El Consejo de la Magistratura de la Nación anunció una serie de medidas para la implementación del sistema acusatorio en Comodoro Py, entre las que se incluye el traslado del Tribunal Oral Federal 7 que actualmente lleva adelante el juicio por la denominada causa Cuadernos.

La medida se concretaría antes de mitad de año, según detalló el organismo, y con el traslado podrán comenzar las audiencias presenciales, una demanda creciente de las partes y de la Cámara Federal de Casación Penal.

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El TOF 7 es el único tribunal que no funciona en Comodoro Py y tiene su sede en el Palacio de Tribunales. Los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli expusieron oportunamente las complicaciones de esa distancia ante la Cámara Federal de Casación Penal cuando se inició el juicio por la causa Cuadernos y se debatió la presencialidad del proceso oral y público.

Con la mudanza se garantizará al TOF el uso de la Sala AMIA, destinada para la realización de juicios orales de gran magnitud y que fue modernizada y habilitada en diciembre pasado. También podrán disponer de otra decena de salas que se crearon y acondicionaron en el último año en el edificio de Retiro.

El cambio de sede también simplifica los mecanismos previstos para el eventual traslado de detenidos desde la alcaldía del Servicio Penitenciario Federal que funciona en la planta baja de Comodoro Py.

“La relocalización del TOF recién se realizará cuando esté finalizando todo el trabajo de infraestructura y sistema que se está implementado en distintas etapas. De acuerdo a las estimaciones, no sería antes de mitad de año”, remarcó el Consejo.

Desde el inicio del juicio, el TOF 7 optó por celebrar audiencias principalmente virtuales, dos veces por semana por Zoom. Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal, así como representantes del Ministerio Público Fiscal, reclamaron de manera insistente una frecuencia mayor de audiencias y su realización de forma presencial para dar mayor dinamismo al debate oral.

El juicio

El proceso comenzó el 6 de noviembre pasado, con la lectura del primer requerimiento de elevación a juicio formulado por el fiscal Carlos Stornelli, centrado en las imputaciones por asociación ilícita, cohecho pasivo y admisión de coimas atribuidas a los principales exfuncionarios acusados, entre ellos la expresidenta.

La lectura de esa primera acusación continuó durante las audiencias del 13, 20, 25 y 27 de noviembre, cuando se concluyó con ese tramo y se avanzó con el segundo requerimiento, que abordó imputaciones por cohecho activo, cohecho pasivo, admisión y recepción de dádivas.

El 27 de noviembre también se inició la lectura del tercer requerimiento de elevación a juicio, cuya exposición finalizó el 4 de diciembre, luego de que una de las audiencias fuera destinada a tratar un planteo de recusación presentado por la defensa de De Vido, que finalmente fue rechazado por el tribunal.

Posteriormente, en las audiencias de los días 9, 11, 16 y 18 de diciembre, se dio lectura al cuarto requerimiento de elevación a juicio del Ministerio Público Fiscal y se comenzó con la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa conocida como “La Camarita”, vinculada a la presunta cartelización de la obra pública civil a través de la Cámara Argentina de Empresas Viales.

Finalmente, en la última audiencia realizada, el tribunal avanzó con la lectura del quinto requerimiento de elevación a juicio, correspondiente a la causa “Trenes”, que investiga supuestas maniobras ilícitas en la adjudicación de contratos ferroviarios, además de la presentación efectuada por la UIF en ese expediente.

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La acusación sostiene que la expresidenta y funcionarios de su gobierno llevaron adelante “un plan integral en el cual implementaron una logística ceñida a la recaudación de dinero que empresarios de la construcción, de energía y del transporte, entre otros/ entregaban a modo de contraprestación, a cambio de beneficios que le eran otorgados a las compañías que representaban”.

“El sistema de recaudación ilegal contó con, cuanto menos, dos canales independientes, aunque complementarios y funcionales entre sí. En el primero eran los propios funcionarios públicos los que recaudaban el dinero en efectivo garantizado por los empresarios“.

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Tras el anuncio del cierre definitivo de la planta de la empresa Fate, el Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Trabajo a cargo de Julio Cordero dictó la conciliación obligatoria para la resolución del conflicto en el marco de la audiencia virtual que tuvo lugar este mediodía. Según pudo confirmar Infobae, fue el propio Cordero el que trasladó la determinación a las autoridades de la firma presentes en la instancia de mediación y a los representantes del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) que lidera el trostkista Alejandro Crespo.

A través de un comunicado publicado por el Ministerio de Capital Humano, el Poder Ejecutivo dispuso de 15 días para que las partes acerquen posturas y negocien una solución al conflicto. Además, estableció que en el mientras tanto, se deberá retrotraer la situación al estado previo al conflicto y advirtió la necesidad de “abstenerse” de adoptar medidas que alteren el desarrollo de las relaciones laborales.

“El Ministerio de Capital Humano continuará promoviendo las instancias de mediación necesarias, en resguardo del empleo y del cumplimiento de la normativa laboral y de seguridad social vigente”, plantearon en el documento publicado en redes sociales y difundido por la cartera que lidera Sandra Pettovello.

Por cuestiones de competencia jurisdiccional, el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires también celebró una audiencia y replicó la misma resolución que la instrumentada por Cordero en la cita de Nación. “El conflicto colectivo de trabajo es de extrema gravedad, por consiguiente resulta necesario disponer las medidias pertinentes a fin de mantener la paz social y poner en funcionamiento los mecanismos legales a disposición para promover una solución pacífica y legal al conflicto existente”, argumentaron desde la cartera que conduce Walter Correa.

Lo cierto es que conforme al paso de las horas, la administración libertaria recalibró su postura y reorientó los cañones. Si bien inicialmente las críticas fueron direccionadas contra el sindicalismo, en especial contra Crespo, a los que dan como ausentes en la audiencia virtual, pese a que los involucrados garantizan haber participado, pasado el mediodía, la familia Madanes Quintanilla se llevó el mayor volúmen de cuestionamientos.

“Es parte de la libre compentencia. A nadie le gusta, pero son cosas que pasan”, definió a primera hora una importante fuente con acceso al despacho presidencial a Infobae. Asimismo, se cuidó de marcar que el Ejecutivo sigue de cerca la necesidad de que la firma cumpla con el protocolo que establece el pago de las indemnizaciones a los 920 empleados a los que despedirá.

Los hasta entonces empleados de la planta aseguran haberse anoticiado en horas de la madrugada de la decisión que adoptó la patronal, que afecta además al contexto político marcado por una serie de protestas convocadas por el sindicalismo contra la reforma laboral que se tratará mañana en la Cámara de Diputados. Lo cierto es que en las últimas horas, la Confederación General del Trabajo (CGT) brindó una conferencia de prensa exprés para anunciar un paro general para el jueves mientras el Congreso debata el proyecto.

Pese al impacto del anuncio de los fabricantes de neumáticos que liquidará su negocio y clausurará su planta industrial en el partido bonaerense de San Fernando, en la mesa política designada por el presidente Javier Milei no se mostraron sorprendidos por el desenlance de los acontecimientos, pero durante el transcurso de la mañana apuntaron contra los empresarios a los que responsabilizan por el timing del anuncio.

“Es un sector puntual, una empresa puntual, con problemas hace muchos años. Lamento que la empresa no haya tomado la situación en cuenta”, se lamentó una voz oficial por los pasillos de Balcarce 50 que horas más tarde señaló sin tapujos a la familia Madanes Quintanilla.

Si bien la línea que instruyó el presidente Javier Milei fue la de responsabilizar a la actividad sindical, en particular al SUTNA conducido por Crespo, integrante del Partido Obrero, pasado el mediodía, los cañones fueron direccionados a las autoridades de FATE. “En 2019, Fate tuvo plan preventivo de crisis y ahí no había tema de importaciones. No debe venir por ahí. El combo de sindicatos troskos y empresaurios (sic) no es buena”, deslizó ante este medio un funcionario.

Desde este mediodía, el Poder Ejecutivo medió en el procedimiento abierto entre el sindicato y la empresa con la audiencia mientras los actores de la administración, incluido el propio Milei, marcan que el anuncio tuvo lugar un día antes del tratamiento del proyecto de “Modernización”. A través de su cuenta de X, el mandatario expresó: “¿Conspiranoico yo? Fin”.

Con el pasar de las horas, en el oficialismo se instaló la idea de que la determinación de Madanes a la hora de anunciar el cierre de la planta no fue azarosa y responde a la decisión de complejizar el tratamiento de la reforma laboral que tanto obsesiona al mandatario. “Debe querer algo. Lo está haciendo a propósito y nos damos cuenta”, sentenció un funcionario ante este medio.

Pese a la acción dictada, desde la cartera anticipan que las posibildiades de revertir el cierre son limitadas, dado que la empresa se comprometió a abonar las indemnizaciones necesarias para concretar la clausura de la planta.

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