusaciones por corrupción

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El requerimiento de elevación a juicio sostiene que se «celebró un acuerdo espurio entre funcionarios púbicos y empresarios, motivado en el pago de sobornos, que implicó concesiones indebidas en beneficio de los contratistas y que derivó indefectiblemente en una defraudación al Estado como consecuencia de la administración infiel de los recursos públicos».

Todo ocurrió entre 2007 y 2014, desde la firma de los contratos de obra hasta la suscripción de las últimas adendas de éstos.

En un primer tramo del expediente se corroboró la administración fraudulenta que recae sobre los ex directivos de AySA y los empresarios. Vino una segunda etapa, en la que la Justicia dio por «probada la existencia de dos grandes tramos de pago de sobornos vinculadas a la obra Paraná de las Palmas».

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El segundo de los contratos cuestionados consistía en la construcción de la planta depuradora “Sistema Berazategui”, en la que resultó ganadora la unión conformada por Camargo Correa y Esuco. Luego Odebrecht ocupó el lugar de Camargo Correa.

Corrupción K,Odebrecht,Unidad de Información Financiera (UIF),Javier Milei

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Con Espert en el público, Milei presenta en la cárcel de Ezeiza un nuevo Código Penal que endurece penas

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El presidente Javier Milei presenta esta tarde junto a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la cárcel de Ezeiza, el envío al Congreso de un proyecto de reforma del Código Penal que incluye castigos más severos al accionar delictivo.

El candidato bonaerense José Luis Espert, que se encuentra en medio de la polémica por los supuestos aportes de campaña en 2019 por parte de un empresario acusado de narco, se ubica en la segunda fila del público, en una nueva muestra de respaldo presidencial.

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La iniciativa introduce cambios en la libertad condicional, los delitos patrimoniales, el crimen organizado y las manifestaciones. La presentación está a cargo del presidente Milei y de Bullrich, mientras que también lo acompaña el ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, pero debajo del palco central.

Espert habla con el candidato de LLA en la Ciudad Alejandro FargosiTadeo Bourbon

El nuevo proyecto de Código Penal viene a reemplazar el actual texto vigente desde 1921, -más de 100 años- que tuvo cientos de parches, por lo que se pretende con la norma depurar las viejas conductas ya no penadas, penar nuevas y hacer congruentes las penas.

Milei fue el que eligió el lugar para presentar el nuevo Código Penal, la cárcel de Ezeiza, como mensaje simbólico de que “el que las hace las paga”, uno de las consignas del Gobierno, que suele repetir la ministra Bullrich.

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A un lado del escenario donde se sentaron Milei y Bullrich se desplegaron unos 100 efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del Servicio Penitenciario Federal, algunos de ellos con los cascos y escudos antimotines.

Noticia en desarrollo


Hernán Cappiello,Conforme a

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El Senado le dará otro revés al Gobierno: rechazará los vetos de Milei al Garrahan y Universidades

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En una nueva sesión compleja para el Gobierno libertario, la oposición senatorial rechazará este jueves los vetos presidenciales a las leyes que declara la emergencia pediátrica -hospital Garrahan como emblema- y que mejora y blinda los presupuestos de universidades públicas, en un encuentro que comenzará desde las 10 y será comandado por la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel.

No será la primera vez que el Gobierno reciba un trompazo de este tipo: a inicios del mes último, el Congreso desactivó el veto de la ley de emergencia en discapacidad que la Casa Rosada tuvo que reglamentar de manera obligatoria, aunque días más tarde la dejó en una especie de “stand by” hasta que se incluyan “las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan” su ejecución. Por ende, algo probable que vuelva a ocurrir para los temas que se discutirán hoy en el recinto.

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Emergencia pediátrica

Uno de los artículos deja en claro que la emergencia en cuestión implicará “la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país”.

Además, se establece “la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas”, que incluye “a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos”. De hecho, la “recomposición no podrá ser menor a la que recibían en términos reales en noviembre” de 2023.

La vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel (RS Fotos)

Otro punto importante es la eximición “a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias”. Como emblema de esta puja se declara “al Hospital de Pediatría ‘Prof. Dr. Juan P. Garrahan’ como hospital de referencia nacional en la atención pediátrica de alta complejidad”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el “impacto fiscal” de julio a diciembre sería de $65.573 millones.

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Universidades

El texto impone la actualización “al 1 de enero de 2025, según la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),en el período comprendido entre el 1º de mayo al 31 de diciembre de 2024”, del “monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas”. Y, para el corriente año, subas bimestrales.

Por otra parte, el Ejecutivo “deberá actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la presente ley, en un porcentaje que no puede ser inferior al Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC en el mismo período”. Y todo incremento tendrá que “ser remunerativo y bonificable”.

Además, ante una eventual reactivación de la ley, al mes habrá que “convocar con carácter obligatorio a la negociación paritaria, con una periodicidad que no podrá exceder los tres (3) meses calendarios, asegurando en todos los casos y tramos de la negociación una actualización mensual no inferior a la inflación publicada” por el INDEC, tanto “para personal docente como no docente”.

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Trabajadores del hospital Garrahan -referencia nacional en pediatría- durante una marcha en julio pasado (Reuters)

Al tratarse de vetos, quienes impulsan la reanudación de las normas necesitarán dos tercios para incluir a ambos sobre tablas -no fueron dictaminadas- y, sobre todo, para rechazarlos. Esto no será un problema. En la Cámara alta, las leyes fueron sancionadas por amplio margen el 21 de agosto pasado: la primera obtuvo 62 adhesiones, mientras que la segunda logró 58 avales, sobre un pleno de 72 integrantes.

En ese encuentro, el proyecto sobre el Garrahan fue negado por los siete legisladores libertarios -ya se cuenta aquí al formoseño Francisco Paoltroni– y macrista violácea Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), mientras que la votación marcó dos ausencias: el peronista disidente Juan Carlos Romero (Salta) y el jefe del PRO en el Senado, el aliado circunstancial del oficialismo Alfredo De Ángeli (Entre Ríos).

Dicha situación no se repitió para universidades, pese a haberse realizado en la misma sesión. En esa definición, Romero y las macristas Andrea Cristina (Chubut) y Victoria Huala (La Pampa) prefirieron abstenerse, mientras que los diez votos negativos fueron los siete del oficialismo más Rivero, la radical -filo violeta por Patricia BullrichCarolina Losada(Santa Fe) y el misionero Martín Goerling (Pro-Misiones). De Ángeli evadió de nuevo la exposición y fue el único ausente.

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El otro temario

Para el convite de las próximas horas también aparece la prórroga, por cinco años, de la vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, Mirta Delia Tyden. Otra iniciativa a debatir es la que empuja Romero para que el sistema de Alerta Sofía -desaparición de personas- deje de estar regulado por decreto y el mismo sea por una ley sancionada por el Congreso.

La macrista Victoria Huala fue una de las abstenciones cuando se sancionó en la Cámara alta la ley de presupuestos para universidades públicas (Prensa Senado)

El salteño suma otra relacionada con retiros voluntarios para la planta transitoria de la “Casa”. En tanto, dos tratados impositivos internacionales quedarían para el final de la sesión, aunque el kirchnerismo se rehusaría a votarlos, tal como ocurrió en la última ocasión en el recinto.

Durante la jornada de ayer, llamó la atención la baja del ímpetu que agitaba el Frente de Todos, que comanda José Mayans (Formosa), sobre distintos pedidos para interrogar a funcionarios libertarios. Esto no significa que no pretenda plantear algo hoy.

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El problema es que un sector de la oposición senatorial busca diferenciarse de las órdenes que Cristina Kirchner envía hacia dicho interbloque -ya hay ruido interno por posturas divergentes en algunas leyes-, a través de las cuales intenta manejarlo por control remoto desde su prisión domiciliaria. Mismo caso para la declaración de interés público y estratégico la cuestión nuclear. Los dos puntos requerirían dos tercios para ser habilitados. No obstante, en esta Cámara alta, nunca hay que descartar sorpresas.

Health / Medicine,South America / Central America,Civil Unrest,BUENOS AIRES

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Qué dijo el titular del partido que usó Espert respecto de las acusaciones sobre Machado

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José Bonacci, presidente del partido Unite, se pronunció este miércoles sobre las declaraciones del candidato José Luis Espert. El postulante de La Libertad Avanza responsabilizó al sello partidario por el presunto apoyo logístico de Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019. Sin embargo, Bonacci negó de forma categórica la versión del diputado nacional durante una intervención telefónica en un programa del canal A24.

El titular de Unite intervino en el mismo programa televisivo minutos después de la participación de Espert para refutar sus afirmaciones. Ante la consulta sobre si los aportes logísticos de una camioneta Grand Cherokee blindada y viajes en avión de Fred Machado se destinaron al partido o al candidato, Bonacci fue contundente. “Al sello partidario tengo que decirte rotundamente que no”, afirmó.

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El titular de Unite, José Bonacci, aseguró que Espert «está mintiendo»

El dirigente partidario diferenció el destino de la ayuda logística. “A Espert evidentemente sí, hay 30 viajes”, agregó. Además, Bonacci negó conocer a Machado antes de esa contienda electoral: acusó directamente al economista por sus declaraciones previas. “Lo respeto profundamente, lo quiero pero, en este caso, está mintiendo. No fue el sello partidario quien le proveyó los medios de locomoción”, sostuvo.

Minutos antes, José Luis Espert se desvinculó de la responsabilidad en el manejo de los fondos para su campaña de 2019. El ahora candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires apuntó directamente a la estructura que lo impulsó. “Quien maneja los recursos de los candidatos no es el candidato sino el sello”, explicó.

Sobre la presunta ayuda de Machado, el economista insistió en su postura. “Que él nos haya querido ayudar en 2019 es un tema del sello partidario con el cual yo competí“, sentenció.

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José Luis Espert afirmó que un candidato no maneja los fondos de campaña
Ricardo Pristupluk

Espert se negó a responder en repetidas ocasiones si recibió o no la suma de US$200.000 por parte de Machado. Admitió que viajó en un avión privado del empresario durante la campaña y que utilizó una camioneta Grand Cherokee blindada. Aclaró que en ese momento “desconocía” que el vehículo pertenecía a Machado.

El diputado argumentó su falta de control sobre la logística con su inexperiencia en la política en aquel momento. “En campaña, el partido te da el traslado, hacía lo que me decía el partido. En ese momento yo vivía en una nube de pedos, recién entraba en política”, explicó. Para reforzar su defensa, Espert repitió un concepto central: “Un candidato no maneja fondos de campaña”.

Las dudas sobre el financiamiento de la campaña de Espert resurgieron a partir de una denuncia que presentó el dirigente de Patria Grande, Juan Grabois. El candidato de La Libertad Avanza calificó la acción judicial como una “causa refritada” que data del año 2021.

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El documento que presentó Juan Grabois contra José Luis Espert, donde se registra la transferencia de Machado al diputado

Anunció que responderá en la justicia. “A Grabois le voy a contestar donde radicó la demanda y lo voy a seguir hasta abajo de la cama”, señaló. Además, afirmó: “No le voy a dar el gusto a Grabois de que sea el único tema de la campaña”.

Fred Machado es un empresario argentino que fue detenido en Neuquén por orden de Estados Unidos, acusado de lavar dinero de narcotraficantes. Actualmente cumple prisión domiciliaria en la ciudad de Viedma. Espert reconoció que conoció a Machado a principios de 2019, meses antes de su postulación a presidente por el partido Unite en las elecciones de agosto de ese año.

Este contenido fue producido por un equipo de con la asistencia de la IA.

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responsabilizó al sello partidario por el presunto apoyo logístico de Fred Machado,minutos después de la participación de Espert,Audiencia,José Luis Espert,Foco,,Campaña accidentada. Qué se sabe del vínculo de Espert con Fred Machado y la reacción del Gobierno,,»La confesión más obscena». La reacción de Grabois luego de que Espert se negara a confirmar si recibió o no US$200.000 de Fred Machado,,»Tiene que contestar claro». Bullrich insistió en su reclamo a Espert y pidió: «Hay que salvar al Presidente»,Audiencia,,Buscan a tres prófugos. Triple crimen: qué se sabe del traslado del ladero de Pequeño J y cómo avanza la investigación este jueves 2 de octubre,,»No son profesionales». Triple crimen: una perfiladora criminal aseguró que “Pequeño J. es igual de descartable que sus víctimas»,,“Es un ritual antes del sacrificio”. Un investigador del narcotráfico peruano explicó el modus operandi de las bandas y qué pasó con las chicas asesinadas

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