POLITICA
La democracia del que grita más fuerte

Javier Milei ejercita la misericordia estratégica. A Mauricio Macri lo perdonó en el mismo instante que recibió, el jueves, un chat de felicitación por el triunfo libertario en las elecciones porteñas del domingo pasado. Volvió a hablar del “afecto” que le tiene y hasta aventuró que “todavía tiene cosas para hacer”. A Jorge Macri, en cambio, lo acusa de las peores aberraciones y jura hacerle una oposición implacable en el gobierno de la ciudad.
Sabe el Presidente que los primos Macri decidieron juntos desafiarlo con unos comicios anticipados que lo forzaron a jugar a su vocero, Manuel Adorni, en una batalla por cargos menores. Pero, consumado el resultado, Milei direcciona su furia de acuerdo con necesidades objetivas. Acepta a Mauricio porque su claudicación facilita el tránsito hacia un acuerdo electoral en Buenos Aires que asoma indispensable para superar al kirchnerismo. Desprecia a Jorge porque ansía conquistar la fortaleza porteña en 2027 y no piensa regalarle oxígeno para que se levante de la lona.
Así administra Milei un éxito que lo dejó afónico tres días de tanto gritar y celebrar. Los dirigentes del Pro empezaron a caer como fichas de dominó, dispuestos a aceptar las condiciones del ganador. Cristian Ritondo asumió el reto de negociar una rendición sin humillación. Mauricio Macri lo validó desde España, mientras veía cómo las fichas se montaban una sobre la otra. Milei lo presionó un poco más cuando le reprochó en público no haberlo llamado después del escrutinio. “Su tiempo pasó”, “está grande y hay cosas que no entiende”, “su partido está obsoleto”, dijo sobre el expresidente. Al final entró el mensaje esperado. Esa misma noche, Milei invitó a Ritondo a cenar en Olivos.
Fue una victoria casi tan grande como la de las urnas. La urgencia del partido amarillo por sumarse a la boleta violeta constituye una refutación de todo aquello que el Pro, su líder y sus candidatos dijeron durante la campaña. ¿No era que enfrentaban a Milei en rechazo a sus conductas poco republicanas?, ¿que consideraban inaceptable su desprecio al disenso?, ¿que avaló una trampa electoral al difundir un video falso en plena veda electoral?, ¿que los había “decepcionado profundamente” con un pacto espurio con el kirchnerismo para impedir una ley de ficha limpia? ¿Cuántas lágrimas lloró Silvia Lospennato aquel día, en el que –se dijo– pensó en dejar la política para siempre?
Milei vive las consecuencias del batacazo porteño como una reivindicación moral. Ve a sus críticos de ayer retratados como profesionales que disputan ferozmente por cargos y no por valores. Es una de las características de lo que llama “la casta política”, un concepto vital para la constitución de su personaje público. Él puede permitirse pasar del odio al amor, ida y vuelta, porque “en campaña se dice cualquier cosa”. Pero no deja que esos deslices lo definan.
Incrementa de ese modo una ventaja decisiva sobre sus potenciales rivales. Tiene todo lo que la mayoría de ellos carece: unas ideas que parece defender con la vida, una iniciativa arrolladora y un pragmatismo táctico que aplica como alumno perfecto de sus guionistas políticos.
“El León” parece un camello: más que el rey de la selva, él manda en el desierto. Sus opositores no consiguen salir de una lógica aritmética. Hacen sumas y restas, pero no se plantean cómo conectar con una sociedad que rompió el sistema anterior y todavía no termina de asimilar el actual.
Esto último quedó en claro en las elecciones porteñas, pero la dinámica se constata en todas las contiendas anteriores. El récord de ausentismo exhibe que hay porciones enormes de la población que no quiere ni oír hablar de la política. No acuden al llamado de Milei, que planteó la campaña de Adorni como un ampuloso duelo de vida o muerte, ni al de aquellos que claman por ponerle un límite al proceso libertario, que describen como poco menos que demoníaco.
Milei hizo en público un análisis superficial del fenómeno. Dijo que cuando la gente está bien no va a votar. La caída de participación ya había sido alarmante en todo 2023, cuando el caos económico y moral del gobierno de Alberto Fernández abrió la puerta al triunfo de La Libertad Avanza.
Detrás de esa explicación de compromiso, al Gobierno encargó estudios para entender mejor el mensaje de los que no se expresan. Temen que la indiferencia sea el germen de una reacción contra las políticas de ajuste y el cambio de régimen económico en marcha en la Argentina.
Creen, sin embargo, que la inflación a la baja y el dólar estable previenen contra cualquier cisne negro electoral. Un alto abstencionismo crónico podría incluso configurar un futuro a la medida de Milei.
La Libertad Avanza no aspira a ser un proyecto de mayorías. Le alcanza con ser una primera minoría sólida, intensa y con una identidad muy marcada. Es más que suficiente para extraer gobernabilidad de un sistema roto, sin alternativas.
La apuesta medular de Santiago Caputo, que es quien programa la conducta política de Milei, no es simplemente la polarización con Cristina Kirchner, como se suele interpretar. La clave del plan es la fragmentación extrema. En ese esquema resulta vital la subsistencia de la expresidenta como una jugadora importante.
Ella achicó al peronismo hasta convertirlo en un partido del conurbano, sectario y con una oferta anclada en el pasado. Su popularidad decrece irremediablemente, sin opciones aparentes de pelear por volver al poder nacional. Pero ningún líder se anima a competir sin la base de votantes que ella parece retener. Es el tapón perfecto.
Axel Kicillof se plantó, pero quedó en una encerrona. Para hacer creíble su independencia primero debe resignarse a competir contra ella y La Cámpora, lo que lo empujaría a una derrota casi segura en la provincia que gobierna frente a la alianza de derecha que pergeña Milei. Después, le tocaría elaborar en esas condiciones una propuesta a la sociedad en la que se distinga cuál es la diferencia que lo separa de su antigua mentora.
Al igual que el peronismo, el Pro también se achicó hasta quedar como presa fácil de los libertarios. Macri interpretó en 2023 que Milei le abría la puerta para reconfigurar una alianza de derecha. Algo así como un repechaje después de la derrota de Juntos por el Cambio. Los amarillos se desprendieron de los radicales, de Elisa Carrió y otras “almas bellas” a las que se consideraron un lastre. No oyeron el estruendo que traía el viento: los Milei y Santiago Caputo no quisieron nunca un cogobierno, una coalición ni nada que implicase compartir el poder.
El asesinato de Juntos por el Cambio dejó a Jorge Macri desguarnecido en la ciudad. Sus colegas de Santa Fe (Maximiliano Pullaro), Jujuy (Carlos Sadir) y San Luis (Claudio Poggi) eludieron ese error y salvaron la ropa en sus elecciones locales.
Al desprenderse del centro y la pata progresista, el Pro se encorsetó en la defensa del ajuste fiscal y la lucha contra el kirchnerismo. Pero, ¿quién representa hoy mejor esas ideas que Milei?
Redujo las diferencias con lo que ofrecía el Gobierno a una cuestión de formas, en busca de un momento soñado en el que Milei, al fin, se domesticara. Acumularon frustraciones a lo largo de un año y medio: el relativismo moral que implicó la designación de Ariel Lijo en la Corte, el ataque sistemático a los que piensan distinto, el realineamiento de la diplomacia en contra del multilateralismo, el rechazo a la igualdad de género y la diversidad sexual, la negación del cambio climático o la apelación a destruir el Estado. El apoyo clave que el Pro le dio a los libertarios en el Congreso no desencadenó ninguna contrapartida generosa.
La derrota porteña parece cerrar la ilusión de un acuerdo orgánico entre distintos. La noche electoral Adorni prometió “tabula rasa”, pero lo que hay sobre la mesa es un contrato de adhesión escrito en letra escarlata. Nadie en el Pro se engaña. Habrá algunas concesiones distritales en la elección bonaerense de septiembre. En octubre, para diputados y senadores nacionales, Milei exige que todo el que quiera estar en el barco oficialista adhiera a la sigla La Libertad Avanza. No hay indicios de que haya dejado de pensar que los del Pro son los “amarillos fracasados”, como dijo hace dos semanas.
La idea de los Macri de adelantar las elecciones porteñas se sostenía en preservar la “utilidad del Pro”. La traducción era: si a Milei no termina de irle bien, hay que dejar en pie un partido de ideas promercado que pueda reemplazarlo. La Casa Rosada cree que frustró para siempre ese sueño. El camino es el que vio Patricia Bullrich desde el día uno: “Nuestros destinos están atados”.
El radicalismo también se domestica ante el hombre que jugaba a tirar dardos sobre una foto de Raúl Alfonsín. La mayoría de la dirigencia bonaerense pide aceptar las condiciones del Gobierno para defender las porciones de poder que le quedan en la Legislatura y los municipios que administran. Por momentos la política se resigna a la estrategia del parásito.
Otra vez festeja Milei: “¿No era que peleaban por valores?”, ironiza uno de los armadores libertarios, a quien no para de sonarle el teléfono. Juegan con la casta como gato maula con el mísero ratón.
Con adversarios jibarizados, desprestigiados y sin ideas, el Presidente puede ilusionarse con reinar en el país de la indiferencia. Se instala la democracia del que más grita, y ahí no hay quien le gane. “No me psicopateen porque me puedo poner más psicópata”, dijo el lunes en una entrevista para responder a quienes lo acusaban por el video falso que circuló en redes para perjudicar a Macri.
El grito da gobernabilidad cuando del otro lado hay vacío. El 30% que sacó Adorni entre el 53% de los porteños habilitados para votar se asimiló en la Casa Rosada a un cheque en blanco.
En los días sucesivos Milei limitó por decreto el derecho a huelga, sin más reacción que bufido por parte de los popes sindicales, cuyo descrédito no encuentra piso. Anunció una relajación de controles para captar los dólares que los argentinos tienen fuera del sistema, que pareció la promesa de crear un paraíso fiscal para quienes no tienen la sofisticación de moverse en refugios del Caribe. “Si tenés cinco palos verdes y querés ir con los crocantes, te vas y te lo gastas, no pasa nada”, dijo el viernes. En la misma nota, con un conductor amigo, justificó sus formas por momentos violentas porque “del otro lado están los orcos, está (José) López con los bolsos y la carabina”. Siempre hay gente que llega tarde.
Otro gusto que se dio Milei fue confirmar el nuevo régimen para los periodistas acreditados en la Casa Rosada. Es una maraña kafkiana de regulaciones que deja en manos del funcionario la posibilidad de sancionar a quienes incomoden al Gobierno. Qué eslogan se perdió Adorni: “Tus preguntas, mi decisión”. La motosierra de Federico Sturzenegger se rindió a la burocracia de la empleada de Gasalla.
El desprecio al periodismo tuvo un capítulo más oscuro en la marcha de los jubilados del miércoles cuando la Gendarmería detuvo con violencia inusitada a fotógrafos que retrataban los sucesos. El Presidente mantuvo su campaña de “odio” a los críticos, complementada por la indulgencia hacia quienes difunden falsedades en nombre de la revolución libertaria. Todo pelota.
Acaba de dar un paso de gigante en la cruzada de blindar el plan económico a fuerza de votos. Su ascenso atolondrado al poder en 2023 le impidió captar de antemano el instrumento de representación de la derecha, como hizo por ejemplo Donald Trump con el Partido Republicano previo a su primera presidencia. La absorción en curso del Pro y parte del radicalismo busca completar la tarea pendiente.
La hiperactividad y la centralidad de Milei acalla cualquier señal de alarma sobre el futuro. La sustentabilidad del modelo de dólar barato, sueldos pisados y aliento al consumo con ahorros es alimento para futurólogos. El Gobierno vende presente y pide confianza a cambio de estabilidad. Sin eufemismos. Cuando le preguntaron a Luis Caputo cómo podía estar seguro un ciudadano que use plata no declarada de que en el futuro no será perseguido por el Estado, respondió, entre risas: “La forma más directa es votando bien”.
POLITICA
Axel Kicillof y otros gobernadores le solicitaron una reunión al Gobierno para debatir la reforma laboral

Buenos Aires, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones y Tierra del Fuego solicitaron formalmente este jueves al Gobierno la convocatoria urgente del Consejo Federal del Trabajo (CFT).
El pedido, dirigido al secretario de Trabajo, Julio Cordero, busca establecer una sesión presencial y exclusiva para analizar la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado. Las autoridades laborales de estos distritos sostienen que el debate no debe agotarse en el Congreso, debido al impacto fiscal y en el esquema de inspección que la normativa tendría en cada jurisdicción.
En el documento presentado, los firmantes recordaron que el Pacto Federal del Trabajo establece la obligación de que el CFT sesione al menos cada tres meses, plazo que consideran imperativo ante la magnitud de los cambios propuestos.
Los ministros provinciales enfatizaron que sus territorios son protagonistas en la gestión de la conflictividad laboral diaria y que sus posiciones deben ser incorporadas. Según expresaron en la nota enviada a la Secretaría de Trabajo: “El CFT no puede ser una mera caja de resonancia; es una herramienta de solución a problemáticas concretas”.
La iniciativa cuenta con el respaldo de los gobernadores Axel Kicillof, Gildo Insfrán, Sergio Ziliotto, Ricardo Quintela y Gustavo Melella, cuyos senadores votaron en contra de la reforma.
Sin embargo, el reclamo también incluye a Misiones, provincia que aportó dos votos clave para la aprobación del proyecto en la Cámara Alta a través de Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. A pesar de estas diferencias políticas, las seis jurisdicciones coincidieron en que son “actores imprescindibles” en la discusión del modelo nacional y que sus realidades regionales deben ser escuchadas.
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Principales puntos del nuevo régimen penal juvenil: garantías, penas y asignación presupuestaria

El nuevo régimen penal juvenil, aprobado en la Cámara de Diputados y girado al Senado, reemplaza el régimen de minoridad vigente desde 1980 y establece, como eje central, la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Entre los puntos principales de la iniciativa figuran los siguientes:
-Garantías. Desde el inicio del proceso penal y hasta su finalización, el niño, niña o adolescente gozará de los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El adolescente imputado deberá contar desde el inicio del procedimiento con asistencia legal, eficaz e idónea.
-Penas. Cuando el delito o concurso de delitos imputados sea de hasta 3 años de prisión, o bien sea hasta 10 años de prisión pero el hecho ilícito no haya implicado la muerte de la víctima, una grave violencia física o se trate de delitos culposos, se aplicarán penas alternativas a la prisión. El juez puede optar entre las siguientes: amonestación; prohibición de contacto con la víctima o la familia; prohibición de concurrir a determinados lugares; prohibición para salir del país; prestación de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico.
-Pena privativa de la libertad. Solo corresponderá para los delitos graves o muy graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Queda prohibida la imposición de las penas privativas de la libertad de reclusión perpetua y de prisión perpetua.
-Condena máxima. El plazo máximo de las penas privativas de la libertad será de 15 años. La regla es aplicable aun si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
-Alivio en la condena. Cuando el adolescente condenado cumpla dos tercios de la pena impuesta en detención y se dieran las circunstancias previstas en el Código Penal para otorgar la libertad condicional, el tribunal podrá disponer que el resto del castigo sea cumplido mediante penas alternativas a la prisión.
-Alojamiento. La detención de los adolescentes deberá hacerse efectiva en dependencias acondicionadas a tal efecto. Se prohíbe su alojamiento junto a personas mayores de edad.
-Asignación presupuestaria. Se destinarán $23.739.155 millones para afrontar el costo del nuevo régimen. De ellos, poco más de 20 mil millones se destinarán a la Defensoría General de la Nación. El oficialismo aclaró además que las provincias pueden suscribir convenios con la Nación para aportar financiamiento.
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El Gobierno extenderá las extraordinarias hasta el 28 de febrero y sumará al temario una nueva ley de Financiamiento Universitario

Tras apelar la medida cautelar que obliga la aplicación la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno Nacional suma al temario de las sesiones extraordinarias una adaptación de la medida que le permita compensar fondos a universidades, según confirmó una fuente inobjetable a Infobae. Se trata de una determinación que será incorporada por decreto y que persigue la intención de dar respuesta al sector que reclama una actualización presupuestaria para el funcionamiento de las altas casas de estudio.
Tras la media sanción de la reforma laboral, la Ley Penal Juvenil y el acuerdo del Mercosur, el Poder Ejecutivo resolvió incorporar un último proyecto al temario para intentan apaciguar las demandas de las autoridades universitarias con el debate de una norma que se ajuste a las premisas de equilibrio fiscal que pregonta la administración libertaria.
La tarea involucró al secretario de Educación, Carlos Torrendel, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes se reunieron en los últimos días con el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco, y su vice, Franco Bartolacci, para conversar sobre el tema. Como contó este medio, los planes apuntaban a dar curso a la actualización del financiamiento de las universidades públicas, con previsibilidad fiscal y garantías jurídicas que solicita el sector.
“Trabajamos para implementar los cambios en la ley que nos permita hacerla implementable”, contó ante este medio una fuente calificada.

La determinación se da luego de que el Ejecutivo presentara un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de la Procuración del Tesoro, y solicitara que la apelación que obliga a implementar la ley votada en 2024 sea concedida con efecto suspensivo. “El Estado tiene el deber de apelar todo. Hay cosas que vamos a cumplir pero hay otras que requieren análisis de la cámara”, argumntó un funcionario en tema.
Ante la ambición del Ejecutivo, en Balcarce 50 se muestran optimistas con los objetivos trazados para el receso de verano, y pese a que el reglamento establece que la ampliación del temario debe ser votado en el recinto, existen antencedentes de incorporación de proyectos instrumentados por decreto y sin la necesidad de acuerdos parlamentarios formales de aceptación.
Más allá del reclamo de las autoridades universitarias, el conflicto por el financiamiento escaló notablemente entre 2024 y 2025, y registró movilizaciones masivas en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Luego de la determinación del mandatario de vetar la ley sancionada, hubo una segunda protesta federal en septiembre de 2025.
Luego de que un sector de la mesa política planteara la necesidad de evitar una escalada legal, en el oficialismo intentarán pasar una ley que modifique el esquema financiero actual y que permita alcanzar el consenso político necesario para que el Congreso apruebe una nueva norma capaz de reemplazar la anterior.
Asimismo, el decreto que será publicado en el Boletín Oficial en las próximas horas también incluirá la extensión del plazo de las sesiones extraordinarias al sábado 28 de febrero, es decir, un día más de lo planeado para cumplir con el período legal correspondiente de los proyectos tratados antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, programada para el 1° de marzo.
La determinación apuesta a ordenar el ajustado calendario legislativo, además de dar cumplimiento a la norma expresa en el reglamento de la Cámara de Diputados que establece que si faltan 10 días, o menos, para que termine el período de sesiones, sacar un dictamen carece de efecto práctico.
El objetivo del presidente Javier Milei es sancionar la reforma laboral durante el periódo contemplado en febrero para dar inicio al año legislativo con los nuevos desafíos que expondrá durante su habitual discurso en el que establece la hoja de ruta anual.
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