En la madrugada del 19 de marzo, Turquía fue testigo de un acontecimiento que sacudió los cimientos de su vida política: Ekrem Imamoglu, alcalde de Estambul y principal rival del presidente Recep Tayyip Erdogan, fue arrestado tras una operación policial que movilizó a unos 200 agentes.

La detención, bajo cargos ampliamente considerados infundados de corrupción y terrorismo, desató la mayor ola de protestas antigubernamentales en más de una década, que se extendieron por la mayoría de las provincias del país y congregaron a más de un millón de personas en algunas manifestaciones en Estambul, según reportó Foreign Affairs. Este episodio no solo evidenció el debilitamiento del poder de Erdogan, sino que también marcó el surgimiento de una oposición más fuerte y unificada, en un contexto de creciente descontento social y económico.

Ekrem Imamoglu, figura carismática y eficiente en la gestión pública, se había consolidado como el principal contendiente de Erdogan para las próximas elecciones presidenciales. Su arresto, orquestado por el propio Erdogan, se produjo en vísperas de las primarias presidenciales de su partido, en las que era el único candidato.

Según Foreign Affairs, la acusación formal incluyó cargos de corrupción y terrorismo, aunque la base de estas imputaciones ha sido ampliamente cuestionada tanto por la opinión pública como por observadores internacionales. La maniobra incluyó, además, la anulación de su título universitario por parte de la Universidad de Estambul, un requisito constitucional para aspirar a la presidencia, lo que sugiere un intento deliberado de bloquear cualquier posibilidad de candidatura futura.

La detención de Imamoglu no fue un hecho aislado. Erdogan ordenó la detención de cientos de personas vinculadas al alcalde, entre ellas colegas, amigos, antiguos socios comerciales, miembros de la comunidad empresarial y familiares. Estas acciones, lejos de consolidar la imagen de un líder fuerte, han sido interpretadas como señales de inseguridad y debilidad, según el análisis de Foreign Affairs.

Protestas, boicots y participación juvenil

El arresto de Imamoglu desencadenó una respuesta social sin precedentes en la Turquía contemporánea. A pesar de la prohibición de reuniones públicas, las protestas se multiplicaron en todo el país, fusionando la movilización en las calles con boicots organizados contra empresas afines al gobierno, activismo digital y actos de desobediencia civil.

En Estambul, las manifestaciones superaron el millón de participantes, con una presencia destacada de jóvenes que, hasta ahora, solo habían conocido el liderazgo de Erdogan.

La magnitud y persistencia de las protestas reflejaron un cambio generacional y una pérdida de miedo frente al poder establecido. Según una encuesta del Pew Research Center citada por Foreign Affairs, el 55% de los adultos turcos tenía una opinión desfavorable de Erdogan en marzo de 2024, y su partido perdió las elecciones municipales de ese año. La oposición, revitalizada y bajo un liderazgo más dinámico, tomó la iniciativa organizando manifestaciones incluso en bastiones del partido gobernante.

La reacción del gobierno ante la ola de protestas fue endurecer la represión. Además de los arrestos masivos, las autoridades recurrieron a la criminalización de la protesta y a la persecución judicial de figuras relevantes de la sociedad civil y la oposición. El autor del artículo, Henri J. Barkey, detalla que Erdogan ha utilizado la acusación de terrorismo y traición para deslegitimar las movilizaciones y justificar la represión, aunque estas tácticas han perdido eficacia ante la creciente organización y cohesión de la oposición.

El caso de Imamoglu no es el primero en la estrategia de Erdogan para neutralizar a sus adversarios. Selahattin Demirtas, líder kurdo y antiguo rival político, permanece encarcelado desde 2016 tras recibir una condena de 42 años por “socavar la unidad del Estado” y tres años adicionales por “insultar a Erdogan”.

Osman Kavala, destacado líder de la sociedad civil, fue sentenciado a cadena perpetua por su presunta implicación en las protestas de Gezi Park en 2013. Estas acciones han convertido a las cárceles turcas en lugares de reclusión para políticos, periodistas, académicos y ciudadanos acusados de delitos tan leves como publicaciones en redes sociales consideradas ofensivas para el presidente.

Caída de la lira y fuga de inversiones

La crisis política provocada por el arresto de Imamoglu tuvo un impacto inmediato en la economía turca. Dos días después de la detención, la lira turca alcanzó mínimos históricos, lo que obligó al banco central a intervenir con 46.000 millones de dólares en reservas para frenar la devaluación. Además, se activaron mecanismos de protección en la bolsa para evitar un colapso mayor, según informó Foreign Affairs.

La confianza en las medidas de estabilización económica, implementadas dos años antes para mejorar el balance de divisas y reducir la inflación, se vio gravemente erosionada. El éxito de este plan dependía de la atracción de inversión extranjera, pero la percepción de un Estado de derecho debilitado y la inseguridad jurídica derivada de la represión política disuadieron a los inversores.

La Asociación de la Industria y Negocios de Turquía criticó la práctica estatal de incautar empresas y activos antes de que existan condenas firmes, lo que provocó una reacción inmediata de Erdogan, quien ordenó investigaciones penales contra los líderes empresariales por “difundir desinformación”.

Desde su llegada al poder en 2003, Erdogan prometió democratizar Turquía y reducir la influencia del ejército en la política. Sin embargo, una vez consolidado su control, su proyecto reformista dio paso a un modelo autoritario en el que el presidente supervisa todos los aspectos del gobierno y la sociedad. Erdogan ha manipulado las instituciones estatales, apoyando elecciones locales libres solo cuando le resultan favorables y desestimando sus resultados en caso contrario.

La transformación del sistema político turco se consolidó en 2017, cuando un referéndum constitucional eliminó la separación de poderes y convirtió el sistema parlamentario en uno presidencialista, reduciendo al parlamento a un órgano de validación formal. Erdogan ha destituido y reemplazado a numerosos alcaldes, especialmente en ciudades de mayoría kurda, e ignorado sentencias del Tribunal Constitucional, la única institución estatal que mantiene cierta independencia.

Entre 2014 y 2020, el gobierno investigó a unos 160.000 ciudadanos por insultar al presidente y procesó a 35.000, lo que ilustra el alcance de la represión y la sensibilidad del mandatario ante las críticas.

El liderazgo de Imamoglu

La detención de Imamoglu, lejos de debilitar a la oposición, la ha fortalecido y unificado. Por primera vez en años, la oposición turca cuenta con un liderazgo carismático y una estrategia innovadora. Tras el arresto, el partido de Imamoglu invitó a todos los ciudadanos a participar en las primarias presidenciales del 23 de marzo como muestra de apoyo. Más de 15 millones de personas acudieron a votar por un candidato que se encontraba en prisión.

Imamoglu, desde la cárcel, ha mantenido la comunicación con la sociedad, proyectando la imagen de que Erdogan ha perdido el control de la narrativa política. Una encuesta de la firma turca KONDA reveló que el 67% de los encuestados consideraba que una reelección de Erdogan sería “mala” para el país, frente al 49% registrado en 2023.

Además, más del 60% de los ciudadanos no cree en las acusaciones contra Imamoglu. Su figura ha comenzado a ser comparada con líderes internacionales como Anwar Ibrahim y Vaclav Havel, quienes también enfrentaron la cárcel antes de alcanzar el poder.

En el plano internacional, la situación política turca ha coincidido con un cambio en la relación con Estados Unidos. Mientras que el expresidente Joe Biden mantuvo una postura distante hacia Erdogan, Donald Trump ha sido más cercano al mandatario turco. Esta aproximación, sin embargo, priva a Erdogan de la posibilidad de culpar a Washington de sus problemas internos, una táctica que utilizó en el pasado para cohesionar a su base.

Paralelamente, se ha abierto una ventana para el proceso de paz con la minoría kurda. En octubre de 2024, Devlet Bahceli, líder nacionalista y socio de coalición de Erdogan, inició un diálogo con el partido que representa a las regiones kurdas y con Abdullah Ocalan, líder encarcelado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK). En mayo, el PKK anunció el fin de su lucha armada de 40 años y su disolución. Aunque Erdogan permitió el inicio de este proceso, su discurso se centró en cuestiones de seguridad y evitó comprometerse con una hoja de ruta clara hacia la democratización.

Erdogan enfrenta un dilema crucial: la Constitución le impide presentarse a un tercer mandato, y su popularidad menguante dificulta cualquier intento de reforma constitucional o convocatoria de elecciones anticipadas. Incluso si lograra adelantar los comicios, el cambio en la opinión pública hace improbable una victoria. El autócrata turco se encuentra cada vez más aislado y rodeado de colaboradores incondicionales, lo que limita su margen de maniobra.

La presión social y política, sumada a la crisis económica y a la revitalización de la oposición, ha reducido las opciones de Erdogan. Puede optar por facilitar una transición ordenada que preserve cierta estabilidad, o persistir en la represión y el autoritarismo, arriesgándose a que su legado quede asociado a una era de autocracia y represión.

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