POLITICA
Un intendente aliado de Pro critica el acuerdo con La Libertad Avanza y lanza un espacio propio
El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia, uno de los aliados de Pro en la provincia de Buenos Aires, decidió hoy tomar distancia de las negociaciones entre el macrismo y La Libertad Avanza para llegar a un acuerdo electoral. Junto con su hermano Manuel, el mandamás de la localidad de San Nicolás anunciará esta tarde que conformará un espacio propio para competir contra el peronismo en los próximos comicios del 7 de septiembre.
“Estamos cansados de las peleas ideológicas que se quedan en la teoría, mientras en la práctica los argentinos, y más aún los bonaerenses, sufrimos por un presente malo y un futuro incierto”, indicaron.
La nueva fuerza de los Passaglia, quienes se habían aliado a Patricia Bullrich en la interna presidencial de Juntos por el Cambio en 2023, se llamará Hechos. Al desmarcarse de las conversaciones que llevan adelante Cristian Ritondo (Pro) y Sebastián Pareja (LLA) para que los partidos de Javier Milei y Mauricio Macri converjan en la compulsa electoral de septiembre en el distrito más poblado del país, los hermanos Passaglia llamaron a poner el foco en resolver los problemas de los bonaerenses, como la inseguridad, y alejarse de las “peleas políticas y discusiones ideológicas”.
“Hechos es un partido que no se parece en nada a lo que existe hasta hoy. Estará, fundamentalmente, del lado opuesto al kirchnerismo que fue lo peor que le pasó a la provincia y al país. Pero tampoco cree que sin estado se puede dar solución a los problemas de los vecinos. Defendemos el Estado eficiente, porque ya vimos que funciona y lo sabemos hacer”, expresaron.
En rigor, si bien habían sido sondeados por macristas, libertarios e incluso emisarios de Axel Kicillof, los Passaglia intentarán demostrar que pueden revalidar su poder en su distrito sin necesidad de tejer alianzas circunstanciales. Calculan que el electoral podría pasarle factura a los partidos que fuercen el armado de una coalición sin tener un programa, narrativa o historia común. En concreto, rechazan un pacto de cúpula y apuestan a competir con una escudería propia en las legislativas bonaerenses. De esta manera, se garantizan que no deberán negociar lugares en la lista de concejales con los libertarios o macristas. Solo pondrán alfiles leales que les responderán a ellos en el Concejo Deliberante.
A través de un comunicado, los Passaglia salieron a cuestionar el pacto que tejen Ritondo y Pareja para aunar fuerzas en la provincia. “Tenemos una mirada distinta de la realidad, no creemos que sea un acuerdo hecho con honestidad. Es un pacto entre dirigentes, no es un acuerdo de la gente”, puntualizaron.
Al lanzar su espacio, los Passaglia insinúan su intención de construir una alternativa a Kicillof con el objetivo de disputar la gobernación en 2027.
“Estas elecciones legislativas son cruciales y pueden ser el puntapié inicial para alcanzar de una vez por todas y para siempre la provincia de Buenos Aires que debemos tener. Queremos llevar el modelo San Nicolás a todos los bonaerenses para que sean cada vez más vecinos los que vivan mejor”, remarcaron.
Los Passaglia gobiernan San Nicolás, cabecera de la segunda sección electoral. Tanto Santiago, exdiputado provincial, como Manuel son dirigentes de extracción peronista. Los hermanos protagonizaron el traspaso de mando en diciembre de 2023.
Ambos son hijos de Ismael Passaglia, exintendente de San Nicolás y exfuncionario de Felipe Solá, que llegó al municipio de la mano del Frente Social, una colectora del peronismo, en 2011. Tras la derrota del kirchnerismo en 2015, los Passaglia se aproximaron al Pro y se alinearon al gobierno de María Eugenia Vidal.
Manuel había tenido un alto perfil desde que se enfrentó a Sergio Berni ante las cámaras por la entrega de patrulleros para la policía local o por su pelea con Hugo Moyano, líder de Camioneros, por los bloqueos en San Nicolás. En 2023, Passaglia había sido destacado por Mauricio Macri por su decisión de sacar el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de los trabajadores estatales de la provincia, de su municipio.
En los comicios bonaerense del 7 de septiembre, se pondrán en juego once diputados provinciales y 117 concejales en la segunda sección electoral, donde votan unos 629.021 ciudadanos. Además de San Nicolás, integran ese circuito Arrecifes, Baradero, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Colón, Exaltación de la Cruz, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Pedro y Zárate.
POLITICA
La declaración jurada de “Chiqui” Tapia: siete propiedades, vehículos e ingresos anuales de $818.000.000
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), informó que percibe más de $818 millones anuales en ingresos netos, pero aseguró no poseer títulos ni otras inversiones ni dinero en efectivo o en entidades bancarias.
Tapia cobra por dos de sus tres trabajos: su rol como vicepresidente segundo de la Conmebol y como presidente en la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (Ceamse); por la presidencia de la AFA, manifestó no percibir ingresos.
Tapia y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol
El presidente de la AFA presentó su Declaración Jurada Patrimonial en julio pasado, debido a su cargo en la empresa pública de residuos Ceamse, que administran los gobiernos porteño y bonaerense.
El documento indica que sus ingresos netos anuales superan los $818 millones, lo que equivale a unos $68 millones por mes. Aproximadamente $8 millones provienen de su trabajo en la Ceamse, al que dice dedicarle unas 15 horas semanales.
Según la declaración, la Conmebol, cuya sede central está en Paraguay, es su principal empleador, abonándole cerca de $60 millones al mes. Tapia informó que le dedica solo 120 minutos por semana a su rol en la confederación sudamericana de fútbol, lo que implicaría un pago de $7.500.000 por hora de dedicación.
Además, las bases de datos públicas indican una cuarta relación de dependencia como empleado activo de Solbayres, una sociedad anónima de servicios de limpieza.
Tapia y Ariel Vallejo, titular de la financiera investigada por lavado de dinero
La declaración jurada de Tapia también reporta ingresos extraordinarios en el año por más de $200 millones adicionales, provenientes de la venta de un vehículo ($44 millones), viáticos de la AFA para traslados y comidas ($30 millones), y el pago de “intereses/ingresos financieros” y “diferencia de cambio de dólares”, que sumaron $130.033.118,13.
Pese a reportar estos ingresos financieros, el presidente de la AFA asegura en el mismo documento que no poseer títulos ni otras inversiones, como así tampoco su grupo familiar sujeto a declarar.
En contraste con la falta de ahorros declarados, el patrimonio inmobiliario de Tapia es significativo. El presidente de la AFA declaró siete propiedades, todas de carácter ganancial y con titularidad del 100%.
La más destacada es una casa en Beccar, valuada en USD 15.740.190,05. Su patrimonio se completa con otras seis viviendas y terrenos en Río Luján, San Juan y la Ciudad de Buenos Aires, además de dos automotores gananciales.
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Roger Grant, uno de los funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) investigado por las presuntas irregularidades en la compra de medicamentos, apuntó ante la Justicia hacía arriba en la organización: declaró que era su jefe, Daniel Garbellini, quien le indicaba todo lo que debía hacer. En los audios que dieron origen al escándalo, el extitular de la Andis, Diego Spagnuolo, identificó a Garbellini con Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Grant fue indagado esta tarde por el juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, ante quienes se explayó y contestó preguntas, dijeron a fuentes con acceso al caso.
Agregaron que Grant explicó el procedimiento de la adquisiciones de medicamentos desde su cargo en el área de compras, pero “apuntó a Garbelli como quien le decía a quién llamar para ofertar y a quién adjudicar”.
En su declaración, Grant terminó por admiitir sus gestiones y su participación en el hecho, cometido por otro, pero con conocimiento de lo que ocurría, señalaron.
Grant era formalmente coordinador de Gestión de Urgencias de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.
Según explicó, Grant le consultaba a Garbellini −y procedía de conformidad− en todo lo relativo a las contrataciones de medicamentos.
En su declaración, corroboró que era Garbellini quien sabía quiénes iban o no a cotizar; manejaba los tiempos del proceso; ejecutaba instrucciones sobre a qué droguerías dar o no de alta en el sistema; y se interiorizaba sobre quiénes habían “podido” cotizar.
Grant está acusado de direccionar las operaciones ordenadas por Garbellini y figuraba en los cuadernos secuestrados en la vivienda de Miguel Ángel Calvete, otro intermediario clave en toda la operatoria.
En esta causa ya fueron indagados Calvete, Spagnuolo, Garbellini, Eduardo Nelio González y Lorena Di Giorno. La mayoría se negó a declarar.
Ahora está previsto que declaren otras ocho exfuncionarios ligados a estas operaciones subterráneas donde se acordaba qué empresas iban a ofertar en la compra de medicamentos de alto costo y baja incidencia (Pacbi).
Grant fue designado como coordinador en la Andis el 11 de junio de 2024. Su trabajo era el de administrar las compras de medicamentos en el sistema Siipfis.
Grant se conocía con Garbelli por haber trabajado juntos en la obra social Ospsip. “A partir de la incorporación de Roger Grant a la Andis se puede advertir el rol que este tuvo en la agencia de discapacidad como ejecutor de las decisiones de Daniel María Garbellini en el marco de un esquema de irregularidades y arbitrariedades del que venimos hablando”, señaló el fiscal Picardi en su acusación.
Grant le informaba en forma permanente a Garbelini cuando se sacaba una cotización o a quiénes se debía convocar. Conocía el sistema de compulsa de precios “general” y otro que denominaba “especiales”.
Este mecanismo paralelo era el usado para las adquisiciones irregulares. Allí solo participarían habitualmente cuatro droguerías, por menos drogas y se alternaban en las ganancias, dice la acusación.
Hernán Cappiello,Discapacidad,Casos de corrupción,Conforme a,Discapacidad,,Prohíben negar la matriculación sin causa. Crean un registro público de vacantes en colegios privados en la Ciudad,,“Quiero que me adoptes”. El pedido de una niña de 9 años con discapacidad que su maestra no pudo rechazar,,El caso Andis. Javier Cardini, otro funcionario separado de su cargo en medio del escándalo de las presuntas coimas
POLITICA
Con críticas a Milei y un mensaje a la interna, Kicillof pidió por el endeudamiento: “No hay negociación que deba condicionarlo”
En una conferencia de prensa realizada en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno en La Plata, el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, reclamó nuevamente la aprobación de la ley de financiamiento en la Legislatura provincial, una iniciativa que busca dotar a la administración de herramientas para afrontar el deterioro económico que, según declaró, golpea a toda la provincia.
“No hay negociación que deba condicionar algo de esta importancia”, reiteró Kicillof, en un mensaje que apuntó tanto a la conducción nacional como a los sectores internos de la dirigencia que condicionan la aprobación del financiamiento.
Acompañado de la vicegobernadora Verónica Magario, renovó su crítica al gobierno nacional que encabeza Javier Milei y advirtió sobre las consecuencias de un recorte sistemático de recursos, al tiempo que lanzó un mensaje dirigido hacia las discusiones internas en el oficialismo provincial.
El escenario expuesto por el mandatario bonaerense incluyó una descripción de emergencia social y productiva. Detalló que “prácticamente no hay ningún sector que haya quedado igual” tras la implementación de políticas nacionales recientes. Construcción, industria, comercios y textiles, al igual que sectores como el alimenticio y el automotriz, sufren una reducción persistente de su actividad, acompañada de despidos y recortes en servicios esenciales. “Estamos transitando una profunda recesión que afecta a todos los sectores” y, de acuerdo con el gobernador, esa recesión se profundiza en Buenos Aires por el ahogo financiero a las provincias y la ausencia de transferencias automáticas de fondos.
La situación extraordinaria motivó la presentación de un paquete de leyes económicas para 2026. Dos de ellas fueron aprobadas el 26 de noviembre, mientras que la tercera —la referida específicamente al financiamiento de la gestión provincial— permanece pendiente en la legislatura. El mandatario insistió en que la provincia “necesita las herramientas claras para poder transitar este tiempo sin desproteger a nuestro pueblo”.
Los números presentados por el gobernador aluden a una crisis multisectorial: la pérdida de 28.000 empresas en todo el país y de 5.000 en territorio bonaerense; la desaparición de 171.000 puestos de trabajo; y cerca de mil obras públicas frenadas en distintos rubros. Sostuvo que el cierre de fábricas emblemáticas como Whirlpool, además de despidos en sectores como pesca, laboratorios, automotrices y alimenticias, impacta directamente en la demanda de medicamentos, alimentos y ayuda económica por parte de las familias. “Estamos en récord de la serie de morosidad. La gente se ha endeudado porque no le alcanza la plata, no puede pagar el mínimo de la tarjeta”, remarcó en su análisis.
El cálculo de la deuda reclamada por la provincia al gobierno nacional asciende, según Kicillof, a “13 billones de pesos”, equivalente a “9.000 millones de dólares” sólo por las transferencias automáticas y partidas específicas para seguridad, transporte, cajas previsionales e incentivo docente que la Nación dejó de girar. El gobernador aseguró que se trata de fondos “que indebidamente retiene y no paga, con los que presume un supuesto superávit”. Denunció también una caída en la recaudación provincial de “3,6 billones de pesos”, lo que, sumado, representaría un monto que “Milei le quitó a la provincia de Buenos Aires” en torno a los “11.500 millones de dólares”.
Pese a esta coyuntura, la gestión bonaerense defendió lo realizado en términos de obra pública, salud y asistencia social. Enumeró como logros la continuidad de nuevos centros de salud, la entrega de ambulancias y un fondo adicional de 170.000 millones para patrulleros ante el corte de transferencias, así como la provisión diaria del servicio alimentario escolar. Subrayó la decisión de “trabajar con planificación, eficiencia, responsabilidad y sensibilidad”, apuntando que la austeridad no debe recaer sobre la sociedad sino sobre la política: “No trasladamos la austeridad a un pueblo que sufre la crisis económica. Austeridad para la política, sensibilidad para la sociedad”.
La provincia se comprometió también a preservar los recursos destinados a los municipios. En respuesta a la demanda de intendentes por la caída de ingresos y la dificultad para cubrir gastos como los aguinaldos del personal, Kicillof anunció la creación de un fondo especial equivalente al 8% de la suma solicitada en la ley de financiamiento, “a distribuir entre los 135 municipios”, con un adicional negociado recientemente. Precisó que ya se garantizó una partida de 200.000 millones de pesos a distribuir en cinco pagos, “más allá del volumen que alcance la toma de deuda”.
El titular del ejecutivo bonaerense reclamó que la legislatura “vote esta ley”, que calificó como “simples instrumentos”, y puntualizó que no se solicitan fondos para proyectos extraordinarios, sino la facultad de cubrir necesidades corrientes y garantizar el funcionamiento de las áreas críticas. Remarcó el carácter deficitario del reparto fiscal y la desventaja estructural de Buenos Aires: “Somos la provincia más austera. A veces a un costo altísimo porque son prestaciones que no llegan. Somos junto con Córdoba la provincia con menos empleados públicos por habitante. Somos la provincia que más aporta y menos recibe”.
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