POLITICA
Ruta del dinero K: la Corte rechazó el pedido de Cristina Kirchner y seguirá siendo investigada por lavado

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó este jueves el pedido de sobreseimiento presentado por Cristina Fernández de Kirchner en la causa conocida como la “Ruta del dinero K”. La decisión implica que la exmandataria seguirá bajo investigación por presunto lavado de activos, en el mismo expediente en el que el empresario Lázaro Báez fue condenado a 10 años de prisión por lavar 55 millones de dólares entre 2010 y 2013.
El tribunal, integrado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, consideró que la apelación de la defensa de Kirchner no procedía, ya que no se dirigía contra una sentencia definitiva. Además, la Corte desestimó las recusaciones presentadas por la exmandataria contra los jueces de la Cámara Federal Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, y el de la Cámara Federal de Casación Penal Gustavo Hornos.
La Corte Suprema confirmó la condena de Lázaro Báez en la causa de la “ruta del dinero K”
La investigación sobre Fernández de Kirchner se inició cuando el juez Sebastián Casanello dictó su falta de mérito, decisión confirmada en 2019 por la Cámara Federal. Sin embargo, en 2022, la defensa solicitó su sobreseimiento, que fue revocado posteriormente por la Cámara Federal tras aceptar como querellante a la asociación civil “Bases Republicanas”. Esta decisión fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal.
La causa busca determinar si los fondos que Báez reingresó a sus empresas desde Suiza pudieron haber tenido como destino final a Cristina Kirchner, sus familiares o allegados. El expediente continúa en etapa de instrucción en el juzgado de Casanello, mientras que la expresidenta enfrenta otras causas judiciales, como la “Causa Vialidad“, en la que fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por corrupción, y cuyo fallo está pendiente de revisión por la Corte Suprema.
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Patricia Bullrich justificó la detención de Juan Grabois: “El que usurpa pierde”
Este domingo, y tras conocerse la noticia de la liberación del dirigente social Juan Grabois, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó los motivos por los que la Policía lo detuvo en primer lugar, negó que se haya tratado de una “operación política” y criticó la toma del Instituto Nacional Juan Domingo Perón de la que participaron grupos de manifestantes.
“Lo importante es la reacción del Gobierno frente al desorden, al intento de toma de un edificio que está en una decisión de cerrarlo porque el Estado no puede pagar unidades básicas del Partido Justicialista”, remarcó y sumó: “Lo importante y trascendente en este momento es que hay una decisión irrevocable: el que toma, va preso. La decisión fue clara con el que usurpa con violencia y golpeando a policías; entramos y los sacamos».
Y añadió: “[Javier] Milei tiene muy claro que el orden es uno de los basamentos fundamentales para que el país funcione”. Asimismo, y en diálogo con Radio Rivadavia, la funcionaria responsabilizó directamente a Grabois y consideró que “alentó un montón de usurpaciones”.
“Él siempre se encubre y pone a otras personas al frente de usurpaciones para zafar. El gobierno de Milei no mete preso a Grabois, el gobierno de Milei lo que hace es meter presa a una persona que destruye un blíndex y se mete a la fuerza, se llame Grabois o se llame como se llame. Lo secundario es que estaba Grabois, el mensaje es para todos los que quieren vivir de arriba, que él que haga lo que quiera”, aseveró.
“Nosotros le decimos a los argentinos que se acabó lo que se daba. Acá, el que usurpa pierde, después si el juez lo saca a las 24 horas es problema de él. Nosotros lo usamos para que la gente sepa que con nosotros no se jode, ese es el mensaje», indicó.
En otro tramo de la entrevista, la funcionaria recientemente afiliada a La Libertad Avanza (LLA) se refirió al caso de Thiago Correa, el niño de siete años que murió tras ser baleado por un policía que le disparó a un grupo de delincuentes. “La Matanza, gobernada por Espinoza, es de lo peor. En primer lugar, los asesinos de Thiago son los que decidieron esa mañana salir a robarle la vida a él e intentar robarle la vida al policía. Salieron con armas, arrebatados, corriendo”, dijo.
De esta forma, y tal como había expresado en una conferencia de prensa que dio cuando se conoció el caso este viernes, responsabilizó completamente a los cuatro delincuentes y expresó que el policía “usó su arma de manera legítima como miembro de la Federal y con un lamentabilísimo final en el que pega una bala en Thiago”. “Nosotros le pedimos a la Justicia que impute a los dos delincuentes, más uno prófugo, por el homicidio, ellos provocaron la situación”, reiteró.
Finalmente, Bullrich hizo alusión a las declaraciones de la expresidenta Cristina Kirchner, quien aseguró que la oposición quiere “presa o muerta”. “Las evaluaciones que ella hace… Tiene que pensar en qué hizo para estar en esta situación, los actos de corrupción que la llevaron a este lugar. Que no nos ataque a nosotros, las acciones las hizo ella», dijo, tajante, Bullrich.
“Nosotros creemos que las decisiones de la Corte tienen que ser cuando la Corte decida. No podemos opinar porque estaríamos inmiscuyéndonos en el Poder Judicial”, dijo respecto de la posibilidad de que la candidata a legisladora por la Tercera Sección Electoral en la provincia de Buenos Aires vaya presa en la causa en la que fue condenada en doble instancia por corrupción en la obra pública.
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La advertencia del kirchnerismo ante un posible fallo de la Corte Suprema contra Cristina Kirchner: “Como no la pudieron matar, la van a meter presa”

“Estamos viviendo el fin de la democracia que instalamos en la Argentina”, consideró hoy el senador nacional Oscar Parrilli y alfil de extrema confianza de Cristina Kirchner a propósito de los rumores cada vez más fuertes de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podría confirmar en las próximas semanas la condena a seis años de prisión por corrupción en la obra pública.
En caso de darse, esa decisión tendrá como consecuencia directa la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, justo en el marco en el que la dos veces presidenta se postuló para ser candidata a diputada provincial por la Tercera Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires.
“Lo que recuperamos los argentinos en 1983 es una democracia sin proscripciones y sin persecución política”, agregó Parrilli en declaraciones al programa Yo No Fui, emitido por Radio Con Vos. Allí sostuvo que la Corte Suprema, a la que calificó como operadora de intereses económicos y políticos, se prepara para sacar un fallo que rechace el recurso pedido por Cristina para que revisen y retrotraigan la condena confirmada por segunda instancia en Casación.
“Les ha agarrado un miedo tremendo porque saben que va a arrasar en las elecciones, les va a ganar y bueno, como no la pudieron matar la van a meter presa”, asestó.
Parrilli afirmó que la situación no se trata de un proceso judicial legítimo, sino de una acción coordinada por “funcionarios al servicio del poder monopólico y hegemónico económico”, y apuntó contra el macrismo y el actual gobierno de Javier Milei.
El senador nacional por Neuquén acusó a estos sectores de temer una victoria electoral de Cristina Kirchner en la tercera sección electoral, lo que habría motivado, según su visión, la decisión de acelerar una sentencia judicial para impedir su postulación.
El senador remarcó que la práctica de proscribir al peronismo no es nueva en la historia argentina, recordando episodios como la proscripción durante la Revolución Libertadora y la anulación de elecciones ganadas por el peronismo en la provincia de Buenos Aires.
Parrilli sostuvo que la actual situación representa una vuelta a esas prácticas, con una democracia “absolutamente condicionada a sus intereses políticos”. El legislador insistió en que la persecución contra Cristina Kirchner responde a las políticas implementadas durante sus doce años de gestión, especialmente en materia de distribución del ingreso y derechos sociales.
El senador recalcó que, pese a lo que describió como una estrategia de “persecución” basada en el odio y la venganza, la figura de Cristina Kirchner mantiene apoyo y esperanza en la militancia y un sector importante de la sociedad. “Ella lo dijo clarito: ‘No les tengo miedo. ¿Por qué no me dejan competir si dicen que estoy terminada, sola, que nadie me sigue?’”, recordó Parrilli, repasando el discurso de la exmandataria en su reciente acto en Corrientes.
Sobre el posible fallo de la Corte, Parrilli se mostró convencido de que existe una orden directa de sectores de poder para que se emita una condena exprés. Y aunque evitó hablar en nombre de Cristina Kirchner, reiteró que la expresidenta asume la situación como una persecución política.
El senador también anticipó que, si se produce la proscripción de Cristina Kirchner, la reacción social no será “silenciosa”. “Creo que gran parte de la sociedad argentina no se va a quedar mirándola por televisión”, afirmó, advirtiendo sobre el impacto de semejante decisión judicial en la vida política argentina.
Parrilli no ahorró críticas a la Corte Suprema, a la que acusó de desconocer irregularidades en el proceso contra Cristina Kirchner y de rechazar sistemáticamente los recursos de la defensa. Consideró que ya habría un pronunciamiento anticipado y que los jueces involucrados actúan “al servicio del macrismo y los grupos económicos”, recordando vínculos entre magistrados y funcionarios del gobierno de Mauricio Macri.
En cuanto al gobernador Axel Kicillof y el resto de los líderes del espacio, Parrilli evitó dar consejos concretos, pero remarcó que el problema principal radica en el operativo político-judicial que afecta la calidad democrática. Rechazó la idea de que Cristina busque fueros para evitar causas judiciales y cuestionó las sospechas sobre el crecimiento patrimonial de empresarios afines al kirchnerismo, comparando con casos similares en otros gobiernos, que, según el senador, no merecieron el mismo tratamiento.
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UPCN Santa Fe: «Nos quieren hacer creer que el trabajador del estado es un vago»

“Este gobierno nacional tiene esa política de solo apoyar a un gobernador cuando necesita algo específico”, expresó Mariela Rivero, al señalar una utilización discrecional de los recursos públicos, dependiendo de afinidades políticas. “Pareciera que las tarifas son distintas si levantás la mano o no”, ironizó sobre el trato desigual entre provincias.
Desde una perspectiva gremial, denunció un proceso deliberado de desmantelamiento estatal: “Nos afecta directamente esta decisión de aniquilamiento específico de toda la estructura del estado”. Para Rivero, esto implica un retroceso en derechos básicos: “El estado es el medio por el cual los derechos de los ciudadanos se hacen efectivos: salud, educación, jubilaciones, ciencia”.
Puso como ejemplo concreto el impacto del vaciamiento en ANSES: “En Argentina somos 47 millones de personas y en ANSES hay 15 mil empleados. No da la estadística. Está explotado el organismo”, sostuvo. Según explicó, la sobrecarga estructural termina afectando la calidad del servicio, especialmente en los sectores más vulnerables: “La gente que llega a ANSES muchas veces no puede hacer trámites digitales, no tiene señal, no tiene un celular inteligente o no sabe usar una aplicación”.
La gremialista también se refirió a la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Agricultura Familiar y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), organismos que sufrieron cierres, recortes presupuestarios o despidos: “Cerraron Agricultura Familiar, que auditaba el trabajo en negro en el campo, y lo del CONICET es directamente una vergüenza. No podés dejarlo sin presupuesto ni nombramientos”.
Rivero advirtió que se están perdiendo recursos humanos valiosos: “Cuando se va alguien con 10 o 15 años en el estado, se va también el conocimiento. No es lo mismo que entre alguien nuevo que no tiene idea y no tiene quién le enseñe, porque a ese ya lo echaron”.
En ese sentido, denunció una campaña de desprestigio hacia los trabajadores estatales: “Siempre está esa sospecha de que el trabajador es un vago. Pero eso es mala prensa. La realidad es que sin estructura no se puede garantizar derechos”.
UPCN, Santa, Fe:,