POLITICA
Más cortocircuitos entre Kicillof y Cristina Kirchner alejan la unidad en PBA y crece la desconfianza
“Hoy no están las condiciones para la unidad del peronismo”. La definición del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, cayó muy mal en el cristinismo, desde donde, a principio de la semana y tras la derrota del peronismo en la elección porteña, renovaron las críticas al Axel Kicillof por su decisión de desdoblar los comicios de la provincia de Buenos Aires.
Bianco volvió a pedir que “se respete el espacio del Gobernador”, un reclamo que todo el armado político que lidera Kicillof viene haciendo desde que comenzó la disputa interna con la familia Kirchner y La Cámpora. Ese es uno de los argumentos que tiene el economista para llevar adelante la discusión con el cristinismo. Quiere revalorizar el lugar que ocupa.
“No se entiende por qué Bianco dice lo que dice. Nuestro espacio político hace todo por la unidad. Cristina ha cedido en su posición. Los bloques legislativos están unidos. El gabinete de Axel tiene representante de todos los sectores”, analizó un importante dirigente de la agrupación que conduce Máximo Kirchner.
En el camporismo consideran que “es una mentira” decir que no hay unidad y sostienen que es “un error conceptual” porque en los hechos todos son parte del mismo espacio político, que es Unión por la Patria (UP). En ese sentido, remarcan que los bloques legislativos y el gabinete bonaerense están conformados por dirigentes del cristinismo, el massismo, el kicillofismo y el PJ Bonaerense.
“La unidad está. Hay que trabajar para mantenerla”, dijeron a Infobae cerca de Cristina Kirchner. Y agregaron: “La definición es errónea y extemporánea. El peronismo de la provincia de Buenos Aires está unido”. En el cristinismo resaltan que, pese a las peleas internas, la estructura política no está quebrada.
En La Plata la mirada es diferente. Aseguran que las negociaciones para cerrar un acuerdo de unidad “están en un punto muerto” y que en la actualidad “no hay espacio al diálogo”. “Esto no se trata de decir, sino de hacer”, indicaron.
“¿Por qué no hay unidad? Porque no hay ningún tipo de negociación, porque nuestro bloque no apoya los proyectos del Gobernador y porque lo siguen limando cada vez que pueden», sentenció un funcionario cercano a Kicillof, que defendió las expresiones de Bianco.
La definición que Bianco dio en una entrevista con El Destape radio está vinculada a la falta de una mesa de negociación y una instancia de diálogo. En el círculo chico de Kicillof sostienen que no existen ninguna de las dos y que la unidad no está sellada.
La última reunión para tratar de unificar posturas y negociar un acuerdo fue el domingo 6 de abril, cuando Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Facundo Tignanelli, Bianco, Mayra Mendoza, Alexis Guerra y Federico Otermin, entre otros dirigentes, se reunieron en La Plata para avanzar en un acuerdo de unidad.
En ese encuentro, que duró ocho horas, Kicillof les confirmó a todos que al día siguiente iba a anunciar el desdoblamiento de la elección provincial. Máximo Kirchner le advirtió que si hacía eso, su madre iba a ser candidata en la tercera sección electoral. El Gobernador no mostró reparos sobre el tema, pero dejó en claro que su postura ya estaba definida. El lunes 7 de abril anunció el desdobamiento y La Cámpora lo acusó de quebrar el peronismo.
Un mes y medio después, los sectores que negocian el acuerdo político no se volvieron a juntar todos alrededor de una mesa. “No hubo reuniones formales ni informales. No es solo cuestión de pedir la unidad, también hay que construirla”, indicó un influyente funcionario bonaerense.
La semana pasada Cristina Kirchner estuvo reunida con intendentes de su esquema político y del Movimiento Directo al Futuro (MDF). Andrés Watson (Florencio Varela ), Mayra Mendoza (Quilmes), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Fernando Espinoza (La Matanza), Pablo Descalzo (Ituzaingó) y Julio Alak (La Plata) se juntaron con ella en el Instituto Patria.
“Háganle saber al Gobernador que yo trabajo por la unidad del espacio”, les dijo a los intendentes. En el Instituto Patria sostienen que la ex presidenta “está haciendo todos los gestos necesarios” para sellar la unidad y achicar las diferencias. Ahora le piden a Kicillof que dé sus señales.
En la entrevista radial, Bianco hizo hincapié en un tema sensible para la discusión política que atraviesa al kirchnerismo. “El MDF es el sector mayoritario, lo midas como lo midas; por la cantidad de intendentes, por la cantidad de votos que representan esos intendentes y por la representación general del Gobernador. En esas condiciones nos podemos sentar a discutir la unidad”, planteó.
Es otro de los argumentos del esquema político de Kicillof para negociar la unidad. Que el cristinismo respete su rol, su lugar y su espalda política, debido al apoyo territorial que tiene por parte de más de 40 intendentes del peronismo bonaerense. El Gobernador busca hacer valer la fortaleza política lograda con la edificación del MDF en la discusión por el armado de listas y el diseño de la estrategia electoral.
Es tan alto el nivel de desconfianza que hay en el vínculo interno de los dos sectores del kirchnerismo, que en el cristinismo creen que el kicillofismo está preparando el terreno para romper y presentarse en las elecciones con una lista paralela. “Pareciera que no les interesa la unidad del espacio”, se quejaron.
No hay tregua. No hay instancias de diálogo. No hay acuerdo. Todo, absolutamente todo, está por verse. La unidad, a veces, parece una utopía. Otras tantas veces parece un hecho posible. La película continuará.
En una entrevista exclusiva en el canal de streaming Infobae en vivo, la senadora nacional Flavia Royón defendió la necesidad de un debate honesto sobre la reforma laboral: “Hay que hacer un ejercicio de honestidad intelectual: una reforma laboral o esta famosa modernización no crea empleo ni lo destruye per se”. La dirigente de Primero Los Salteños remarcó que el proyecto aprobado en general en el Senado no resuelve los problemas estructurales del trabajo en la Argentina.
Durante su paso por el estudio de Infobae al Regreso, donde dialogó con Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos, Matías Barbería y Martín Tetaz, Royón rechazó la idea de que la reforma sea determinante en el mercado laboral. “La creación o destrucción de empleo también viene de la mano de factores mucho más amplios, como una política económica, una política de desarrollo… No este proyecto de marco legal”, sostuvo, y agregó: “Es un riesgo de los dos lados, porque si no se crea empleo, ¿va a ser culpa de la ley? Claramente que no”.
Royón y la reforma laboral: límites y advertencias
La senadora enfatizó que el debate público sobre la reforma “sobrecarga” de expectativas el impacto de la nueva legislación. “El oficialismo sobrevende esto de la reforma integral como la madre de las soluciones, y la oposición dice: ‘No, va a pasar lo contrario’. Con esta ley no tenés una solución a los problemas”, remarcó.
Para Royón, el texto aprobado solo ataca una parte del problema: “Este proyecto busca incorporar los casi seis millones de argentinos que hoy tienen empleo informal, en que tengan empleo formal, bajando un poco esta resistencia o los factores que hacen que hoy un empleador no quiera tener gente en blanco. Pero no es la madre de la solución a ninguno de los problemas y tampoco el origen a todos los problemas”.
Sobre la discusión en torno al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), fue contundente: “El FAL lo que plantea es que el empleador va a pagar menos aportes, va a dejar de ingresar dinero a nuestro sistema previsional para constituir un fondo. Ese fondo, que va a estar en una cuenta a nombre de la empresa, la empresa la va a usar para pagar indemnizaciones. Entonces, hay una transferencia indirecta de recursos de los jubilados o del Estado hacia el sector privado para pagar indemnizaciones”.
El FAL y el sistema previsional: objeciones de fondo
Royón explicó sus reservas al acompañar el proyecto: “No estuve de acuerdo en el tema del FAL, lo voté en contra. No estuve de acuerdo en el tema impositivo. Porque también parte de esta creación de empleo o destrucción de empleo pasa por discutir una reforma tributaria integral. No pongás un parche dentro de la reforma laboral”. En ese sentido, advirtió: “El FAL puede ser una solución, pero si vamos a desfinanciar el sistema previsional, que ya hoy tenemos un problema, primero discutamos cómo resolvemos nuestro sistema previsional y cuáles son las prioridades”.
Al analizar el impacto sobre las pymes, la senadora diferenció la situación de los grandes empleadores: “En algún momento se habló de por qué el FAL no era solamente para las pymes, porque la masa salarial de Argentina, más del 60%, son grandes empresas… Que los grandes beneficiarios eran las grandes empresas que iban a poder usar este fondo mucho más rápidamente para despedir gente”. Y reforzó: “No sé si la prioridad hoy es que haya una transferencia de los jubilados o desde el Estado para que las empresas paguen indemnizaciones”.
Accidentes, licencias y debate por la baja de edad de imputabilidad
Consultada sobre el tratamiento de accidentes y enfermedades en la reforma, Royón admitió que el artículo fue motivo de “gran debate”: “Cuando un empleado se enferma o tuvo un accidente, el empleador tiene que pagar el cien por ciento del sueldo del empleado y además contratar una persona y la carga se hace muy grande. Es injusto que esté todo a cargo de la pyme porque muchas veces no tiene la espalda. En otros lugares del mundo, lo paga la Seguridad Social”.
La senadora reconoció las tensiones entre la protección al trabajador y las dificultades empresarias: “Deberíamos tener previsto un mecanismo que no esté todo a cargo de la empresa, pero que el trabajador no pierda ingresos. Ese artículo fue motivo de gran debate”. Y aunque votó el título general del capítulo, remarcó: “La única diferencia era el porcentaje. Antes era el cien por ciento de tres a seis meses, depende de si tenés gente a cargo o no, ahora cambia el porcentaje”.
Sobre el próximo debate por la baja en la edad de imputabilidad penal juvenil, anticipó: “Estoy a favor de la baja de la edad, pero vos tenés que tener los recursos… Estos chicos no pueden ir al sistema común. Son niños y adolescentes en conflicto con la ley. Tenés que tener los recursos para tener los lugares, las instituciones de cómo a estos chicos los volvés a recuperar”.
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flavia royón
POLITICA
Denuncian a un exfuncionario kirchnerista por ofrecer sobornos para impedir el inicio de clases en Chubut
“Yo lo escuchaba y no podía creer lo que me decía”. En Chubut, el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Trelew, José Severiche, presentó una denuncia por el presunto ofrecimiento de sobornos que llevó a una investigación de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Administración Pública (UFE-DAP) local.
Según el sindicalista, un grupo de empresarios y un exfuncionario vinculado al kirchnerismo le habrían ofrecido dinero para que impidiera el inicio del ciclo lectivo en la provincia.
“Nosotros somos asambleístas: debatimos en representación de los trabajadores. Un empresario no se mete en estas cuestiones”, aseguró Severiche en diálogo con .
En su declaración ante la Justicia, Severiche recordó que recibió un llamado de Ricardo Traversini, un empresario local en su momento investigado por presunta evasión, quien le manifestó que su jefe, Gonzalo Carpintero, quería reunirse con él. “Como tengo un amigo en común, me llamaron y fui”, dijo el gremialista a este medio.
Carpintero Patterson tiene una larga trayectoria en el Ejecutivo provincial, vinculado al peronismo local. Fue director general de Niñez, Adolescencia y Familia; subsecretario de Desarrollo Social; ministro de Familia y Promoción Social; concejal de Trelew y viceministro coordinador de Gabinete, entre otros cargos. Destacó por ser secretario privado del fallecido gobernador Mario Das Neves.
La carrera del exfuncionario concluyó con una condena por corrupción, luego que se acreditara un incremento patrimonial superior al 500%, además del cobro de coimas y sobresueldos en las causas conocidas como “Embrujo” y “Revelación”.
Luego del llamado, el sindicalista fue a la oficina que Carpintero comparte con el empresario pesquero Raúl “Tato” Cereseto. Allí, según consta en la denuncia, le habría solicitado “que haga quilombo con el gremio para que no empiecen las clases en las escuelas de la provincia el próximo 23 de febrero”.
“Me aclaró que tenía que generar el conflicto antes del 23, sino no servía. Me agregó que habría otros actores que me ayudarían a generar discordia”, declaró Severiche y agregó: “Estaba Ricardo (Traversini) presente, pero era un ‘potus’, no hablaba”.
En su presentación, el secretario general de ATE local aseguró que Carpintero le prometió “una retribución económica” y que después se realizarían “paritarias” para compensarlo, en caso de acceder al pedido. “Creo que Carpintero me ofrece dinero a cambio de que yo trate de impedir que empiecen las clases porque él me conoce bien y sabe que tengo problemas económicos”, aseguró.
En un video de su declaración al que accedió este medio, Severiche cuenta que Carpintero “gritaba, se le ponía la cara roja y el ojo colorado. Decía que lo quería hacer mierda (sic) al gobernador”, Ignacio “Nacho” Torres.
“Si alguien no denuncia a esta gente, que es pesada, iban a llamar a otro. Quieren hacer daño, tomar de rehenes a los pibes y no es así”, justificó el gremialista su accionar legal a . “Yo no vine a hacerle daño al gobernador, yo vine a dialogar. Si hay problemas o se cae el diálogo, es porque no hay acuerdo por las paritarias, no por una coima”.
La UFE-DAP de Chubut inició una investigación, encabezada por la fiscal Julieta Gamarra, quien dispuso como primera medida la ratificación de la denuncia y la recolección de registros fílmicos, en un trabajo conjunto con la División de Investigaciones Policiales de Trelew.
Con los elementos reunidos, se solicitaron allanamientos en domicilios particulares y en la empresa donde se habría llevado a cabo la reunión entre Severiche, Carpintero y Traversini. En los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares y cámaras de seguridad.
Según informó el Ministerio Público Fiscal de la provincia patagónica, la causa se encuentra en una etapa inicial y la calificación legal es provisoria, sin perjuicio de que pueda modificarse a medida que avance la investigación.
Fuentes del Gobierno provincial indicaron que el interés de los empresarios y del exfuncionario estaría vinculado a evitar el pago de impuestos adeudados, que rondarían los $1200 millones, frenar el incremento del canon pesquero y bloquear el envío de un proyecto de “Ley de Ficha Limpia para la Pesca” que el Ejecutivo analiza presentar.
condena por corrupción,Chubut,Conforme a,,Violencia de género. Fabiola Yañez acusó a Alberto Fernández de “intentos desesperados” por hacer caer la causa judicial,,Sur Finanzas. Cuatro personas fueron detenidas por borrar evidencias contra el financista allegado a la AFA,,Identifican nuevos bienes. Piden decomisarles US$5 millones y 141 inmuebles a Cristina y Báez: incluyen San José 1111,Chubut,,PAMI. Clínicas de cuatro provincias advirtieron que restringen servicios y la obra social promete pagar,,El video del momento. Impactante: una camioneta a toda velocidad siguió de largo y quedó colgada de la reja de una casa,,Manuscrito. Una biografía del viento
POLITICA
Tras un debate caliente, Diputados le dio media sanción a la ley que baja la edad de imputabilidad a 14 años
La Cámara de Diputados le dio este miércoles media sanción al nuevo Régimen Penal Juvenil, proyecto impulsado por el oficialismo. El eje principal de la iniciativa es bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La iniciativa se aprobó con 149 votos a favor y 100 en contra. Ahora pasará al Senado.
La Libertad Avanza llegó al debate con impulso político. Venía de la sanción en el Senado de la Reforma Laboral y avanzó en Diputados con dos ejes: el nuevo Régimen Penal Juvenil y ahora se debate el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur.
Más temprano en el recinto estuvo Romina Monzón, mamá de Jeremías Monzón, el chico de 15 años que fue emboscado y asesinado a puñaladas por tres adolescentes de 14, 15 y 16 años en Santo Tomé, Santa Fe, el 18 de diciembre de 2025.
Romina siguió el debate desde el Congreso. Fue recibida por el presidente de la Cámara, Martín Menem; por la diputada Valentina Ravera; y por otros legisladores del oficialismo, tanto en la previa como durante la sesión.
Romina estuvo acompañada por su hermana Virginia y por su equipo de abogados, integrado por Bruno Rugna, Diego Martini y Agustín Camussi. En diálogo con TN aseguró: “Es un día histórico”. Y agregó que “es increíble que se sigan acumulando víctimas” y que durante tanto tiempo se haya evitado discutir una ley que, según planteó, tiene 45 años.
Lee también: Reforma laboral: el Gobierno quiere tratarla en Diputados el 25 de febrero y asegura que tiene los votos
Cuestionó que los responsables del crimen de su hijo sigan libres y que, a su entender, la normativa actual “solamente le da garantías a los asesinos”. También destacó que el proyecto pone el foco en las víctimas.
“Si este proyecto no se sanciona, el delincuente desde el minuto uno que decide ser delincuente tiene todas las garantías. Se lo cuida, se lo traslada, se lo alimenta, se le da un abogado. Las víctimas quedan completamente desprotegidas”, afirmó. Y concluyó: “Por eso es un día histórico”.
Los familiares de Jeremías estuvieron junto a otras víctimas de delitos. Entre ellos, María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, una de las 51 víctimas de la Tragedia de Once y actual directora del Observatorio de Víctimas de Delitos de la Cámara de Diputados; Marcos Gómez, padre de Kim, la niña de 7 años asesinada en febrero de 2025 tras el robo del auto de su madre en La Plata; Vivian Perrone, mamá de Kevin Sedano; y Jimena Aduriz, mamá de Ángeles Rawson.
Romina aclaró que la norma no tendrá efecto retroactivo. “No va a encarcelar a los asesinos de mi hijo. Soy consciente y me duele terriblemente entender que van a seguir como si nada, sin antecedentes penales, como si la vida de mi hijo no haya valido nada”, expresó. Aun así, ya denomina al proyecto como “Ley Jeremías”.
El detalle del debate
El dictamen de mayoría fue defendido por la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal. Fue la encargada de fundamentar el trabajo del plenario de las cuatro comisiones que analizaron los proyectos.
“Este dictamen es el resultado de un trabajo serio, sostenido y responsable. No es una respuesta improvisada ni una consigna coyuntural, sino una decisión institucional para ordenar un sistema que durante décadas funcionó con vacíos y contradicciones”, afirmó.
Según explicó, la iniciativa busca incorporar a las víctimas como sujetos de derecho. “Durante demasiado tiempo el sistema penal juvenil ignoró a las víctimas. Esta ley cambia esa lógica y las incorpora con voz, protección y garantías”, sostuvo.
El régimen se estructura en once capítulos. Se apoya en principios como legalidad, proporcionalidad, especialidad, excepcionalidad de la privación de la libertad, celeridad procesal y resocialización. La prisión queda como último recurso, con control judicial permanente y cumplimiento en establecimientos especializados, separados de personas adultas.
Uno de los ejes centrales es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. El proyecto garantiza su derecho a ser informadas, escuchadas, contar con patrocinio jurídico, recibir asistencia psicológica y participar en instancias relevantes, incluso en mecanismos restaurativos.
Desde Provincias Unidas, el cordobés Juan Brügge presentó un dictamen alternativo. Planteó el concepto de “segunda oportunidad” en el ámbito penal juvenil y propuso establecer una escala penal diferenciada respecto del Código Penal, con criterios de progresividad y proporcionalidad según la edad del menor.
En la misma línea, la diputada Lourdes Arrieta sostuvo que “la inseguridad existe y hay que abordarla con seriedad”, pero advirtió que si el Estado solo aparece para castigar y no con educación, salud y contención, “estamos llegando tarde”.
La diputada libertaria Bárbara Andreussi, integrante de la Comisión de Familias, Niñez y Juventudes, afirmó que la ley vigente, de 1982, “fue hecha para un país que ya no existe”. Señaló que el proyecto prevé un enfoque orientado a la educación y la resocialización, con penas proporcionales.
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La mayoría de las sanciones no serán de reclusión, sino amonestaciones, prohibición de contacto con la víctima, prohibición de conducir o monitoreo electrónico. La prisión quedará reservada para casos con muerte o grave violencia física o psíquica y será de máximo 15 años. “Actualizar la ley no es estigmatizar. Es asumir la realidad y combinar responsabilidad, contención y reinserción”, sostuvo.
Desde Unión por la Patria, la diputada Victoria Tolosa Paz cuestionó el enfoque del oficialismo. “Fijar la edad es el foco de atención de ustedes. Se olvidan del derecho superior del niño”, afirmó.
menores, penal, Diputados
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